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martes, 14 de agosto de 2018

La relativa "normalización" del país.


Por Adolfo Miranda Sáenz. Nicaragua vive el grave problema institucional de una nación cuyo pueblo, de forma notoriamente mayoritaria, pierde la confianza en el gobierno y sus instituciones, rechazándolas y cuestionando su legitimidad. 

Estas crisis suelen generar guerras civiles, insurrecciones populares o protestas pacíficas. En nuestro país la oposición escogió la protesta pacífica en forma de plantones y marchas, pero la represión llevó a otras formas de protesta y de defensa que no estaban en las intenciones originales: tranques y barricadas.

El gobierno reaccionó con más represión y se afectó considerablemente la actividad económica. Ahora el país está regresando a una “normalización” muy relativa, que no implica el fin de la crisis institucional ni el cese de las protestas pacíficas de la oposición. El desmontaje violento de los tranques y barricadas no es triunfo ni derrota para ninguno. 

De hecho, en el Diálogo Nacional se creó la Comisión de Verificación y Seguridad integrada por representantes del gobierno y de la Alianza Cívica, con acompañamiento del Meseni (CIDH), para levantar paulatinamente los tranques y barricadas a cambio de garantías de no represión. Pero el gobierno decidió quitarlos por la fuerza.

La protesta pacífica de la oposición no se ha planteado como una guerra para mantener territorios y, según se ha anunciado, continuará con marchas, plantones y otros actos de protesta cívica, acompañados por la presión internacional contra el gobierno, hasta que se logre la solución del problema institucional de fondo.

Hasta entonces, la normalidad será relativa, pero permitirá que las actividades económicas y muchos empleos perdidos pueden recuperarse evitando que la economía del país se hunda más, y procurando la salud física y mental, sobre todo de los niños y adolescentes. 

Es una normalización relativa necesaria y favorable para la oposición cuyo fin no ha sido dañar las empresas ni lanzar a nadie al desempleo, y la prolongación innecesaria de esa situación podría haberse revertido en su contra. Aunque también favorece al gobierno que quiere mostrar normalidad.

Pero la normalización no es ni será total, es relativa porque subsisten el miedo, la supresión de la vida nocturna, las tierras privadas invadidas con apoyo del gobierno, la ausencia de seguridad jurídica, las actividades del ejército inconstitucional de paramilitares encapuchados con armas de guerra, dificultades aduaneras, el temor que impide que todos los niños y jóvenes acudan tranquilos a clases, la impunidad de la delincuencia, despidos masivos del gobierno, represalias, persecuciones y otros factores. 

Pero, sobre todo, seguirá siendo relativa porque, aunque cambiara esta situación, Nicaragua no estará en una situación normal mientras subsista el conflicto institucional que ha causado gran número de muertos, heridos, presos, procesados, exiliados, etc. 

Hay mucho dolor, profundas heridas abiertas, y se continuará viviendo una situación tensa que no se arreglará con normalizar la actividad económica. Tendremos una normalidad muy relativa mientras a las autoridades se les tenga miedo y no respeto. No es auténtica una “paz” impuesta por el miedo. 

Es una tensión latente que en cualquier momento podría explotar sin que nadie pueda predecir cómo, a menos que el gobierno acepte la única solución definitiva y pacífica posible: elecciones generales honestas y adelantadas, para que el pueblo con su voto decida si quiere seguir con el actual gobierno o sustituirlo por otro. Hasta entonces tendríamos la verdadera normalización del país.

Naturalmente que es el país quien se beneficiaría de unas elecciones anticipadas, y es lo que la oposición y la comunidad internacional —todo el mundo— quiere para el bien de Nicaragua. Pero es lo que también debería estar deseando y aceptando el gobierno pues es lo que también más le conviene, y cometería un gran error si decide mantenerse mediante la fuerza y rechazar la solución de adelantar las elecciones.

