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miércoles, 23 de enero de 2019

No más dictaduras.

Por Humberto Belli Pereira ¿Qué Nicaragua queremos después deOrtega? La pregunta es prematura porque una cosa es cierta: saldremos de su dictadura. No sabemos exactamente cómo y elcuándo, pero es un hecho que sus días están contados y que debemos prepararnos para ese momento (no lejano) en que se abrirán nuevas oportunidades de reconstruir el país.
Algo de primera importancia será evitar nuevas dictaduras. A veces se afirma que lo que ha convertido a Nicaragua en el segundo país más pobre de América, han sido sus guerras civiles. Es una verdad incompleta. Porque lo que ha provocado la mayoría de dichas guerras han sido precisamente dictaduras o la ambición de poder de los caudillos. 
Las revueltas armadas, y la guerra contra Zelaya de 1909, fueron producto de su autoritarismo y reelecciones. La guerra de Mena de 1912 fue alimentada por la marginación forzada de los liberales zelayistas del proceso político. La guerra constitucionalista, 1926-1927 fue producto del afán de Emiliano Chamorro, de volver al poder a través de un golpe de estado. La guerra contra Somoza, 1978-1979, fue producto del continuismo dinástico de su familia. La guerra contras-FSLN, 1982-1989, fue producto del autoritarismo despiadado del FSLN.
El punto es que la causa principal de nuestras desgracias ha sido nuestro fallo en lograr una democracia estable donde los gobernantes respeten la ley y suelten el poder, donde los cambios de gobierno sean producto de elecciones limpias y libres, y donde se evite la concentración de los poderes en una sola mano o partido. Los países que logran esto no tienen guerras civiles y si mayor prosperidad.  
Un punto central de la agenda post Ortega será idear una reingeniería del sistema político y una nueva cultura ciudadana que eviten el regreso al autoritarismo. La preocupación por evitar la tiranía fue, precisamente, una de las preocupaciones centrales de los autores de la constitución de Estados Unidos, y una de las claves de su éxito. La verdad es”, diría Madison, “que se debería desconfiar, hasta cierto grado, de todos los hombres con poder”. Observación congruente con la visión cristiana para la cual todo hombre, por sabio y virtuoso que sea, es corruptible.
Junto a la limitación del gobernante habrá que proponerse la limitación del estado. Pues igual; un estado intervencionista —el “ogro filantrópico” de Octavio Paz— al que se le permite administrar muchas cosas, fijar precios, crear subsidios y repartir prebendas, es peligroso: abre las rendijas para nuevas tiranías y corruptelas, y se vuelve presa codiciada por los populistas. Igual deberá evitarse la creación de poderosos monopolios privados. Se ha hablado mucho de redistribuir la riqueza. Es hora de pensar en redistribuir el poder. De empoderar al pueblo y desempoderar los poderosos.

Revelión cívica es el reclamo de la instauración de un verdadero estado de derecho afirma Gabriel Álvarez.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Un Estado sin Derecho es el poderío, no es el poder estatal, el poderío es cuando se tiene el poder material para imponer por la fuerza tu voluntad y eso es lo que existe en los grupos irregulares o en expresiones sociales que actúan al margen de la ley, o en contra de la ley expone en su disertación sobre un estado de derecho “sin derecho” el experto constitucional doctor Gabriel Álvarez, durante el transcurso de su participación en Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera. 

“Suena extraño decirlo, pero aquí en Nicaragua, se supera la anarquía con la voluntad del Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ellos dos son el único centro de donde emanan una pretensión de regulación, son ellos dos y eso resulta imposible, por tanto la institucionalidad va por un lado y la realidad va por otro, entonces tenemos que se gasta una enorme cantidad de dinero, para tener jueces que no juzgan, legisladores que no legislan, contralores que no controlan, alcaldes que no rigen sus municipios, por tanto con dos personas y todos los demás tendrían que ser policías talvez” señala el experto constitucional.

