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lunes, 26 de junio de 2017

Nicaragüenses son menos libres, según índice estadounidense.

Nicaragüenses son menos libres, según índice estadounidense. Índice de Progreso Social 2017, revela que  Nicaragua es uno de los dos países en América Latina y uno de los 14 en el mundo donde en los últimos tres años ha habido un “rápido” deterioro en los derechos personales, especialmente en la reducción de la participación política libre y las libertades de expresión y reunión.

Este es uno de los hallazgos que recoge el Índice de Progreso Social 2017, en el que Nicaragua si bien mejoró su puntuación, principalmente en lo relacionado con bienestar de la gente y satisfacción de necesidades básicas retrocedió tres escaños respecto a los resultados de 2016.

En el índice global de este año Nicaragua se situó en el puesto 81 de 128 países, según el índice publicado la semana pasada por la organización estadounidense Social Progress Imperative.

El índice, concebido por catedráticos de la Escuela de Negocios de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, evalúa tres áreas: necesidades básicas, bienestar y oportunidades. En este último se analiza la situación de los derechos personales y libertad de expresión en cada país.

Y si bien alrededor del mundo 46 países han retrocedido en materia de derechos personales, el índice hace mención especial de los 14 países con deterioros acelerados, entre los que menciona a Nicaragua en el grupo de países con reducciones de más de cinco puntos en sus evaluaciones en esta materia desde 2014. En este grupo el país se codea con economías como Angola, Azerbaiyán, El Salvador, Rusia y Yemen.

De una escala de cien puntos, Nicaragua este año obtuvo 40.73 en derechos personales, siendo aplazada principalmente en derechos políticos, libertad de reunión, derecho a la propiedad privada y libertad de expresión.

“El surgimiento de regímenes autoritarios que son más agresivos en la restricción de las libertades y las crecientes facciones populistas y nacionalistas que están ganando fuerza y amenazando las libertades y derechos básicos en países democráticos, son una tendencia inquietante”, alerta la organización en su reporte mundial.

Uriel Pineda, experto en temas de derechos humanos y Martha Patricia Molina, jurista y experta en temas de gobernabilidad, analizan las causas del informe que deja mal visto al gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega.

“Esto invalida la creencia popular de que estamos dispuestos a sacrificar libertades públicas por un crecimiento económico o desarrollo, porque el desempeño es mediocre y las libertades públicas restringidas. Lo que debemos concluir es que en todo caso, lo que hay es un secuestro del ejercicio del poder y no una legitimidad del mismo por el resultado de su gestión, a pesar de las restricciones a las libertades públicas”, critica Pineda.

Según el experto, la manera más confiable que un Gobierno puede medir el cumplimiento de los derechos humanos es someterse al escrutinio de instancias internacionales especializadas y acatar sus recomendaciones y resoluciones.

“La violación a derechos humanos que hay en Nicaragua es principalmente una política de Estado orientada a garantizar la permanencia de Ortega en el poder. Tus derechos humanos en general serán válidos en la medida que no entren en contradicción con ese objetivo fundamental”, asegura.

Pineda también lamenta que en Nicaragua no haya una conciencia del significado de estas violaciones que expone el Índice de Progreso Social 2017. “La libertad es para el que piensa diferente, cuando la gente legitima que sí restringen tu libertad por estar del otro lado de la acera, es equivalente a legitimar que quien tiene el poder tiene la libertad de actuar como quiera y eso a la larga es peligroso”, advierte Pineda.

A juicio de Martha Patricia Molina, los resultados que arroja el Índice de Progreso Social 2017 son producto de la carencia institucional en que ha estado sometida Nicaragua. “Considero que es evidente la vulneración en materia de derechos humanos presentes en el país. Este fenómeno se presenta cuando un país carece de institucionalidad. 

Existe institucionalidad cuando se respetan las leyes y los funcionarios no vulneran derechos a los ciudadanos”, resalta Molina.
Según Molina, la mayoría de los ciudadanos no tienen conciencia de sus derechos, pero además señala que Nicaragua es una sociedad con miedo al sistema gobernante. 

