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lunes, 17 de diciembre de 2018

ONG censurada va a seguir contribuyendo a la consecución de la democracia en Nicaragua.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - El régimen Ortega-Murillo ha desatado una campaña de desprestigio en contra del IEEPP al igual que a todas las organizaciones no gubernamentales –ONG- a las que ha despojado de sus personerías jurídicas, afirma Dayra Valle, Vice Directora del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Publicas –IEEPP.

Valle, durante su participación en el programa estelar de la mañana Impacto 540, de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera, agrega que el gobierno no solo ha instrumentalizado a todos los poderes del estado, sino que también a todo el marco normativo para  actuar con ilegalidad y despojarles de la personería jurídica.

“Se nos ha señalado, y lo dicen los decretos legislativos en donde se aprobó la cancelación de la personería jurídica del IEEP y la de otras organizaciones, de que hemos desnaturalizado, nuestros orígenes y creo que no pueden estar mas equivocado los diputados de la Asamblea Nacional, de igual forma que lo esta el Director de Registros y Controles de las Asociaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación” puntualiza la Sub Directora del IEEPP, Dayra Valle.

“Del IEEPP debo decir de forma directa y en particular, porque tengo doce años de trabajar como subdirectora de esta organización, y afirmo que en todo este tiempo nuestra labor ha sido la de generar conocimientos, lo que significa que hemos trabajado para generar propuestas de políticas publicas” señala categóricamente la subdirectora del IEEPP.

Dayra Valle, se apresura a denunciar que le llama la atención el hecho de que al escuchar los alegatos que esgrimieron los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, al cancelar la personaría jurídica del IEEPP, es que señalan que esta organización nunca ha trabajado y participado en procesos de políticas publicas.

“Me permito recordarle a muchos de esos diputados sandinistas, que aprobaron la cancelación de nuestra personería jurídica es que muchos de ellos participaron en mesas de trabajo, por ejemplo el diputado Filiberto Rodríguez, que es promotor de muchas de las acciones en contra del IEEPP, nos cito unos años atrás cuando se iba a dar reformas a la ley de transito, en la que el era el presidente de la comisión, para que abordáramos el problema de la opinión técnica de estas reformas” recuerda Valle.

“Nos invitaron como IEEPP a que participáramos en las mejoras de este anteproyecto de la reforma a la ley de transito, y de esta forma puedo mencionar otros casos como en la Comisión de Gobernación, en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Presupuesto, siempre de la Asamblea Nacional, en donde tuvimos la oportunidad de compartir nuestro datos oficiales, a partir de nuestro análisis y nuestras valoraciones técnicas” les recuerda a los diputados sandinistas, la subdirectora del IEEPP Dayra Valle.

Valle, afirma ser lamentable toda esta situación, que le ha generado al IEEPP, el despojo de su personería jurídica, al igual como lo es todo el asedio policial del que han sido objeto, y el desmantelamiento de sus instalaciones, que ha sido de forma arbitraria e ilegal.
 
“El IEEPP fue la primera organización sin fines de lucro que ha sido victima desde hace meses atrás, de esta campaña de desprestigio por parte del régimen, al igual que este marco normativo ilegal, fuimos allanados el 28 de Septiembre, después recibimos notificación del Ministerio de Gobernación el 28 de Noviembre, para que nos presentáramos con nuestros libros contables al día siguiente -29 de Noviembre- posteriormente se dio el congelamiento de nuestros fondos financieros, el pasado 5 de Diciembre, hasta llegar a la cancelación de nuestra personería jurídica” rememora la subdirectora del IEPP, Dayra Valle.

Valle, lamenta la represión a la que han sido sometidos como IEEPP y además han sido testigo de la represión y asedio ejerció por el régimen en contra de otras organizaciones no gubernamentales, que incluso se ha extendido en contra de organismos defensores de derechos humanos, como es el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENIDH.

