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viernes, 19 de octubre de 2018

CPDH presenta informe preliminar reafirmando a los nicaragüenses que no están solos.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - La Comisión Permanente de Derechos Humanos –CPDH- a seis meses de protestas cívicas, pacificas del pueblo de Nicaragua brindo un informe preliminar.

Previo a la lectura de este informe preliminar de la CPDH su Secretario Ejecutivo Marcos Carmona, continua condenando los atropellos, agresiones, de las que son victimas los hombres, mujeres de prensa, especialmente el periodista  Héctor Rosales del canal 14, lo cual es un hecho condenable, repudiable, en la que los periodistas siguen siendo amenazados, reprimidos, acosados, agredidos, por el hecho de brindar información al pueblo de Nicaragua.

“Una vez mas la CPDH pone en evidencia, del conocimiento publico, los graves atropellos, abusos en contra de los nicaragüenses, por parte del régimen Ortega-Murillo, que han ocurrido a lo largo de los últimos seis meses en este país” afirmo Carmona.

En su informe Preliminar la CPDH contabiliza más de 3222 muertes, por causas directamente relacionadas con las protestas, de parte del gobierno a través de la policía, secundados por sus grupos paramilitares.

Entre las muertes destacan, 5 niños, 27 adolescentes, 13 mujeres, el 48 por ciento de estos muertos, son jóvenes entre 18, 30 años de edad, en los que el 27 por ciento eran estudiantes universitarios, otros de secundaria, 30 por ciento miembros de la policía.

Entre los niños, niñas fallecidos se encuentran los niños que fueron quemados vivos junto con sus padres el 16 de julio de 2018, hecho conocido por todos los nicaragüenses.

“Este hecho condenable se dio por el hecho de que la familia afectada se negó a prestar su casa para el posicionamiento de francotiradores en la terraza de su domicilio” señala Carmona en la lectura de este informe preliminar.

Entre las principales causas de las muertes se encuentran lesiones en la cabeza, tórax, abdomen, el 62 por ciento, de las heridas fueron ocasionadas por armas de fuego, directamente al tórax, al igual que en la cabeza, el 8 por ciento al abdomen, eso sin contar que este numero de porcentaje de personas que murieron por la misma causa, pero, cabe destacar que la CPDH no cuenta con las dictámenes médicos forenses, en donde se determina el área de los cuerpos lesionados.

CPDH a la fecha actual tiene más de 2800 denuncias, recibidas desde el 18 de abril, al 18 de octubre, el 49 por ciento de estas denuncias, son relacionadas con amenazas de muerte, asedio, agresión, así como el 27 por ciento de detenciones ilegales.
    
“Todo esto refleja el estado de terror, intimidación, ejercida por el gobierno, las instituciones publicas, en conjunto con los operadores políticos del gobierno de Nicaragua” señala el informe preliminar de la CPDH.

El informe preliminar de este organismo defensor de derechos humanos señala que las amenazas vulneran la vida, por lo que las denuncias han llegado por diversas vías, agregando que los grupos afines al gobiernos, con sus operadores políticos,  a través de las redes sociales, han creado perfiles en Facebook que resultan falsos, a través de los cuales realizan una serie de actos de intimidación, con amenazas.

“Se ha atentado en contra del derecho a la vida la CPDH presenta familias que han denunciado las muertes de sus parientes, en las que existen denuncias de muertes de familias completas, de las seis personas muertas dos son niños, también tenemos otras denuncias que hemos recibido por desapariciones, también destacamos un poco que los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal, las familias no conforme con las investigaciones realizadas, ni con la actuación policial, ni con los dictámenes del Ministerio Publico, hacen efectivas las denuncias en esta institución” señala el informe preliminar de la CPDH.

La CPDH ha venido señalando que el derecho a la libertad, es un derecho que ha sido reprimido, que ha sido coartado, la ilegalidad en que se han realizado las detenciones, las amenazas de detención, acoso policial, a las personas que se manifiestan de manera pacifica, en contra del gobierno, son de las otras situaciones de la represión, que privan al derecho de la libertad.

