Desde Nicaragua,cuna de Rubén Darío transmite "La Nica" la Radio de Nicaragua.:GRACIAS POR ESTAR EN SINTONIA!!!

TITULARES

NACIONALES

INTERNACIONALES

ULTIMAS NOTICIAS

miércoles, 14 de noviembre de 2018

Los Ortega- Murillo no reinicia el Dialogo Nacional para no adelantar elecciones afirma miembro de la Alianza.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - No se puede olvidar lo que ha ocurrido en el país, a través de una amnistía, advierte el doctor Carlos Tunnermann Berheimn, miembro de la Alianza, en el Dialogo Nacional, catedrático, analista político, ex Ministro de Educación.

Con las amnistías que se han repetido, a lo largo de nuestra historia, lo que se ha hecho es certificar, estipular que se pueden seguir cometiendo actos de violencia, advierte el doctor Tunnermann Berheimn, en el transcurso de su participación en el programa Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera.

El catedrático, rememora que en la historia de Nicaragua, que escribió el ex Presidente Enrique Bolaños G. el contabiliza  53 casos de amnistías, a lo largo de los casi 200 años de historia de nuestro país.

“Estas amnistías, no han impedido que se repitan estos actos de violencia, incluyendo los que estamos viviendo ahora, lo que quiere decir que estas, mas bien son un estimulo, para que se repitan estos actos de violencia, de manera que no cabe en este país, estar pensando en decretar mas amnistías,”  reprocha el miembro de la Alianza en el ahogado Dialogo Nacional.

Tunnermann Berheimn, afirma que lo que si tiene que haber es libertad para los presos políticos, porque estos han sido acusados injustamente de crímenes que no han cometido, utilizando  el poder judicial, que se encuentra bajo el poder, del régimen.

Para el catedrático, la fiscalía, en los procesos judiciales que ha montado, en contra de los presos políticos, llevan testigos encapuchados, que realmente no están diciendo la verdad, criminalizando a personas que no han hecho más que  protestar pacíficamente, que simplemente no están de acuerdo, con las políticas que esta llevando a cabo el gobierno.

“En consecuencia lo que ellos hicieron, no se corresponde de ninguna manera a una definición internacional, de lo que es terrorismo, golpismo, lo que esta demostrado una vez que el régimen, no presentara pruebas, a la Comisión de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de que aquí se dio conspiraciones golpistas, o actos terroristas, por parte de los ciudadanos que protestaron, de manera cívica, pacifica” puntualiza, Tunnermann Berheimn.

El miembro de la Alianza refiere que esta delegación de la ONU que estuvo en el país, fue bien clara en decir de que aquí no encontraron ni un solo indicio de que aquí había habido alguna conspiración para dar un golpe de estado al gobierno.

“De tal manera que ese “cuento” gubernamental, de golpe de estado, Para justificar el tener a muchas gentes en prisión, no existió, ni ha existido en ningún momento, son cosas que el régimen ha inventado para criminalizar las protestas” subraya el miembro de la Alianza en el Dialogo Nacional. 

Tunnermann  Berheimn, se refiere al estancado Dialogo Nacional, que para el, ha sido ahogado por el régimen, agregando no lograr comprender por que el gobierno no quiere entender, que esta crisis provocada por la represión, que inicio el 18 de abril pasado, al igual que a lo largo de semanas, meses, de forma sucesiva, generando los resultados trágicos, lamentables, que todos conocemos, el gobierno se aferra a no dialogar.

“La solución a esta crisis solo puede estar a través de la vía del dialogo, que es la vía civilizada, pacifica, quiero decir que he escuchado, a los que andan diciendo por ahí, -porque los he oído- de que el Dialogo Nacional, no ha servido para nada, siento mucho desmentirlos” asume Tunnermann Berheimn.

“Estas afirmaciones son inexactas, el Dialogo Nacional fue importante, sigue siendo importante, para que este se instalara, la iglesia puso cuatro precondiciones, una de ellas se cumplió, tal como fue, la de la llegada al país, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- recuerda el catedrático.

“La llegada al país, de la CIDH al país, fue de suma importancia, en donde el propio Pablo Abrao estuvo presidiendo esta comisión, en donde esta presento 15 recomendaciones, las que posteriormente fueron llevadas al Dialogo Nacional, en donde todas esas recomendaciones fueron acogidas por el Dialogo Nacional, además conto con todo el voto favorable de la delegación gubernamental” refiere Tunneramnn Berheimn.

El miembro de la Alianza recuerda que por tanto esas 15 recomendaciones que dejo la CIDH, representan obligaciones de estricto cumplimiento para el régimen, -para luego recordar- que entre estas 15 recomendaciones de la CIDH, en primer lugar esta la de cese de la represión del régimen, en donde la segunda recomendación es: “el desarme de los paramilitares”, la tercera es la creación de la Comisión de Seguimiento de la CIDH, que es el MESENI, que aquí esta en Nicaragua, todo esto es producto del Dialogo Nacional.

