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sábado, 16 de diciembre de 2017

Saludo de Navidad del Movimiento Mundial Dariano.

pOR Héctor Darío Pastora- El genio poético de Rubén Darío recrea el espiritu de Navidad con sentimientos de ternura y de un dulce amor religioso en  el “Soneto Pascual,” henchido de paz y fé: la huida de José, Maria y el Niño Jesús, para librarlo del decreto infantícida de Herodes. 

Como un regalo lirico, le ofrecemos esta  sublime inspiración, que escribió el Poeta en su estadia en Nueva York en la fria navidad de 1914, dedicado a su hijo Rubén Dario Sánchez de 7 años, residente en Barcelona, España. Es el estremecido regalo del Padre, se ve a si mismo, marchando  en su burro sin la estrella  y lejos de Belén. (En la estadia del Poeta en Nueva York, (Nov. 1914 -Abril, 1915), escribio entre otros poemas, “PAX” y  “La Gran Cosmópolis”

               __Soneto pascual

“Maria estaba pálida y José el carpintero:/ miraban en los ojos de la faz pura y bella/ el celeste milagro que anunciaba la estrella/do ya estaba el martirio que anunciaba que aguardaba el Cordero.

Los pastores cantaban muy despacio, y postrero/ iba un carro de arcángeles que dejaba su huella;/ apenas se miraba lo que aldebarán sella,/y el lucero del alba no era aún temprano.


Esa visión en mi se alza y se multiplica/ en detalles preciosos y en mil prodigios rica,/por la cierta esperanza del más divino bien, /de la Virgen, el Niño y el San José proscripto;/y yo, en mi pobre burro, caminando hacia Egipto, y sin la estrella ahora, muy lejos de Belén.”  Ruben Dario, Nueva York, 1914.

" Es una mentira los que dice la policía", afirma madre de niños asesinados.

Doña Lea Valle, madre de los niños asesinados por tropas del ejército de Nicaragua en el sector de la Cruz de Río Grande, salió al frente del comunicado de la policía nacional, al afirmar que los menores eran delincuentes. 
“Esa es una mentira lo que ellos (la Policía Nacional) están diciendo, eso es una mentira. Yo no voy a aceptar lo que la Policía dice porque es una mentira”, es lo que sostiene con voz firme Elea Valle, madre de los dos menores que murieron en la masacre a manos del Ejército de Nicaragua en la comunidad San Pablo XXII, municipio de La Cruz de
Río Grande, Caribe Sur.
La Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, publicó una nota de prensa en la que se califica como “elementos delincuenciales” a los hijos de Valle (Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente) y manda a exhumar los cuerpos de las seis personas muertas en un supuesto enfrentamiento armado, pero no ordena realizar una investigación sobre la masacre.
Valle sostiene lo que ha denunciado desde que inició su lucha para recuperar los cuerpos de sus dos hijos: “Ellos (la Policía y el Ejército) sabían muy bien que no eran delincuentes, que era gente alzada en armas (los cuatro) y los dos menores ahora dicen que eran delincuentes, y que no presentan golpes en el cuerpo; qué van a saber más que yo, que siendo su madre miré donde estaban pasconeados los costaditos del niño con arma blanca y ahora se lavan las manos que no tenían golpes, que solo estaban tirados, es una mentira. Yo no les creo nada de eso”, sostiene Valle en un fuerte reclamo.
La nota de prensa de la Policía expresa es que las autoridades de esta institución entregaron los cuerpos a una comisión de pastores evangélicos y delegados de laPalabra, pero Valle aduce que fue el Ejército quien entregó los cuerpos de sus hijos a los comunitarios, debido a la insistencia de estos, y que además les dijeron que estaba prohibido que hicieran ataúdes.
También relató que al enterarse de la masacre, llegó al lugar el lunes (13 de noviembre —la masacre fue el 12 de noviembre—) por la noche y en el camino hacia la zona donde fue el supuesto enfrentamiento armado, encontró a diez oficiales del Ejército de Nicaragua. “Yo a los del Ejército sí los encontré en el camino, diez no le digo que venían, una hora faltaba todavía para llegar”, dijo.
Valle también sostiene que la Policía no hace ninguna distinción entre los menores y los cuatro adultos, a la vez que insiste en que nadie se ha comunicado con ella para que participe del proceso de exhumación.
“A mí no me ha llamado la Policía, la Policía no ha tenido conversaciones conmigo, para nada. A mis crías, a mis pobres niños, (les) dicen que son delincuentes, que salen los seis delincuentes; yo les he dicho que son cuatro y dos menores de edad que andaban viendo a su padre. ¿Por qué será que estos señores (la Policía) no entienden, no comprenden estos animales?”.
Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo  de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), explicó que la Policía Nacional es un órgano auxiliar del poder judicial, y no está facultada, de forma oficiosa, para hacer exhumaciones.
Para hacer lo que se manda en la nota de prensa, según Leiva Sánchez, se debería de hacer un procedimiento para pedir a un juez competente en materia penal la autorización judicial, según lo que establece el Código Procesal Penal.
“Consideramos que se está haciendo una comunicación en la cual no se está procediendo de acuerdo a lo que establece el procedimiento, es decir, respetando la Constitución, su función, visión y misión como institución (Policía Nacional) apegada a las leyes nicaragüenses”, explicó.
En el caso de la masacre de La Cruz de Río Grande, Leiva Sánchez, sostuvo que la Fiscalía tendría que haber hecho una intervención, de forma oficiosa, debido al nivel de trascendencia; sin embargo, “tenemos una Fiscalía que ha sido ciega, sorda y muda”, expresó a LA PRENSA.
De acuerdo con el Código Procesal Penal de Nicaragua, “cuando en el curso de una investigación para esclarecer la identidad o la causa de muerte de una persona sea necesario proceder a la exhumación de su cadáver, la Policía Nacional o el Ministerio Público, según el caso, solicitarán la autorización judicial correspondiente y el apoyo del Instituto de Medicina Legal para su realización. Si el proceso penal ya ha iniciado, la solicitud podrá ser planteada por cualquiera de las partes, quienes tendrán derecho a participar en la exhumación solicitada”.
De acuerdo con Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH), la nota de prensa emitida por la Policía Nacional sobre la masacre de La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, es una respuesta extemporánea, y con dichas declaraciones no se llenan los vacíos o dudas que existen alrededor de los familiares, de las víctimas y la ciudadanía nicaragüense respecto al caso.
Para Leiva, la respuesta de la Policía responde a un encubrimiento de lo que verdaderamente sucedió y por eso es necesario una investigación. “Hay un interés excesivo, muy visible de que se trata de esconder o de decir los hechos verdaderos de las circunstancias reales que sucedieron alrededor de estas muertes y que verdaderamente lo que se está tratando es de penalizar y criminalizar a víctimas, como ha sido de costumbre de parte del Estado”, sostuvo.
Elea Valle asegura que logró constatar las heridas por arma blanca que tenían los cuerpos de sus hijos, contario a lo que afirma el dictamen forense de la Policía, el cual tampoco lo acepta. “Y siempre con la mentira, que dicen que fueron los médicos forenses allá (La Cruz del Río Grande), y que no presentan golpes los niños, que solo tirados (baleados) que están. Esa es una mentira, mirándolos con mis ojos personal donde están pasconeados con arma blancas en los costados del niño”, dijo Valle.