“Lo único que tiene esta sociedad es miedo. ¿Qué se debe hacer? Educar a la población en materia de derechos humanos y los medios de comunicación, que ya son pocos los imparciales en el país, tienen que informar las vulneraciones de derechos con un carácter pedagógico”, sugiere.

La CIDH concede medidas de protección a defensora de derechos humanos nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió desde el 11 de junio las medidas de protección —solicitadas desde CEJIL y CEJUDHCAN—  para la defensora de derechos humanos Lottie Cunningham, por las amenazas recibidas a causa de su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Costa del Caribe Norte, en Nicaragua.

Después de constatar las amenazas sufridas el pasado mes de febrero, y que las amenazas continuaron, el órgano responsable de velar por la protección de los derechos humanos en el continente, decidió otorgarle las medidas cautelares —provistas para que los Estados de la región brinden protección a sus ciudadanos y ciudadanas—, tras constatar la existencia de una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo la vida de Lottie.

Entre varios hechos de preocupación, a la defensora de derechos humanos le llegó, a través de las redes sociales un mensaje que decía: Y no queremos ver que se crucen en nuestro camino, ahí sí, te vamos aniquilar, si quiere guerra, guerra tendrá. La guerra significa sangre.

Los defensores y las defensoras de CEJUDHCAN también recibieron medidas de protección el año pasado. “Aprovecharemos mis medidas cautelares, para ir de nuevo a la Policía Nacional y ante las autoridades competentes y pedirles que las implementen, junto con las de mis compañeros, que las recibieron en agosto del 2016 y aún no han hecho nada al respecto”, denunció Lottie. “La Policía no investiga las denuncias que les llevamos sobre los incidentes a las comunidades”, añadió.  

Lottie mostró además su preocupación por la presión y obstaculización que están ejerciendo últimamente las autoridades de gobierno incluyendo la Policía Nacional con CEJUDHCAN. “La semana pasada en el camino a las comunidades indígenas, la Policía Nacional detuvo la camioneta y con prepotencia exigieron a los defensores bajarse de la camioneta y procedieron a registrarles y interrogarles.

Saben quiénes somos y lo que hacemos pero cuando nos encuentran de camino a las comunidades nos paran, nos hacen bajar de la furgoneta, nos registran, registran la comida que llevamos, apuntan nuestros nombres, quién es responsable, saben las rutas que tomamos… son demasiados detalles que nos obligan a dar; hay una mayor inseguridad para nosotros”. 

Aún así, Lottie espera que con las medidas otorgadas y el reciente nombramiento de un nuevo jefe de la Policía, podrán alcanzar acuerdos y circular libremente entre las comunidades sin temor de sufrir represalias.

El control férreo de las autoridades no es el único problema con el que se enfrenta CEJUDHCAN. Debido a la campaña de difamación contra la organización, están perdiendo donantes. Por culpa de esto, se ha reducido a la mitad su equipo de trabajadores, que viajan a las comunidades a ayudar. “Los pueblos indígenas necesitan de la asesoría legal y el acompañamiento técnico que les estamos dando, pero cada vez nos ponen más obstáculos para hacer nuestro trabajo”.

Además de la violencia, uno de los mayores problemas de las comunidades en la actualidad es el de la seguridad alimentaria. Por un lado, los miskitos se han visto obligados a abandonar sus tierras de cultivo por miedo a los ataques de los colonos. 

Por otro, el Estado no concede ninguno de los beneficios que ofrece a través de varios programas de alimentos y vivienda a quienes son beneficiarios de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

“La situación está muy mal: la gente ya no puede ir a sus parcelas, ni a pescar ni a cazar. No tienen acceso a los recursos naturales para su subsistencia y para conseguir algo de lo que alimentarse; para hacerlo tendrían que andar durante horas y les da miedo”.


El conflicto que se vive en esta zona de Nicaragua lleva latente desde el 2007 aunque fue en el 2011 cuando estalló con los primeros asesinatos, convirtiéndose en un conflicto de alto riesgo a partir del 2014. Hoy, los asesinatos parecen haber cesado, por el momento, pero los miskitos no pueden tener una vida normal, como tampoco los que defienden sus derechos, señala Lottie.    