¿Por qué negarse, si de todas maneras en 2021 habría elecciones, que obligatoriamente tendrán que ser honestas por una presión internacional que irá en aumento, con el país en peores condiciones y, por consiguiente, el gobierno más desgastado, el pueblo urgiendo el cambio aún más consciente de la necesidad de supervivencia del país, y el Frente Sandinista en mayor desventaja que nunca? ¿Por qué no terminar con esto ya? ¿Para qué arriesgarse a que esta normalidad relativa termine de alguna manera impredecible con consecuencias insospechadas? 

Tratar de gobernar tres años así, bajo innumerables presiones y condenas internacionales (de altísimo costo para aquellos funcionarios estatales afectados, y sus familias), con una economía débil, bajo gran tensión, con la incertidumbre de cuánto tiempo durará la relativa normalidad (que no será completa), sería gobernar en las peores condiciones, desgastándose, prolongando y profundizando una situación de conflicto innecesariamente, sin ayuda de nadie, donde al final, de todos modos, por múltiples razones, el actual gobierno será cambiado.

Es que Venezuela está hundiéndose en picada económicamente, Cuba no tiene nada que ofrecer y la ayuda de la capitalista Rusia de hoy es una fantasía del imaginario político, pues no les interesa a los rusos, a causa de una Nicaragua que para ellos significa muy poco, entorpecer las buenas relaciones que buscan con los EE. UU. 

Es que no estamos en los 80, ya no existen ni la URSS, ni el "bloque comunista", ni la “guerra fría”. ¡No vale la pena tratar de gobernar Nicaragua así tres años más! El diálogo y las elecciones adelantadas convienen a todos: al gobierno, a la oposición y a la economía nacional. ¡Y el mundo entero lo está pidiendo y esperando! Sería un escenario electoral donde, si el partido de gobierno pierde, no lo perdería todo, y Nicaragua se podría reponer muy rápido. Mientras que de aquí al 2021 —si acaso esto durara tanto— no sabemos qué pueda pasar.

Alianza Cívica por la Democracia retornara al dialogo por la paz.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente de paz, que los conflictos se resuelvan de manera pacifica, los ciudadanos tenemos derecho a quitar al gobierno, eso no es nada ajeno al ámbito legal, constitucional, no es una conspiración, en todo caso es una “inspiración” afirmo Azalhea Solís, miembro de la Alianza Cívica por la Democracia.

Solís, durante su participación en el programa estelar de la mañana, Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista, Gustavo Bermúdez Herrera, agrego que el pueblo tiene derecho a ser gobernado y que este decida por una administración correcta, una administración que rinda cuentas.

“A estas alturas Ortega, tiene once años de no rendir cuentas, al pueblo de Nicaragua de su gestión, y en estos últimos meses le hemos visto, que ha andado de arriba abajo, en las pantallas de televisión, de distintas cadenas de prensa internacional, dando explicaciones supuestamente y en las que mas se enreda” aseguro la miembro de la Alianza Cívica por la Democracia.

Solís, reprocha que Ortega, a estas alturas de su gestión, no ha dado ninguna explicación al pueblo de Nicaragua, menos de su gestión pésima, terrorista, represora, en estos últimos cuatro meses.

Solís se refirió a la negativa de Ortega del ingreso al país, de la Comisión Especial, de la Organización de Estados Americanos-OEA- al país, señalando que dentro de los principios constitucionales de Nicaragua, en el primer titulo de nuestra constitución política, esta en la parte final del articulo 5, donde dice que Nicaragua, se adhiere a los principios, del derecho interamericano, el derecho interamericano forma parte “consustancial” del sistema jurídico nacional.

“Esto lo dice la constitución de la república, ¿Qué cosa es el sistema interamericano? Pregunta Azalhea, para luego responder que el sistema interamericano es la OEA, el sistema interamericano es la convención de derechos humanos, el sistema interamericano, es la corte interamericana de derechos humanos, es decir son instrumentos, unos mas jurídicos que políticos, pero todos estos son instrumentos del sistema interamericano” explica Solís.

La miembro de la Alianza Cívica por la Democracia, asegura que  la OEA, en su faceta o dimensión política, es parte de la carta interamericana, la carta interamericana, es parte del derecho interamericano, es decir que Ortega lo que esta diciendo –en su negativa del ingreso al país de la Comisión Especial de la OEA- es absurdo, es decir que, el que  comete violación a los principios constitucionales, es el.