Valle, advierte que con todo esto el régimen lo que pretende es levantar una teoría en contra de todos los señalamientos críticos de los ciudadanos, no obstante ellos como IEEPP desde un inicio han señalado que ellos nunca han participado en ningún tipo de acciones o actividades delictivas, en donde hasta se nos señala hasta de financiamiento a actividades de terrorismo” rechaza la subdirectora del IEEPP Dayra Valle.

Valle, afirma categóricamente, que estos señalamientos del régimen Ortega-Murillo  en contra del IEEPP carecen de asideros legales, por que ellos lo que han hecho únicamente es  generar espacios de conocimientos, generar mas de 150 investigaciones, a lo largo de los 15 años de existencia de esta organización.

“Hemos generado espacios de diálogos, aportar al país, nada que ver con el aportar financiamiento para actividades terroristas, el régimen ha construido toda una hipótesis, de que el levantamiento cívico de la ciudadanía ha sido orquestado por algunas organizaciones de la sociedad civil lo cual no es cierto” puntualiza Valle.

“Hemos sido acusados por el régimen de recibir millones de dólares, de intermediar recursos, y lo primero que yo le diría al régimen es, pregúntenle de todo esto a gobernación, especialmente a su departamento de fiscalización y control” urge Valle.

“Año con año nosotros como IEEPP hemos entregado nuestros balances contables, nuestros balances generales, nuestros registros de  donaciones, tenemos registros de todo esto, cuando decimos registros de donaciones es mas tenemos un cuadro en donde se señala la fuente de donación el organismo que lo esta facilitando, el monto de los recursos, en la moneda que sea, y se señala el tiempo de duración, para la utilización de estos recursos” aclara Dayra Valle, sub Directora del IEEPP.

Valle, explica que toda esta información la ha tenido el Ministerio de Gobernación desde los orígenes del IEEPP, desde que empezaron a operar en el año 2004, y además las mismas leyes lo establecen en su artículo 147, en que ordena que debamos llevar libros contables, el libro diario, el libro mayor, el libro de actas, el libro de asociados entre otros requerimientos de ley.

“Siempre hemos entregado a gobernación todos los requerimientos establecidos por la ley, en tiempo y forma, es mas nos han solicitado estas notificaciones con horas de anticipación, ni siquiera con 24 horas de anticipación, y hemos estado siempre al día, dando la cara, consientes siempre de que en ningún momento hemos violentado el marco jurídico constitucional” asegura Valle.

“Uno de nuestros frutos de trabajo del IEEPP son nuestras mas de 150 investigaciones, y cuando decimos investigaciones, decimos estudios, análisis que tienen que ver con temas muy importantes, para la agenda publica de este país, como es el tema del Presupuesto General de la República, que nosotros siempre analizamos cuando hay reformas, analizamos también  cuando se da la aprobación del presupuesto, cuales son las prioridades en este tema, entre otras de los múltiples análisis que hacemos en este tema” puntualiza la subdirectora del IEEPP.

Dayra Valle subdirectora del IEEPP, refiere que además ven el tema de seguridad ciudadana, en el que por ejemplo este año, cumplimos diez año ya de hacer la encuesta de percepción de seguridad ciudadana, es decir una variedad de información en diferentes temáticas en las que se trata de abonar en este principio constitucional que establece que la ciudadanía tiene el derecho de participar en la gestión publica” subraya Valle.

“Además aportar a la gestión publica, porque nosotros somos los mandantes, es decir somos los dueños de las responsabilidades que se dan en este país, y como ciudadanos que además aportamos recursos para ello, necesitamos estar informados, nosotros suministramos esa información, para que la gente tome lo que desee de esa información, y pueda tener un dialogo bien informado con las autoridades de este país” explica Valle.

Para la subdirectora del IEEPP Dayra Valle, esto es precisamente lo ha venido haciendo por 125 largos años, esta organización, a la que el régimen le decapitó su personería jurídica.