“Quizás una institucionalidad –agrega el experto constitucionalista- conforme con nuestra realidad serían dos autoridades estatales, que tienen en sus manos todos los poderes del estado y luego una policía de 250 mil hombres, entonces esa sería la institucionalidad que tiene relación con la realidad y eso resulta en una verdadera aberración si tomamos en cuenta los paradigmas del estado democrático del siglo XXI y eso no tiene ni pies ni cabeza, probablemente ni en la época del estado absolutista, porque los monarcas estaban sometidos a limites digamos, doctrinarios, leyes de la tierra, y aquellos conceptos que limitaban un poco el poder de los monarcas llamados absolutos y eso no lo veo en estos momentos”.

Álvarez, recuerda que, al verse las declaraciones del ex magistrado y militante del FSLN, doctor Rafael Solís Cerda, como dejan en evidencia con un testimonio que viene desde dentro, lo que mucho decíamos desde hace muchos años atrás, de que el poder judicial estaba sometido a la voluntad de Ortega, y de Arnoldo Alemán-ex presidente- en su momento.

El experto constitucional doctor Álvarez, subraya que a propósito del 52 aniversario de la masacre del 22 de enero de 1967, perpetrada por la guardia genocida de la dictadura somocista, recordar esta fecha resulta vinculante con las tragedias que cíclicamente en nuestra historia hemos vivido, y que precisamente ahora la estamos viviendo nuevamente, “Creo que esta tragedia en que vive actualmente nuestro país, es por las mimas causas, que son la falta de institucionalidad democrática, que permite la entronización de personas que quieren perpetuarse en el poder” puntualiza Álvarez.

“Esto es lo que ha originado masacres como la ocurrida en el mes de enero, de hace décadas atrás, y otras masacres también, y esta última masacre todavía en desarrollo, porque no sabemos si aún ha concluido o no concluyó, en donde todo indica que el gobierno del comandante Ortega, aún no se convence de que la mejor vía que la mejor manera de concluir esta espiral de muerte y de represión es la vía pacífica, en donde el cree que la puede resolver por la vía de la fuerza pura, y aunque en este momento no se observa indicios de que podrá entraren la racionalidad de asumir las responsabilidades de un estadista, y a mi criterio, responsabilidades personales que tendrá que asumir, y digo responsabilidades personales en el sentido de le guste o no le guste, terminar con la represión, y sentarse a dialogar con los sectores más representativos del país, dialogar un futuro distinto para Nicaragua, y por eso inicio mi disertación mencionando la falta de institucionalidad, explica el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez. 
  
“Institucionalidad que en aquellos países que han logrado construir instituciones, institucionalidad, para lograr construir el concepto de democracia, resulta que siempre podrá haber personas que quieren perpetuarse en el poder por la institucionalidad, que se lo impediría se lo dificultaría y no se tendría que ver este tipo de verdaderas tragedias” advierte Álvarez.

El experto en derecho constitucional, plantea que el concepto de republica que instaurarían los fundadores del estado nicaragüense, suscita reflexiones ineludibles para la construcción de la nueva Nicaragua, que todos queremos, y él no se atrevería a afirmar ni a rechazar de que en el pasado las cosas se han hecho mal o bien, pero a su criterio, los nicaragüenses aún no hemos encontrado el camino que todos buscamos y si es cierto que mucho hemos copiado formulas, instituciones, de las realidades  que en otros lugares han permitido que eso funcione, aquí se fue incorporando su mayor reflexión su mayor esfuerzo de adaptación a nuestras realidades con otras fórmulas, otros modelos.

“Y no solo me refiero a la copia cubana, u otros modelos claramente autoritarios -agrega Álvarez- cínicamente autoritarios, sino que también a modelos democráticos, es decir los valores democráticos que creo que tienen un valor indiscutible, más en los momentos actuales de una globalización del mundo, sin embargo esos valores en abstracción de la idea de la democracia, la libertad, la justicia, adquiere matices de comprensión distinta en cada país, en cada época, por lo tanto puede ser –yo lo dejaba solo como una idea- de que debe profundizarse y ha habido estudios y trabajos de pensadores ilustres nicaragüenses desde distintos enfoques, del derecho, de las ciencias políticas, de la filosofía, en donde se habla de esta dualidad de la realidad frente a la normatividad.