“Otro resultado del Dialogo Nacional, es la constitución del Grupo de Expertos Interdisciplinario Independientes, -GEII-, la llegada del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas,  es producto del Dialogo Nacional, la formación de las tres comisiones de trabajo, como son la comisión de temas electorales, el tema del seguimiento de la seguridad, en consecuencia, “no es cierto que el Dialogo Nacional, no haya tenido ningún resultado, si los tuvo” puntualiza el miembro de Alianza en el dialogo.

“Lo que deberían decir estos señores, -detractores del dialogo- es que quien mata el Dialogo Nacional, es el régimen, esto es lo que deberían decir estos que niegan el valor que tuvo, que tiene el Dialogo Nacional” reitera Tunnermann Berheimn.  
El catedrático, reprocha que los detractores del Dialogo Nacional, asuman que los dialogantes, tienen la culpa del estancamiento del dialogo, cuando es el gobierno, quien tiene estancada, esta vía pacifica, civilizada, de resolver la crisis.

Tunneramnn Berheimn, recuerda a estos detractores del Dialogo Nacional, que pese a las reiteradas solicitudes de la Conferencia Episcopal, de la comunidad internacional, al igual que la Alianza de reiniciarlo, el régimen sigue aferrado a su negativa de no reanudarlo.

“Es el régimen el que ha puesto “oídos sordos” a todas estas peticiones de reiniciar el Dialogo Nacional, en consecuencia, no se puede decir que es falta de habilidad de los dialogantes, que no supieron aprovechar, todo esto tiene fundamento, la critica correcta es hacia el gobierno, por que es este el que se ha cerrado, en no rehabilitarlo, que mas bien ha querido instaurar, de que aquí todo esta normal, que todo ha regresado a la normalidad” puntualiza el miembro de la Alianza.

“Como puede ser normal que en vísperas de la navidad, tenemos centros comerciales, militarizados, centros comerciales en donde todas familias nicaragüenses deben llegar a hacer sus compras con toda tranquilidad, tranquilidad, que debería representar una verdadera situación de normalidad en el país” refiere el miembro de la Alianza.

Tunnerman Berheimn, reitera que el encontrar policías, antimotines en estos centros comerciales, esto no representa bajo ningún concepto, normalidad alguna, porque para eso, los centros comerciales, cuentan con sus propias fuerzas de seguridad.

Tunnermann Berheimn, insiste en señalar que como va a ser normalidad, que las cárceles del país, el régimen las tenga llenas de presos políticos,- lo que para el en consecuencia- eso no es nada normal.

Tunnermann Berheimn, retoma el tema del Dialogo Nacional, afirmando que este se debe reiniciar, de la manera como fue establecido, con los mismos mediadores, que son los obispos de la Conferencia Episcopal.

“No es cierto que los obispos, han estado conspirando, que se han parcializado a favor de un golpe de estado, nada de eso es cierto, quienes quieran creer eso, se quieren auto engañar, porque eso es lo que el gobierno quiere hacer creer, para justificar que tiene sobrada razón, de no reiniciar el Dialogo Nacional” advierte el miembro de la Alianza.

“El régimen Ortega-Murillo, no reanuda el Dialogo Nacional, porque sabe que el punto que quedo pendiente, que no quiere discutir, punto pendiente de discutir, que es el adelanto de las elecciones, que es algo, que esta pidiendo el pueblo de Nicaragua, demanda que todos los organismos internacionales, están pidiendo para la pronta solución de la crisis social política que ha generado el gobierno” concluye el doctor Carlos Tunnermann Berheimn.




¿Qué decidirán los Ortega-Murillo?


Por Humberto Belli Pereira / Consecuencia probable de permitirlas sería la suspensión de las sanciones que amenazan la economía y a muchos allegados al régimen.

La pareja Ortega Murillo tiene en sus manos permitir, o no, elecciones verdaderas antes del 2021. Lo que escojan afectará decisivamente la vida y el futuro de todos. Es pues de primera importancia, para quienes puedan influir en tal decisión, analizar seriamente sus posibles consecuencias.  

Consecuencia probable de permitirlas sería la suspensión de las sanciones que amenazan la economía y a muchos allegados al régimen. Otra: el gradual restablecimiento de la confianza con el consiguiente freno en la fuga de depósitos y el reinicio de planes de inversión. Cabe advertir, empero, que tardarían en revertirse los daños causados por la crisis y que la contracción prevista para 2019 es casi inevitable.

En comicios libres es probable que Ortega logre el 20 y con suerte el 30 por ciento de los votos. Murillo unos cinco puntos menos. La oposición posiblemente ganaría a menos que se fragmente. Un Ortega perdedor quedaría como diputado, con inmunidad parlamentaria y mucha influencia, particularmente en la CSJ, la policía y posiblemente el ejército. Esto, quizás, conduciría a un tortuoso proceso negociador, con similitudes al que hubo tras las elecciones de 1990. Mientras tanto la economía iría recuperándose.