“Esta negando que el derecho interamericano es parte sustancial del sistema jurídico de los nicaragüenses, por la vía de los principios constitucionales reitero Solís. 
Azalhea Solís, de la Alianza Cívica por la Democracia, advierte que la negativa de Ortega, de permitir el ingreso al país a esta Comisión Especial de la OEA, le va a crear el mismo problema, que le acarreo a Somoza en su momento, cuando este también se negó.

“Esto ya lo vivimos los nicaragüenses, ya el Consejo Permanente, de la OEA, en el año 1979, tuvo que ver con Nicaragua, ya hubo comisiones anteriores en ese año 1979, a las que Somoza se negó obedecer” reiteró Solís.

Para Solís, Ortega esta repitiendo el mismo patrón que hizo Somoza, no obstante la miembro de la Alianza Cívica por la Democracia aclara que este grupo de trabajo –Comisión Especial de la OEA- no es el único grupo de trabajo, existen distintos grupos de trabajo.

“Existe un grupo especial de trabajo para Canadá, para México, -que es particular para Canadá, para México- es decir diferentes grupos de trabajo, esto es un grupo mas de trabajo, frente a una situación concreta, que es el caso de la crisis, que se ha derivado en Nicaragua, muy fuertemente en estos últimos 4 meses.” advierte Solís.

Azalhea Solís revela que este es un grupo de trabajo que puede venir a Nicaragua, pero que no se restringe su venida a Nicaragua, ese grupo de trabajo, puede trabajar en Washington, puede trabajar desde San José, Costa Rica, no necesariamente tienen que venir al país, necesitan ver documentación, entrevistarse con los actores, ver la situación del país, analizar el sistema jurídico del país, por ejemplo. 

“Ver en el sistema jurídico del país, la agenda que se ha presentado en el dialogo nacional-el pasado 16 de Mayo- hace tres meses, que es una agenda que esta dentro del marco constitucional de Nicaragua” subraya Solís.

La miembro de la Alianza Cívica por la Democracia, tras aclarar que esta Comisión Especial, puede trabajar desde fuera de Nicaragua, la negativa de Ortega de negarle su ingreso al país, da la razón de que este no es un estadista, que no es un presidente, que quiere resolver la grave situación que ha generado su mal gobierno.

Solís, afirma que la importancia de estos cuatro meses de protestas generada por la crisis del régimen de Ortega, es el hecho de la conformación de la Alianza Cívica por la Democracia.

“Si esto lo hubiéramos pensado 5 meses atrás nadie hubiera pensado que esto era posible que ocurriera, una Alianza Cívica, en la que esta la Coalición Universitaria, la Empresa Privada, en la que esta la sociedad civil, la Costa Caribe, en la que esta el Movimiento Campesino” dijo Solís.

Para luego agregar que dentro de esta alianza Cívica, hay movimientos, o de ideologías distintas, reiterando, que cinco meses atrás, eso no hubiese sido capaz de pensarlo, y deja sentado que ese es en primer lugar el gran logro.

“En segundo lugar esta el logro de haber creado una “agenda común”, una agenda de orden político, que me parece son cuestiones importantes, que yo pondría en relieve” puntualiza Solís.

Azalhea Solís, resta importancia y se negó a refutar, ataques en contra de esta Alianza Cívica, por parte de políticos, limitándose  a desconocer, a que dinero se refieren que habrían recibido, reiterando que ni siquiera han recibido ofrecimiento de dinero alguno, de parte de nadie, así es que no sabe a que se están refiriendo. 

“Otra de las cosas importantes, dentro de los logros con la conformación de esta Alianza Cívica por la Democracia, es que esta  no es absoluta, como dirían las abuelitas, no esta llevando su propia agenda, no es una agenda particular, sino que la Alianza Cívica por la Democracia, es una derivación de la lucha del pueblo de Nicaragua” puntualiza Solís.