“Y lo voy a decir yo –subraya Álvarez – aunque estos pensadores han usado otros términos en alguna ocasión, el punto es que la democracia, y las instituciones democráticas o la institucionalidad democrática es el resultado de una realidad económica y social y que, si esas realidades sociales digamos normativas entre comillas o institucional no tienen un punto de contacto, se rompe el hilo definitivamente, en determinados momentos, recordemos que aquí se hablaba de democracia, de visos de poderes de democracia participativa, pero vimos que las instituciones no tenían ningún sustento contacto con la realidad, en donde la Asamblea Nacional no representaba a nadie en los últimos años, me refiero, sin perjuicios, de la crisis de siempre: de representatividad en un sistema precario como el nuestro” puntualiza el experto en derecho constitucional.

Álvarez, sigue agregando, que todo esto en un sistema como el nuestro, hablando de los años 90, hasta esta fecha, pero desde los años 79 en que hubo una época de un gobierno de facto que fue el que derrotó a la dictadura somocista, hasta el año 84 se institucionaliza este poder de facto, con las elecciones, que a los 3 años produce una constitución y una constitución que tiene muchas características del liberalismo democrático, pero que también tiene elementos de un hiperpresidencialismo, y que desbalancea un poco el concepto clásico del balance.

“Quiero detenerme un poco en la época de los años 90, hacia acá, en donde si hubo un esfuerzo de construir una verdadera institucionalidad, que estuviera ligada con la realidad, y que se vino a descomponer paulatinamente a raíz del pacto del año 2000 –Alemán- Ortega- y que sobre todo a raíz de una clarísima voluntad autoritaria y hasta totalitaria a partir del año 2007, entonces ahorita del 2007, para acá, vemos instituciones repito, que no tienen, o no son reflejo ni expresión de la realidad  política y social, la Asamblea Nacional no representa a la sociedad nicaragüense, ni controla a los poderes del estado, ni hace nada de lo que hace una asamblea legislativa en cualquier país del mundo, y los jueces tampoco funcionan, porque la realidad y la fuerza económica no han logrado funcionar en la institucionalidad que han sido cooptadas y tomadas por una sola fuerza, por una sola manera de entender el mundo que es la que saltó por los aire el 18 de abril, que es la manera de entender el mundo de Ortega y doña Rosario” puntualiza el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez.

“Con esto, todo es una sola fusión, el sistema de partidos políticos -sigue agregando Álvarez- el sistema de división de poderes, los principios de poderes que rigen el estado de derecho que ahí los tenemos en el papel, que los tenemos en la constitución, pero que no los tenemos en la realidad y por eso es que irrumpen, cuando surge la crisis, estas tragedias humanas” lamenta el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Alvarez.

Álvarez, explica que el estado y el derecho solo por efectos didácticos se pueden separar, porque son dos conceptos claramente dos conceptos distintos, pero que en la realidad si, en que el estado como forma de organización política de la sociedad, no siempre ha sido un estado de derecho, ha existido el estado pre liberal, no era un estado de derecho, había estado absolutista y si nos remontamos a épocas anteriores se habla incluso de otros tipos de estados.

“En la época contemporánea yo sí creo que la sociedad democrática -agrega Álvarez-  libres, plurales y abiertas están organizadas políticamente a través del estado democrático de derecho, de tal manera que, si la cláusula de estado democrático es diferente y conceptualmente a la cláusula del estado de derecho, en la realidad ya no puede existir el estado de derecho, sin no es un estado democrático, y tampoco se puede hablar de un estado democrático sino está fundamentado en u limitado por la ley, el principio de legalidad, sino sería un estado en donde predominan las muchedumbres, el populismo se presta mucho a hablar de democracia, es raro porque el comandante habla muy poco de democracia, muy poco, casi no habla de esta, este si le tiene terror a la palabra democracia-ironiza Álvarez- pero otros populistas dizque de izquierda, hablan de democracia pero no de la parte de derecho, del estado derecho, salvo cuando ya han logrado construir todo el cuerpo normativo fundamental de sus sociedades de sus estados, entonces siempre empiezan a hablar de principios de legalidad, es decir normalmente se manipula la voluntad de las mayorías y sobre esa pretendida voluntad de las mayorías se rompe normalmente las reglas de la sociedad que se expresan en el estado de derecho” exterioriza el experto en derecho constitucional doctor Gabriel Álvarez.

