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jueves, 19 de julio de 2018

Capturan a "Cherry", presunto secuestrador de los periodistas ecuatorianos.


Bogotá Colombia / EFE - El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, confirmó este miércoles la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias "Cherry", implicado en el secuestro de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, posteriormente asesinados por disidencias de las FARC.

"'Cherry', según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia", dijo el ministro en una rueda de prensa en Bogotá.

Villegas agregó que miembros del Gaula de la Policía, la unidad de lucha contra el secuestro, "en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía, capturaron a alias 'Cherry'", quien al parecer hace parte del autodenominado frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las FARC liderada por Walter Patricio Arizala, alias "Guacho".

La operación de captura se llevó a cabo en el barrio El Centro, del corregimiento de La Guayacana, que hace parte del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Angulo, definido como "siniestro personaje" por el ministro, "tuvo una presunta participación directa en el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio. Fue quien los interceptó junto a alias 'Reynel'", subrayó Villegas.

Por su parte, el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, aseguró a periodistas que a Angulo le serán imputados cargos por su responsabilidad en el secuestro de los periodistas, el secuestro de una pareja ecuatoriana y el asesinato de tres agentes de la Fiscalía.

"De esta manera avanzamos en el esclarecimiento de estos delitos que han venido ocurriendo de la mano de alias 'Guacho', a quien por supuesto mañana también le imputaremos las autorías intelectuales de estos delitos", aseguró.

Martínez afirmó que con esto se está cumpliendo con la promesa hecha al Gobierno de Ecuador y a las familias de los agentes de que los delitos no "iban a quedar impunes". "Hemos actuado con toda contundencia porque los ciudadanos de los dos países tenemos que saber que las autoridades de las dos Repúblicas estamos en alto para impedir esta forma de delincuencia", señaló.

El secuestro del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fue perpetrado el pasado 26 de marzo en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde recababan información sobre los ataques guerrilleros registrados en esa región ecuatoriana desde enero.

Luego de 18 días de incertidumbre, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, confirmó que los tres fueron asesinados por el grupo de alias "Guacho".

A finales de junio los cuerpos fueron hallados en una zona selvática de Nariño y posteriormente identificados como los de los tres ecuatorianos.

Al mismo grupo se le atribuye el secuestro y posterior asesinato en esa zona de Katty Velasco y Oscar Villacís, cuyos cadáveres fueron encontrados en una fosa y repatriados este mes.

En el área de La Guayacana también fueron asesinados el pasado 11 de julio tres funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía colombiana luego de realizar un operativo en contra de narcotraficantes.

Al día siguiente las autoridades anunciaron la captura de 14 personas al parecer implicadas en ese crimen y que hacen parte de las disidencias de las FARC.

En la operación en que fue capturado Angulo fueron incautados dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, granadas de 40 mm, explosivos, seis celulares, radios de comunicaciones, un computador y drogas, añadió el ministro.

miércoles, 18 de julio de 2018

Exigen a Daniel Ortega el cese inmediato de la violencia en Nicaragua.


Santiago de Chile- canciller de Chile, Roberto Ampuero, señaló este martes que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debe cesar a la brevedad la represión en contra de su pueblo, país donde han muerto más de 350 personas y han quedado más de un millar de heridos en las protestas.

"Esto es un mensaje nuevo, adicional, muy serio que dirige gran parte de los países latinoamericanos al régimen de Ortega para que detenga a la brevedad la represión en contra de su pueblo", recalcó Ampuero, quien se encuentra en Bruselas participando en una reunión del Grupo de Lima.

El jefe de la diplomacia chilena recordó que fue el presidente, Sebastián Piñera, quien le entregó las instrucciones de activar en este sentido una declaración "porque la situación en Nicaragua es dramática".

El pasado sábado, el presidente Piñera condenó "con fuerza e indignación" la pérdida de vidas en la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el mes de abril e hizo un llamamiento a ese país a poner término a la violencia y buscar acuerdos.