Las denuncias constantes de las violaciones a los derechos humanos corresponden a un total de n 29 por ciento a las denuncias recibidas, por la CPDH.
También destaca el informe preliminar de la CPDH que entre estas denuncias un 2 por ciento corresponde a causas de agresión, acoso, al igual que detenciones forzadas temporalmente.

La CPDH también llevaba un registro en el que se contabilizan mas de mil 600 personas detenidas ilegalmente, en el contexto de crisis que actualmente se vive en el país, actualmente existen unas 300 personas detenidas que están siendo procesadas, unas 660 personas que están detenidas en las cárceles de auxilio judicial, otras que están detenidas en las cárceles, de los departamentos del país, que no han sido puestas a las ordenes del juez competente.

La CPDH destaca los despidos masivos, que se han dado en las diferentes instituciones del estado, en donde contabilizamos más de 350 despidos, entre los que destacan los despidos en el MINSA, en el Ministerio de Educación, Corte Suprema de Justicia, ENACAL, Alcaldía de Managua, Radio Nicaragua, MTI, entre otros.

De estos despidos la CPDH lleva 118 procesos laborales, en los cuales solicitamos el reintegro de todas estas personas despedidas, también como CPDH, están trabajando por la liberación de los presos políticos.

“En las denuncias que seguimos recibiendo a diario, también en lo que refiere al asedio, la persecución, esta oficina esta  recibiendo muchas denuncias, por detenciones ilegales, al igual que practicas de torturas, que se han venido recibiendo a lo largo de estos últimos seis meses de este año, torturas como son la aplicación de choques eléctricos, en algunas partes del cuerpo de los afectados, técnicas de ahogamiento, colocación de las personas en posiciones en las que sus músculos se entumecen, introducción de objetos en el ano de las personas, provocación de heridas con armas corto punzante,  lesiones corporales como son las extracciones de uñas, violación, abusos sexuales, en el caso de las mujeres, al igual que amenazas de muertes en contra de las personas, al igual que a sus familias” señala este informe preliminar de la CPDH.

La CPDH, va a seguir haciendo su trabajo, de recibir  las denuncias, pero también van a seguir denunciando estas violaciones de los derechos humanos a la población nicaragüense a nivel internacional.

La CPDH, en su informe preliminar informa que en la próxima semana, su Secretario Ejecutivo Marcos Carmona, acompañado de personal de este organismo defensor de derechos humanos viajaran a Costa Rica, para constatar in situ la situación de los nicaragüenses que se sabe pasan una situación difícil, una situación en donde se quiere ver de que manera puede contribuir con el gobierno de Costa Rica, al igual con empresarios de la vecina del sur, que puedan facilitar su solidaridad con nuestros compatriotas, que suman mas de 23 mil nicaragüenses refugiados en Costa Rica.

En Nicaragua existen más de 600 personas detenidas por razones políticas.
En la continuación del informe preliminar de la Comisión Permanente de Derechos Humanos –CPDH- el doctor Julio Montenegro, asesor jurídico de este organismo defensor de derechos humanos, confirma la existencia de más de 600 personas que guardan prisión por razones políticas.

“De esas mas de 600 personas detenidas por asuntos políticos, un poco mas de 300 están siendo sujetos de procesos judiciales, de esas un poco mas de 300 personas que están siendo objeto de procesos judiciales, la CPDH lleva aproximadamente 170 casos, que corresponde a un poco mas de el 50 por ciento, teniendo en perspectiva asumir otros casos, de los que tienen información, a los que también se les esta dando seguimiento, unos 20 casos mas” señala el asesor jurídico de la CPDH, doctor Julio Montenegro.

El doctor Montenegro refiere que de acuerdo a información de la página web del poder judicial, nos suman que la CPDH tiene el 90 por ciento de la defensa de los casos de las personas procesadas, que nosotros calificamos de reos políticos, esto en base a las estadísticas que ellos manejan de causas políticas.

El asesor jurídico de la CPDH, señala que estas personas procesadas, andan por el rango de más de 200 personas, sin embargo las cifras indican que efectivamente ellos tienen, más de 600 ciudadanos procesados, simplemente por el hecho de criminalizar las protestas.