La miembro de la Alianza Cívica por la Democracia, reitera que ellos están llevando al Dialogo Nacional lo que el pueblo de Nicaragua, demanda, y el pueblo demanda qué haya una salida pacifica, en los nicaragüenses, hay un consenso, de que es que no quiere, que haya guerra, subraya Solís.

“Al Dialogo Nacional, la Alianza Cívica por la Democracia, hemos ido por una solución pacifica, no hemos llegado, con una espada de la guerra, hemos llegado con propuestas cívicas, constitucionales, de respeto a los derechos humanos” concluyo Solís.




Grave crisis empantanada.


Por José Dávila / Nicaragua y la grave crisis política, social y económica en que la ha hundido Ortega, está empantanada. Esta dictadura sigue en el banquillo de los acusados por los 400 asesinados, hay condena mundial y la comunidad internacional presiona unánimemente por una salida pacífica, y plantea elecciones libres adelantadas para que el pueblo escoja sin fraude un nuevo gobierno. Pero Ortega no las acepta.

El pueblo sigue exigiendo su renuncia para que vuelva la paz a Nicaragua, y él se hace el sordo. La comunidad internacional exige el retorno a un diálogo de buena fe para trabajar esta salida política, los Obispos están dispuestos a seguir mediando en favor de la paz, pero Ortega no lo acepta.

Tampoco ha tomado por sí mismo ninguna medida para remediar la grave crisis que ha hecho que el país no esté normal. Ortega no sólo sigue cerrado, ciego y sordo, sino sigue engañado, cree que haber destruido con terror y muerte los tranques y barricadas con los ya tristemente célebres paramilitares fue un triunfo para él, cree que siguiendo la persecución atroz y el encarcelamiento de opositores todo va a volver a la normalidad, cree que negarse a recibir a la Comisión especial de la OEA, la comunidad internacional se olvidará del asunto.

Tampoco se da cuenta que con las medidas económicas que está tomando está apurando la debacle total de la economía, da palos de ciego. Y en el colmo anda en una campaña haciendo creer que el país ya está normal, cosa que jamás estará normal mientras haya un gobierno que ha asesinado a más de 400 de sus ciudadanos.

Está engreída la dictadura, está tozudo el gobierno, está perdida la pareja, anda en la estratósfera. No sabemos si en un momento dado esta dictadura abrirá una hendija para la solución de esta grave crisis, pero mientras no lo haga el país no volverá a la normalidad y Nicaragua seguirá empantanada en la peor crisis política de su historia republicana, que tarde o temprano el pueblo resolverá.

Ortega no responde a petición de la CEN de reanudar el Diálogo.


Tomado de Confidencial / El cardenal Leopoldo Brenes dijo que los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) han estado pidiendo una cita con el canciller de la república, Denis Moncada Colindres para expresarle el interés de la Iglesia de continuar con el Diálogo Nacional, sin embargo, “como ha estado fuera del país”, este no ha respondido la comunicación.

De acuerdo a declaraciones del arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, los obispos de la CEN enviaron una carta “al señor Moncada, para hacerle patente nuestra disponibilidad de seguir siendo mediadores, e igual a la Alianza Cívica, a las dos partes”, dijo el religioso. 

Sobre la anuencia o no del Gobierno para reanudar el Diálogo Nacional y tenerlos a ellos como mediadores, Brenes consideró que el Ejecutivo “sí” tiene disponibilidad de hacerlos, pues “siempre ha hablado de la grandeza del diálogo, y es el ambiente a nivel nacional e internacional de que es siempre necesario para solucionar los problemas”.

El pasado 19 de julio el presidente Ortega lanzó un discurso virulento contra los obispos de la Conferencia Episcopal, a quienes acusó de promover un “golpe de Estado” en su contra. “¿Qué cosa es un golpista?”, cuestionó Brenes. “Un golpista es aquella persona que hace acciones para tomar el poder, nosotros los obispos no estamos para tomar el poder, por lo tanto no nos sentimos aludidos”, continuó el Cardenal.

Al respecto Monseñor Báez expresó que los obispos de la CEN ante las injurias, persecuciones, amenazas de muerte, lo único que hacen es perdonar y rezar por quienes hacen esos señalamientos, tal y como dice el evangelio, “poner la otra mejilla”. “No darle más fuerza al mal respondiendo de la misma manera. Perdonando siempre, y siendo disponible a hacer lo humanamente posible por servirle mejor al pueblo de Nicaragua”, reiteró Baéz.