Piñera señaló que su homólogo nicaragüense debía reanudar la Mesa Nacional de Diálogo y sus respectivas comisiones, para acabar con la violencia y pérdidas de vida y buscar acuerdos amplios e inclusivos para recuperar las libertades, la democracia, el respeto y la paz en ese país centroamericano.

El Senado uruguayo exigió hoy al régimen de Daniel Ortega el "cese inmediato de la violencia" contra el pueblo de Nicaragua, donde la crisis sociopolítica ha dejado más de 350 muertos desde abril.

La moción, que fue aprobada por unanimidad, condena de forma "enérgica" la "reiterada violación de los derechos humanos", así como a las "libertades fundamentales".

En el texto, los senadores alentaron a que se "proceda a identificar a los responsables" de las violaciones a los derechos humanos, a través de los "procedimientos legales correspondientes".

Asimismo, el documento insta al "Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen de buena fe en el diálogo nacional". La "mejor garantía de estabilidad democrática", según la moción del Senado, es la celebración de elecciones libres, justas y oportunas en un ambiente libre de "miedo, intimidación, amenaza o violencia".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", pero el Estado nicaragüense lo niega.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la más cruda desde la década de los años 1980, también con Ortega siendo presidente, y que ha dejado más de 350 muertos, según organismos humanitarios.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

La Conferencia Episcopal de Colombia pidió este martes detener la violencia en Nicaragua y que se respete la vida y se protejan las organizaciones que trabajan en la búsqueda de soluciones a la crisis social y humanitaria que cumple casi tres meses en ese país centroamericano.

"Rogamos al Señor fervientemente que se detenga la violencia en el hermano país nicaragüense, que se respete el derecho a la vida de todos y que se garantice protección tanto a las instituciones eclesiásticas como a las demás organizaciones sociales que, con la Iglesia católica, han trabajado en la búsqueda de soluciones", expresó la Conferencia en un comunicado.

Este martes el régimen de Nicaragua aisló la ciudad de Masaya y lanzó un fuerte ataque contra la comunidad indígena de Monimbó, una de las que mayor resistencia ha opuesto al presidente Daniel Ortega desde el estallido social de abril, que ha cobrado más de 350 vidas.

Igualmente los obispos llamaron a la comunidad internacional para que mire la situación que afronta Nicaragua y "ofrezca ayudas válidas para superar la inestabilidad social, de modo que se puedan encaminar los esfuerzos de todos hacia la consecución de la paz".

Ortega receta 20 años de cárcel por “terrorismo” a los nicaraguenses.


La bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que, a juicio de expertos en derecho afirmaron que serán usadas como un arma para perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios, y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del régimen autoritario de Daniel Ortega.

El nuevo texto legal define que comete “terrorismo” quien mate o lesione a personas que no participan en hostilidades durante un conflicto armado, o dañe bienes públicos o privados si lo hace para intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, y lo sanciona con 15 a 20 años de cárcel.

Aunque la nueva Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en teoría son necesarias para cumplir compromisos internacionales contraídos por el Estado de Nicaragua, los expertos considera que han sido redactadas con ‘nombre y apellido’, y fueron diseñadas y aprobada para castigar a los ciudadanos que  protestan en las calles y a quienes los respaldan.

Prueba de ello es la definición del ‘financiamiento al terrorismo’, al castigar con 15 a 20 años de prisión a quien recolecte y entregue activos, lícitos o no, para cometer o intentar cometer terrorismo… incluso si los fondos no se usaran para eso, ni estén vinculados a un acto terrorista específico. La pena se incrementará en un tercio si el delito se comete a través del sistema financiero, o por el director o empleado de una entidad pública.

La propuesta de ambas leyes antecedió a inicios de abril el ‘divorcio’ entre el sector privado y el sector público, pocos días antes que el Gobierno presentara su desafortunada propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Social, que fue motivo de desencuentro entre los actores del ‘Modelo de Diálogo y Consenso’, y detonante del descontento de la sociedad, que ahora amenazan con llevar a los tribunales por ejercer su derecho a protestar.