 “Nosotros en todo momento le hemos enviado el resultado de nuestras investigaciones a las autoridades de este país, hemos estado anuentes a presentaciones, es mas  antes del 18 de abril nosotros en lo que refiere a espacios territoriales que es donde mas se logra esto, estábamos sentados en la misma mesa con autoridades y funcionarios del Ministerio Publico, de la policía nacional, por ejemplo en tema de trata de personas que es un tema de mucho interés territorial” reseña para concluir Dayra Valle, subdirectora del IEEPP.


domingo, 16 de diciembre de 2018

Díaz-Canel, Maduro, Morales y Ortega culpan al 'imperialismo' de los problemas de sus países.


La Habana Cuba / Diario Cuba  - Miguel Díaz-Canel llamó a la unidad frente al "avance de la derecha" en la región y reiteró un "firme" compromiso de solidaridad con Venezuela y Nicaragua en la inauguración este viernes en La Habana de la XVI Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).

Identificó a la injerencia de países como Estados Unidos, la "subversión política" y sus "agresiones económicas" como los principales "peligros para la paz en la región", publicó DIARIO DE CUBA.  "No podemos ser ingenuos y aceptar silenciosamente las agresiones golpistas contra otros países hermanos", advirtió en referencia al apoyo abierto que ofreció a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, a quienes calificó como "hermanos de luchas y sueños por la dignidad de nuestros pueblos".

Nicolás Maduro, reconoció en su intervención que el crecimiento económico es la "asignatura pendiente" del socialismo latinoamericano y llamó a la integración financiera de los países de la ALBA como "base de la independencia" frente a los embates neocolonialistas e imperialistas.  Como ya hizo a principios de este año, propuso que el bloque bolivariano adopte la "criptomoneda" Petro —creada para sortear las sanciones de Estados Unidos y respaldada por el petróleo venezolano— "como centro de sus esfuerzos monetarios para la integración económica".

Ante sus homólogos de Cuba, Bolivia y Nicaragua, Maduro se quejó luego de que "la contraofensiva imperialista ha logrado avances parciales y circunstanciales y América Latina es una zona en dura disputa" donde tiene lugar una "ofensiva contra los gobiernos progresistas".  Maduro se dijo en "el ojo del huracán de las amenazas imperialistas y sus gobiernos satélites en el continente" y reiteró que es víctima de una "campaña" contra la "democracia" de su país en la que le llaman dictador a diario, igual que sucedía con su antecesor, Hugo Chávez, fallecido en 2013.

En ese contexto, agradeció a los doce países presentes en la Cumbre del ALBA su "solidaridad, valentía y comprensión con la revolución bolivariana en estos años de batalla dura por la verdad".  Venezuela, el país con mayores reservas petroleras probadas del mundo, vive una hiperinflación que puede alcanzar 1.000.000% a fin de año, según el FMI, en medio de una crítica situación política y económica que ha empujado al exilio a 1.900.000 venezolanos desde 2015, de acuerdo con la ONU.

Por su parte, Evo Morales defendió la necesidad de fortalecer ese mecanismo para detener los "ataques imperialistas" de la "creciente derecha" en Latinoamérica.
"Hay que mantener a la ALBA fuerte", insistió el mandatario boliviano, quien se apresta para presentarse a su cuarta elección presidencial, durante su intervención en la cumbre de la organización.

Dijo que, que al igual que la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), esa organización está bajo ataque por el imperio.

El gobernante vaticinó que "en cualquier momento vamos a recuperar a otros países que han dejado de tener Gobiernos progresistas" y se quejó de que las "mentiras de los medios de comunicación y la guerra digital" sirven para confundir a "las bases" de la población.

Daniel Ortega también acusó a Estados Unidos de ser incapaz de convivir con las normas del derecho internacional que condenan la injerencia en la soberanía de otros países y consideró esa actitud como los "estertores de un país en decadencia" frente al multilateralismo.

El gobernante de Nicaragua se pronunció así en una intervención por sorpresa al final de la reunión, ya que no habló cuando lo hicieron los restantes presidentes, según establece el protocolo de estos encuentros.

