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martes, 22 de mayo de 2018

Luis Almagro, duda en criticar a Daniel Ortega.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, evitó responder preguntas sobre si en Nicaragua existe o no una dictadura, y afirmó que el camino para la solución del conflicto en el país es a través de elecciones “transparentes, justas y adecuadas”.

Almagro fue uno de los panelistas en el evento “Cómo Restaurar la Dignidad, Democracia y Desarrollo en Nicaragua”, efectuado en la Universidad George Washington, en Washington DC, donde le preguntaron si no bastaba con un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el país para cambiar su postura con respecto al Gobierno.
Félix Maradiaga, director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), radicado en Managua, y el teólogo Thomas Joseph White fueron los otros dos panelistas.
Maradiaga resumió los crímenes contra manifestantes pacíficos, que demandan la salida del poder de Ortega. El director del Ieepp solicitó a Almagro que active su vocación democrática también en Nicaragua, dado las diferencias con la postura firme de la organización en casos como Honduras y Venezuela.
“Los nicaragüenses no le estamos pidiendo a nadie que se construya la democracia con intervención internacional, lo queremos hacer con nuestras propias manos, pero también queremos que no estorben, si no nos van a ayudar que no estorben. Hoy el presidente Ortega dijo que quiere que la OEA ayude y que active un proceso de una conversación que básicamente fue una burla.”
“No queremos volver a escuchar comunicados como el que validó las elecciones (municipales) fraudulentas del año pasado, y queremos señor Almagro, que su vocación democrática altamente demostrada, y que en mi caso no pongo en duda, se active para Nicaragua”, solicitó Maradiaga.
El secretario general de la OEA dijo que en Nicaragua existe una polarización y, a su juicio, lo correcto es devolverle la decisión al pueblo a través de un proceso electoral transparente, justo y adecuado.
“No existen condiciones para ese proceso, tenemos que hacer por lo menos un proceso de implementación de cada una de las recomendaciones de la misión de observación electoral en las pasadas elecciones municipales (en 2017) que dio la misión electoral de la OEA”, dijo Almagro.
“Lo que he sentido en este tiempo es que la democracia en Nicaragua no tiene que ser solo protegida del Gobierno, también de otros actores. Hay actores de la oposición que definitivamente no tienen respeto por nada, tenemos que defender esa democracia de todos”, sostuvo.

El funcionario de la OEA se defendió frente a los señalamientos. “No es cierto que no hemos condenado, hemos condenado los asesinatos, la violencia represiva, hemos pedido la visita a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para justamente conocer el informe, entonces hasta el punto donde podemos llegar hemos llegado. El martes se nos solicita más por parte de cualquiera, sea la Conferencia Episcopal, sectores políticos de la oposición, pero alguien tiene que darnos un marco de participación”, dijo.

Uno de los asistentes lo llamó cómplice de Ortega, a lo que respondió: “Soy cómplice por exigir un proceso electoral transparente y justo, lo que ustedes quieren es que sea un proceso electoral ni transparente ni justo, lo que ustedes quieren son variables antidemocráticas también para sacarse de encima a Daniel Ortega, ese no es un camino que vamos avalar. Lo siento mucho”.

“Nicaragua ante la presidencia perpetua”.


Por Edmundo Jarquín / En el primer trimestre de 2017 publiqué en Foreign Affairs Latinoamérica el artículo “Nicaragua ante la presidencia perpetua”, en el que narro cómo el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había sido reelegido por 5 años más en noviembre de 2016. Y el caso de Nicaragua así lucía, a perpetuidad.

Lo era desde el punto de vista jurídico, pues Ortega, con base en los resultados electorales de 2011 (que le dieron una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, como producto de unas elecciones con tal magnitud de irregularidades y de violencia gubernamental que, según la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, los resultados “fue imposible verificar”) había reformado la Constitución Política permitiendo la reelección indefinida y, con base en la misma reforma, había puesto a su esposa de Vicepresidenta para el período de 2017 a 2021, en un claro mensaje de establecimiento de una dinastía autoritaria familiar, como lo menciono en Régimen de Ortega. 

¿Una nueva dictadura familiar en el continente?.

El tema no era solamente de viabilidad jurídica. Abonaban en favor de la duración indefinida de Ortega otros factores de naturaleza política, económica y social, que se traducían en una aparente legitimidad política de un régimen de estabilidad autoritaria.

Al empezar su gobierno en enero de 2017, Ortega ofreció a los empresarios una suerte de alianza “público-privada”, y así se constitucionalizó en la reforma mencionada, que permitió una política de diálogo y de consenso entre el gobierno y los gremios empresariales que convirtió a la Asamblea Nacional en una suerte de simple rubricadora legal de lo acordado entre gobierno y gremios.

Aunque estos gremios tenían una agenda técnica-económica y otra institucional-democrática, la dinámica de la primera agenda fue postergando, hasta apagarse, a la segunda, en beneficio de la perpetuidad de Ortega.

Mientras tanto el Presidente, con fondos de la privatizada cooperación petrolera venezolana (que en algunos años llegó a representar casi el 7% del PIB) avanzaba en la compra de medios de comunicación, en especial televisivos y radiales, impedía procesos electorales democráticos con fraudes e irregularidades en las elecciones, y reprimía con violencia los menguados focos de oposición que subsistían.

La perfecta estabilidad represiva, se suponía, porque a la vez satisfacía dos preocupaciones de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos: migración y lucha contra el narcotráfico.

Antes que el presidente estadounidense Donald Trump hablara de construir un muro entre México y su país, Ortega había establecido un muro militar casi infranqueable entre Costa Rica y Nicaragua para impedir la migración de cubanos, haitianos, sudamericanos y africanos hacia Estados Unidos.