En cuanto a la segunda alternativa (2021), una consecuencia no probable, sino segura, es un calamitoso hundimiento económico junto con aplicación de sanciones que frenarían importantes flujos externos, empeorarían el riesgo país y a afectarían directamente a decenas de amigos de Ortega. 

La mayoría de los análisis proyectan ya una contracción para el 2020 cercana al 10 por ciento, mientras otros la suben al 20. El economista Pedro Belli estima que cada mes que pasa la economía pierde US$90 millones y que sin elecciones adelantadas esto no parará hasta el 2021. Y conste que los analistas, por prudencia, prefieren no estimar las consecuencias de probables quiebras bancarias, devaluaciones, o inflaciones galopantes.

Gobernar en estas circunstancias será tarea amarga. Ortega habla felizmente de volver a una economía “popular” de arroz y frijoles, quizás porque a él no le tocará vivirla con los millones que tiene. Pero el pueblo sufrirá horribles privaciones, peligrará gravemente el pago de las pensiones del INSS y tarde o temprano tendrá que despedir empleados públicos y congelar salarios.

¿Resistirá el pueblo pacientemente estos tres años? ¿Seguirán sumisos los militares ante un jefe carente de legitimidad y que innecesariamente perjudica gravemente a todos? Nadie sabe. De lo que podemos estar ciertos es que esta sería una aventura que acaba, o con un tirano envejecido, cabalgando sobre cadáveres y miseria, o como Gadafi. 

Inteligencia y prudencia llevan al mejor camino. Estupidez y arrogancia al despeñadero. Quiera Dios que brillen las primeras.

El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.

Un breve ensayo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega. 1.


En octubre de 2016, en una presentación organizada por AmCham Nicaragua, de forma retrospectiva, destaqué la capacidad del régimen de Daniel Ortega para apaciguar las exigencias inmediatas de su clientela, ya fuese por medio de bonos salariales a los empleados del Estado, o, a modo de ejemplo, repartiendo láminas de zinc entre los más pobres del país.

Lo dicho, el régimen de Ortega lo logró sin desordenar las finanzas públicas y sin ampliar desmesuradamente la esfera estatal, tal como ocurrió durante los años 80 en los gobiernos sandinistas, animando a los empresarios (nacionales y extranjeros) a invertir parte de sus ahorros en Nicaragua, lo que hizo posible tasas de crecimiento cercanas al 5% durante los últimos siete años.

Esta capacidad de repartir para lo inmediato, sin perder la estabilidad macroeconómica, desde un punto de vista estrictamente fiscal, lo denominé “populismo responsable”, lo cual era factible, tomando en cuenta lo “barato” de las exigencias clientelares propias de los nicaragüenses de menores ingresos, y la relativa abundancia de recursos de uso discrecional provenientes del arreglo petrolero entre Hugo Chávez y Daniel Ortega.

En esa ocasión, también destaqué que la fase fácil del populismo responsable se le agotaba al régimen de D. Ortega, para lo cual me basé en dos grandes tendencias, las cuales se movían en direcciones opuestas, como los movimientos de un par de tijeras: por un lado, los recursos venezolanos disminuían rápidamente, de un promedio superior a los 500 millones de USD anuales entre 2010-2014 (prestamos de PDVSA), a 296 millones en 2015, y a 136 millones en el 2016, mientras en el 2017, los prestamos apenas llegaron a 31 millones de USD; y por el otro, las expectativas de los nicaragüenses -- si bien es cierto, siempre modestas --, iban en crecimiento, producto de un PIB p/h que pasó de 960 USD en 2006, a más de 2,000 USD en el 2017.

Para entonces, la mediación entre Estado y sociedad se tornaba más difícil, puesto que el aparato de D. Ortega contaba con menos recursos, mientras aumentaban las exigencias de una gran parte de los nicaragüenses con expectativas propias de la clase media, entre los que destacaba una comunidad universitaria cercana a los 200 mil estudiantes, quienes anticipan ingresos correspondientes a sus títulos profesionales, todos ellos conectados entre sí por medio de las redes sociales, en base a las cuales convocaban a las protestas a favor de la preservación del medio ambiente y en contra de los abusos de poder, corrupción, conflictos de interés, o las medidas oficiales con pretensiones de regular/controlar el uso del internet y las redes sociales.

Todavía en el 2013, según los resultados de Latinobarómetro, cuando se les preguntaba a los encuestados… “¿alguna vez en su vida ha usado usted correo electrónico o se ha conectado a Internet?” En el caso de los nicaragüenses, 78% respondió que “no, nunca”, el porcentaje más alto de los 18 países latinoamericanos donde se realizaron encuestas en ese año. 