Policía inventa otra historia. Afirma que niños de la Cruz de Río grande eran delincuentes.

La policía nacional, se inventó otra historia, para justificar la muerte de dos menores de edad en la Cruz de Rio Grande, en el Atlántico Sur de Nicaragua, cuando hace mas de treinta días en un operativo militar murieron seis personas, entre ellos los dos hijos menores de edad de la campesina Elea Valle.
Tras un absoluto silencio, al final la Policía Nacional  se pronunció sobre el caso, asegurando que los seis muertos pertenecían a una banda delincuencial, señalada de robos, asesinatos, narcotráfico y violaciones, tal como antes señaló la corta versión del Ejército de Nicaragua.
“En cumplimiento del plan de seguridad en el campo (se) detectaron la presencia de elementos delincuenciales, a quienes se les dio la voz de ‘alto, Ejercito de Nicaragua’, respondiendo los delincuentes con disparos de armas de fuego, procediendo los miembros del Ejército a hacer uso de sus armas de reglamento produciéndose un intercambio de disparos, cuyo resultado es de 6 elementos delincuenciales muertos”, indica la nota publicada por la Policía Nacional.
Aunque la Policía no precisa cuáles son los supuestos delitos de los menores ni mencionada sus edades (como si lo hace con otros de la lista) los incluye como parte de la “banda”, que identifica como “Colocho”, por quien sería su dirigente: Rafael Pérez Dávila, un hombre que previamente se había autoidentificado como alzado en armas contra el gobierno de Daniel Ortega.
La Policía Nacional ordenó exhumar los cuerpos de la fosa común, donde estarían los dos hermanos Francisco  y Yojeisel Pérez Valle, cuyos cadáveres habían sido reclamados por su madre Ella Valle desde que fueron ultimados en la comunidad, aunque la versión policial asegura que nadie reclamó por ellos.
En semanas anteriores, el jefe del Sexto Comando Militar Regional, Marvin Antonio Paniagua, negó que el Ejército haya depositado los cuerpos en una fosa común y alegó que se los habían entregado a la Policía Nacional.
“Los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al Equipo Técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad San Pablo XXII. La Comisión procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran y el avanzado estado de descomposición de los cuerpos”, narra la nota de prensa de la Policía Nacional.
Sin embargo, Elea Valle, la madre de los dos menores asesinados, sostuvo que ella llegó a reconocer los cuerpos de sus hijos y el de su esposo, Francisco Pérez Dávila, quien hace dos años se alzó en armas contra el gobierno de Daniel Ortega por razones políticas.
“Habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de salubridad pública, Policía Nacional, Ministerio de Salud e Instituto de Medicina Legal, procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas para estos casos”, agrega la nota policial.
En ningún momento la Policía Nacional identifica como menores a los hermanos Pérez Valle. La niña tenía 12 y el niño 16 años. Los niños habían ido a reunirse con su padre luego de las elecciones municipales, tras años de no verlo físicamente, según su madre. La madrugada del doce de noviembre fueron emboscados por Ejército y vapuleados mortalmente, de acuerdo al testimonio de la campesina Elea Valle.
La Policía sostiene que los niños formaban parte de la “banda delincuencial Colocho”. El jefe, según las autoridades, era Rafael Pérez Dávila, tío de los menores que desde hace más de dos años se rebeló en armas contra Ortega al unirse al grupo rearmado de Enrique Aguinaga, ultimado por Ejército en abril de 2016.
La institución asegura en la nota de prensa que tanto como comandante Colocho y el padre de los hermanos Pérez Valle estaban involucrados en el asesinato de varias personas.