"Todos estos ataques que se lanzan en el mundo de parte de la potencia norteamericana y otras potencias europeas no tienen ninguna sustentación jurídica legal, son crímenes de guerra", espetó el gobernante, para quien "la historia ha demostrado" que EEUU en cuanto puede "le pega la patada" al derecho internacional.

Nicaragua se encuentra inmersa desde abril pasado en una crisis institucional desatada por protestas antigubernamentales que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 presos políticos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno de Daniel Ortega, que rechaza la responsabilidad e insiste en que venció un intento de "golpe de Estado", reconoce 199 muertos y 273 reos, a los que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

La Alianza Bolivariana para los pueblos de América fue creada el 14 de diciembre de 2004 por los fallecidos presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Cuba, Fidel Castro, como una alternativa al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), impulsada en su momento por Estados Unidos.

Está integrada, además de estos cuatro aliados, por Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves.

Ortega redobla el asedio al periodismo independiente en Nicaragua.


El asedio del régimen de Daniel Ortega contra el periodismo independiente en Nicaragua se intensificó el fin de semana con un violento episodio de represión policial. 

Los antidisturbios golpearon en Managua a los reporteros que protestaban por los registros y el allanamiento de tres medios de comunicación y nueve ONG locales. Esta escalada provocó una contundente reacción de la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, que exigió al Gobierno que deje de perseguir a los opositores y acosar a la prensa crítica.

Las últimas agresiones se produjeron el sábado, cuando el periodista Carlos Fernando Chamorro se presentó en las instalaciones de la Policía Nacional de Nicaragua para rechazar la ocupación de las oficinas de Confidencial, el medio que dirige desde hace más de dos décadas. Pero su petición de explicaciones derivó en una demostración de fuerza de las autoridades. Los antidisturbios golpearon a los presentes, reporteros que cubrían los hechos y que protestaban por el abuso de poder.

Durante la noche del viernes, varios agentes irrumpieron en la redacción de Confidencial, que este domingo seguía ocupada, y en las de los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche, emitidos por el Canal 12. “Fuimos a plaza del Sol a demandarle a la policía la orden de asalto contra la redacción de Confidencial. Salió el oficial Soza a dialogar. Entró a hacer consultas. Treinta minutos después salió con una jauría de 50 antimotines que nos agredieron”, denunció el informador.

Se trata del enésimo episodio de acoso al periodismo que denunció los casos de corrupción que afectan al régimen y desprecio a la convivencia democrática. La huida hacia adelante del Gobierno ha motivado en numerosas ocasiones la condena de las principales instancias internacionales. Este fin de semana volvieron a pronunciarse Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos exigió a Ortega que cese la persecución de “defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno”. “Asimismo”, agregó la expresidenta chilena en un comunicado, “insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”.

Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, consideró que “se acelera la cuarta fase de la represión en Nicaragua”. Esto es, “la consolidación de un Estado de excepción con decretos policiales o actos legislativos que intentan mantener apariencia de legalidad para medidas que restringen y afectan los contenidos esenciales de los derechos humanos”.

“La reducción de los espacios de la sociedad civil confirma que tras reprimir las protestas con brutalidad, detener arbitrariamente y criminalizar los opositores, se intenta oprimir y exterminar todas las voces disidentes. Las democracias exigen pluralidad política”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policía nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa”, insistió Chamorro, que también presenta el programa Esta Semana, líder de audiencia en Nicaragua.

El Gobierno, además, informó de que ya procedió a la ilegalización de las nueve ONG intervenidas. Sus bienes pasan a la administración del Estado para la creación del llamado Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo, informa Efe.

Aparte de los medios asediados, las organizaciones despojadas de su estatus legal son Cisas, Cinco, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade) y Hagamos Democracia. A ellas se añaden las ONG Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), Fundación del Río, y la Fundación Popol Na.



La voz que incomoda al régimen de Daniel Ortega.