Uno de los que sospechan de las ‘razones’ para aprobar esta ley en este momento, es el ex diputado José Pallais, directivo del Frente Amplio por la Democracia, a cuyo juicio “pretenden crear un sistema de espionaje financiero. Dotar al Estado de la capacidad de conocer, dar seguimiento y enterarse de todas las transacciones que se celebren en Nicaragua, tanto las de capital y financieras, como cualquier tipo de contratación”.

El abogado leonés se mostró alarmado porque esta ley involucra no solo a todos los estratos de la sociedad, al considerarlos sospechosos a priori, sino que también los convierte a todos en informantes potenciales. “Con esta ley, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, aseveró.

“Nicaragua está obligada a tener una ley de este tipo que permita investigar las operaciones sospechosas, y la lógica del sistema debería ser la presunción de que la operación es legítima, pero aquí, la sospecha es la constante, no la excepción. Todos, nacionales o extranjeros, somos sospechosos”, reclamó.

Del otro lado, hace notar que “abogados y notarios pasan al servicio del sistema, porque se les exige informar todo tipo de transacciones, y se presentan exigencias para todos los sujetos obligados, lo que va más allá de un sano interés en la prevención y persecución de los delitos de lavado y terrorismo”.

Giovanny Rodríguez, experto en temas contables, amplió el señalamiento de Pallais, al enfatizar en el hecho que se incluyera “a los profesionales del Derecho y los contadores públicos, como nuevos sujetos obligados a generar reportes de operaciones sospechosas ante la UAF”.

Según Wálmaro Gutiérrez, diputado por el FSLN, la UAF “no es un órgano de investigación, sino de inteligencia”. Su tesis es que la UAF analiza las transacciones, genera un informe, y lo traslada a las autoridades competentes que después judicializan -o no- esa causa.

“La intención es cumplir con los compromisos internacionales del país contra el lavado de dinero”, porque no hacerlo “nos llevaría al ostracismo financiero; porque nadie negociaría con nuestro sistema financiero, y nadie haría transacciones con nuestros bancos”, dijo el legislador, asegurando que “los procesos aquí incorporados respetan el debido proceso”.

Un experto de la UAF presente en el plenario de la Asamblea Nacional, declaró que si bien es cierto el país tiene sus propias leyes, también existe la obligación de cumplir los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), “y si estos cambian, tenemos que cambiar nuestras leyes”.

Ese experto recordó que Nicaragua ya estuvo en la ‘Lista Gris’, del GAFI, y hubo que crear la UAF para no caer en la ‘Lista Negra’. “La UAF debe recabar información financiera, administrativa y de orden público para cumplir su misión, que es proteger la economía para su sano desarrollo”, aseguró.

Según los argumentos del oficialismo, no existe la intención de amenazar a los líderes de la protesta, ni a los miles de personas que de forma espontánea se han lanzado a protestar de cien maneras distintas.

Ninguno de esos argumentos convence a Giovanny Rodríguez, por cuanto “la aprobación se da en el marco de una crisis profunda que vive el país, crisis que genera desconfianza en los diferentes sectores económicos, sobre todo por los conceptos de financiamiento al terrorismo y terrorismo. En un entorno de incertidumbre extrema y desconfianza en las instituciones, es de esperarse ese tipo de reacción”, abogó.

Pallais por su parte, reconoce la pertinencia de ese tipo de leyes y obligaciones, “pero no pueden obligar a nadie a ir en contra de su Constitución, y deben hacerse con profesionalidad, sin contaminación política o partidaria”.

Sin embargo, “tenemos un gobierno autoritario, que ha demostrado que es capaz de todo, en donde no prevalece el estado de Derecho. Donde el interés político del gobierno para mantenerse en el poder es la principal razón de su existencia y actuación, el abuso será la constante”, sentenció.