Este sábado, una marcha pacífica organizada por ciudadanos autoconvocados de Matagalpa fue atacada por simpatizantes del Frente Sandinistas. Lenín Díaz Mendiola, de 54 años, murió en el atentado, y dos personas más resultaron heridas.

“En esta semana tuvimos dos fallecidos. Murió un campesino de Mulukukú. El otro muerto (Lenín), era de una familia popular en Matagalpa. Eran militantes históricos. Era gente sencilla, que prácticamente, comentaban, que no se metía en nada. Es lamentable, condenable en todo aspecto que se le quite la vida. Ojalá que esto podamos irlo haciendo desaparecer”, insistió Brenes.

Durante las últimas dos semanas, la campaña del Gobierno Ortega Murillo en los medios de comunicación oficiales, ha sido impulsar la “paz” y la imagen de “normalidad” en el país. Brenes manifestó que hablar sobre “normalidad plena es difícil”.
“Si salen por las noches, prácticamente la cosa no está tan bien, por la mañana da la impresión que no ha pasado nada. Pero a partir de la una de la tarde, la afluencia comienza a bajar, a las seis de la tarde gran parte de la gente está encerrada. En algunos departamentos, Masaya, Carazo, se siente que hay presencia de la Policía Nacional, de encapuchados y eso da cierto temor a las personas”, opinó el Cardenal. 

Brenes insistió en que es necesario que la represión orquestada por los grupos armados vaya desapareciendo, pues no es “normal que exista vigilancia policial o de encapuchados o policías voluntarios. Cuando esto vaya desapareciendo vamos a sentir, plenamente, que hay normalidad”, sentenció.

Monseñor Silvio Báez agregó que Nicaragua no es igual desde el pasado 18 de abril. Expresó que en estos momentos el país sufre una gravísima crisis a nivel social, político y económico, que golpea a toda la población. “Elaborar un discurso que quiera distorsionar la realidad no hace bien. La realidad que vive el pueblo de Nicaragua está marcada por el luto y dolor, miedo e incertidumbre. 

Sigue habiendo mucho peligro por el hecho de transitar en algunas zonas de la capital y de otras ciudades, hay mucha gente que está huyendo, saliendo del país y un país nunca será normal mientras hayan personas privadas de libertad por ejercer su derecho a expresarse”.

La Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), ha informado que al menos 137 personas están siendo judicializadas, tras haber sido secuestradas por la Policía Nacional y paramilitares, sin orden judicial ni delitos comprobados. Algunos de los presos políticos más conocidos son los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena; la dirigente de los comerciantes autoconvocados, Irlanda Jerez; uno de los coordinadores del Movimiento 19 de Abril en Masaya, Cristhian Fajardo; y los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, a quienes se les acusa del asesinato del periodista Ángel Gahona. 

A título personal, Báez afirmó que una de las primeras medidas que se debe tomar en el Diálogo Nacional, siempre y cuando este se reanude, es exigir la liberación de todos los presos políticos, pues Nicaragua no puede reiniciar una nueva etapa mientras haya nicaragüenses detenidos.

“Mientras no se respeten los derechos humanos fundamentales, mientras aquí haya un Estado de terror, esto no será nunca un país normal. Un país normal no quiere decir volver al silencio, a la apatìa, que habìa antes del 18 de abril. 

El pueblo de Nicaragua, ha despertado a ser protagonista de su historia y esto no tiene vuelta atrás”, afirmó Báez.  Para el Cardenal Brenes es necesario que para ese ambiente de paìs normal, muchas personas que están en prisión puedan salir de las cárceles.

“Eso traería gozo, alegría, ojalá que pronto todas estas personas que están siendo acusadas puedan salir y regresar a sus hogares para alegría de sus familias y el vecindario. No solo son jóvenes los que están, sino gente adulta, ojalá que el clamor que se ha hecho en la población, para que los prisioneros sean liberados, se escuche y pronto”, finalizó Brenes.