“Por supuesto que todos, al igual que cada uno de los casos, en un cien por ciento, son acusados de terrorismo, precepto penal que no encaja de manera definitiva, en lo que son los hechos por los que son supuestamente acusados los procesados, porque las imputaciones que hace la fiscalía en estos casos, es de que los acusados se encontraban en tranques, que permanecían en estos, o que prestaban algún tipo de facilidades, a las personas que se encontraban en los tranques” señala el asesor jurídico de la CPDH.

El doctor Julio Montenegro refiere que la protesta cívica, pacifica, es vista como un acto delincuencial, eso fácilmente ellos lo pueden denotar, al ser detenidos por ello cerca de 38 ciudadanos en las cercanías del supermercado LA Colonia, en el Camino de Oriente el pasado domingo.

Por su parte la relacionista publica de la CPDH, también abogada de este organismo defensor de derechos humanos, Karla Herrera, afirma que han interpuesto algo mas de mil 300 recursos de exhibición personal.

“El grueso de estos recursos de exhibición personal, en donde estamos halado de que se nombran jueces ejecutores, en donde, casi todos ellos se señala que estos no se encuentran en el país, o no quieren, o aducen ser parte del estado, negándose a cumplir este mandato emitido por el tribunal de apelaciones, con lo que se denota que simplemente no quieren cumplir con sus atribuciones” critica la relacionista publica de la CPDH.

Karla Romero, señala que esta actitud de los jueces ejecutores es una acción desgastante de parte de las autoridades judiciales, cuando estos es conocido por todos que desde el año pasado, se puso un  registro de actualización de cada uno de los abogados, jueces ejecutores, por lo tanto el tribunal de apelaciones sabe exactamente cuales son los abogados que están vivos, que se encuentran en el país, -por que hasta abogados muertos han designado.

El tribunal de apelaciones sabe exactamente que abogados que fungen como jueces ejecutores se encuentran en el territorio nacional, al igual que sus direcciones exactas” critica Romero. 
  
El Secretario Ejecutivo de la CPDH Licenciado Marcos Carmona, finaliza la presentación del informe Preliminar, afirmando al pueblo de Nicaragua, que en esta lucha pacifica, cívica, siguen firmes en decirles que no están solos.

“Aunque que nos asedien, nos amenacen, en la CPDH vamos a seguir defendiendo, al igual que protegiendo los derechos humanos de todos los nicaragüenses, desde ahora le decimos a esta policía represora, a esta fiscalía terrorista, al igual que a estos jueces corruptos que los que están procesando a nuestros compatriotas que la justicia tarde o temprano va a llegar, confirmamos que la CPDH si esta levantando lista de estos jueces que están violentando los derechos humanos de los nicaragüenses”. Advierte el Secretario Ejecutivo de la CPDH Marcos Carmona.


Sin solución Política a la crisis que vive el país la contracción económica seguirá en ascenso.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN-  Leonardo Labarca especialista en presupuestos públicos, del Instituto de Estudios Estratégicos Políticas Publicas –IEEPP-  refiere hipotéticamente respecto a como se utilizaría el presupuesto General de la República 2019, en este contexto de crisis social-político en  que se encentra inmerso el país.


“Este año 2018, ha sido un año difícil, que ha repercutido enormemente en la economía nacional, en las diferentes políticas económicas del país, en donde se dan nuevos datos, respecto como esta distribuyendo su gasto el gobierno para el próximo año 2019” indica Labarca.


El economista del IEEPP, dice que ellos cuando llego la reforma al  presupuesto general de la república (2018) nos quedamos sorprendidos porque el recorte que el gobierno estaba haciendo sobre en todo en los ingresos totales, avizoraban que podía haber una contracción económica bastante fuerte, en ese momento el gobierno planteaba de que la economía iba a crecer todavía  en un 1 por ciento eso fue en julio, cuando llego la propuesta de reforma al presupuesto, a finales de agosto que planteaba eso mismo, que iba a crecer en un 1 por ciento.

“Sin embargo ahora estamos viendo en el presupuesto para el 2019, que el gobierno oficialmente, admite que la economía va a contraerse en un 4 por ciento, lo cual nosotros en el IEEPP habíamos vislumbrado esa contracción de un 4 por ciento” advierte Labarca.