Aunque son buenas noticias el que le hayan otorgado las medidas cautelares a Lottie Cunnigham, lo cierto es que aún quedan muchas barreras que salvar para que vuelva la paz y la tranquilidad en esa región.

Ortega el gran ausente en la reuniòn del SICA en Costa Rica.

Desde mañana martes 27 y hasta el jueves 29 de junio se realizará en Costa Rica la 49 Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), organismo al que pertenecen 8 países. Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y República Dominicana son los países pertenecientes a este grupo.

De ellos, cinco mandatarios que confirmaron su presencia en la reunión, además del costarricense Luis Guillermo Solís. El Ministerio de Relaciones Exteriores omitió dar los nombres de quienes estarán por orden de las respectivas embajadas. Dos presidentes no estarán, uno de ellos sería Daniel Ortega, de Nicaragua, quien no asiste a esas cumbres, señalaron medios ticos.

Durante esta reunión, Costa Rica entregará la presidencia Pro Témpore del SICA a Panamá. El día miércoles se realizará la reunión entre cancilleres y para el jueves sedará la de Jefes de Estado, donde tratarán temas de desarrollo sostenible de la región, así como el análisis de las mejores prácticas políticas entre naciones.

Costa Rica se había retirado del organismo en diciembre del 2016, después de que no lograse una solución regional a la crisis migratoria de unos 8 mil emigrantes cubanos que quedaron varados en su ruta por tierra hacia Estados Unidos. El año pasado se reincorporó y asumió la presidencia Pro Témpore en diciembre, en la Cumbre realizada en Nicaragua.

El año pasado, también Ortega envió un mensaje a los jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que se reunió en la isla de Roatán, Honduras.
El mensaje fue leído por Dennis Moncada, quien está representando a Nicaragua en dicho evento en su calidad de ministro-asesor del Presidente para asuntos internacionales.


Aparte del presidente hondureño, a la cumbre asistieron los mandatarios de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Jimmy Morales; Panamá, Juan Carlos Varela, y República Dominicana, Danilo Medina, y el primer ministro de Belice, Dean Barrow.

OEA duda que participe como observador en las elecciones municipales de Nicaragua.

Cancún, México-. La “mesa de diálogo e intercambio” que sostienen la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega está estancada desde el mes de mayo, cuando la misión encabezada por Gonzalo Koncke — jefe del gabinete del Secretario General, Luis Almagro— abandonó Nicaragua de forma abrupta.

El impase se ha convertido “ahora” en una relación “compleja” y “no se sabe qué hacer”, coincidieron fuentes diplomáticas latinoamericanas, que participaron en Cancún, México, en la Asamblea General del organismo.

La OEA guarda total silencio y hermetismo sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno sandinista. Aunque al menos tres ministros de relaciones exteriores de los países miembros del organismo relataron a Confidencial en Cancún que Almagro “se convenció” de que el comandante Ortega “no tiene voluntad política” para cumplir los acuerdos planteados en el intercambio.

La intempestiva salida de la misión el 25 de mayo, fue causada por la imposición de restricciones a la OEA para reunirse con diferentes partidos políticos (legales e inhabilitados) y organismos de la Sociedad Civil para conocer su opinión sobre el sistema electoral y político de Nicaragua, confirmaron los cancilleres.

El gobierno restringió las reuniones a los partidos inscritos ante el Poder Electoral, y que participarán en las elecciones municipales de noviembre próximo. La mayoría de esas agrupaciones son consideradas como “colaboracionistas”.

Las fuentes diplomáticas explicaron que el gobierno de Ortega “vacía todos los conceptos” de los problemas que la OEA plantea como necesarios para restablecer el sistema electoral y político del país. Eso ha generado fricción. De hecho, desde antes que fuese firmado el Memorándum de Entendimiento entre las partes, el Ejecutivo sandinista terció por excluir los “temas de fondo”.  

Lo redujo a “temas técnicos”, parte de la demanda nacional pero que por sí solos no resuelven el colapsado sistema electoral. Hasta la fecha, no se conoce el contenido del informe que Almagro preparó y que debió presentar en octubre de 2016.