Para el jurista todo ello es la clave, y si se pusiesen a recoger todos estos conceptos e ideas del estado de derecho, todo esto devendría en el respeto al estado democrático de derecho “en la realidad” no en el discurso y eso se hace a través de los tiempos, pero también en el día a día, es decir construyendo instituciones fuertes, que limitan el poder, que fundamentan el poder, que enaltecen la dignidad de las personas, y ya no me refiero desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, sino en la dignidad de los funcionarios públicos que no tengan que rendirle pleitesía y de someterse de la manera más abyecta a quienes ostentan el poder político, sino que más bien lo limitan y lo controlan y restablecen el orden jurídico cuando estos que detentan el poder van más allá de sus atribuciones en temas democráticos institucionales.

“El pueblo de Nicaragua solo ha demostrado de manera fehaciente a través de manifestaciones pacificas que solo quiere recuperar el camino de la democracia, paz y desarrollo y eso lo quiere hacer sin recurrir a métodos violentos” subraya en la conclusión del extracto de su disertación del estado de derecho que hiciese el experto en derecho constitucional, doctor Gabriel Álvarez en su participación, en Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección y conducción del periodista Gustavo Bermúdez Herrera.

martes, 22 de enero de 2019

Eurodiputados evaluarán la crisis política y social en Nicaragua..

Un grupo de eurodiputados visitaran a partir de mañana Nicaragua, donde se reunirán con representantes del Gobierno, la oposición, la sociedad y la Iglesia, así como con periodistas y estudiantes.

El objetivo de la visita es evaluar la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo para restaurar el orden democrático en el país.

Los once eurodiputados, de seis grupos políticos del PE, encabezados por Ramón Jáuregui (S&D, ES), estarán en Managua del miércoles 23 de enero al sábado 26 de enero. Tienen previsto encontrarse con el presidente Daniel Ortega y también planean intercambiar impresiones con el ministro de Exteriores, Denis Moncada, y la viceministra de Cooperación, Arlette Marenco. 

En la agenda también figuran encuentros con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, partidos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, autoridades eclesiásticas y representantes de los medios de comunicación.

Las protestas pacíficas iniciadas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de seguridad social, fueron reprimidas con dureza por las autoridades nicaragüenses, a lo que siguió una oleada medidas de presión contra la oposición y los medios. 

Según observadores internacionales, varios cientos de personas han muerto en Nicaragua desde abril, y numerosas figuras de la oposición y periodistas han huido del país, lo mismo que muchos ciudadanos de a pie.

El Parlamento Europeo condenó en mayo la represión e intimidación de manifestantes pacíficos, al tiempo que denunciaba el deterioro de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, acompañado de creciente corrupción, a menudo implicando a familiares del presidente Ortega.

La Cámara instó al Gobierno a respetar los derechos humanos y pidió elecciones justas y creíbles.  La delegación del Parlamento Europeo está encabezada por el diputado Ramón Jáuregui, miembro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, aliado del Frente Sandinista. Ambos son miembros de la Internacional Socialista, que agrupa a los países socialdemócratas del mundo.

El foro político europeo condenó en mayo la represión e intimidación de manifestantes pacíficos, al tiempo que denunciaba el deterioro de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, acompañado de creciente corrupción, a menudo implicando a familiares del presidente Ortega. La Cámara instó al Gobierno a respetar los derechos humanos y pidió elecciones justas y creíbles. 
 
Lista de miembros que participan en la delegación: Ramón Jáuregui (S&D, España), jefe de la delegación; Nikos Androulakis (S&D, Grecia); Joëlle Bergeron (EFDD, Francia); Mark Demesmaeker (ECR, Bélgica); Mireille D´Ornano (EFDD, Francia); José Inácio Faria (PPE, Portugal); Ana Gomes (S&D, Portugal); Stelios Kouloglou (GUE/NGL, Grecia); Gabriel Mato (PPE, España); Javier Nart (ALDE, España); y José Ignacio Salafranca (PPE, España) . 

Los eurodiputados darán una rueda de prensa al término de la visita, el sábado 26 de enero a las 12.30, en el hotel Hyatt en Managua.

Dos miembros del GIEI instan a países a someter a Ortega a la justicia internacional.


Dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, pidieron este martes a otros países que reconozcan el principio de justicia universal e inicien procesos contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad.

“Hacemos un llamado a los países para que reconozcan el principio de justicia universal para iniciar procesos”, dijo la guatemalteca Claudia Paz y Paz, una de los cuatro miembros del GIEI, grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que evaluó la actuación del Ejecutivo durante las protestas.

Paz y Paz intervino en un debate del centro de pensamiento Wilson Center, en Washington, junto a Amerigo Incalcaterra, otro de los miembros del GIEI. Dicha entidad concluyó en su informe, presentado en diciembre, que el Gobierno nicaragüense cometió crímenes de lesa humanidad y que, desde la cúspide del Estado, es decir, desde la Presidencia ocupada por Ortega, se ordenó un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.  

La verificación de que unos actos constituyen crímenes de lesa humanidad significa jurídicamente que esos delitos son imprescriptibles, no pueden ser objeto de amnistías y podrían ser juzgados a nivel internacional por otros Estados o por tribunales como la Corte Penal Internacional (CPI).

Nicaragua no es signatario del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, y por tanto es muy difícil que intervenga ese tribunal; por lo que los dos expertos del GIEI consideraron que lo más posible es que esos delitos sean juzgados por otro país al amparo del principio de justicia universal.  

Ese principio, incorporado en diferentes grados por países como Argentina, Alemania y España, sirve para reconocer que los crímenes de lesa humanidad son universales y, por tanto, los tribunales nacionales pueden juzgarlos a través de figuras penales tipificadas en la legislación de ese país.
Incalcaterra, el otro de los miembros del GIEI, consideró que esa opción es la “más inminente” y la “más real”.  

Además, el experto consideró que “las voluntades políticas” de los países y su deseo de hacer frente al Gobierno nicaragüense se pondrán realmente de manifiesto cuando las diferentes demandas, interpuestas por grupos de la sociedad civil, comiencen a florecer en diferentes países de la región.

Incalcaterra se refirió específicamente a la “política actual de mirar hacia el costado” que, a su juicio, ha implementado el nuevo Gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador.Los expertos del GIEI tuvieron que salir de Nicaragua atropelladamente el pasado diciembre después de que las autoridades de ese país dieran por concluida su misión.  

La crisis en Nicaragua ha dejado 325 muertos desde el estallido de las protestas el 18 de abril, de acuerdo con datos de la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 la cifra de víctimas mortales; mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Familiares de Miguel Mora y Lucía Pineda logran visitarlos en El Chipote.


Tomado de Confidencial / Tras más de un mes en aislamiento, tras su detención ilegal, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, lograron recibir este 22 de enero la visita de sus familiares. 

Verónica Chávez, esposa del director de 100% Noticias, Miguel Mora, detenido desde el 21 de diciembre de 2018, logró ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía, luego que el Juez Sexto de Distrito Penal de Audiencia ordenó a la DAJ que permitiera la visita de familiares al periodista. Familiares de Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del canal, también pudieron visitar a Pineda.

Chávez aseguró que Miguel no está golpeado ni lo han sometido a ningún maltrato físico. “Sigan orando por Nicaragua. De Dios viene el cambio y nadie lo detiene. Sean fuertes”, fue el mensaje de Mora a través de su esposa. Lucía Pineda se encuentra bien físicamente, no la han golpeado, pero sí la han sometido a repetidos interrogatorios e intentaron hacerla grabar un video al que ella se negó. Según sus familiares la periodista pidió “fuerza. Hay que seguir resistiendo”.

El 21 de diciembre de 2018, Pineda Ubau y Miguel Mora, director de este medio de comunicación, fueron capturados ilegalmente en un operativo policial que culminó con la ocupación del edificio y la cancelación de la señal del Canal.

Pineda Ubau es acusada por los delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. Estos son los mismos por los que también fue acusado el periodista y director del canal de noticias Miguel Mora, el sábado 22 del mismo mes. Ambos periodistas fueron secuestrados por la Policía Nacional el viernes 21 por la noche, tras una orden de cancelar sus transmisiones, que incluyó el cierre y confiscación de sus instalaciones.