“Otras organizaciones, otros economistas, también estaban mencionando eso, incluso el Fondo Monetario Internacional –FMI- el Banco Mundial -BM-  planteaban en un 4 por ciento de contracción en la economía del país, entonces el gobierno en esta propuesta de presupuesto plantea esto, pero además planea que para el año 2019, la economía va a seguir decreciendo en al menos un 1 por ciento mas, que hasta el año 2020, posiblemente vuelva a tener una etapa de crecimiento en 1 por ciento, en el 2021 un 2 por ciento o quizás de un 3 por ciento” explica Labarca.

El funcionario del IEEPP aclara que este crecimiento gradual se daría solo si se resuelven los problemas políticos por los que atraviesa el país.

“Lo que se estuvo observando en años anteriores era un crecimiento en cierta medida robusto, en al menos un 4.9 por ciento –en los últimos cinco años- esto sin embargo no se miraba tanto en la reducción de la pobreza, si bien es cierto, se pudo reducir según cifras del gobierno, además de FIDEG, la desigualdad aun era notoriamente grande” advierte el economista.

Labarca señala que los efectos de envergadura visibles de este crecimiento económico, se quedaban en las capas altas de los ingresos del  país.

“Insisto que nosotros creemos va a ser difícil crecer, el mismo gobierno lo admite va a ser difícil volver a crecer, de la misma manera que se había hecho antes, pero  que de tomarse las medidas necesarias, es decir que se le devuelva la confianza al inversionista, al consumidor, a la misma población en general, eliminando la inseguridad e incertidumbre que campea en el país, puede ser que vuelva a crecer la economía” puntualiza el especialista en presupuestos públicos del IEEPP.

Para Labarca, el tipo de medidas como lo que pasaba con los toma tierras, la incertidumbre de las políticas económicas que pueda adoptar el gobierno son algo que no le terminan de regresar la confianza a los inversionistas, muchas inversiones este año han quedado paralizadas, no se sabe si el próximo año se van a reactiva, repito existe mucha incertidumbre, por tanto el inversionista no tiene la confianza para venir a poner su dinero en Nicaragua, advierte.

“Por el contrario se ha visto la salida de muchos recursos, mucho dinero, hacia afuera del país, eso es un reflejo de la desconfianza que existe con la economía de Nicaragua, por lo tanto, es difícil se vuelva a la etapa en que estábamos el pasado 18 de abril” puntualiza el especialista en presupuestos públicos del IEEPP.

Labarca dijo esperar que el gobierno, no estatice las empresas, agregando esperar que mas bien el gobierno, debe hacer todo lo posible para devolver la confianza a los inversionistas, porque aplicando propuestas para resolver los problemas económicos, sin resolver los problemas políticos, sociales, que aquejan a la sociedad nicaragüense, va a ser bien difícil que se resuelvan los problemas económicos.

“Entre estos  casos de problemas políticos sociales, esta el del seguro social, esta también el caso de una posible reforma tributaria,  que de aplicarse esta va a generar posiblemente un gran descontento en la población, en los empresarios, las medidas que vendrían en contra del INSS van a ser medidas bien duras, porque si se quiere sanar la seguridad social a lo inmediato, se tendrán que tomar medidas de aumento de la edad a los cotizantes, el numero de cotizaciones, el aporte patronal, el aporte del trabajador, entonces no van ser medidas populares.

“Las medidas para rescatar la seguridad social del país deben ser medidas consensuadas, con un verdadero modelo de discusión en torno a este tema, con todos los actores de la sociedad nicaragüense” advierte el experto en presupuestos públicos, del IEEPP.

Labarca, reitera que el gobierno para este año plasma una nueva reducción en el presupuesto general de la república 2019, en donde en alrededor de un diez por ciento, se redujeron los ingresos, en un 6 por ciento aproximadamente se redujeron los gastos, lo que paso es que el gobierno tuvo que recortar recursos externos, de financiamiento externo, obviamente los recursos vía impuestos,  por la crisis económica, que se estaba gestando, en ese entonces-año 2018- en el país, al reducirse esas fuentes de financiamientos, el gobierno opta por aumentar la fuente de financiamiento interno que seria la emisión de deuda interna.