“Todas esas competencias que se le están dando a la UAF -pese a que algunas chocan con la Constitución- serán empleadas para afectar a los enemigos políticos del gobierno; para golpear a la banca y a los empresarios. La Ley está diseñada para usarse como un arma política”, añadió.

ONU denuncia que la ley sobre terrorismo en Nicaragua criminaliza la protesta.


La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que la Ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica.

"El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta", afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de "terrorismo". Colville puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso "casi totalmente controlado por el Gobierno".

Precisamente, el portavoz pidió a las autoridades que informen sobre el paradero de los defensores de los derechos humanos Medardo Maireno y Pedro Mena, "quienes podrían ser víctimas de desapariciones forzadas", denunció.

Ambos fueron detenidos el pasado viernes en el aeropuerto de Managua y desde entonces las autoridades no han informado sobre su paradero a pesar de haber peticiones judiciales expresas al respecto.  "Vemos una tendencia a criminalizar a defensores de los derechos humanos o a gente simplemente por el hecho de participar en protestas", dijo Colville. Y explicó que la Policía ha acusado a Maireno de haber asesinado a varios oficiales y lo ha tildado de "terrorista".

El portavoz destacó que mañana se cumplen tres meses desde que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua, inicialmente contra la reforma de las pensiones y posteriormente evolucionaron hacia masivas protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.

La violencia ha dejado más de 350 muertos y 1.830 heridos, "y ha sido ejercida mayoritariamente por el Estado y por elementos armados progubernamentales". Precisamente, Colville criticó la actuación de estas milicias progubernamentales que actúan impunemente "con el apoyo activo o tácito" de las fuerzas de seguridad.

La Oficina del Alto Comisionado tiene personal sobre el terreno que ha registrado "una amplia gama de violaciones cometidas, lo que incluye asesinatos extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias".

"Ha habido incitación al odio y campañas de descalificación incluyendo a defensores de los derechos humanos. Y todo ello en un contexto en el que no se aplica el debido proceso", subrayó.

Tres meses de protesta, represión, terror y muerte en Nicaragua.


Hoy se cumplen 3 meses desde que estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y hasta ahora es imposible si quiera vislumbrar que la paz llegue al país centroamericano. 

El panorama es frustrante. En 12 semanas han muerto al menos 350 personas y más de 2000 han resultado heridas, según cifras de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales.

En las noticias sobre Nicaragua es común leer o escuchar que la cifra de muertes dobla a las ocurridas en Venezuela durante los 4 meses de protestas en 2017 contra el régimen de Nicolás Maduro. El Gobierno de Ortega solo reconoce un poco menos de 50 fallecidos.

A un diálogo, auspiciado por la Iglesia y la sociedad civil, que nunca empezó le ha seguido un látigo de represión propio de las peores dictaduras. Al día de hoy grupos de policías y paramilitares se encargan de sembrar terror y acabar con cualquier intención civil de expresar el descontento con la situación del país. El resultado ha sido un baño de sangre, mientras el clamor por justicia parece no llegar a quienes tienen que escucharlo.

Aquí una cronología de los hechos más significativos en la crisis de Nicaragua:

16 de abril: el Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) anuncia la polémica que aplicaba aumentos en las cargas a los trabajadores y empleadores. Según las autoridades, el objetivo de la reforma era el de “garantizar la sostenibilidad financiera de la institución”, que tiene un déficit mayor a los 75 millones de dólares.

18 de abril: las reformas aparecen publicadas en Gaceta Oficial. Comienzan las protestas en Managua, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Se reportan agresiones a manifestantes y periodistas.

22 de abril: Ortega revoca la reforma a la Seguridad Social y dijo que la “mesa queda limpia” para comenzar a abordar el tema con empleadores y trabajadores. Se producen los primeros saqueos en Managua.

23 de abril: el sector privado hace la primera convocatoria a una marcha en Managua.