Una nota de prensa del Poder Judicial, asegura que Pineda “propició e incitó al odio por razones de discriminación política, difundiendo en la televisora y en redes sociales información falsa con la intención de generar zozobra y odio hacia los simpatizantes y miembros del Frente Sandinista”.
Periodistas nacionales y extranjeros y organismos de derechos humanos han denunciado la escalada represiva de la dictadura orteguista contra el periodismo independiente. Ocho días antes de la detención ilegal de Migue y Lucía y el cierre de 100% Noticias, las Redacciones de Confidencial, Revista Niú, Esta Semana y Esta Noche, dirigidas por el periodista Carlos Fernando Chamorro, fueron asaltadas y confiscadas ilegalmente por la Policía Nacional.
En esta nueva etapa de represión, advertida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el orteguismo confisca, encarcela y fabrica delitos en contra de los periodistas críticos al régimen, que suma 325 muertos confirmados, más de 3000 heridos, decenas de desaparecidos, más de 600 presos políticos y más de 60 000 exiliados que huyen de la persecución política.
La audiencia inicial para Mora y Pineda ha sido programada para el 25 de enero de 2019, y ambos son representados por abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la única institución de derechos humanos que aún opera legalmente el país, luego que la ANPDH cerrara sus oficinas meses atrás y la aplanadora orteguista cancelara la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a quien también le fueron confiscadas sus oficinas en Managua y otras ciudades. Sin embargo, el Cenidh sostiene que mantendrá su labor de promoción y defensa de los derechos humanos.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, valoró que la detención de estos periodistas es una “grave marcha autoritaria contra las libertades públicas en Nicaragua”.
Asimismo, el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, declaró a Confidencial que “los actos de esta noche (del viernes), el allanamiento, la salida del aire por orden del Gobierno, la prisión de su director y la periodista a cargo de la redacción Lucía Pineda, es una forma de censura aberrante y radical que adopta el Gobierno de Nicaragua”.
En octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó al periodismo independiente de Nicaragua el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, como muestra de  reconocimiento al coraje y la valentía de periodistas nicaragüenses que han sido asesinados, perseguidos, censurados, y que continúan amenazados por el régimen de Daniel Ortega. El premio justamente fue recibido en representación del gremio por Miguel Mora, en Salta, Argentina.
Según un informe que compartió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro durante la ceremonia de premiación, durante los meses de abril a diciembre de 2018 documentaron 712 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. De los cuales la mayoría fueron intimidación, censura, amenazas y agresiones. Además, se estima que unos 60 periodistas se han visto obligados a exiliarse.

Presidentes de Paraguay, Costa Rica y Ecuador piden solución a la crisis de Nicaragua y Venezuela.


Los presidentes de Paraguay, Costa Rica y Ecuador reclamaron desde el Foro de Davos una solución urgente y "entre todos" a la crisis política, económica y humanitaria que vive Venezuela y Nicaragua.

"No creo en los intervencionismos militares, pero sí en aquellos intervencionismos en los cuales uno apela a que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos", dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, durante un debate sobre la actualidad latinoamericana que derivó rápidamente hacia la grave crisis venezolana. 

"La solución es resolverlo entre todos", enfatizó Moreno y coincidió con el resto de los intervinientes en que Venezuela vive una situación "dramática" que afecta negativamente a toda la región.

Más de dos millones de venezolanos, según el mandatario, han abandonado Venezuela después de la reelección como presidente de Nicolás Maduro en unos comicios que no han sido reconocidos por la comunidad internacional.

Desde hace unos meses, aproximadamente 6,000 ciudadanos venezolanos están ingresando en Ecuador cada día. "Así lo manifesté yo en Naciones Unidas y el ministro de Comunicación de Venezuela me dijo que yo había mentido, que no eran 6.000 diarios, sino solo 5.500", agregó.

"A mí no me sorprendió, porque todos sabemos los problemas que tiene con las matemáticas el ministro de Comunicación venezolano", apostilló Moreno entre las risas del auditorio. Preguntado por el moderador, el mandatario se refirió también al crimen cometido recientemente por un refugiado venezolano, suceso que fue grabado en vídeo y que provocó un gran escándalo en Ecuador. 