CPDH: “hay un formato de acusación” para criminalizar a manifestantes.


La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha concluido que el Estado de Nicaragua, a través de la Fiscalía y la Policía Nacional, tiene “un formato de acusación” preparado para los manifestantes y líderes de la rebelión cívica, que se han levantado contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De los más de 400 presos políticos que existen al día de hoy, al menos 137 de ellos enfrentan procesos judiciales. Los delitos imputados se repiten en todos los casos: Terrorismo, asesinato, robo agravado, secuestro simple, entorpecimiento servicios públicos, entre otros.

“La mayoría de estas personas son acusadas bajo los mismos tipos penales y sin pruebas reales de que sean culpables de los delitos que se les acusan. Es un proceso en el que solo cambian los nombres de los señalados en las acusaciones… Son acusaciones que no cumplen con el Código Procesal Penal como para que una autoridad judicial las acepte como validas”, criticó Denis Darce, Director de Proyectos de la CPDH en el programa Esta Semana.

La CPDH brinda asesoría a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. En su acompañamiento, la CPDH ha encontrado acusaciones contra manifestantes en las que el perjudicado es un edificio.

“Los afectados somos los ciudadanos o el Estado de Nicaragua pero no un edificio, que es un ser inamovible y sin vida. Las acusaciones caen planteamientos inadmisibles. Vemos una confabulación donde el Estado está predispuesto juzgar y condenar”, planteó Darce.

La CPDH conoce de casos judiciales contra manifestantes y líderes ciudadanos en Matagalpa, Managua, Estelí y Carazo, sitios en los que la represión ha sido más cruda. “Hay otros lugares y otras personas que están siendo procesadas y no nos hemos dado cuenta. Estamos ante el fenómeno de la criminalización del derecho a la protesta y del aumento constante de los presos y perseguidos políticamente”, dijo Darce.

Julio Montenegro, del equipo jurídico de la CPDH, dijo que al momento de acusar, la Fiscalía no cumple con la doctrina y los cuerpos de leyes a nivel interno y de otros países. Montenegro llamó la atención de que en algunos libelos acusatorios los delitos imputados sean por “resguardar barricadas, gente que portaba bandera azul y blanco y lanza morteros”.

Aunque el Gobierno no reconoce la existencia de presos políticos, para la CPDH está claro que sí los hay. Según este organismo defensor de los derechos humanos, la administración Ortega-Murillo convierte en delito las acciones de protestas de los ciudadanos.

“Tratan de ubicar la conducta que los ciudadanos tienen, las acciones de protestas, dentro de los tipos penales. Ese es el fenómeno de la criminalización de la protesta, y el ocultamiento de los presos porque, al final de cuenta, la Constitución y todos los acuerdos internacionales que hemos suscrito nos dan las garantías de poder expresarnos y manifestarlos de manera libre”, planteó Darce.

De los más 130 casos judicializados, en ninguno de ellos aparece un policía o un paramilitar acusado. El único caso que se conoce de un paramilitar procesado, es el caso de la estudiante brasileña Rayneia Lima, baleada la noche del 23 de julio en las inmediaciones de Albanisa. Sin embargo, la CPDH lamento que ni siquiera se reconoce que el procesado “desarrollaba acciones de paramilitarismo”.

“Estamos ante una situación donde la justicia, la Fiscalía, la Policía cierran los ojos ante unos hechos y construyen en otros acusaciones sin fundamento. Es un proceso de construir evidencia sobre la base de la tortura, manipulación de los instrumentos, capacidades y recursos que tiene el Estado para criminalizar a estas personas”, dijo Darce.

La CPDH denunció que labor de acompañamiento jurídico que realizan ha sido obstaculizada en los juzgados. El organismo habla de “un gran muro de contención” erigido por el Estado y “toda su maquinaria”: Detenciones ilegales, secuestros de paramilitares; violación a que se informen a sus familiares sobre los presos, garantizar acceso a un abogado, o la presentación de abogados fuera de tiempo, así como realización de audiencias en secreto.