24 de abril: una marcha multitudinaria en Managua pide la salida de Daniel Ortega de la Presidencia. Daniel Ortega invita a la Conferencia Episcopal de Nicaragua a ser mediadora en el diálogo.

26 de abril: la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua contabiliza 

63 muertos y 15 desaparecidos durante las protestas.

28 de abril: se realiza una segunda marcha multitudinaria en Managua y en varias ciudades del país en contra del Gobierno. Las consignas ya dejan de ser referirse solo a la reforma y ahora exigen democracia y una reforma electoral.

9 de mayo: se realiza una tercera marcha masiva en contra del Gobierno, cuyos simpatizantes también llevaron a cabo una contramarcha en Managua.
11 de mayo: el Gobierno dice que está listo para un diálogo nacional con la sociedad civil y la mediación de la Iglesia Católica.

12 de mayo: se producen fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías en la ciudad de Masaya. Según las versiones de prensa, la policía es apoyada por grupos afines a Ortega. Hay saqueos, incendios y la ciudad se envuelve en el caos. 

El Ejército hace un llamado a que cese la violencia en un comunicado en el que con letras mayúsculas y en negrillas dijo “somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio”.

14 de mayo: la Iglesia Católica anuncia que el diálogo comenzará el miércoles 16 de mayo. El Gobierno de Ortega acepta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vaya a Nicaragua a evaluar la situación de los Derechos Humanos.

16 de mayo: inicia el diálogo entre el Gobierno, la sociedad civil y sector privado de Nicaragua, en la sede del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua.

21 de mayo: CIDH denuncia grave violación de DDHH y 76 muertos en Nicaragua.

23 de mayo: Suspenden el diálogo nacional en Nicaragua ante falta de consenso.

29 de mayo: Amnistía culpa a Ortega de una represión "letal" y eleva a 83 los muertos.

30 de mayo: Durante una marcha por el Día de las Madre s en la que participaban madres de los fallecidos en las protestas, se produjo un tiroteo, presuntamente provocado por afectos a Daniel Ortega, que dejó un saldo de 7 muertos en Managua.

31 de mayo: el Ejército de Nicaragua niega estar involucrado en enfrentamientos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos presenta un informe sobre la crisis en el que registra 108 muertos en el país.

1 de Junio: La CIDH alerta de una "nueva etapa de represión" en Nicaragua, con posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de francotiradores, en algunas zonas del país.

5 de junio: La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó este martes una declaración para pedir el "cese inmediato" de la violencia en Nicaragua, aunque no dirigió esa petición al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

6 de junio: Habitantes de varias poblaciones instalaron barricadas en las entradas y caminos rurales para frenar los ataques de policías y fuerzas "parapoliciales".

9 de junio: Un grupo de estudiantes que se mantenía atrincherado desde el 19 de abril en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) abandonó el campus, para manifestarse en las calles contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

10 de junio: Se triplican los bloqueos en las ciudades de Nicaragua tras las denuncias de ataques policiales. De unos 40 bloqueos que había el número creció a 126.

15 de junio: Se reanuda el diálogo sin la presencia de Ortega. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) presenta informe en el que reporta unos 200 muertos por la represión en Nicaragua, a lo que se suman más de 1000 heridos y 80 desaparecidos.

23 de junio: Una mujer murió en la ciudad de Masaya de un disparo durante un ataque de las "fuerzas combinadas" del Gobierno, lo que elevó a seis las víctimas registradas en 24 horas en el marco de la crisis.

24 de junio: Un bebé de año y medio murió de un tiro en la cabeza en medio de las protestas.

3 de julio: La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente) elevó hoy a 309 la cifra de muertos en el país en menos de tres meses.

5 de julio: EEUU sanciona a tres altos cargos nicaragüenses cercanos a Ortega.

7 y 8 de julio: 12 personas murieron en esos dos días como resultado de violentos ataques de fuerzas paramilitares contra manifestantes civiles opositores al Gobierno en por lo menos cuatro localidades del país. Un militar retirado afirma que las fuerzas de Ortega están atacando a la población con lanzacohetes rusos. Ortega se refirió por primera vez a los opositores como “asesinos” y “terroristas”.