“Para este año nuevamente el gobierno vuelve a aplicar recortes,  en los ingresos, en donde se observa una reducción de un 4.9 por ciento, respecto a lo que se modifico en la reforma presupuestaria que se aprobó en septiembre, sin embargo el gobierno pese a realizar ese recorte, ellos esperan aun mas, un recorte para este año de 3 mil millones de córdobas, menos de percibir, ellos se planteaban ingresos 73 mil 300 diez millones de córdobas, para el año 2018, con la reforma, sin embargo en esta propuesta de presupuesto -2019- es que mas bien se van a percibir alrededor de 69 mil 400 millones de córdobas, es decir aun mas, un 5.4 por ciento lo que habían avizorado en la reforma presupuestaria, explica el experto en presupuestos públicos del IEEPP.

Leonardo Labarca, reitera que el factor de inseguridad de desconfianza en los inversionistas, en la población, el consumidor, las campañas que existen de presión social hacia el gobierno, para que retorne a la mesa del dialogo, como campañas para tratar de consumir lo menos posible, lo básico, entonces eso sumado a todo el desempleo existente en la población, algo que no se puede ignorar, lo que genera que muchas personas retornen a una posición de pobreza.

“Todo esto genera repercusiones en los ingresos que va atener el gobierno, los ingresos tienen una reducción nuevamente, también los gastos sufren una reducción de un 1.5 por ciento esto obviamente afecta al grueso de las instituciones publicas” explica el experto en presupuestos públicos.

Labarca advierte al señalar que los ingresos por donaciones, están reduciéndose en un 27 por ciento, es decir existen algunos programas que terminaron, oros que no se van a renovar.

“Por ejemplo, el país donante, Holanda, que vimos que no van a dar mas dinero para las obras que se estaban realizando, como por ejemplo las de un hospital en la costa Caribe, eso esta repercutiendo en ese aspecto de las donaciones, al igual que el financiamiento externo, se esta reduciendo en un 4.7 por ciento, por su parte el financiamiento interno, que tiene que ver con ocupar los instrumentos que tenga el gobierno, para financiar de forma interna, el gasto esta teniendo un aumento de un 293 por ciento es decir que por primera vez en muchos años el gobierno esta utilizando en gran parte recursos internos netos del país” advierte el experto en presupuestos públicos. 

Labarca, recuerda que con anterioridad el gobierno utilizaba mas recursos externos, pero ante la enorme dificultad que tendrá el gobierno en obtener nuevos prestamos, sobre todo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- eso va a crear tenga que buscar otras fuentes de financiamiento, por lo que tendría que recurrir al financiamiento interno, que es mucho mas caro, que el financiamiento externo.

“El experto en presupuestos públicos del IEEPP, se refiere al impacto económico que dejan a la economía los paros nacionales, recordando el señalamiento que hizo el FUNIDES respecto a ello, en donde se afirma que se perdían alrededor de 500 millones de dólares, si no me equivoco, recordemos que el paro nacional es una medida de presión, no para que el gobierno salga, sino mas bien para lograr la posibilidad del que este retorne a la mesa del dialogo nacional e implemente medidas que eliminen esta crisis” puntualiza Labarca.

Para el experto en presupuestos públicos del IEEP una de estas medidas que debería implementar el gobierno es poner en libertad a todos los reos políticos, lo que resulta necesario, por la existencia de mucho descontento en la sociedad nicaragüense, porque lo que necesita la población es que se le devuelva la confianza aunque sea un poquito, volviendo a consumir lo que antes consumían, a confiar  en pagar sus impuestos, porque aquí es posible, que se este dando la actitud de eludir el pago de los impuestos, e incluso evadirlos también.

“Todo eso esta repercutiendo, en los niveles tan bajos de acopiar sus ingresos, para el gobierno,  para hacerle frente a los gastos que tienen  en sus obras de infraestructuras, de salud, educación, entonces, vemos que esta crisis socio política, esta en  todas las aristas de los sectores de la sociedad nicaragüense” advierte Labarca.

El experto en presupuestos públicos del IEEP, admite que la desobediencia tributaria que se estaría dando, ha tenido sus repercusiones negativas en el gobierno, para la consecución de sus ingresos, como en efecto también el gobierno, necesita ser mucho mas transparente de lo que fue en el pasado, que había un cierto nivel de transparencia, por cierto bastante limitado, pero el gobierno debe informar en donde esta invirtiendo el dinero, tantos recursos de los que se desconoce su utilización.