Tomado de El País / España - El pasado 18 de noviembre el periódico Confidencial abría su edición impresa semanal con una historia que denunciaba cómo la esposa del presidente Daniel Ortega y también vicepresidenta, Rosario Murillo, había ordenado el 20 de abril aplastar las protestas que dos días antes comenzaron a incendiar el país, y que exigían el fin del régimen de Ortega. 

La historia estaba reforzada por la filtración de correos electrónicos de Murillo, quien ordenó a sus huestes: "Vamos con todo". Se trata del típico periodismo que durante 22 años ha hecho de Confidencial el medio más respetado de Nicaragua, al combinar filtraciones y análisis político con un minucioso periodismo de investigación, que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales, pero además el odio enconado de Ortega y su esposa, a tal punto de ordenar el asalto y ocupación de la redacción.

El periodista Carlos Fernando Chamorro fundó Confidencial en julio de 1996, cuando el país se preparaba para las primeras elecciones de la transición, en las que Violeta Chamorro, su madre, entregaría el poder democráticamente a un nuevo presidente. Seis años atrás ella había logrado lo que parecía imposible: derrotar a Daniel Ortega y al Frente Sandinista en unas históricas y supervigiladas elecciones, que marcaron el principio de una difícil y dolorosa transición en Nicaragua, pero también el fin de la guerra civil que había dejado decenas de miles de muertos. 

El país vivía en libertad plena por primera vez en su historia y un nuevo periodismo surgía de esa primavera libertaria dedicado a fiscalizar el poder, público y privado. "Eran tiempos de cambio, signados por profundas reformas políticas democráticas, cuando los ciudadanos incluso ejercían el derecho de inscribir movimientos y candidaturas de suscripción popular para participar en las elecciones", escribiría 20 años después Chamorro.

Con Confidencial Carlos Fernando Chamorro abrió también una nueva etapa en su vida. Durante su juventud había apoyado abiertamente la lucha clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar la dictadura de Somoza. Esa dictadura asesinó a su padre, Pedro Joaquín Chamorro, en 1978. 

Chamorro era director de La Prensa, en ese entonces el diario más importante de Nicaragua, y desde su editorial denunciaba las arbitrariedades de la dictadura. Su asesinato marcó el inicio del fin de la dinastía que había gobernado al país centroamericano con mano dura durante 47 años. Décadas después su hijo parece seguir los pasos del héroe nacional, en una nación que no logra romper con los demonios del autoritarismo. 

"Admiraba a mi padre, él fue la persona más importante de mi vida, pero yo no quería vivir bajo su sombra", dijo Carlos Fernando en 2009 a la periodista Tina Rosenberg, quien publicó un amplio perfil del periodista en The New York Times.


Después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y la formación de una Junta de Gobierno de Transición en la que también participó Violeta Chamorro —aunque la dejó poco después al estar en desacuerdo con las nuevas decisiones—, Carlos Fernando Chamorro ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. 

La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Otra hermana, Cristiana, trabajaba en La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba el sandinismo. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro era una suerte de árbitro entre las diferencias y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política.

A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, que pronto se mostraría como una dictadura militar, que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas. Desde Barricada él y su equipo —entre ellos la veterana periodista y feminista Sofía Montenegro, colega y amiga de Chamorro durante más de 30 años— se intentaba hacer un periodismo que no estuviera totalmente sometido a las órdenes de la Dirección Nacional del FSLN, que cuando podía criticaba algunas decisiones del régimen, que ofrecía variedad de información a sus lectores, aunque, claro, la mayoría de las veces tenía que mantenerse en la línea de la propaganda oficial en un país desangrado por la guerra civil y la amenaza de la contra, la guerrilla armada financiada por Ronald Reagan.

Con el paso del tiempo Confidencial se convirtió en un medio de referencia, caracterizado por un periodismo beligerante y comprometido, que no cedía en su compromiso de denunciar la corrupción pública o la confabulación de la empresa privada con los gobiernos para lograr favores. 