Sin embargo, hoy, más del 45 % de los nicaragüenses están conectados al internet, participando activamente en las redes sociales, sumándose entre enero del 2017 y enero del 2018, 500 mil nuevos usuarios a la comunidad digital, tal como lo señala el Global Digital Report de 2018, una ampliación notable, facilitada por la iniciativa gubernamental de ofrecer wifi de libre disponibilidad en los espacios públicos.

A finales de 2016, estaba claro, de que si el régimen de Ortega pretendía perdurar, tenía que ser capaz de reinventarse, puesto que una gran parte de la sociedad nicaragüense (cada vez más numerosa) no estaba conforme con la “autocracia efectiva”, capaz hasta entonces de ofrecer crecimiento sostenido y seguridad ciudadana, pero con un modo de gobierno absoluto, con las potestades propias de una monarquía del siglo XVI, renuente a ofrecer ni siquiera gestos de cortesía con las formalidades de la legalidad democrática. En todo caso, el rápido tránsito de clientes a ciudadanos -- en el cual, los reclamos de los últimos superaban las láminas de zinc, precisamente, cuando el régimen contaba con menos recursos para apaciguarlos --, presentaba un escenario en el cual la autocracia dejaba de ser efectiva, lo que hasta entonces “compensaba” por sus carencias de legalidad y legitimidad.

Las elecciones presidenciales del 2016, después de varios procesos electorales seriamente cuestionados, fueron para el gobernante una oportunidad perdida de revestir su autoridad con legitimidad de origen, ofreciendo un ejercicio electoral creíble, sobre todo, si se tomaba en cuenta la votación simulada de mayo del 2016 realizada por Cid-Gallup Latinoamérica, en la cual, Ortega recibió 57% de los votos, seguido por 39% de votos nulos o en blanco.

Todavía para la fecha del ejercicio de votación simulada de “caja negra”, Ortega gozaba de su piso electoral histórico, y de los remanentes de su gestión sobre la base de abundancias de recursos y de bajas expectativas clientelares, ventajas como hemos anotado a lo largo de este breve ensayo, que tendían a desaparecer rápidamente. Sin embargo, todas sus acciones a partir de junio del 2016, cuando fue confirmado como el candidato presidencial de su aparato, hasta el momento en que seleccionó a su cónyuge como su fórmula vicepresidencial, se afanaron en restarle legitimidad a los resultados de los comicios electorales, con lo cual estaba anulando el alegato de que su mandato presidencial, legalmente, termina a finales del 2021.

El nombramiento de Rosario Murillo en el cargo formal de la vicepresidencia no solo oficializaba su sucesión a la primera magistratura en caso de que Ortega faltase o estuviese incapacitado para gobernar, sino que también, al interior del aparato sandinista se terminaba de consolidar su figura como la dominante, proyectándose como su candidata en el 2021.

La consolidación de Murillo en el aparato sandinista, no solo requería el desplazamiento a roles secundarios de las grandes figuras del sandinismo, sino que también, de figuras de menor rango, pero de relevancia histórica, que fueron separados de sus cargos en los diferentes órganos del Estado o del partido, bajo el pretexto de garantizar mayor equidad de género y promover a nuevas generaciones. 
Estas medidas le restaron cohesión al aparato partidario, con muchos de sus militantes con pensamiento propio, no solamente perdiendo el entusiasmo por las movilizaciones espontáneas de otrora, sino que también sumándose como participantes activos a las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de este año.

En efecto, previó a su nombramiento como la compañera de fórmula de Ortega, Murillo ejercía las funciones de una suerte de primer ministro, a cargo de lo cotidiano, centralizando en su escritorio todas las decisiones en los órganos estatales y del aparato partidario, anulando la capacidad de tomar decisiones en sus ámbitos de responsabilidad institucional a los ministros, alcaldes, jefes policiales, para no decir nada de los responsables de las diferentes funciones del aparato partidario.  

Más aún, Murillo se ubicó como la mediadora exclusiva entre el soberano y el “resto”, sin que nadie se pudiese comunicar con Ortega sin su consentimiento, dando la impresión de un Ortega secuestrado por su cónyuge, de tal modo, que cuando ocurrió la explosión de abril, la energía popular en un inicio se descargó en contra de su figura.

A fin de cuentas, un modo de gobierno tan absoluto, tan centralista, tan personalista, aún en una sociedad tradicional como la nicaragüense (tal como Max Weber tipifica la sociedad tradicional), no resultaba viable en un contexto de menos clientelismo y más ciudadanía, de una masa crítica de estudiantes universitarios conectados por el internet y las redes sociales, con un aparato partidario partido en dos como resultado de la sucesión de Daniel a Rosario, y de una merma considerable de los flujos de recursos externos de uso discrecional.