El Memorándum de Entendimiento y dos acuerdos más establecen las bases para el acompañamiento electoral de la OEA en noviembre, pero hace “borrón y cuenta nueva” de las denuncias de la oposición sobre las violaciones del comandante Ortega a la Constitución Política y a los principios de la Carta Democrática del organismo. Sin embargo, erige como contraparte de los acuerdos al controvertido magistrado Roberto Rivas, señalado de perpetrar cinco fraudes electorales.

“Almagro tiene claridad sobre la situación en Nicaragua y el control que el presidente (Ortega) ejerce sobre el Poder Electoral”, relató uno de los cancilleres, que al igual que el resto, pidió mantener en reserva su nombre.

“Están en una situación compleja: No coinciden con el gobierno en la interpretación del contenido de los acuerdos. Los tiempos se han precipitado sin que los avances sigan el mismo ritmo”, detalló otro canciller.

Los ministros de relaciones exteriores relataron que Almagro “depositó confianza” en el comandante Ortega para sacar adelante la “mesa de diálogo e intercambio”. Eso quedó sellado en diciembre pasado, cuando secretario general visitó Nicaragua y se reunió con el caudillo sandinista.

“Almagro se siente, de cierta forma, traicionado. En la OEA hay una percepción de que el presidente (Ortega) solo está gastando tiempo”, dijo un canciller centroamericano.

Desde que la misión de la OEA salió del país, ninguna de las partes ha brindado una explicación oficial al respecto. El hermetismo fue patente en la Asamblea General de la OEA, realizada en el hotel Moon Palace de Cancún.

El jefe de la misión, Gonzalo Koncke, participó en el evento y en reiteradas ocasiones se excusó de hablar con Confidencial. “Va a ser difícil (hablar sobre Nicaragua) porque la agenda es continua. Vamos viendo”, justificó el jefe de gabinete de Almagro, quien acompañó al secretario general de la OEA en todo momento en Cancún.



Iglesia salvadoreña pide al congreso aprobar ley del agua.

San Salvador, El Salvador /AFP - La Iglesia Católica pidió ayer domingo al Congreso de El Salvador aprobar una ley que proporcione a la población acceso al agua y que el ente regulador del servicio sea administrado por el Estado.

"Queremos reiterar nuestra posición acerca de la necesidad de la aprobación de una ley general de aguas que garantice a todos el ejercicio del derecho humano al agua", dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, durante la homilía dominical pronunciada en la catedral de la ciudad.

Los partidos de la derecha salvadoreña proponen aprobar una ley mediante la cual el ente regulador del servicio sea controlado por el sector privado, algo que organizaciones civiles consideran como un intento de "privatizar" el agua.

El pasado jueves, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentaron al Congreso una propuesta de ley que plantea la existencia de dos entes rectores del agua, uno público como autoridad y otro asesor de "amplia participación sectorial".

Esa propuesta de la Procuraduría y la UCA cuenta, dijo el arzobispo Escobar, con su "total respaldo en todas sus partes" ya que busca garantizar a todos "el derecho humano al agua". "En verdad es el Estado el obligado a garantizar el derecho de todos los salvadoreños" al agua, subrayó el arzobispo.

El Salvador, de escasos 20.742 km2 y 6,6 millones de habitantes, afronta problemas de abastecimiento de agua por la contaminación de sus ríos y los efectos del cambio climático.



Almagro propone la renuncia de su cargo a cambio de la libertad en Venezuela.

Caracas Venezuela / EFE - El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, descartó el pasado sábado renunciar a su cargo a cambio del retorno de Venezuela a la entidad continental, pero prometió hacerlo cuando haya “libertad” en el país petrolero.

“He recibido una propuesta de negociación: mi renuncia a cambio del regreso de 
Venezuela a la OEA”, reveló Almagro en un video, aunque no ofreció detalles de cuándo la recibió.

“Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela”, señaló el diplomático uruguayo. “Jamás renunciaremos hasta tener en nuestras manos la libertad de Venezuela”.

Almagro especificó que dejará su posición “cuando se realicen elecciones nacionales libre y transparentes, con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos y se amnistíe a los exiliados”.