Al respecto, Moreno indicó que las autoridades sospechan que muchas personas que se encontraban encarceladas en Venezuela han sido liberadas y podrían haber sido colocadas en la frontera. 

"Por eso tienen tanto recelo (las autoridades venezolanas) de que acudamos al pasado judicial" de los refugiados, añadió. "El gobierno (de Nicolás Maduro) no nos proporciona el pasado judicial de sus ciudadanos y nos preocupa esa situación", subrayó el presidente de Ecuador.

Su homólogo costarricense, Carlos Álvaro Quesada, definió el momento latinoamericano como "particularmente complejo", no sólo por la crisis en Venezuela, sino también por la de Nicaragua. "Me preocupa que queramos pensar como si las problemáticas fueran nada más nacionales y como si no fuera con nosotros lo que pasa", dijo.

"Costa Rica siempre defenderá libertad de expresión" dice Alvarado ante exilio de periodista "No podemos ser indiferentes, no podemos no actuar empáticamente", afirmó y, rememorando el título de la famosa novela de Ernest Hemingway "Por quién doblan las campanas", comentó que las campanas no solo doblan por las víctimas de la crisis venezolana, sino también por todos los que las escuchan en el continente. 

El de Venezuela "es un caso dramático", insistió el mandatario costarricense, y "no puede ser visto como algo nada más que o de Venezuela o de Nicaragua", pues su impacto negativo en lo humanitario, lo económico y lo comercial afecta a toda la región.

"Pensar que se tiene que resolver en el ámbito nada más del país es soslayarlo, no querer ver que es un problema de todos como región", consideró.  "Por eso creo -concluyó Quesada- que las instituciones democráticas, en este caso la OEA (Organización de Estados Americanos), deben ayudarnos a buscar una salida".

Quien fue más lejos en sus comentarios sobre una hipotética salida al enfrentamiento político fue el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien afirmó que su Gobierno reconocería al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente venezolano, si así lo decidiera ese órgano legislativo controlado por la oposición.

"Aquí está mi ministro de Relaciones Exteriores y por su mirada veo que quiere que (yo) sea diplomático, pero no lo voy a ser", comenzó diciendo el presidente paraguayo, al ser preguntado durante el coloquio por esa eventualidad.

"Nosotros reconoceríamos al señor Guaidó como presidente, porque creo que tenemos que enviar un mensaje claro; que ese mensaje va a contribuir al equilibrio y que, a través de ese equilibrio, la consecuencia puede ser el gran diálogo", añadió Benítez.

"Todo lo que contribuya a la liberación de Venezuela va a tener el voto y el apoyo de la República del Paraguay", concluyó entre los aplausos del público. 

Justicia orteguista halla culpable a sobrevivientes del ataque a la Divina Misericordia.


Ocho jóvenes universitarios que sobrevivieron al ataque de policías y parapolicías a la iglesia Divina Misericordia el 13 de julio del 2018, ahora están frente inminentes condenas de hasta siete años y nueve meses de prisión; esto porque un juez suplente los declaró culpables de cuatro delitos.     

Entre los inculpados por el juez suplente Enrique William Larios está: Jonathan Francisco López González, quien participó en la mesa del Diálogo Nacional con los jóvenes de la Coalición Universitaria.  Entre los otros inculpados por el juez suplente Quinto Local Penal de Managua también están: Ana Gabriela Nicaragua López, Julio González Parrales, Franklin Artola García, Pedro Estrada Ortiz, Andrés Cruz Báez y José Ángel Ortiz Cuarezma.

Una vez que se conoció el fallo de culpabilidad, el fiscal auxiliar, Félix Cárcamo pidió las penas máximas para cada uno de los ocho jóvenes inculpados a excepción del delito de portación ilegal de armas por el cual pidió nueve meses.  Para quienes fueron encontrados culpables del delito de obstrucción de servicios públicos (transporte) el fiscal Cárcamo solicitó dos años e igual castigo para quienes el juez Larios inculpó por el inicito de amenas de muerte con armas. 

El representante del Ministerio Público también pidió al judicial que sancione con tres años de encierro en la cárcel a quienes fueron declarados culpables por secuestro simple. Mientras que los abogados defensores  solicitaron las penas mínimas por cada uno de los ilícitos que los universitarios fueron inculpados a razón de seis meses por portación ilegal de armas e igual pena por obstrucción de servicios públicos y amenazas de muerte con armas de fuego y un año por secuestro simple.  