Consideren que en el 2011, el total de la cooperación externa se acercó a los 1,500 millones de USD, de los cuales 40% provenían de préstamos de PDVSA y 36% de préstamos de los organismos multilaterales. En el 2017, el total de la cooperación externa disminuyó a 981 millones de USD, de los cuales  solamente 3% vinieron de los préstamos de PDVSA, y 79% de los organismos multilaterales.

3. Los sucesos de los últimos meses, en los cuales las manifestaciones de descontento popular visible han sido mayúsculas, y la reacción del régimen de Ortega a estas manifestaciones ha sido acudir a los diferentes modos de coerción, en los que sobresalieron el uso de paramilitares, han obligado al Congreso y a la burocracia del Ejecutivo en los EE. UU. a formular una política hacia Nicaragua, en la cual, los imperativos de democracia y derechos humanos, están por encima de otras consideraciones, tales como los posibles vacíos de autoridad, en medio de una región centroamericana abrumada por sus presiones sociales.

El crecimiento de la economía nicaragüense de los últimos años, paradójicamente, para un gobierno de origen sandinista como el de Ortega, en gran medida se debe a su cercanía económica a los EE. UU., aprovechando las ventajas que ofrece el Cafta, los flujos de inversión extranjera directa y los ingresos del turismo. 

Es un crecimiento en dependencia del ecosistema occidental, en el cual los EE. UU. juega un rol sobresaliente y, por lo tanto, es un crecimiento que en gran medida está en función de las decisiones que tome la sociedad política de ese país, decisiones (en este caso punitivas como el Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018 y el Global Magnitsky) que no tienen ningún costo en la comunidad internacional, contrario a como fue durante la década de los ochenta.

En abril de 2013, en un trabajo realizado para Fusades en El Salvador sobre las condiciones de la democracia en Centroamérica, elaboré las siguientes preguntas, precisamente, las preguntas a las que hoy Ortega tiene que encontrarle respuestas. Pregunté entonces:
“¿Qué ocurría con el gobierno de Daniel Ortega si la cooperación venezolana desapareciese, como ocurrió con la de la Unión Soviética a finales de la década de los ochenta del siglo pasado?  Inclusive, ¿qué ocurriría si la cooperación tradicional de organismos como el BID, deja de fluir a los niveles de los últimos años? ¿Qué ocurriría con su modelo de populismo responsable? 

Aún más, supongamos que el gobierno de Ortega perdura, y la economía continúa creciendo a ritmos satisfactorios y las expectativas de los nicaragüenses se tornan más exigentes, transformándose en el proceso, en un cuerpo social con más sentido de ciudadanía que de clientelismo, ¿será entonces cuando su régimen se enfrente a una suerte de brecha política tal como la elaboró S. Huntington en su clásico de 1968 (Orden Político en Sociedades en Cambio), la misma que enfrentó el régimen de los Somoza a finales de los años setenta del siglo pasado?”.

Luego, la esperanza de que aprendamos de las lecciones de nuestra historia, centradas en ¿cómo cerrar la brecha política?, ¿cómo administrar las crisis de sucesión?, ¿cómo el gobernante se debe saber ir?, de tal manera que le ofrezca al país el aterrizaje suave, que facilite la recuperación económica y la deseada y elusiva gobernanza democrática.

En el caso de Nicaragua, la crisis terminal del régimen de los Somoza arroja tantas lecciones de oportunidades perdidas, como por ejemplo, la insistencia del último Somoza de concluir su mandato presidencial “legalmente estipulado” en 1981, despreciando hasta que fue muy tarde, la opción de elecciones adelantadas. Si Ortega pretende continuar gobernando hasta el 2021, solamente podrá hacerlo en un estado policial, con una economía deprimida, en franco retroceso, y con un movimiento Sandinista devaluado y sin energías para recomponerse como fue el caso en 1990.

No obstante esto último, y a pesar de meses de represión, de manifestantes ultimados a balazos, y de centenares de ciudadanos detenidos arbitrariamente, en el sondeo de Ética y Transparencia del primero de septiembre de este año, cuando se preguntó “si en la presente crisis, ¿cree usted que el presidente Ortega está actuando por el bien de todos los nicaragüenses?”, el 31% respondió que sí, un porcentaje similar al 13% que se identificó como danielistas y 21% como sandinistas. 
Por su parte, las numerosas fuerzas de oposición todavía no cuentan con la cohesión y el liderazgo para capitalizar el hecho de que ahora ellos son mayoría social. Y si bien es cierto los miembros de la sociedad política de EE. UU. no transarán con un  gobierno de Ortega que pretende perdurar tal como es, al menos en lo queda de este año, los miembros de la sociedad política estadounidense dan la impresión de estar dispuestos a encontrar un arreglo con el régimen de Ortega -- tal como reza la sección 2 del proyecto de ley del Senado.323.