“Vemos tantas camionetas que esta utilizando la policía, que no son recursos de la policía, porque no están rotuladas como patrullas policiales, las personas que están permanentemente en las rotondas, las paga el partido de gobierno, el frente sandinista, gastos que se pagan con recursos del ALBA, o pagadas por las mismas instituciones publicas, eso no puede haber forma de saberlo, porque no existe una auditoria, auditorias que no son publicadas, o pasaran años para que sean publicadas, con lo que seria posible saber si fueron utilizados los recursos de los nicaragüenses, en toda esta represión, financiando todas estas marchas que organiza el gobierno, en definitiva no sabemos de donde sale todo ese dinero, pero en el imaginario del pueblo, se sabe de donde salen todos esos recursos” puntualiza Labarca.

Labarca, no cree que la Contraloría General de la República, tome carta en el asunto de estos gastos del gobierno, para financiar la represión, porque aquí las instituciones están descartadas para sus funciones, están dirigidas por el ejecutivo, no existe ninguna independencia real en ninguna de las instituciones  del estado, que deberían ser autónomas, en el caso de la contraloría debería auditar estos gastos, en donde ni siquiera se pronuncia al respecto.

El experto en presupuestos públicos del IEEPP, admite no estar en capacidad informar sobre la situación de utilización de los presupuestos municipales –alcaldías- por no poderse monitorear, porque a partir del estallido social de abril, se dejo de publicar en la pagina web TRASMUNIC, toda la información referente al destino de los fondos de las alcaldías municipales del país.

“solo sabemos los montos totales, al igual que la inversión anual, el nivel de ejecución de los gastos pero no se puede ver los detalles, no sabemos que paso, porque dejo de publicarse esta información, respecto a la ejecución de fondos de las alcaldías municipales” advierte Labarca.

El experto en presupuestos públicos del IEEPP, revela que los recortes presupuestarios, para este año a las alcaldías municipales fueron bien parejos, no fue como el año pasado que a algunas alcaldías que cambiaron de gobierno, de partidos políticos, como por ejemplo Wiwili, Jinotega, alrededor de ocho alcaldías que cambiaron sus transferencias, a gusto, mas el antojo de la comisión de transferencia de la Asamblea Nacional, a las alcaldías que llegaron con aumento en sus partidas de transferencias, a la hora de aprobarse, fueron recortadas. 

Labarca, señala que el IEEPP ha identificado que el grueso de las instituciones publicas del país, sufrieron reducciones en su presupuesto, solo existen cinco instituciones que no sufrieron reducciones en su presupuesto, instituciones que son el Ministerio de Educación, a la que se le dio un incremento de 998 millones de córdobas es decir un 7. 4 por ciento respecto a lo modificado en el 2018, luego esta el Ministerio de Gobernación que goza, de un aumento de 108 millones de córdobas, luego el Ministerio de Defensa, finalmente la policía con un aumento de 4 millones de córdobas.

“Llama la atención el incremento al Ministerio de Defensa, porque en la reforma se le aumentó su presupuesto en 144 millones de córdobas, cuando la policía esta vez solo  obtuvo un incremento de 4 millones de córdobas, con ello el Ministerio de Defensa obtiene un incremento en su presupuesto de 20.8 millones de córdobas” puntualiza Labarca.
  
Labarca señala que el recorte más importante se da en el Ministerio de Transporte e Infraestructura –MTI- reducción de  920 millones de córdobas menos respecto a lo modificado, finaliza afirmando el experto en presupuestos públicos, del IEEPP.

Seguimos trabajando fuere pese a las acusaciones falsas del gobierno en contra de nuestro director Félix Maradiaga, afirma el departamento de comunicación del IEEPP.
Reina Vallecillo relacionista pública del IEEPP, afirma que esta organización de la sociedad civil, sigue trabajando arduamente, pese a las acusaciones falsas que el régimen Ortega-Murillo a fabricado en contra de su director Félix Maradiaga.