Entre las condiciones que mencionó para presentar su renuncia, también mencionó el procesamiento “a los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando”. Venezuela inició en abril el proceso para salir de la organización, que tomará dos años en completarse.

A pesar de los insistentes esfuerzos de Almagro, la Asamblea General de la OEA, reunida esta semana en el balneario mexicano de Cancún, no logró consenso para emitir una declaración sobre la situación del país, que vive una crisis política marcada por intensas movilizaciones que ya dejaron un saldo de 75 muertos.

La oposición venezolana se movilizó ayer hasta las bases militares en Caracas y varios estados del país, mientras el chavismo marchó para conmemorar los 196 años de la Batalla de Carabobo, una acción militar decisiva en la independencia del país caribeño, y por el Día del Ejército Bolivariano.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que hay "detenidos" que irán a juicio en tribunales de la Fuerza Armada por un supuesto plan para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención militar de Estados Unidos.

"Todos los detenidos están bajo jurisdicción militar porque están incorporados al golpe de Estado y han violado leyes fundamentales para la independencia, la paz y la soberanía de nuestro país. Y van a ser juzgados de manera severa", dijo Maduro en un discurso ante tropas en el estado Carabobo (centro-norte).

Sin especificar cuántas personas están arrestadas y tampoco si se trata de civiles o militares, aseguró que el plan preveía, con apoyo de "jefes" de la oposición, generar "focos violentos" que justificaran una invasión estadounidense, en el marco de protestas opositoras que dejan 75 muertos en casi tres meses.

"No exagero cuando digo que iba a implicar la llegada de flotas y tropas gringas a mares venezolanos, a tierras venezolanas, para justificar una operación militar humanitaria y ocupar nuestro país", aseveró el gobernante, quien vinculó con su denuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA).

El ente hemisférico debatió esta semana, sin llegar a un consenso, la posibilidad de crear un grupo de países que mediara en la crisis venezolana.
En el tradicional acto militar que conmemora cada 24 de junio la batalla de Carabobo, decisiva en la independencia de Venezuela, Maduro aseguró que dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sostuvieron reuniones con uniformados para alentarlos a rebelarse.


"Andan tocando militares. Hay uno de ellos que trabaja para la CIA, tengo las pruebas hace tiempo, por eso lo eché del gobierno", manifestó el presidente, sin mencionar nombres.

Batalla por la democracia en Venezuela se acerca a su fin, según The Wall Street Journal.

Caracas Venezuela/  En un reportaje publicado por el periódico estadounidense The Wall Street Journal se asegura que la batalla por la democracia en Venezuela está llegando a su etapa final. 

Ya sin vuelta atrás, los últimos acontecimientos del gobierno de Nicolás Maduro arriesgan ceder las instituciones democráticas de un país que solía ser de los más ricos de América Latina a la corrupción y a la miseria.

El medio estadounidense marca como punto esencial el llamado del presidente venezolano a una Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio que prevé revisar la Constitución Nacional para que consejos comunales que apoyan al gobierno reemplacen las funciones tradicionales de los gobiernos estatales y el Congreso 
dominado por la oposición.

El diario estadounidense asegura que irónicamente, los mismos problemas que amenazan la estabilidad del país, como la depresión económica, el conflicto social y el narcotráfico, son los mismos pretextos que utiliza el gobierno para promover sus movimientos políticos. Cuando Maduro convocó la apertura de la Constituyente, justificó su decisión como una medida necesaria para sobreponerse de manera pacífica a la depresión y a las manifestaciones diarias en las cuales ya murieron más de 90 civiles.

Si la asamblea de 545 miembros que establecerá la Constituyente se consolida, mantendrán poder absoluto sobre el país durante el proceso de revisión del acta constitutiva, que podría tardar años. Al mismo tiempo, se espera que la asamblea postergue las próximas elecciones presidenciales. En este contexto, concluye David Smilde, un experto de Venezuela de la Universidad Tulane, "esta es la última batalla por la democracia en Venezuela".