3 --, sobre la base de elecciones adelantadas, resultado de “negociaciones creíbles”, mediadas por la Iglesia católica, entre el Gobierno y los “representantes de la sociedad civil nicaragüense, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política”.
Por ahora, hay un empate entre Ortega con su aparato coercitivo, y la gran mayoría de la sociedad nicaragüense, el cual, mientras dure, en el mejor de los casos, lleva el país a la parálisis, por no decir que vamos en cámara rápida hacia una crisis como la de Venezuela. Cierto, el régimen de Ortega está agotado, sin futuro, pero cuenta con una correlación de fuerzas que hace costosa y prolongada su salida.

La esperanza de los nicaragüenses de que solo falta el golpe de gracia para terminar pronto con el régimen de Ortega, ya sea mediante una movilización popular masiva que ocupa permanentemente las calles de Managua o que el Gobierno de los Estados Unidos tome más medidas contundentes, un paro económico indefinido o los militares (aunque sea haciendo ruido con sus bayonetas en los cuarteles), si se quiere, “algo grande”, que termine de rebasar el vaso de agua, no es una esperanza vana, pero no deja de ser una esperanza.

Por ahora, lo algo “grande” continúan siendo las elecciones adelantadas, sin presos políticos, en el contexto del diálogo nacional con la suma de otros actores si las condiciones así lo requieren, con la presencia activa de la OEA y otros organismos similares, abocados a crear en Nicaragua las condiciones para comicios electorales creíbles, con observadores nacionales e internacionales, sin inhibiciones arbitrarias para aquellos que tengan la voluntad de participar en los comicios adelantados como opciones independientes o como partes de coaliciones.

Pero si el régimen de Ortega continúa aferrado al error del último de los Somoza, de concluir con su mandato “legalmente” estipulado en el 2021, Nicaragua no recuperará su “normalidad” y continuáremos siendo un país que vive en la oscuridad de la incertidumbre, lo que hará muy difícil la recuperación económica, de tal modo que la “salida razonable”, inclusive para el propio gobernante, y para el sandinismo deliberante con aspiraciones a conservarse como una fuerza viable en el futuro, es la de las elecciones adelantadas, amparadas por una nueva arquitectura que le ofrezca a los nicaragüenses un país con fluidez en sus transacciones políticas, sin que ninguna minoría organizada ejerza el poder del veto sobre las decisiones de un gobierno electo por la mayoría absoluta del sufragio electoral.

*El autor es catedrático del INCAE y fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos.

Justicia orteguista inicia juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.


Un juicio contra dos líderes campesinos de Nicaragua y otros manifestantes acusados de terrorismo tras protestar contra el gobierno inició hoy por cuarta ocasión, después de tres suspensiones por causas diversas.

El juicio de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, junto con los manifestantes Luis Orlando Icabalceta y Silvio Pineda, inició este martes a puertas cerradas y bajo fuertes medidas de seguridad.      

El juicio inició luego de tres intentos los días 1 y 9 de octubre, y el 6 de noviembre, pese a que la defensa ha alegado retardación de justicia, pues llevan cuatro meses recluidos en "El Infiernillo", como es conocida la peor cárcel del Sistema Penitenciario Nacional. Medardo Mairena, detenido desde el pasado 13 de julio, es miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en un diálogo para superar la crisis que fue suspendido de forma indefinida en julio pasado.

Los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena y los manifestantes Silvio Pineda Bonilla y Orlando Pineda, además de ser acusados por la muerte de cuatro agentes policiales el 12 de julio pasado en Morrito, Río San Juan, se les imputan los delitos de terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, robo agravado, daños a la propiedad pública, entorpecimiento de servicios públicos y lesiones.

La Policía detuvo el pasado ocho de noviembre a Agustín Sequeira Duarte, de 27 años, y Washington Alexander Martínez Gómez, de 23 años, a quienes también responsabiliza por la muerte de los oficiales.  Según organismos de derechos humanos en Nicaragua más de 500 personas se encuentran encarceladas por participar en las protestas contra el Gobierno.

Por su parte, Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena dijo que al dirigente del Movimiento Campesino lo han torturado y que no han permitido que un médico lo examine, para comprobar su estado de salud.

“Vi a mi hermano hace nueve días. Lo han torturado a golpes. No sabemos se estado de salud, al médico que buscamos para que lo revisara no le han autorizado que lo atienda. Me dijo que hay amenazas de muerte para mí y toda la familia”, declaró Alfredo Mairena.

El hermano del dirigente campesino dio las declaraciones mientras participa en la marcha en apoyo de los médicos que fueron despedidos de los hospitales públicos del país. Alfredo Mairena también manifestó que siente temor, pero que continuará en las marchas. 

“Me da miedo, pero voy en esta marcha con coraje pidiendo libertad para los presos políticos y en respaldo a los médicos y profesores”, expresó Mairena.   Durante la marcha, Kenler Mena, hijo de Pedro Mena, quien fue capturado junto a Medardo Mairena, dijo que su papá también ha sido torturado.  