En Diriamba (sur) activistas del Gobierno agredieron a golpes a un grupo de obispos, sacerdotes y al nuncio apostólico en el país, el polaco Waldemar Sommertag.

9 de julio: Turbas sandinistas y paramilitares con el rostro cubierto provocaron el caos al ingresar por la fuerza a la Basílica San Sebastián, en Carazo, donde agredieron a obispos, sacerdotes, periodistas y defensores de derechos humanos.

12 de julio: Miles de nicaragüenses protestaron en Managua en contra de Daniel Ortega, en la marcha bajo la consigna "Juntos somos un volcán".
13 de julio: Siete países de la OEA presentan resolución con calendario electoral para Nicaragua.

14 de julio: Un ataque armado contra estudiantes en una iglesia en Managua dejó dos muertos y dos heridos. Los estudiantes, junto a periodistas y religiosos permanecieron 16 horas encerrados en el templo bajo el asedio de los grupos paramilitares.

15 de julio: Al menos diez personas, entre ellos cuatro policías y una niña, murieron en varias ciudades de Nicaragua durante operativos de paramilitares contra manifestantes atrincherados en barrios y carreteras, aseguró un organismo de derechos humanos independiente.

16 de julio: Dos leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero, que imponen penas de 15 a 20 años de prisión, fueron aprobadas. "Son leyes de espionaje financiero, para controlar todos los movimientos de capital en el país”, dijo el político opositor y ex vicecanciller liberal José Pallais.  

Gobiernos latinoamericanos condenaron la represión y violación de derechos humanos en Nicaragua, durante la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Americanos y del Caribe (CELAC) y la Unión Europea.

Junto a obispos y sacerdotes, conocidas figuras de la sociedad civil, empresarios, periodistas y dirigentes políticos ligados al sandinismo disidente comenzaron a ser señaladas esta semana como “golpistas” y sus rostros circulan en videos anónimos amenazantes.

Indígenas de El Salvador piden a Gobierno respetar plan que vela por derechos.


San Salvador, El Salvador / EFE - Representantes de los pueblos indígenas de El Salvador pidieron hoy al Gobierno que "respete" un plan que fue entregado en 2017 y que "vela por los derechos de los pueblos Nahua Pipil, Lenka y Kakawira".

Según los indígenas, el pasado 5 de julio el Gobierno devolvió a los pueblos indígenas el Plan Nacional para Pueblos Indígenas (Planpies) "ya revisado y con algunos cambios con los que no estamos de acuerdo".

"Al realizar un análisis comparativo entre el documento original y el entregado (por el) Gobierno, vemos con preocupación y extrañeza los cambios realizados por la Presidencia sin la previa consulta a los pueblos indígenas, lo que demuestra el total desconocimiento de los instrumentos jurídicos en materia del derecho indígena internacional", manifestaron a través de un comunicado.

Ante esta situación, los representantes de los pueblos Nahua Pipil, Lenka y Kakawira exigieron que se "oficialice el documento original elaborado, revisado y validado por las instituciones de Gobierno el 10 de enero de 2017, y por los pueblos indígenas el 19 de diciembre de 2016".

Los indígenas también expresaron que están con la "disponibilidad de establecer mecanismos de coordinación reales que permitan el desarrollo pleno de los procesos de consulta, a fin de que las comunidades de estos tres pueblos indígenas puedan ejercer plenamente su derecho a la consulta libre, previa e informada".

El Planpies fue elaborado a solicitud del Estado salvadoreño tras la Primera Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas celebrada en Nueva York, Estados Unidos, en 2014.

La Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador (Digestyc) reveló, en un estudió realizado en 2007, que en el país centroamericano hay alrededor de 1 millón de indígenas que representan el 17 por ciento de la población.


Trump se defiende de las críticas: "No soy pro-Rusia".