Es lo que ocurrió en 2002 cuando reveló que el Grupo Pellas, uno de los más importantes de Nicaragua (productor del famoso Ron Flor de Caña) había recibido una exoneración de más de dos millones de dólares para la construcción de su complejo de oficinas en Managua sin que cumpliera con los requisitos establecidos en las leyes nicaragüenses. 

La investigación atrajo la atención nacional y, como era de esperar, no gustó al poderoso grupo empresarial. En varias ocasiones agrupaciones empresariales y financieras han amenazado con retirar, o de plano cancelado, la publicidad al periódico, disgustados por sus investigaciones o coberturas.

Cuando Daniel Ortega regresó al poder en 2007 comenzó una etapa de asedio contra la redacción de Confidencial, su director y una de sus principales columnistas, Sofía Montenegro. Ortega hizo uso de las instituciones del Estado, de la justicia que él controla y de la millonaria cooperación venezolana valorada en más de 4 mil millones de dólares para amedrentar a la prensa independiente, comprar medios de comunicación y acallar las voces críticas.

Con el dinero venezolano Ortega compró el Canal 8 de televisión, donde Chamorro transmitía su programa de reportajes Esta Semana. El periódico Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista, amenaza que no prosperó.

Más tarde, en 2016, Chamorro denunció un proceso de espionaje por parte de oficiales del Ejército de Nicaragua contra su redacción, acoso contra los periodistas por miembros del Frente Sandinista y un intento de sabotaje al sitio web de la revista, que en sus investigaciones había revelado casos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno sandinista. 

Los señalados estaban relacionados con el desvío a arcas privadas de la cooperación petrolera de Venezuela. Desde entonces el asedio fue continuo y se intensificó a partir de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega, que fueron reprimidas con violencia. Desde la redacción de Confidencial se organizó una cobertura intensa, que reveló el uso de francotiradores para reprimir las protestas a través de una serie de tomografías de las víctimas, filtradas por médicos que los atendieron. 

Ese reportaje, firmado por Wilfredo Miranda, fue utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre los abusos cometidos por el Estado contra los manifestantes.

El afán del régimen ha sido callar el periodismo que dirige Chamorro. El pasado jueves lanzó una ofensiva brutal, al ordenar el asalto de la redacción de Confidencial y la ocupación del inmueble por oficiales de la Policía que el propio Ortega controla. Chamorro respondió a la agresión plantándose en las oficinas de la Policía Nacional, cuyos directores lanzaron oficiales antidisturbios contra él y sus periodistas. 

Pero la respuesta más contundente ha sido seguir con su proyecto periodístico, en estudio de televisión prestado y desde una sala de hotel, donde sus redactores mantienen vivo a Confidencial. "Si lo que querían era callarnos, aquí estamos. 

Las ideas no se matan, los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la verdad. No vamos a aceptar que sigan cercenando el derecho a la libertad de prensa y de expresión", dijo Chamorro el sábado. Confidencial y su director siguen siendo la voz que incomoda al régimen de Daniel Ortega.

Oposición llama a nuevo paro nacional para exigir la salida de Daniel Ortega.


La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó este domingo a una "huelga ciudadana" de 24 horas para el próximo jueves para exigir la salida del poder del gobernante Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, en medio de la crisis que vive el país desde abril con saldo de centenares de muertos y detenidos. 

"Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen", dijo en una declaración pública este domingo la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta liga fue creada en octubre pasado y está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.

La huelga ciudadana del próximo jueves es también para exigir la libertad de los "presos políticos y justicia para nuestros hermanos nicaragüenses asesinados por la dictadura", indicó la Unidad opositora. Organismos humanitarios locales calculan en 674 los detenidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas desde abril pasado.  

El régimen reconoce 273 detenidos, que clasifica, en cambio, como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes". Entre los detenidos más conocidos están los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, la comerciante Irlanda Jerez, los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen Slate, el veterano maratonista Alex Vanegas, y los dirigentes universitarios Edwin Carcache, Byron Corea y Christopher Nairobi Olivas. 