El Congreso de Perú abre el proceso de destitución de Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht.

El Congreso de Perú, dominado por la oposición, ha aprobado este viernes que el próximo jueves 21 de diciembre se debata la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por "incapacidad moral", una figura que establece la Constitución, derivada de sus vínculos con el caso Odebrecht. 
Con 93 votos a favor y 17 en contra, el pleno, en el que el fujimorismo tiene mayoría absoluta, ha dado luz verde a la moción presentada este viernes por tres partidos opositores (el Frente Amplio, Fuerza Popular y el Partido Aprista). Por ley, el mandatario dispone de una hora para hacer sus alegaciones antes de dicha votación o bien puede enviar a su abogado.
El documento presentado para solicitar la destitución de Kuczynski señala que “la incapacidad moral es aplicable en conductas graves que, sin ser delitos ni infracciones de un juicio político, deterioren a tal magnitud la dignidad presidencial, más aún cuando el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la Nación, por lo tanto, hace imposible que se mantenga en el cargo después de tales conductas".
Pese a que durante el debate, la gran mayoría de legisladores llamaron a la mesura y a la reflexión en la peor crisis política de Perú desde el año 2000, el trámite fue rápido y la votación, abrumadora. De los 130 congresistas, 93 votaron a favor pese a que solo se requería el voto de 48. 
En la sesión, llamó la atención que la dirigente fujimorista y expresidenta del Congreso Luz Salgado dijera que su partido encabeza la actual lucha anticorrupción y que nunca se encontró una cuenta bancaria a Alberto Fujimori ni a sus hijos. El expresidente Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, pero también por robo y corrupción. 
Mientras transcurría el debate, un colectivo ciudadano antifujimorista convocó una marcha para la tarde del sábado en el centro de Lima. “Nos hartamos del abuso de la mafia fujimorista enquistada en el Legislativo destrozando las instituciones y desestabilizando al país. El fujimorismo quiere blindar a su mafia desde los poderes del estado y no lo vamos a permitir”, indica la invitación en Facebook.
Pedro Pablo Kuczynski aseguró este jueves que no abandonará la presidencia del país sudamericano por el escándalo de corrupción en torno a Odebrecht después de que la constructora brasileña revelase el miércoles un supuesto pago de 4,8 millones de dólares (4,1 millones de euros) a dos empresas de asesoría vinculadas al mandatario efectuado hace más de una década.
PPK rompió su silencio el jueves pasadas las 23.00 horas (las 05.00 de la madrugada en la España peninsular). "La corrupción sistémica pretende amenazar nuestro Gobierno y nuestra democracia. Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar", dijo en un mensaje a la nación que duró tres minutos. PPK anunció también que solicitará a la Fiscalía que le levante su secreto bancario para salir de dudas sobre esos pagos. "No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos. Estoy dispuesto a defender mi verdad. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder", prosiguió.
La constructora brasileña informó el miércoles al Congreso de Perú de que realizó un pago de 4,1 millones de euros entre el 2004 y el 2012 a dos empresas de asesoría vinculadas al ahora presidente del país. De acuerdo con el informe recibido por la cámara, Odebrecht había realizado cinco pagos a la empresa Westfield Capital por un total de 752.000 dólares (635.000 euros) entre 2004 y 2006, años en los que el presidente peruano se encontraba al frente de la cartera de Economía con el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). 
Westfield Capital figura como una empresa unipersonal de asesoría de banca de inversión en la declaración de intereses presentada por Kuczynski en enero de 2017 y la última transacción de la firma de asesoría se produjo en 2007, informa Reuters. El dirigente peruano ha insistido en que, aunque él era el dueño de la empresa Westfield Capital, no la gestionaba en esos años.
El próximo 21 de diciembre el fiscal que dirige el equipo especial anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, interrogará de forma reservada al mandatario en el Palacio de Gobierno acerca de los pagos que recibió a través de Westfield Capital. Y al día siguiente, Kuczynski tendrá que comparecer ante la Comisión parlamentaria del mismo caso.
“Kuczynski ha tenido tiempo suficiente para evaluar su delicada situación y tomar esta decisión [sobre la renuncia]”, señaló Daniel Salaverry, portavoz del fujimorista Fuerza Popular. Javier Velásquez, del Partido Aprista Peruano, añadió que si PPK no entregaba su carta de renuncia se sumarían a las iniciativas para pedir su destitución por incapacidad moral (estipulada en el artículo 113 de la Constitución), una medida por la que se necesitan 87 votos en un Congreso de 130 escaños. El grupo parlamentario de izquierda Frente Amplio, con 10 congresistas, fue el primero en informar de que pediría la destitución Kuczynski. De cumplir su amenaza, los votos a favor de la destitución —de los fujimoristas APRA, Alianza por el Progreso (APP) y el FA— sumarían 96.
“Exhortamos y demandamos al presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a renunciar a su cargo por el bien de la democracia y en pro de la gobernabilidad”, dice la APP a través de un comunicado. Este partido es liderado por el excandidato presidencial César Acuña, quien fue denunciado por haber plagiado sus tesis de maestría en Lima y de doctorado en la Universidad Complutense, en España. Un juzgado en Madrid aún investiga su caso.