Diáspora de Nicaragua pide diálogo y elecciones; gobierno reitera intento de golpe de Estado.


La comunidad de nicaragüenses en el exterior, que se reunió en Washington, Estados  Unidos, se declaró a favor de reinstalar el diálogo nacional y pidió que a más tardar a mediados de 2019 se celebren elecciones generales adelantadas, para resolver la crisis que comenzó en abril.  

Por su parte, el gobierno de Nicaragua mantuvo en un comunicado que entre abril y julio sufrió un intento de golpe de Estado, por lo que hay 273 personas arrestadas y añadió que la crisis ha provocado pérdidas por 961 millones de dólares, 119,567 empleos y una reducción de 7 mil millones de córdobas en el Presupuesto General de la República 2018. 

En un pronunciamiento de 16 puntos, la diáspora se declaró anuente a incidir “con mayor fuerza” ante la comunidad internacional para lograr una “transición pacífica hacia una Nicaragua libre, justa y democrática”.

Asimismo, acusó al gobierno de Nicaragua de violar “de manera sistemática” los derechos humanos, tratados internacionales, Carta Democrática Interamericana y la Constitución. Por ese motivo, la diáspora dijo respaldar las sanciones contra las personas responsables de violar los derechos humanos en Nicaragua y pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrar una sesión especial para analizar la crisis nicaragüense. 

“Respaldamos todas aquellas sanciones y medidas de parte de Estados Unidos, otros países y organizaciones internacionales que busquen como fin castigar a los violadores de los derechos humanos que actúan bajo la dirección del gobierno y sus cómplices a los funcionarios nicaragüenses corruptos y familiares de estos, que hayan autorizado el uso de fondos públicos e instituciones del estado, para reprimir los derechos humanos y cívicos, incluyendo el negar el derecho a la salud, y/o malversación de fondos y bienes públicos con fines de lucro personal y/o políticos”, precisó la diáspora.

En el pronunciamiento los nicaragüenses agregan que bajo las actuales condiciones “reduciremos a un mínimo nuestras visitas, que actualmente dejan cerca de 73 millones de dólares anuales en divisas, y detendremos toda inversión, excepto la ayuda humanitaria”. El año pasado los nicaragüenses en el exterior enviaron remesas por un valor de 1,400 millones de dólares, lo que representó el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) y en compra de los llamados productos nostálgicos invirtieron 689 millones de dólares. 

En su primer comunicado la diáspora de nicaragüenses respalda a la Unidad Nacional Azul y Blanco, así como a la iglesia Católica como mediadora en el diálogo nacional y abogan por el restablecimiento del Estado de Derecho. “Reconocemos que el futuro de Nicaragua está en manos de los nicaragüenses, de dentro y fuera del país”, precisan. También denuncian la detención de protestantes y el peligro que corren los universitarios, por lo que llamó a las embajadas con presencia en Nicaragua a permitir “el ingreso selectivo en sus sedes a estudiantes en alto peligro”.  

En tanto, la Cancillería de Nicaragua mantuvo que hubo un intento de golpe de Estado. Esta posición ha sido presentada por el gobierno en los últimos meses tanto en la OEA como en la ONU, así como en los diferentes países donde tiene representación diplomática.

Encuentran en estado de descomposición a joven de Matagalpina que estaba desaparecida.


La joven Sherling Valeska Blandón, de 20 años, quien se encontraba reportada como desaparecida desde hace varios días, fue encontrada sin vida este martes por la tarde en la comunidad Apante Grande, en Matagalpa.

Según pobladores de Apante Grande, el cuerpo de Blandón fue encontrado por un lugareño que andaba buscando vacas y al percatarse de la presencia de aves de rapiña se acercó a ver de qué se trataba, encontrando el cadáver de la joven ya en estado de putrefacción.

Amanda Cardoza, amiga de la joven ahora occisa, comentó en un video difundido a través de redes sociales que su amiga se encontraba desaparecida desde el pasado viernes 9 de noviembre, día en el que Blandón fue vista con vida por última vez.
“El viernes ella salió de su casa como a las seis de la tarde, recibió una llamada y le dijo a la mamá que ya regresaba, que solo iba a traer unas cosas y no volvió”, dijo Cardoza.

La noticia del hallazgo del cuerpo de Blandón tomó por sorpresa a sus amigos y familiares, quienes instantes antes se encontraban pegando volantes en las calles de Matagalpa para pedir cualquier tipo de información sobre el paradero de la joven.

El cuerpo de la joven fue encontrado cerca de una laguna, cerca de ella estaba su bolso en el cual se encontraron sus documentos de identidad, dinero, su celular, una cadena y un par de zapatos deportivos.

Según información brindada por pobladores cercaos al lugar, la Policía Nacional no permitió que los familiares se acercaran demasiado al cuerpo por el estado de descomposición en el que se encontraba, sin embargo la identificación de Blandón fue posible gracias a un tatuaje que tenía en la pierna.