Así atendía una demanda del gobierno estadounidense, facilitada por el hecho de que el grueso de la emigración nicaragüense, tan importante como los países que están al norte de Centroamérica, es fundamentalmente hacia Costa Rica y Panamá (la emigración de Nicaragua hacia Estados Unidos es únicamente entre el 5% y el 10% de la de países como El Salvador, Guatemala y Honduras).

A su vez, durante la década de gobierno de Ortega, Nicaragua mantuvo y ligeramente elevó las tasas de crecimiento económico, que han sido las más altas de Centroamérica si se exceptúa a Panamá (entre 2006 y 2017 Costa Rica ha crecido a una tasa promedio del 3.9%; El Salvador, 1.6%; Guatemala, 3.4%; Honduras, 3.4%, y Nicaragua 4.2%.). Y mediante la generosa cooperación petrolera venezolana pudo mantener gastos sociales que no eran sostenibles en términos de la capacidad fiscal del gobierno.

Entendimiento corporativo con los gremios empresariales, control social del movimiento obrero y represivo de otros movimientos sociales, crecimiento económico y expansión del gasto social, y además nula competencia política por ausencia de elecciones democráticas, parecían sumarse en la fórmula perfecta de estabilidad autoritaria.

En un estudio de 2015 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), coordinado por la Universidad de Vanderbilt, comentado por el profesor Kenneth Coleman de la Universidad de Michigan, señalaba que “entre los nicaragüenses, las preocupaciones económicas y la esperanza para la creación de empleos ha prevalecido sobre las preocupaciones de procedimientos democráticos”.

Y la Conferencia Episcopal Nicaragüense, en su reflexión pastoral con motivo de la temporada de cuaresma de 2018, indicaban que “es preocupante la indiferencia en que gran parte de nuestra sociedad ha caído frente a los graves problemas sociales y políticos del país”. Y por si no fuese suficiente la perfección de la fórmula de estabilidad autoritaria que Ortega había alcanzado, su gobierno había logrado pasar desapercibido de la opinión pública internacional. Era un activo para Ortega, pues podía hacer lo que quisiera sin que el radar de la atención internacional lo registrara.
El izquierdista que una vez fue.

Aparentemente, Ortega olvidó algunas lecciones de su viejo fervor revolucionario de inspiración marxista, que parece haber cedido en favor de su proyecto autoritario personal y familiar de poder por el poder, del poder por el dinero y de dinero por el poder. Durante 10 años, Ortega sufrió pocos retos reales a su poder. Escasas movilizaciones, que con frecuencia se encargaba de reprimir violentamente para asentar en la conciencia del pueblo el riesgo de salirse de la raya.

Sin embargo, todo ha cambiado de un día para otro, y en la segunda quincena de abril de 2018 se ha configurado una verdadera sublevación popular desarmada, con masivas protestas de gente en las calles, derribamiento de los símbolos del poder orteguista, y sangrienta represión por las fuerzas paramilitares y de la propia policía. Una verdadera masacre, como ha sido reportada, de casi todos jóvenes y casi todos con balazos en la cabeza y en el tórax.

A pesar que Ortega hace mucho abandonó sus ideales izquierdistas, aunque no su retórica que sigue siendo, en general, del confuso “socialismo del siglo XXI”, deberá estar recordando el análisis de Vladimir Lenin a quien se atribuye, en vísperas de la Revolución de Octubre, haber dicho que “hay décadas donde nada ocurre, y hay semanas donde ocurren décadas”.

Mientras hace poco la salida de Ortega del poder parecía una propuesta quijotesca, ahora uno la encuentra en las portadas de todos los grandes periódicos y en los canales de televisión del mundo. Para entender cómo ha cambiado el escenario político en Nicaragua, valdría la pena citar a otro teórico y luchador marxista, que Ortega también parece haber olvidado.

En 1930, cuando el movimiento comunista en China había sido abandonado por la Unión Soviética y sus fuerzas estaban diezmadas por los antiguos aliados en el movimiento nacionalista de Chiang Kai-Shek, Mao se refirió a un antiguo proverbio chino: “Una chispa puede incendiar la pradera”. Exactamente eso fue lo que pasó en Nicaragua.

El imposible retorno a la estabilidad autoritaria.

En Nicaragua ha quedado demostrado, una vez más, que la estabilidad autoritaria termina en represión masiva. Más temprano, o más tarde. Obviamente, aunque lo intente, Ortega no podrá ofrecer a Nicaragua la estabilidad autoritaria con crecimiento económico de la última década. El clima de inversión está gravemente herido.

Se juntaron todos los agravios del régimen orteguista, si se quiere micropolíticos, y estallaron en la macrodemanda política del fin de régimen. “¡Qué se vaya Ortega!”, o “¡Elecciones anticipadas!”, es lo que se grita en las calles.

Los estudiantes resentían el control mafioso de la progubernamental Unión Nacional de Estudiantes Nicaragüenses (UNEN), que sin su complacencia no podían acceder a becas. Los pobladores urbanos y rurales, que sin afiliarse al partido de gobierno no podían acceder al beneficio clientelista de los programas sociales.

Los empresarios de todo tamaño, que sin acceso a los círculos del poder orteguista no podían gestionar casi ningún trámite, por pequeño que fuese, menos aún acceder a contratos o suministros gubernamentales. Y, bien importante, en el proceso de privatización familiar orteguista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se excluyó a numerosos militantes, porque dentro del sandinismo no cabía más identidad que ser orteguista.