“Los acusados pueden contratar defensor pero el Estado pone una serie de limitaciones para no tener acceso a la defensa. Cuando el abogado quiere hablar con su cliente, hay un custodio con ellos. A veces, los custodios interrumpen y es imposible conocer detalles del caso, y estructurar una defensa se vuelve limitado”, aseguró Darce.

El ajuste al propuesto del Gobierno de Ortega, es una muestra de su debilidad.


El Estado reducirá fuertemente su gasto afectando seriamente la política social. Educacion 1,395 millones de reducción, salud 941, municipalidades 750. Hasta a la policía le bajaron, el único incremento es a Defensa en 143 millones por la compra de unos barcos.

Se reducen las inversiones en el sector social porque las donaciones se reducen en 630 millones y los préstamos externos en 4,035 millones. El proyecto hace referencia a reducciones de prestamos del BID, Banco Mundial y BCIE pero los disfraza de ser producto de atrasos administrativos y de diseños, producto de los tranques y hasta del mal clima. Al MTI le bajan 409 millones, MEM 232, Enacal 141 y Meffca 135. Hasta al mantenimiento de carreteras le bajaron 149 millones.

Los ingresos tributarios se calcula caerán 225 millones de dólares que significa una caída del 9 por ciento, la peor caída en una década. Aún con la caída del gasto el deficit se amplía en 1,550 millones para llegar al 1.8 por ciento de PIB, todavía manejable para estándares centroamericanos si la cosa no empeora, pero el incremento no será desapercibido internacionalmente.

Se incluye un párrafo donde se da entender que no se pagarán por ahora ciertas obligaciones de deuda, en particular la deuda histórica del Gobierno al INSS. Esto constituye un gravísimo precedente porque sería la primera vez en la que no se honrarían deudas. Hay una extraña referencia a un “nuevo tenedor” de deuda pública que hace posible que no se paguen obligaciones hasta el 2019. Esto tampoco pasará desapercibido en los mercados financieros y en las clasificadoras de riesgo.

Contradictoriamente al deterioro de la imagen que está dejando el Gobierno de poder contraer deuda, al final la ley de reforma al presupuesto autoriza al MHCP a buscar fondos externos e incluirlos en el presupuesto sin la autorización del legislativo, que viola la ley a primera vista.

Este financiamiento puede ser de hasta 9,035 millones en letras.  La ley de enduadamiento público establece techos de endeudamientos anuales y habría que analizar que tan congruente serán esas letras con esta ley. En todo caso una colocación de 9 mil millones es una colocación bastante grande y ambiciosa, quizá desesperada.

Por donde se le mire, estamos frente a un Estado con un problema serio de financiamiento y con consecuencias graves para el empleo, el crecimiento y los servicios sociales.  La cantidad de corridos del Estado será grande y los subsidios se irán desmantelando para que los pague la población.

Una fuente del FUNIDES, estima que la economía de Nicaragua tendrá serias reducciones, de acuerdo a las proyecciones del régimen de Daniel Ortega, tras la crisis político social que estalló en el mes de Abril pasado.

 El PIB caerá 3% este año
-270 empresas han cerrado.
-184 mil personas han quedado sin empleo.
-Al finalizar el año habrá 1 millón 100 mil personas sin trabajo porque la cantidad anterior se suma al ejército de desempleados que ya existía.
-El sector turismo ha perdido 230 millones de dólares y ha dejado 70 mil desempleados.
-Un 70% de las pymes han cerrado.
-800 restaurantes han cerrado.
-Un 80% de hoteles pequeños cerraron operaciones.
-Hoteles grandes tienen un 14% de ocupación, cuando usualmente era de 68%.
-4 líneas aéreas redujeron drasticamente su frecuencia de vuelos.
-60 mil personas se han dado de baja en el Inss en los últimos 3 meses.
-Sector cafetalero ha perdido 400 millones de dólares.
-700 manzanas de cultivo de café han sido invadidas.
-5000 manzanas de tierra han sido tomadas por precaristas enviados por el gobierno.

Policía presenta a personas que vincula con asesinato de Lenín Mendiola en Matagalpa.