“Precisamente, bajo la premisa de esas acusaciones falsas fue que la policía llego a allanar nuestras oficinas, en el allanamiento se llevaron documentos contables, lo que significan años de trabajo hasta este año 2018, tambien revisaron cuidadosamente la oficina de nuestro director, incluso se llevaron algunos equipos, entre los que están computadoras, “señala Reina Vallecillo.

La relacionista publica del IEEPP  destaca que este allanamiento fue previamente anunciado, no fue un allanamiento violento, como el que sufrió Cinco, mas bien fue ordenado, con orden judicial, por eso cooperamos con las autoridades, tal como siempre lo hemos venido haciendo.

“Seguimos trabajando, pese a que muchas personas creen que no lo estamos haciendo, como consecuencia del allanamiento, pero tenemos compromisos con los donantes que nos están requiriendo información sobre los trabajos que desarrollamos” señala la relacionista publica del IEEPP.

“No existen pruebas de ninguna índole que el IEEPP, o su director estén inmiscuidos ni con el narcotráfico, ni con el trafico ilegal de armas o el terrorismo, que es una acusación totalmente falsa, porque estamos inmersos a favor de la democracia, de la libertad de pensamiento, además que generamos pensamientos, que el gobierno debiera tener esa responsabilidad de promover información, por ejemplo del presupuesto general de la república, información a la que estamos ahora avocado en brindar a la población, señala la relacionista publica del IEEPP.  

Reina Vallecillo, afirma que el IEEPP no tiene nada, absolutamente nada que ocultar, que toda la información, todos los registros de esta organización de la sociedad civil, desde el día de su fundación, la tiene en su poder el Ministerio de Gobernación

“El Ministerio de Gobernación tiene conocimiento de los programas que implementamos, los montos de las donaciones que recibimos, hemos realizado nuestras auditorias, estamos al día con todo, por eso es que estamos 15 años de trabajar en este país, al igual que en Centroamérica” finaliza afirmando Reina Vallecillo relacionista publica del IEEPP en el transcurso de su participación en el programa radial, Impacto 540 bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera.


jueves, 18 de octubre de 2018

Amnistía Internacional atribuye a la policía de Nicaragua posibles asesinatos de varios opositores del Gobierno.


No solo los grupos armados progubernamentales. Las fuerzas policiales de Nicaragua también han cometido posibles ejecuciones extrajudiciales.  Esa es una de las principales conclusiones que Amnistía Internacional (AI) ha presentado en un nuevo informe hecho público este jueves en Madrid. 

La ONG de Derechos Humanos también denuncia en el documento que se ha estrechado la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos parapoliciales para poner fin a las protestas de opositores en Nicaragua. 

Las turbas antidisturbios que antes operaban por su cuenta actúan ahora en coordinación con las fuerzas de seguridad.

El informe, de 56 páginas, es el segundo que elabora la ONG sobre la violencia en el país centroamericano desde que el pasado 18 de abril se produjeran las primeras protestas con motivo del impopular recorte de las pensiones aprobado por el Ejecutivo de Daniel Ortega, y que pronto derivaron en un pulso a la continuidad en el poder del presidente. 

Más de 320 personas han fallecido tras casi medio año de enfrentamientos. Las ONG denuncian que aproximadamente 300 personas han sido encarceladas de forma ilegal y más de 20.000 nicaragüenses se han refugiado de la violencia en la vecina Costa Rica.

En el primer informe presentado el pasado junio la organización ya alertaba de posibles ejecuciones extrajudiciales en los enfrentamientos de manifestantes con fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales. Pero con el documento presentado este jueves, que analiza la violencia entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre, la ONG da un paso más allá al asegurar que cuenta con evidencias que responsabilizan directamente a la policía del asesinato de al menos tres manifestantes. 

Leyting Ezequiel Chavarría Pérez, de 16 años, Bryan Odoniel Picado Blandón, de 22, y Benito Rodríguez González, de 34, fallecieron bajo arma de fuego en la madrugada del 24 de julio en la localidad de Jinotega —a unos 150 kilómetros al norte de Managua— cuando huían de la policía y de grupos progubernamentales armados.