Es difícil saber el desenlace de la crisis planteada pero, en todo caso, hay una Nicaragua antes de abril de 2018 y otra después de ese mes trágico. Independientemente del desenlace, la perpetuidad de Ortega en el poder está en suspenso.

El autor es abogado y economista nicaragüense, especializado en políticas públicas.




“En Nicaragua rebosó la copa de la iniquidad”.


Por Juan Cruz / El País  - Hay una historia escalofriante de esta mujer, Gioconda Belli (Managua, 1948) poeta desde los 18, ocurrida en 1978, cuando el sandinismo revolucionario luchaba en Nicaragua contra el somocismo criminal. 

Ella fue a buscar la ayuda de Omar Torrijos, el general que presidía Panamá, él quiso acostarse con ella, ella resistió, y rabiosa salió corriendo de la mansión en la que el militar era cuidado por un harén.

Lo cuenta en sus memorias (El país bajo mi piel. Editorial Txalaparta, 2015) y lo decía de viva voz este sábado, a un mes de la revuelta en Nicaragua, en la Librería Contrabandos, en el barrio madrileño de Lavapiés, rodeada de ejemplares de su último libro, Rebeliones y revelaciones (Txalaparta), dedicado en gran parte a su lucha por la revolución de la mujer, que inició al tiempo que apareció su primer libro. Quiere hablar más de Nicaragua que de este volumen. Su país (“mi país portátil”), por el que combatió como sandinista, ahora está en manos de “un dictador, Daniel Ortega, que ya es otro Somoza”.

Pregunta. En este libro usted dice que soñó “un matrimonio perpetuo” con su país y ahora reniega “de los despojos” de su “familia política”, el sandinismo que maneja Ortega.

Respuesta. Lo que quedó vivo de la revolución es lo que estamos viviendo ahora. Pensamos en arrepentirnos y hasta hace unos meses, ante los despojos que Ortega deja, nos preguntamos si valió la pena tanto sacrificio, mi juventud, la de Sergio [Ramírez], la de Ernesto [Cardenal]…, para que hayamos terminado con este hombre y esta mujer subidos al poder, creando todos los mecanismos para no bajarse nunca. Y de pronto surge esta situación espontánea, la rebelión de los jóvenes. Un país que parecía embrujado se quiebra en mil pedazos desde que la gente ve la represión contra los muchachos. Lo vimos, todos vimos cómo la policía los pateaban. Fue la gota que colmó la copa de la iniquidad.

P. Ahí ve de nuevo la revolución.

R. En lo que significa la revuelta: no queremos otra tiranía. Matan a los chicos, y la gente sale a la calle con consignas que fueron sandinistas: “Patria libre o morir”, “Que se rinda tu madre”. Todos los símbolos, menos la bandera sandinista, que se la apropió Ortega como si fuera suya.

P. ¿Cuál fue su error?

R. No respetar la libertad de la gente, olvidar que el país es de todos y no de un partido. Nosotros, tras la revolución, cometimos el mismo error, pero no de forma tan arrogante. Ellos sienten que tienen todo el poder. Ese fervor contra la tiranía es lo que queda de la revolución.

P. ¿Por qué los jóvenes?

R. Porque son los que resienten más profundamente la falta de libertad. Recuperaron las universidades, se enfrentaron a los burócratas matones que se habían apropiado de ellas, afrontaron manifestaciones por la dejadez de Ortega ante sucesos graves, políticos y ecológicos. Así rebosó la copa de la iniquidad. Un símbolo de la resistencia ha sido la destrucción de los arbolatas [árboles de lata que la vicepresidenta, Rosario Murillo, esposa de Ortega, esparció por Managua], iconos del poder. Han destruido dieciocho de 125.

P. ¿Cómo debe de ser el ánimo de Ortega?

R. El miércoles se juntó con los jóvenes; fue como a una guerra, apoyado por helicópteros. Cuando empezó a hablar un muchacho le dijo que habían ido a escuchar los términos de su marcha, porque habían asesinado a jóvenes, “no queremos otra dictadura”, gritó… Y luego una muchacha fue gritando los nombres de los asesinados, y todos gritaban: “¡Presente!”. Respondieron a la protesta siguiendo el guion venezolano: mandaron matones a saquear las tiendas.

P. Ha escrito un libro de dos luchas: la de la revolución moribunda y la revolución de la mujer. ¿A qué se debe en este momento?

R. No hay separación. Las luchas colectivas tienen que pasar por luchas individuales. Se repiten las historias, y ahora vemos a Ortega convertido en otro Somoza. Me da cólera ver la bandera sandinista, que para mi significó tanto, junto a la bandera de Nicaragua. Creo que todas las revoluciones están llamadas a fracasar si no van acompañadas de esas revoluciones que tenemos que hacer en las relaciones humanas, contra la explotación. Y ahí entra la inexcusable lucha de la mujer.

P. Ahora se hace bandera de lo que usted lleva diciendo desde que era una muchacha.

R. El cuerpo es el campo de batalla de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Destapar ese costo que la mujer ha tenido que pagar en silencio por el esquema de la dominación es un avance muy importante para entender la psiquis femenina y para que el hombre entienda también cómo se lee su propio comportamiento dominante.

P. Marido y mujer coinciden compartiendo la presidencia de su país… ¿Qué le produce esa simbiosis?

R. Son una pareja poco pareja. Es una pareja política, porque no lo son en términos afectivos. Hicieron un pacto terrible entre una madre que aceptó que su marido violara a su hija y a cambio le pide una cuota de poder. Es una pareja enferma de poder.