Washington EEUU / EFE - El presidente Donald Trump se defendió este martes de las críticas por su postura amigable hacia Rusia tras la cumbre que mantuvo el lunes con su homólogo de ese país, Vladimir Putin, en Helsinki.

"No soy pro-Rusia, no estoy a favor de nadie", señaló Trump en una entrevista emitida hoy por la cadena Fox News. "Sólo quiero mantener a salvo este país (...) Rusia y Estados Unidos controlan el 90 por ciento de las armas nucleares del mundo y llevarse bien con Rusia, y no sólo por esa razón, es algo bueno, no malo", manifestó.

Ante la consulta de si considera que Rusia es el principal adversario de Estados Unidos, el mandatario respondió: "Ni siquiera utilizaría la palabra adversario. Todos podemos trabajar juntos, podemos hacerlo genial". Trump recordó además el rol de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. "Rusia perdió a 50 millones de personas y nos ayudó a ganar la guerra", apuntó.

El presidente estadounidense fue duramente criticado por sus declaraciones durante la conferencia de prensa que tuvo con Putin el lunes en Helsinki. El jefe de Estado ruso negó allí cualquier intervención de su país en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, que ganó Trump. 

El mandatario estadounidense afirmó en Helsinki: "No veo motivos por los cuales habría de ser Rusia". Sin embargo, hoy aseguró que se había expresado mal y dijo que sí hubo injerencia rusa en esos comicios, tal como aseguran los servicios secretos estadounidenses.

En la entrevista con Fox, Trump criticó al exjefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan, quien había dicho que la actuación del presidente estadounidense fue "simple y llanamente traidora". "Putin lo tiene totalmente en el bolsillo", añadió. "Creo que Brennan es un hombre muy malo y muchas cosas pasaron mientras estaba a cargo", señaló Trump sobre Brennan, que dirigió la CIA entre 2013 y 2017, durante la presidencia del demócrata Barack Obama.

Trump dijo este martes que "se expresó mal" en la cumbre de Helsinki y aclaró que acepta "las conclusiones" de sus agencias de espionaje de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016, tras la ola de críticas recibida por desautorizarlas ante su homólogo ruso, Vladimir Putin.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la injerencia en las elecciones presidenciales de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca.  

En la rueda de prensa conjunta con Putin de este lunes en Helsinki, el Presidente había asegurado que no veía razón por la que Rusia fuese responsable de esta interferencia, lo que desató la indignación en EEUU por haber dado más credibilidad a la negativa de Putin que a los informes de sus propias agencias de inteligencia, como el FBI y la CIA.

Maduro se burla de Iván Duque y dice que Uribe será el verdadero presidente de Colombia.


Caracas Venezuela / EFE - El gobernante venezolano Nicolás Maduro se burló este martes del presidente electo de Colombia, Iván Duque, de quien dijo ni siquiera se ha aprendido ni se aprenderá su nombre.

Maduro hizo las declaraciones durante su intervención en un foro en La Habana, en el que también participaron el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y el presidente de Bolivia, Evo Morales.

“No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. ¿Cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre ni me lo aprenderé”, aseguró Maduro entre los aplausos de los asistentes del Foro de Sao Paulo.

El gobernante venezolano también aseguró que el verdadero presidente de Colombia desde el próximo 7 de agosto será el ex mandatario Álvaro Uribe y no Duque.

“El acta de nacimiento de Unasur fue firmada de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. ¿Va a presidir Colombia ahora, no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia ahora por Twitter”, dijo Maduro.

Asesores cercanos al presidente electo de Colombia han informado que no ha habido ningún tipo de contacto directo entre Duque y Maduro, ni siquiera cuando el entonces candidato uribista ganó en las elecciones presidenciales del 17 de junio con más de 10 millones de votos.

El gobernante ha acusado en varias oportunidades a Colombia de planear junto a Estados Unidos una guerra en su país, ataques que han sido ignorados por Colombia.

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