El ejército y el petróleo son las dos fuentes principales del poder en Venezuela. Cuando Hugo Chávez fue electo presidente en las elecciones de 1998, despidió a 19.000 empleados de la firma estatal Petróleos de Venezuela y los reemplazó por seguidores fieles a su mandato. Luego del corto y fallido golpe de estado en 2002, también despejó las barracas, entregando al ejército a la indoctrinación y entrenamiento a sus aliados en Cuba.

En los próximos años, se dispararon los precios del crudo y Chávez aumentó el gasto público descontroladamente. En vez de aprovechar las condiciones favorables de la economía global para ahorrar, no solo mantuvo un déficit presupuestario casi permanentemente, sino que también se endeudó con prestamistas de Wall Street, China y Rusia. Regaló miles de millones de dólares de petróleo a Cuba, Nicaragua e incluso a Boston y a Londres para jactarse de su abundancia sobre el recurso natural.

La cantidad de funcionarios públicos se duplicó a cinco millones y aumentó el creciente gasto gubernamental. La emisión de billetes causó una inflación inmanejable, por lo cual decidió congelar ciertos precios incluso a niveles inferiores al costo de producción. Compañías que se rehusaron a vender aún sufriendo pérdidas fueron confiscadas, lo cual agravó la escasez de productos y sometió a los consumidores a depender de importaciones.

Cuando el precio del petróleo comenzó a bajar en 2014, el país ya no pudo pagar por las importaciones, que han caído de USD 66.000 millones en 2012 a unos USD 15.500 millones este año.  Para fines de este año, la economía de Venezuela se reduciría alrededor de un tercio en los últimos cuatro años, una caída similar a la de Cuba luego de la disolución de la Unión Soviética.

"El objetivo final de Maduro es convertir a Venezuela en Cuba. Y no vamos a aceptar ser puestos en esa jaula", dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.

El artículo asegura que según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la inflación rondará el 720% en 2017 y superará el 2.000% el año que viene. La escasez de recursos es tan aguda que tres de cada cuatro venezolanos han bajado un promedio de ocho kilos el año pasado, según una encuesta conducida por universidades venezolanas.


"El gobierno está desesperado porque sabe que la próxima elección presidencial será su última", dijo César Miguel Rondón, un popular conductor de radio cuyo pasaporte fue confiscado recientemente cuando intentó viajar a Miami con su familia para un viaje de negocios. "Soy un rehén en mi propio país", agregó.

Colombia busca acabar con la violencia en el país tras el desarme de las FARC.

Bogotá Colombia / El País - Colombia cierra este martes un ciclo de más de medio siglo marcado por la violencia de las FARC. Los cerca de 7.000 combatientes de la primera guerrilla del país culminan la entrega de armas y comienzan la fase final de su reincorporación a la sociedad.

Pero este proceso no basta para alcanzar una paz completa. Hace diez días una bomba mató a tres mujeres en Bogotá, hay grupos insurgentes que siguen secuestrando y las mafias de narcotraficantes declararon en mayo la guerra a la policía al verse acorraladas por las fuerzas de seguridad. Las autoridades afrontan el desafío de consolidar la normalidad.

El camino recorrido en Colombia desde la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Juan Manuel Santosy las FARC, el año pasado, no tiene precedentes. La guerra con esa organización ha terminado. "No es lo mismo tener a una guerrilla todavía armada que una guerrilla que ha dejado las armas.

Entonces, yo creo que lo que logramos es una permanencia de esta situación posconflicto, y eso me parece notorio. El sentido de lo histórico es que se logra la plena irreversibilidad [del conflicto]", explica a EL PAÍS Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Sin embargo, la violencia persiste. Hace dos sábados la sociedad colombiana se enfrentó a sus peores fantasmas. En medio de una tarde de compras, la explosión de un artefacto colocado en un baño de mujeres del centro comercial Andino acabó con la vida de tres jóvenes y dejó una decena de heridos, sembrando el pánico en la capital.


Una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron diez registros y detuvieron el sábado a ocho sospechosos del ataque, a los que ayer se sumó uno más. “Las evidencias en poder de los investigadores señalan que los cuatro hombres y las cuatro mujeres pertenecerían al autodenominado Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP)”, señaló la fiscalía. Se trata de un grupo insurgente menor que, según las autoridades, tuvo vínculos con células del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

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