Gioconda Belli recuerda perfectamente la noche en que acudió a pedirle ayuda al general Omar Torrijos, entonces presidente de Panamá, y acabó huyendo de él.

 “Era 1977. Fuimos a pedirle auxilio para los sandinistas. Nos llevó a su mansión. Yo tenía un mensaje para él: necesitábamos pasaportes. Era tarde ya y los despidió a todos. ‘Tú te quedas’, me dijo. Inocente paloma que era, me quedo y me dice que quiere tener un hijo mío. Por allí andaba su harén. Yo le expliqué que eso no era posible. Entonces me obligó a escribirle un poema a su hija. Y más tarde una de las chicas me llevó a su cuarto.

A su lado había un camisón para mí. ‘Ponte ese camisón y acuéstate, no te voy a tocar’. Salí despavorida. Al fin me pusieron a dormir en un trastero. ¡Por la noche me pregunté si tenía que sacrificarme por la patria, imagínate! Después le escribí reprochándole el terrible acoso. Él me mandó luego una excusa con un compañero sandinista”.

Informe de la CIHD acusa al régimen de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Antonia Urrejola, relatora en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-  dio a conocer el informe preliminar de su visita de trabajo del 17 de mayo al 21 de mayo, a los medios de prensa nacional e internacional y comunidad internacional, en donde destaca esta comisión, su “condena enfática” por las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, por parte del gobierno de Daniel Ortega.

En su informe preliminar la CIDH, contabiliza-del 18 de abril al 21 de mayo- al menos 76 muertos, 868 personas heridas, en el contexto de las protestas, de estas ultimas 5 permanecen en estado de gravedad en centros de asistencia medica, 438 personas fueron detenidas entre estudiantes, población civil, defensores y defensoras de derechos  humanos  y periodistas.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-“condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los y las estudiantes, manifestantes, periodistas y de otros ciudadanos, que se han registrado durante las protestas en el país y que “continúan hasta la fecha.”De igual forma la CIDH, condeno la muerte de 2 policías y agresiones a funcionarios públicos en este contexto.

La CIDH, en su informe preliminar, demando al gobierno de Daniel Ortega, “el cese inmediato a la represión policial”, a las protestas sociales, en este sentido el estado nicaragüense debe adoptar las medidas urgentes necesarias para garantizar, el libre y pleno ejercicio de los derechos para ejercer el libre derecho a la libertad de expresión, reunión pacifica y participación política.

En un resumen del voluminoso informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-  destacamos un primer  conjunto de “medidas cautelares para proteger la vida de estudiantes así como de personas, que se encontrarían en situación de riesgo a sufrir represalias como resultado de los actos de violencia ejercidos en contra de sus familiares, en el contexto de la represión de  protestas sociales o bien en su calidad de sobrevivientes , testigos , o personas qué como defensoras de derechos humanos  ejercen labores de asistencia,  documentación de violación a los derechos humanos, mediante tales medidas la comisión solicito al estado de Nicaragua lo siguiente:

a.- Que el gobierno adopte las medidas necesarias para salvaguardad la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, a tales efecto el estado debe asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad  a los estándares establecidos por los  derechos humanos internacionales, como proteger sus derechos en relación a situación de actos de riesgo que sean atribuibles a terceros.

b.- Propicie las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.

c.- Informe sobre las acciones adoptadas, a fin de investigar los  presuntos hechos que dieron lugar a la opción de la presente  medida cautelar, la CIDH requerirá al estado de Nicaragua información periódica a efectos de supervisar la implementación de tales medidas, asimismo la comisión continuara  analizando las solicitudes de medidas cautelares recibidas  durante su visita.
 
Antonia Urrejola, relatora de la CIDH, en Nicaragua, durante su lectura del informe preliminar, detallo que la Cruz Roja Nicaragüense, denuncio que en el marco de las protestas su numero telefónico de emergencias no habría funcionado correctamente, esta institución les hizo saber que su comunicación telefónica se interrumpió de forma constante y se habría obstaculizado la labor de su personal medico y voluntarios que atendían a los heridos, Urrejola, destaco durante su lectura, que un grupo de bomberos denunciaron a la CIDH que se les habría impedido sacar a las calles las ambulancias oficiales, no obstante se les permitió a los bomberos su labor con carácter de voluntarios, aunque estos denunciaron no haber contado con la debida protección, para asistir a los heridos.

Urrejola en la continuación de su lectura del informe preliminar, dijo que “La CIDH, también tuvo conocimiento de que la Asociación de Médicos Nicaragüenses, condeno a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua, habrían negado atención medica de urgencia a los heridos, en las manifestaciones del 18 de abril pasado, según denuncias recogidas durante  las visitas realizadas por esta comisión, habrían existido ordenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso y la atención a heridos, y obstaculizar el acceso a información, en particular se recibió denuncias del hospital “Cruz Azul” perteneciente al INSS, y en los hospitales, Roberto Calderón, Lenin Fonseca, hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello y el hospital Alemán Nicaragüense, todos ellos pertenecientes, al Ministerio de Salud, no obstante la CIDH, constato que en algunos hospitales públicos se atendieron heridos y algunos de gravedad, asimismo recibimos información que en algunos casos que tras ser atendidos fueron dados de alta con premura y tuvieron que regresar ante su delicada situación, ante esta situación la CIDH, quiere llamar la atención ante la delicada situación de salud de René Martín Torres Montero y Jaime José Reyes Téllez, internados  en el hospital Antonio Lenin Fonseca, Néstor Sotelo Ortega, Eddy Javier Hernández, internados en el hospital Alemán  Nicaragüense, David Lizano Altamirano, internado en el hospital Manolo Morales Peralta, y Wilmer José Rivas, internado  en la clínica de salud Santa Fe de Matagalpa”  

 En la continuación de la lectura del informe preliminar de la CIDH, Urrejola, dijo que de conformidad con los derechos a la salud “los estados tienen la obligación inderogable, de asegurar el derecho al acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud, cuando las personas no tienen la capacidad de acceder por si mismas, como podría ser el caso de los heridos y enfermos, el estado debe adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, el cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas , así como su atención inmediata esto incluye la obligación de los estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención de salud, especialmente en graves circunstancias de peligro para la vida, así mismo los estados no deben impedir que el personal sanitario practique  el tratamiento a personas que lo necesitan en el marco de estas situaciones.