Amnistía afirma que los tres hombres fueron ejecutados por policías nacionales antimotines. La organización basa su acusación en testimonios, vídeos y audios que asegura haber recabado. Chavarría fue disparado a escasa distancia, y junto a su cadáver se halló un tirachinas, según el relato de la ONG.

AI sugiere también que las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos fundamentales no han sido prácticas puntuales de la policía y los grupos armados progubernamentales, sino que se han producido "posiblemente bajo el orden y control de las altas autoridades nicaragüenses". 

Además de las ONG, la ONU también ha denunciado ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. El informe también recoge que "una minoría de manifestantes" ha atacado a fuerzas policiales y simpatizantes de Ortega y "en ocasiones aisladas" causado su muerte.

El Gobierno de Nicaragua y la oposición, conformada por importantes grupos de estudiantes, la patronal y la Iglesia, fracasaron en un primer intento de diálogo iniciado en mayo y que descarriló dos meses después debido a la negativa del presidente a convocar elecciones. Desde entonces las conversaciones se han estancado, Ortega ha declarado las protestas ilegales y aunque ha disminuido el número de víctimas mortales en los enfrentamientos de las últimas semanas, la situación política en el país continúa siendo frágil.

El policía Faber López advirtió a sus familiares por teléfono de que la conversación que mantenían el pasado 7 de julio podía ser la última. López era crítico con la actuación de las fuerzas de seguridad y había solicitado abandonar el cuerpo al que pertenecía, la policía antimotines. Los superiores del cuerpo habían rechazado la petición. "Si no llamo mañana, es que me han matado", les dijo a sus familiares.
Un día después, el trágico augurio se cumplió y la familia de López recibió la notificación de que el cadáver del policía, de 23 años, se encontraba en el Instituto de Medicina Legal. 

La autopsia oficial aseguró que López murió bajo fuego opositor en la ciudad de Diriamba —40 kilómetros al sur de la capital—, aunque la familia asegura, según el relato de la ONG, que una segunda evaluación independiente concluyó que en el cadáver no había restos de armas de fuego, sino múltiples signos de tortura. Creen que debido a la decisión de abandonar el cuerpo de policía, López fue primero torturado y después asesinado.

AI asegura que solo en los meses de junio y julio ha documentado 12 casos de tortura.
La ONG denuncia en el informe que los levantamientos de cadáveres y las autopsias no son realizados "de acuerdo con las diligencias mínimas e indispensables". 

En particular, la organización denuncia que de las seis posibles ejecuciones extrajudiciales que ha detectado, en tres casos el levantamiento del cadáver "no se realizó conforme a las directrices mínimas del estándar internacional". El informe apunta también que en cinco de los seis posibles asesinatos documentados o no se realizó la autopsia o se hizo de manera deficiente.

Amnistía Internacional (AI) espera que el Gobierno español no vuelva a mandar armas a Nicaragua, después de que enviara en 2010 y 2016 material antidisturbios que "ha podido ser utilizado durante la represión" de las protestas ciudadanas que comenzaron hace seis meses contra el gobierno.

"Parece que hay el compromiso del Gobierno (español) de no volver a enviar armas, esperemos que esto sea así", dijo hoy el director de AI España, Esteban Beltrán, en la presentación de un informe de la organización sobre "violaciones de derechos humanos" durante esas manifestaciones.

El activista pidió al Ejecutivo español que contribuya a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convoque a una sesión especial sobre Nicaragua, de la que salga una propuesta para constituir una comisión internacional de investigación.

También instó a la comunidad internacional a permanecer vigilante y exigente con las obligaciones del Estado nicaragüense sobre derechos humanos y no consolide la "estrategia de la represión" de las autoridades nicaragüenses. Beltrán pidió que los gobiernos de otros países den "protección" a los nicaragüenses que están huyendo al extranjero.

AI se propone entregar mañana 20,000 firmas en la embajada de Nicaragua en Madrid para que el gobierno nicaragüense garantice y respete las libertades e investigue los casos de "violaciones graves de derechos humanos".

Según la organización, algunas de esas violaciones se han cometido con conocimiento de las "más altas autoridades del Estado", y también, en muchas ocasiones, "bajo su orden y control".

Consta así en el informe "Sembrando el terror", presentado en Madrid, que documenta 25 casos ocurridos ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.

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