La Policía Nacional presentó en Managua a cuatro personas que vincula con el asesinato a balazos de Lenín Mendiola (54 años), el pasado sábado en Matagalpa, durante una marcha de los Autoconvocados.

En total, la Policía Nacional capturó entre el sábado y el domingo a cinco personas, incluido un menor de edad, a quienes relaciona con la muerte de Mendiola. Por su parte, los familiares de las personas que la Policía detuvo en Matagalpa por este caso relataron hoy la forma en que arrestaron a uno de ellos.

Todos han sido trasladados a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, denunciaron sus familiares ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Abdul Montoya, Rogelio Gámez, Noel Valdez, John Amort y un adolescente de 16 años son los sospechosos que la Policía Nacional y hombres armados a bordo de camionetas doble cabina capturaron entre el sábado por la noche y domingo por la mañana. Para los cuatro capturados el sábado, la CPDH está preparando recursos de exhibición personal, aseguró Marcos Carmona.

En el caso de Montoya, de 60 años, este fue "secuestrado" de la acera de su casa el sábado a las 4 p.m., denunció su hermana, Marbeli Montoya. La mujer explicó que su hermano había participado de la manifestación realizada el sábado en Matagalpa por el movimiento de los Autoconvocados y que no portaba ningún arma.

Mientras, Rogelio Gámez, de 53 años, fue detenido por agentes policiales a la 8 p.m. del sábado.

Según su hija, Cinthya Gámez, este también participó "cívica y pacíficamente" en la manifestación.

"Andan en una cacería de brujas contra los ciudadanos que se están manifestando, que están levantando sus voces, denunciando los atropellos que se están cometiendo", aseguró Carmona.

CIHD insta a Ortega a investigar muertes en Nicaragua.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de Nicaragua a investigar con diligencia e imparcialidad todas las muertes, después de lamentar el fallecimiento de Lenín Mendiola, de 54 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho mientras se desarrollaba una manifestación pacífica exigiendo la liberación de los “presos políticos” en la ciudad de Matagalpa.

“La CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las personas”, expresó la comisión a través de su cuenta de Twitter, tras dar a conocer la muerte de Mendiola en Matagalpa. 

Según testigos, la manifestación habría sido atacada por grupos afines al Gobierno cuando pasaba frente a la alcaldía de esa ciudad, pero la Policía dice que “terroristas que participaban en la marcha” fueron quienes dispararon.

“Cualquier acto de violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad, conforme a los estándares interamericanos”, enfatizó la CIDH.

El sábado por la noche, cuatro personas del Movimiento Autoconvocado fueron detenidas por las autoridades en Matagalpa y enviadas a la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, en Managua, para ser investigadas: John Amor Paiz, Rogelio José Gómez Martínez, quien perteneció en la década de 1980 al Ministerio del Interior; Abdul Montoya, quien trabajó como delegado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) en Matagalpa; y un adolescente aún no identificado.

El obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, en la misa en la Catedral de San Pedro, oró por el fallecimiento de Lenín Mendiola. “Un hermano nicaragüense muerto se agrega a la larga lista de personas a las que se les ha arrebatado y se les ha quitado la vida en esta crisis”, señaló el prelado.

Desde hace siete semanas, especialistas de la CIDH se encuentran en el país a través del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). La semana pasada, la comisión también expresó preocupación por “la continuidad de prácticas de persecución selectiva y detenciones arbitrarias de disidentes y familiares” de manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta.

Sobre este último punto, la CIDH recibió información sobre la detención de Bayardo Siles Rodríguez, estudiante y activista que fue detenido en la frontera de Peñas Blancas, mientras se dirigía hacia Costa Rica.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, sostuvo en su homilía que “no es fácil oponerse al mal con el bien”, pero la Iglesia está llamada a “seguir transmitiendo vida, principalmente, en medio de la muerte y el llanto”.   

“No es fácil oponernos al mal con el bien, no es fácil cuando te dan de latigazos y a los latigazos le tienes que responder con el bien, al llanto causado le tienes que responder con el perdón; no es fácil, perdonar, compartir, acoger”, expresó Álvarez

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