La relatora de la CIDH, en Nicaragua, Antonia Urrejola, dio lectura a las 15 recomendaciones de esta comisión al estado nicaragüense, a la luz de las anteriores observaciones preliminares de la comisión, en el ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, instando al estado de Nicaragua, implementar las siguientes 15 recomendaciones iníciales:

1.- Cesar de inmediato “la represión a los manifestantes y las detenciones arbitrarias de quienes participan de las protestas.

2.- Respetar y garantizar el goce pleno al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacifica y a la participación política de la población.

3.- Crear un mecanismo internacional de investigación, sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

4.- Garantizar la vida, seguridad e integridad de todas las personas, que están ejerciendo sus derechos de libertades publicas y están sufriendo el ambiente de “represión” en especial a los estudiantes, niños, niñas y adolescente.

5.- Ofrecer garantías efectivas para proteger quienes dieron testimonios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH-  y que de alguna manera participaron en sus actividades, en el país, y de abstenerse de tomar o permitir que tomen represalias en contra de ellos.

6.- A usar medidas para investigar diligentemente para castigar y sancionar a los culpables de los actos de violencia ejercidos durante las protestas, asimismo respetar las garantías del debido proceso a las personas que permanecen detenidas, por hechos relacionados con las protestas.

7.- Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos, acordes con los estándares internacionales, relativo al uso de las fuerzas por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

8.- “Desmantelar los grupos parapoliciales-paramilitares- y adoptar medidas para impedir que sigan creándose grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil.-

9.- Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa, por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.

10.-  Exhortar a las autoridades estatales de abstenerse de hacer declaraciones publicas que estigmaticen a  defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas publicas que puedan incentivar la violencia en contra de las personas por razón de sus opiniones, así como proteger de forma efectiva a periodistas  y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo.


11.- Sistematizar la información de las personas que están siendo atendidas en los hospitales públicos y privados, como consecuencia de las protestas sociales, el registro debe ser especifico, indicando, fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado  y en su caso motivos de su muerte, dicha información debe ser publica agregado como mínimo edad y sexo.

12.-Deben investigarse las denuncias para obstaculización de la atención de salud en los hospitales, así como al respecto de la labor humanitaria de Cruz Roja Nicaragüense y los bomberos.

13.- Ratificar todos los tratados de derechos internacionales, aun pendientes de su ratificación-en Nicaragua- en particular la Convención Interamericana  de la desaparición forzada de personas.

14.- Mantener la apertura al escrutinio internacional y en ese sentido facilitar la visita a todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.

15.- Comprometerse a un mecanismo de seguimiento, para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de de Derechos Humanos-CIDH- y aceptación de las recomendaciones en el marco de la presente visita y del informe de la misma, programar junto con la comisión un calendario concreto de “nuevas visitas”.

Urrejola, al final del informe preliminar de la CIDH, dijo que “teniendo en cuenta el pasado doloroso, casi toda la sociedad  nicaragüense se incluye con el compromiso histórico de la no repetición, la CIDH, confía en la construcción de una solución pacifica, democrática, y constitucional para la” grave crisis constitucional que vive el país” y toma nota de la instalación de la mesa del dialogo nacional, como la condición imprescindible para que cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantía para las investigaciones de justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las victimas y sus familiares.

“Finalmente la CIDH, reitera su agradecimiento al estado nicaragüense su invitación para esta visita, asimismo el apoyo de la sociedad civil para concretarla, la comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales, todas las facilidades brindadas, la comisión quiere registrar muy especialmente su agradecimiento a las centenas de victimas, familiares y colectivos que rindieron sus denuncias, testimonios , e informaciones detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo, que exigió de su parte actos de coraje, y compromiso con la justicia, la CIDH, reitera una vez mas su “compromiso de dar cumplimiento integral” a su mandato de protección a las victimas y sus familiares así como observar la situación de los derechos humanos en las Américas.

Ortega y CIHD no dan cuenta por los desaparecidos en Nicaragua.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - La Comisión Interamericana  de Derechos Humanos –CIDH- no se reunió, durante su visita al país, con la comisión de la verdad – o comisión Porras- y que la población denomina “comisión de la mentira”-confirmo Denis Darce, Director de Proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos-CPDH-

Darce, reitero que  “claramente”,  Antonia Urrejola-relatora de la CIDH en Nicaragua- lo dijo  durante su lectura del informe preliminar y en la sesión de preguntas y respuestas  de la comisión,  ellos confirmaron que no se reunieron con esta comisión parlamentaria, además dijeron que su agenda de reuniones fue elaborada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores, no puso en agenda a esta comisión del gobierno? –se pregunto Darce-agregando que el se  niega aun a mencionarla como una comisión de la verdad, habría que ver que dice el ministerio de Relaciones Exteriores, con respecto al tema de su exclusión.