El del próximo jueves es el cuarto llamado a un paro nacional en Nicaragua contra Ortega desde que comenzó el conflicto en abril pasado.  El primer paro se convocó el 14 de junio pasado para obligar al régimen a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El segundo fue el 13 de julio pasado para mostrar rechazo a la celebración anual sandinista conocida como "El repliegue"; y el tercero fue el 7 de septiembre para presionar por la libertad de los "reos políticos". La huelga del 7 de septiembre fue convocada por la Alianza Cívica, compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, y que es la contraparte del diálogo nacional con el régimen para superar la crisis, un proceso que está suspendido. 

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el régimen de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos. 

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al régimen de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
 
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".  Las manifestaciones contra Ortega y Murillo se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.

Nicaragüenses en Costa Rica se movilizan para protestar contra el Gobierno de Ortega.


Un grupo de nicaragüenses exiliados en Costa Rica emprendieron la mañana de este domingo una caravana hacia la frontera de Peñas Blancas, como una forma de protesta contra el Gobierno de Nicaragua ante los acontecimientos registrados en el país en las últimas semanas.

La Caravana es organizada por la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua y salió desde San José. Desde la madrugada de este domingo cientos de nicaragüenses exiliados en Costa Rica se reunieron en San José para participar en la caravana.

De acuerdo con un miembro de la Articulación de Movimientos Sociales, el objetivo de esta caravana es visibilizar la crisis humanitaria que viven los nicaragüenses que se encuentran exiliados en este país, demandar justicia por las personas fallecidas en las protestas, exigir libertad de todos los detenidos y denunciar las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país en los últimos ocho meses.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este año más 50,000 nicaragüenses ingresaron a territorio costarricense  de los cuales más de 40,000 solicitaron protección a este país.

Por su parte el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), cifra en 80 mil el número de personas que han abandonado Nicaragua desde abril, cuando estalló la crisis.

Un informe de la CIDH y una investigación del Servicio Jesuita para Migrantes también han revelado que la mayoría de nicaragüenses que huyó del país a raíz de la crisis ante amenazas, persecución y asedio por haber participado en las protestas, son jóvenes y profesionales.

Dichos informes también han revelado que estas personas, quienes la mayoría se encuentran en Costa Rica, están en condiciones precarias. La crisis en Nicaragua inició el pasado 18 de abril y dejado más de 300 muertos, miles de heridos y más de 600 personas encarceladas por participar en las protestas.

Reino Unido y Panamá llaman a Gobierno de Nicaragua retomar el diálogo.


Los gobiernos de Reino Unido y Panamá lamentaron las acciones contra ONG y medios de comunicación independientes en Nicaragua e hicieron un llamado a la reflexión, retomar el diálogo y al respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa.

“Preocupados por anulación de personería jurídica de ONGs nicaragüenses y ataques a los medios independientes. Llamamos al respecto por los derechos humanos, la libertad de expresión y diálogo abierto y transparente”, informó a través de su cuenta de Twitter la embajada de Reino en Nicaragua. 

La Policía de Nicaragua ha allanado y ocupado sedes de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación críticos con el Gobierno en las últimas horas, en medio de la crisis que vive ese país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y detenidos en el marco de manifestaciones antigubernamentales.

Ayer la Unión Europea (UE) aseguró que la decisión de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil supone "un paso más contra el Estado de Derecho".

"Las recientes decisiones de las autoridades de Nicaragua de revocar la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil y periodísticas marcan un paso más contra el Estado de Derecho, las libertades civiles y el respeto por los derechos humanos", declaró en un comunicado la portavoz de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

En un comunicado difundido por la Cancillería panameña, el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela expresó que "lamenta los recientes acontecimientos en Nicaragua, contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales del hermano país".