Según los abogados defensores, el juicio donde declararon alrededor de 40 testigos en su mayoría parapolicias que participaron en el ataque contra el templo católico, estuvo plagado de irregularidades.

“Un perito de inspecciones oculares fue llamado a declarar por la Fiscalía para que se retractara de lo que dijo en su primer testimonio y el juez se lo permitió”, aseguró  Norwin Cruz, uno de los abogados defensores.  Ante este reclamo el juez Enrique William Larios respondió: “No es cierto que el testigo haya venido a retractarse de su primera declaración; el testigo vino a hacer aclaraciones y eso está permitido por la ley”, explicó el juez Larios. 

Los abogados también señalaron que en el caso de  Jonathan López el judicial dio como cierto el testimonio de un testigo quien aseguró que el joven universitario estuvo en un tranque antigubernamental en los alrededores de la UNAN- Mangua el 4 de junio del 2018, sin embargo, para esa fecha Jonatán López estaba en una  gira por Ginebra, Suiza y  Lo alegado por la defensa de Jonathan López, fue corroborado por Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.   

Los ocho inculpados la noche del lunes son un segundo grupo de universitarios que fueron rescatados la mañana del 14 de julio del 2018 por cardenal Leopoldo Brenes y en nuncio apostólico en Nicaragua, después del ataque armado contra el templo Divina Misericordia. 

De los ocho  jóvenes inculpados siete  fueron capturados por la Policía en casas de seguridad y en el caso de Ana Gabriela Nicaragua fue arrestada en su casa vivienda.

Carlos Vives apoyará al Zoológico Nacional de Nicaragua con un concierto.


El cantante colombiano Carlos Vives brindará un concierto en Nicaragua con el que ayudará a recaudar dinero para el Zoológico Nacional, que el año pasado lanzó un SOS por el impacto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país, informó este martes la administración del centro de animales.

"Estamos firmando un convenio con la agencia que lo trae, para que el Zoológico Nacional se favorezca del concierto, a través de la venta de camisetas con un mensaje de Carlos Vives", dijo a Efe la administradora del centro, Marina Argüello.

La inclinación del cantautor suramericano por el cuidado del medioambiente es conocida, tal como lo demostró en 2016 cuando dio voz al ecosistema conocido como páramo, en la campaña global conservacionista "La naturaleza nos habla".

"Me da gusto, porque estoy viendo que es una persona que realmente quiere a la naturaleza y a los animales, lo demuestra en que, a pesar de la situación de Nicaragua, a él no le importa, es apolítico y quiere venir con su mensaje", comentó Argüello.

Nicaragua vive una crisis que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y cientos de miles de exiliados, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

El Zoológico Nacional vivió al límite en los meses más crudos de la crisis, entre mayo y julio, cuando los habitantes de diferentes ciudades de Nicaragua bloquearon las carreteras para mostrar su rechazo al presidente, y a la vez para evitar los supuestos ataques con armas de guerra de las fuerzas combinadas del Gobierno.

Argüello recordó que en esos meses el Zoológico Nacional sobrevivió gracias a las donaciones de las personas, que los manifestantes dejaban pasar sin problemas, aunque tuvo que despedir a varios trabajadores, ya que sus ingresos mensuales cayeron a cero por falta de visitas.

La venta de camisetas con el mensaje del cantante también ayudarán a recaudar fondos para el Centro de Rescate de Animales y el Centro de Reproducción del zoológico nicaragüense, el mayor reproductor de tapires del mundo y uno de los más exitosos de la región con pumas y jaguares.

Será la cuarta ocasión que Vives se presente en Nicaragua, tras haberlo hecho en los años 2000, 2007 y 2014.

El colombiano, cuya fecha de presentación en Nicaragua no se ha divulgado, llegará al país centroamericano con el prestigio de sus más de 20 millones de álbumes vendidos, dos premios Grammys, 11 Latin Grammys, y su ritmo pegajoso que incluye temas como "La tierra del olvido", La gota fría", "La bicicleta" o "Pa' Mayté".

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