“Sin embargo yo creo que al final carece de importancia que se hayan reunido, o no, con esta comisión, porque en definitiva ellos están claros de que esta comisión carece de total credibilidad, e inspiran total desconfianza a la ciudadanía” refirió el promotor de derechos humanos de la CPDH.

Darce, recordó que esta comisión parlamentaria-integrada por personas de las que se asume son adeptas al régimen- dijeron en un primer comunicado que se iban a reunir con los organismos de derechos humanos –nacionales- para hacer el proceso de trabajo de ellos, pero nosotros hemos dicho en primer lugar que nosotros no hemos recibido ninguna comunicación de ellos y en segundo lugar que como no tenemos confianza en ellos , tampoco pretendemos tener ningún tipo de colaboración con esta comisión, puntualizo el promotor de derechos humanos de la CPDH.

Darce, dijo que en términos generales el informe preliminar que brindo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- tiene bastante coincidencia con el informe elaborado por la Comisión permanente de Derechos Humanos –CPDH- plena coincidencia con las recomendaciones que ellos están haciendo,  sobre la información que ellos divulgaron, información eminentemente oficial, ahí los que nos toca decir es que probablemente haya mas personas muertas, personas mas detenidas, que el estado no quiso informarle a ellos y que es parte de toda la información que tenemos y tratar nosotros y ellos de tratar de verificar.

“En el informe preliminar de la CIDH, hacen referencia de  que los hospitales  han estado tratando de ocultar información, han estado diagnosticando de forma diferente las muertes de muchas personas, entonces, a partir de eso tendríamos que decir, que el estado reconoce, que son 76 los muertos, pero eso no significa, que necesariamente sean 76, porque en el mismo informe se esta estableciendo que se están poniendo causas de muerte diferentes a las que realmente sucedieron” explico Darce.

 El Servicio Nicaragüense de Noticias-SNN-  saco a colación  con el promotor de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos –CPDH- el trágico, doloroso y acuciante tema de los desaparecidos, durante la etapa más neurálgica de las protestas en el mes de abril, tema que -al  parecer de muchos- no fue abordado a profundidad- en el informe preliminar de la CIDH.

Darce, dijo al respecto que, definitivamente  el tema de los desaparecidos es uno de los temas  más “dolorosos”  grande y critico de la sociedad nicaragüense, ellos –CIDH- evitaron particularmente referirse al tema porque investigar desapariciones requiere de mucho tiempo más tiempo del que ellos estuvieron en Nicaragua.

“Nosotros, como CPDH estamos hablando de 12 personas desaparecidas, porque hemos hecho investigaciones, hemos tratado de localizarlos por diferentes lados, los tenemos identificados, y  ya estamos haciendo algo al respecto y una de las cosas que nos toca por hacer son investigaciones de campo, investigar , entrevistar a los familiares, la lista era mas grande y hemos logrado reducirla porque hemos ido identificando donde están, incluso el muchacho que apareció muerto y que la señora  estaba poniendo la denuncia en ese momento”.

A este muchacho lo teníamos en la lista de desaparecidos lamentablemente de esa lista prácticamente 5 personas que estaban desaparecidos, aparecieron muertos y estamos en ese proceso, y una de las cosas que estamos haciendo fundamentalmente es presionar a las instituciones para la información de esas personas” aseguro Darce.

El promotor y director de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Denis Darce, dijo lamentar que instituciones del estado mantienen el secretismo y hermetismo en torno a las investigaciones que hacen en la búsqueda de las personas desaparecidas en las protestas de abril, agregando, que este hermetismo y secretismo institucional, mas bien lo que les crea como promotores de derechos humanos son sospechas.

Darce, dijo dejar claro con respecto al informe preliminar de la CIDH, en la que esta hace 15 recomendaciones al gobierno de Ortega, esta no es responsable de que las cumpla, aunque si podría hacerse responsable de darle seguimiento y supervisar su cumplimiento.

“En primer lugar, somos nosotros  los nicaragüenses los que debemos obligar al estado, acepte, respete y cumpla estas recomendaciones” puntualizo Darce. 


Puntos para la próxima reunión del diálogo: la democratización del país, justicia para las víctimas de la represión.


Los delegados para el Diálogo Nacional, Víctor Cuadras y Fernando Sánchez, de la Coalición Universitaria; María Nelly Rivas, del sector empresarial, y Azahálea Solís, de la sociedad civil, anunciaron que la agenda en el reinicio de las conversaciones con el gobierno, tendrá como temas principales la democratización del país, justicia para las víctimas de la represión y el castigo para los responsables de sus muertes.

Victor Cuadras, de la Coalición Universitaria, aseguró que este lunes  es un día clave en la mesa de Diálogo Nacional, pues presentarán los mecanismos por los cuales quieren conseguir democracia, justicia y la seguridad. Si bien saben que el Gobierno opondrá resistencia, presentarán sus propuestas de manera “frontal”.

La resistencia del Gobierno, continuó Cuadras, quedó en evidencia el primer día de sesión del Diálogo, cuando los delegados por el presidente Ortega, intentaron hacer de las conversaciones un “rifi  rafa”. El estudiante expresó que ese día fue clave la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues a través de las pruebas se logró desmontar “el teatro y toda la farsa, y las máscaras de estas personas quedaron en evidencia”.

“Creo que mañana, con mucha confianza en la unidad creada, vamos a conseguir un plazo corto de tiempo para que Ortega se retire del poder. Ese es el mayor objetivo que llevamos, porque tenemos el escenario que nos ha demostrado que este gobierno no puede mantener un buen rumbo en el país. Ortega y su comitiva han demostrado que no son capaces de gobernar Nicaragua”, sentenció Cuadras.