"Las medidas tomadas son contrarias a reiterados llamados que ha hecho la comunidad internacional, y van en detrimento de los esfuerzos del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), del cual forma parte Panamá, para encontrar una solución pacífica y constitucional a la crisis que enfrenta Nicaragua", indicó la misiva panameña.

Añadió que el "gobierno panameño hace un llamado a la reflexión, al diálogo como solución a la crisis y al más estricto apego a los derechos humanos y la libertad de expresión".

También Nicaragüenses que viven en España solicitaron al Gobierno español que impulse "medidas de condena y sanción" en la política exterior europea contra el ejecutivo de Nicaragua, ante la "nueva ola represiva" que sufre el país.

En un comunicado, el colectivo SOS Nicaragua España condena la ilegalización en los últimos días de varias ONG de derechos humanos y medio ambiente y el registro de varios medios de comunicación en Nicaragua, "en un intento de silenciar voces" contrarias al Gobierno.

El grupo se solidariza con las organizaciones de la sociedad civil y personas "que están siendo objeto de la represión" y subraya que la "nueva escalada de violencia" en el país centroamericano implica mayores retrocesos en los derechos civiles y políticos.

"No podemos olvidar que, desde el 18 de abril, personas han sido asesinadas, más de 4,000 heridas, 600 presos y más de 50,000 han huido del país en busca de asilo", recuerdan. Por ello, SOS Nicaragua España, exige "la dimisión inmediata del Gobierno así como el adelanto de las elecciones.

También, reclama la "restitución inmediata" de la personalidad jurídica de las ONG y de los archivos y equipos de las organizaciones perjudicadas, "así como la liberación de todas las personas detenidas por participar en las protestas.

El colectivo insta "enfáticamente" a las empresas privadas nicaragüenses a que, "de la mano de todas las fuerzas del país", se unan a la huelga ciudadana convocada por el partido Unidad Nacional Azul y Blanco para el próximo 20 de diciembre.

Tanto el Gobierno español como la Unión Europea (UE) han condenado la decisión del ejecutivo de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil y la agresión contra medios de comunicación y periodistas independientes.



Costa Rica alerta "recrudecimiento" de represión en Nicaragua y pide diálogo.


Costa Rica alertó este domingo sobre el "recrudecimiento" del "acoso y la represión" en Nicaragua, y abogó por el respeto y el diálogo para lograr un retorno a la normalidad y la paz en el país, cuya "inestabilidad" afecta "a todos" en la región.

"Costa Rica no puede permanecer en silencio ante el recrudecimiento del acoso, la represión y la persecución hacia personas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, de periodistas y medios de comunicación", dijo la Cancillería costarricense en un comunicado.

En las últimas horas la fuerzas de seguridad nicaragüenses ha allanado y ocupado organizaciones no gubernamentales y medios críticos con el Gobierno de Nicaragua, unas acciones tildadas de ilegales por los afectados y de muy críticas por organismo humanitarios internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense indicó que "la inestabilidad en un país de la región, es algo que nos afecta a todos y por ello, abogamos porque prevalezca un clima de respeto a las libertades y de plena vigencia de los derechos humanos" en la vecina Nicaragua.  Costa Rica ha sido el destino de miles de nicaragüenses que han salido del país debido a la crisis sociopolítica que estalló en desde mediados de abril pasado .

El Gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, se solidarizó este sábado con las personas y organizaciones que sufren acoso, y abogó para que la próxima visita de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuya a "contener la presente ola de represión".

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlado por una mayoría de parlamentarios sandinistas, despojó de la legalidad a nueve Organismos No Gubernamentales en los últimos 15 días, señalados por "haber incumplido gravemente sus obligaciones legales" y sus estatutos, así como haber "desnaturalizado su personería jurídica", "alterar el orden público", "desestabilizar el país" y "afectar la seguridad ciudadana".

Las autoridades nicaragüenses insisten en señalar a estos ONG como parte de un complot de un fallido golpe de estado para derrocar al gobierno.

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