Orteguismo impone decoración navideña en memorial a víctimas de represión.


Trabajadores de la Alcaldía de Managua colocan adornos y luces navideñas en la Rotonda Jean Paul Genie, donde hasta el pasado septiembre estaban colocadas cientos de cruces en un improvisado memorial por las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega.

En un esfuerzo por hacer que todo parezca “normal”, tras siete meses de protestas que han dejado una de las peores masacres de la historia reciente en varias ciudades del país y cientos de presos políticos y exiliados, el régimen insiste en apropiarse de los espacios públicos.

Turbas orteguistas destruyeron el pasado 21 de septiembre las cruces que los ciudadanos autoconvocados habían colocado en la rotonda Jean Paul Genie en memoria de los asesinados durante las protestas cívicas.

En el lugar colocaron toldos para cubrirse del sol, y la mayor parte del día permanecen una docena de personas ondeando banderas rojinegras resguardados por agentes de la Policía Nacional.

Una cruz de concreto, la virgen María con dos ángeles fue lo único que quedó de la instalación de los pobladores y sobre la bandera de Nicaragua colocaron una bandera del Frente Sandinista.

Esta no es la primera vez que los simpatizantes del régimen de Ortega demuestran violencia en el lugar, pues el primero de septiembre ya habían destruido las cruces colocadas en el lugar con fotografías de los asesinados. Sin embargo, en esa ocasión los ciudadanos volvieron a levantar el memorial.

Durante estos días será instalados adornos luminosos de hasta nueve metros de altura, según informó el fin de semana la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).

Los trabajadores colocaran ángeles, osos, cajas de regalo y arboles de navidad desde la Avenida Bolívar a Chávez, según anunció el régimen de Ortega. Túneles, guirnaldas, renos y conos formarán parte de la decoración de Managua, de acuerdo al comunicado de Enatrel.

Parlamento declara ilegal el mandato de Maduro desde el 10 de enero.


Caracas Venezuela / EFE - El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, declaró este martes como inconstitucional que el dictador, Nicolás Maduro, siga en su cargo a partir del 10 de enero de 2019, cuando le correspondería iniciar el nuevo período presidencial, y pidió elecciones generales con condiciones democráticas.

El Legislativo hizo esta declaración debido a que consideran como fraudulenta la elección del pasado mayo cuando la mayoría de los partidos políticos de oposición no participaron por, entre otros motivos, estar inhabilitados y en la que resultó reelegido Maduro. 

El documento, que no contó con el voto de dos fracciones opositoras -18 diputados- por, en principio, no tener conocimiento previo del acuerdo, señala que procurarán "junto a la comunidad internacional" una "solución política que conlleve" a "condiciones electorales democráticas, de modo que sean posibles unas elecciones generales".

Concretamente piden unos comicios en los que puedan participar libremente los inhabilitados y exiliados políticos y con un Consejo Electoral equilibrado, "en fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente".

Se solicita además la disolución de la "espuria" Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano constituido solo por oficialistas. Se pide, asimismo, la restitución del Estado de derecho y de los poderes del Parlamento que fue despojado de sus competencias constitucionales, apenas fue electo, por un supuesto desacato al Supremo que ordenó la destitución de tres diputados indígenas por un "fraude" en su elección durante 2015.

El caso del supuesto fraude sigue sin resolverse a casi tres años de la elección parlamentaria y nunca se convocaron nuevos comicios para elegir nuevamente a la representación indígena. Además, en este acuerdo se exige "la atención urgente" a las necesidades del país, así como la liberación de los presos políticos que cifran en 232 hasta el 4 de noviembre. 

El Legislativo señala también que apela a la comunidad internacional para "mantener de manera efectiva y progresiva la presión legítima" sobre el régimen. "Todo ello en procura de una solución a la crisis y la construcción de una transición democrática ordenada e inmediata, sin las cuales ninguno de los problemas que sufre Venezuela tendrá solución", agrega el texto en el que se afirma que solo la "solución política" hará posible la construcción de un nuevo Gobierno. 

La mayoría de las peticiones contenidas en este acuerdo son las mismas demandas que hizo la oposición hace un año cuando acudió a un proceso de diálogo con el régimen sin tener éxito. Los 14 diputados que no avalaron este acuerdo consideran además que este documento es promovido por quienes creen en un diálogo como vía de solución a la crisis, una idea que no comparten, pues aseguran que en el régimen no se puede confiar. 

Por su parte, la fracción de La Causa R -4 diputados- salvó su voto porque tampoco conocía en detalle el mismo, y señaló que mañana informaran su posición oficial sobre el acuerdo.

Comentarios en Facebook

POLITICA

ECONOMIA

OPINION

 
Copyright © 2011-2016 (SNN)
Design by SNN | Distributed by Servicio Nicaragüense de Noticias .