El representante de la Coalición Universitaria destacó que a pesar de que el presidente Ortega no ha reconocido que en Nicaragua existe una rebelión cívica, lo más importante es que el pueblo nicaragüense tiene claro que esta lucha es un “sentir popular” y un “levantamiento cívico, patriótico y justo”.

María Nelly Rivas, presidenta de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), explicó que la democratización “pasa por fortalecer” las instituciones del Estado, tener elecciones libres, y que los nicaragüenses  tengan el derecho de elegir a sus autoridades, expresarse y manifestarse, sin temor a ser reprimidos por el Gobierno.

“Tenemos que entender que este es otro país. Hace un mes nosotros estábamos en un lugar diferente, y desde el sector privado estamos conscientes de esto y por eso es que estamos presentando como punto clave en el diálogo el tema de la democratización. El cómo es algo que nosotros vamos a ver en esa mesa pero que hemos estado trabajando, precisamente para asegurar que no vuelva a pasar, lo que pasó hace un mes aquí en Nicaragua”, afirmó Rivas.

Azahálea Solís, abogada constitucionalista y representante por la Sociedad Civil, agregó que la agenda no es distinta a las peticiones que han realizado los miles de ciudadanos nicaragüenses en las calles.

“No hay agendas distintas. No está el diálogo por una parte y la calle por otra. Nosotros somos mandatados por lo que dice la calle y ha dicho justicia, castigo y reparación  las víctimas y ha dicho democracia”, expresó Solís.

Semanas atrás algunos representantes del sector empresarial expresaron que se necesitan reformas electorales y judiciales, y que era conveniente que el presidente Daniel Ortega, terminara su periodo presidencial hasta 2021, a cambio de que no se reeligiera más ni él ni su esposa.

La presidenta de Amcham aseguró que el sector empresarial siempre sostuvo la idea de proponer reformas electorales, pero nunca establecieron ningún  plazo o periodo. “Hoy nosotros somos parte de una coalición y esa coalición está llevando una demanda a esa mesa. Eso es algo que vamos a estar viendo, los mecanismos, son cosas que se van a estar discutiendo en esa mesa”, manifestó.

Rivas consideró que si bien la situación de crisis que atraviesa el país ha dejado pérdidas económicas importantes para Nicaragua, la prioridad para el sector empresarial es la justicia, la democratización y la seguridad, pues esto permitirá sentar bases para un futuro crecimiento de la nación.

“El mensaje que nos da esta situación es que tenemos que pensar en Nicaragua. Hoy implica buscar esa democratización para que no volvamos a vivir lo de hace un mes y no volvamos a caer en las pérdidas económicas que estamos teniendo ahora. Hay afectaciones y queremos soluciones para que esas afectaciones se bajen, pero en la mesa será primero la justicia y democracia”, afirmó Rivas.

Azahálea Solís, delegada de la sciedad civil, recordó que la CIDH vino a Nicaragua por la presión de la ciudadanía. Esta misma presión debe seguir rumbo al planteamiento de activación de otros mecanismos de las Naciones Unidas para hacer justicia.

“Un mecanismo es el del alto Comisionado de Naciones Unidas. Y esto implica que haya una comisión de la verdad independiente, formada por especialistas en la materia y que tengan credibilidad y que puedan continuar con las investigaciones que ya ha conocido la CIDH. Es factible y está en los mecanismos de protección de derechos humanos internacional”, aseguró Solís.

La presentación de este informe servirá para que los delegados en el Diálogo Nacional, tengan insumos para otros temas que quieren poner sobre la mesa, expresó la presidenta de Amcham.

El informe de la CIDH será expuesto ante la población nicaragüense, en medio de un ambiente tenso, producto de la ruptura de la tregua por parte del Gobierno, luego que la noche de este sábado ocurriera un ataque armado contra estudiantes de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Durante la tregua los que protestan retirarían los tranques de las principales vías y abrirían el paso en la rutas cercanas a las universidades. Vencido el plazo de 48 horas que ambos sectores propusieron, Rivas aseguró que seguirán llamando a que la ciudadanía se manifieste de forma pacífica.

Sobre los tranques que mantienen los campesinos en zonas como San Pedro de Lóvago, explicó que ellos están en todo su derecho de manifestarse pacíficamente y cerrar la vía de las principales carreteras. Rivas recordó que la semana pasada estos ciudadanos adoptaron medidas responsables durante las protestas y abrieron el paso cada cierto tiempo.

“Nosotros hemos llamado a la población a que se manifieste pacíficamente. El caos es culpa de Ortega y Murillo porque nos han metido en incertidumbre. Nosotros sabemos que han metido infiltrados que atacan negocios y tratan de boicotear nuestras movilizaciones, pero la misma población puede distinguirse de estos malhechores”, aseguró el estudianye universitario Fernando Sánchez.

“Cuando se comprometieron a cesar las fuerzas irregulares, el Gobierno admitió que las controla y esas fuerzas irregulares junto con las fuerzas policiales, son las culpables de lo que ha ocurrido a partir del día 18. Eso hace más ilegítimo al Gobierno”, agregó Solís. “Nosotros también llevamos un planteamiento porque hemos escuchado de la propia Conferencia Episcopal que el pueblo de Nicaragua es el garante del diálogo, entonces, creo que tiene que haber un mecanismo de comunicación eficiente y el pueblo debe saber de lo que se trata”, afirmó Solís.

Sánchez reveló que las actitudes de los representantes del Gobierno fueron distintas durante la primera sesión del Diálogo. Cómo jóvenes, exigirán que las próximas sesiones sean televisadas para que la población conozca de lo que se está hablando con el Gobierno. Durante la primera sesión del Diálogo Nacional, los estudiantes universitarios y demás representantes de los sectores que han protestado en contra de la violencia del régimen del presidente Daniel Ortega, se solicitó a la CIDH otorgar medidas cautelares a los involucrados.

Si el organismo de derechos humanos diera el visto bueno a esa petición, el encargado de dar seguridad sería el Estado de Nicaragua. Al respecto Fernando Sánchez, de la Coalición Universitaria, declaró que no tienen ninguna seguridad con las instituciones que dirige el Gobierno y por ello se acordó una forma más sólida para garantizar la protección de estas personas.

“Conversábamos con la CIDH, que las medidas cautelares funcionan de la siguiente manera: estas van a tratar de abogar por los jóvenes más vulnerables a este gobierno opresor, y por medio de un comunicado que llegaría a instancias internacionales con los nombres de las personas a las que no nos puede suceder nada. Claro, es todo un proceso”, explicó Sánchez.

El Gobierno de Nicaragua fracasó en su intento de desmontar los bloqueos en las carreteras, su principal objetivo en la segunda ronda del diálogo nacional para superar una crisis que ha dejado al menos 76 muertos.

"No hay consenso en el tema", dijo el obispo Rolando Álvarez, después de que el Gobierno no se puso de acuerdo en el tema de los bloqueos o "tranques" con el sector privado, la sociedad civil y estudiantes universitarios.
El tema votado fue la "no violencia, venga de donde venga, libre circulación, y el derecho al trabajo".

"Qué lástima, deberíamos considerarlo (la suspensión de los bloqueos) con espíritu humanitario para los nicaragüenses, para la estabilidad, la paz, seguridad, convivencia, para terminar con la tensión es medular", dijo el canciller Denis Moncada, al finalizar la reunión.

"Por lo tanto, no podemos decirles a los campesinos que los levanten, lo único que tenemos es la calle, porque ustedes nunca quisieron escuchar al pueblo", dijo.
El rechazo al fin de los bloqueos también es un tema de seguridad para evitar que la Policía Nacional y fuerzas paramilitares ataquen a los manifestantes, tanto en las universidades como en los barrios y ciudades.

Los estudiantes resaltaron que no confían en el Gobierno después de que la noche del viernes, horas después de que las partes firmaran una tregua, la Policía Nacional atacó la Universidad Nacional Agraria (UNA), lo que fue constatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El obispo Rolando Álvarez afirmó que el tema podrá discutirse el miércoles, en la tercera sesión del diálogo nacional.

Según la CIDH, desde el comienzo de la crisis sociopolítica, "hubo, al menos, 76 personas muertas y 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas", además de un total de 438 detenciones.

Desde el inicio de la crisis, hace 34 días, se han efectuado multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente, Daniel Ortega, que comenzaron en oposición a unas fallidas reformas a la seguridad social y que continuaron debido a las víctimas mortales de los actos represivos.


Alianza cívica exige "renuncia inmediata" de Ortega durante diálogo en Nicaragua.


Una alianza cívica de estudiantes y otros representantes de la sociedad civil de Nicaragua exigió este lunes la "renuncia inmediata" del presidente Daniel Ortega, en el inicio de la segunda sesión del diálogo nacional con mediación de la Iglesia católica.

"La exigencia principal (del pueblo) en las calles es la renuncia inmediata de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces. Esto no es negociable, esta es una mesa de rendición", afirmó Víctor Cuadra, líder del Movimiento Universitario 19 de Abril (M19A).
El estudiante, primer orador de la jornada, dijo que esta es la posición de la recién formada "Alianza Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia", integrada por universitarios, empresarios y sectores de la sociedad civil opuestos a Ortega.

Cuadras dijo que la coalición no acepta la posilidad de convocar a elecciones dentro de 14 meses porque eso, afirmó, permitiría "la oxigenación del régimen y abriría la posibilidad al gran capital para un arreglo institucional con facciones" del gobernante partido sandinista, liderado por Ortega.

"El inicio de un proceso democratizador sólo es posible bajo la ausencia y la no participación en ningun ámbito de la política de Nicaragua del señor Daniel Ortega, la señora Rosario Murillo y sus secuaces", agregó.

En su primera intervención, el canciller de la República, Denis Moncada, jefe de la delegación del Gobierno, repondió diciendo que las protestas que iniciaron en abril están afectando a la economía, e instó a la contraparte en el diálogo a "ponernos de acuerdo primero en la paz, tranquilidad y estabilidad".

Moncada adujo que el tema institucional y electoral en Nicaragua "el Gobierno lo viene trabajando desde hace dos años, en marco de acuerdo con OEA, con quienes tenemos reuniones periódicas en Washington".

La segunda sesión del diálogo coincide con el fin de una visita de cuatro días de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que documentó gran cantidad de denuncias de familiares de víctimas de la violencia.

La grave crisis en Nicaragua comenzó hace un mes con una protesta estudiantil por una reforma al Seguro Social, que aumentaba las cuotas de empresas y trabajadores. Pese a que el Gobierno dio marcha atrás y suspendió la reforma, las manifestaciones se extendieron tras la violenta acción de policías y de fuerzas paramilitares contra los civiles.

El Gobierno de Nicaragua solo reconoce 18 muertos durante la crisis, pero organismos de derechos humanos independientes aseguraron el fin de semana que la cifra de víctimas confirmadas ascendió a 76, y que más de 700 personas resultaron heridas.

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