Protestas en Honduras atentan contra la estabilidad del país.

Tegucigalpa Honduras/  Diario Las América -  El saldo inicial de las nuevas protestas en Honduras, tras el anuncio de la victoria del actual presidente Juan Orlando Hernández, suman varias interrupciones en el paso vehicular en varias carreteas y un número indeterminado de vehículos que fueron quemados, incluido un camión del Ejército.

Las protestas fueron mayormente convocadas por el grupo izquierdista Alianza de Oposición para protestar lo que consideran “fraude electoral” en contra de su candidato, Salvador Nasralla.
En ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Choloma y Villanueva se apreciaron manifestantes enfrentando a la Policía con piedras y palos, en cambio los oficiales han respondido lanzando bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.
El propio expresidente Manuel Zelaya, líder de la Alianza de Oposición, que fue depuesto por un golpe de estado en 2009, encabezó las protestas en la capital Tegucigalpa.
Zelaya advirtió que mientras más tiempo esté el actual presidente en el poder, “más gasolina le va a echar al fuego” de las protestas.
“Y va a caer, y va a caer, la dictadura va a caer”, cantaba el expresiente rodeado de decenas de simpatizantes frente a un cordón policial y una hoguera producida en una céntrica calle.
Entre lo más llamativo de las protestas está el incendio de un camión del Ejército que era usado para realizar labores humanitarias, según reportes del diario local La Prensa.
La quema del camión, que tuvo lugar en la colonia El Carrizal, cerca de Tegucigalpa, fue por el lanzamiento de bombas molotov de parte de los simpatizantes de la Alianza de Oposición, según el medio local.
En San Pedro Sula, norte de Honduras, un camión repartidor de lácteos también fue incendiado por opositores, según el diario La Tribuna. Sin embargo, a los pocos minutos se presentaron las autoridades para controlar la situación pero el vehículo ya era consumido por las llamas.
A medida que avanzaba el día, la Policía iba despejando las vías y capturando a varios manifestantes, cuyas cifras no han sido reveladas.
Los empresarios hondureños agremiados a diversas cámaras, pidieron el cese de la violencia y mostraron preocupación por las pérdidas millonarias que las protestas generan.
“Ya Honduras ha perdido millones de lempiras por protestas y esta situación no es buena para la imagen del país. (La quema de camiones) ya le está dando la vuelta al mundo”, lamentó Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Cortés.
Tres semanas después de haberse desarrollado elecciones presidenciales, legislativas y municipales, Honduras desconoce quién será el gobernante para los próximos 4 años.
Según el último registro del Tribunal Supremo Electoral, que además ha hecho dos escrutinios especiales con 5.759 actas, en las que según opositores estaban los "votos del fraude"; el candidato del gobernante Partido Nacional y presidente del país, Juan Orlando Hernández, ganó las elecciones con el 42,98 %, mientras que Nasralla sumó el 41,38 %.
El ente electoral, que ahora trabaja en las impugnaciones presentadas, al menos tres en la fórmula para presidente, y más de un centenar para alcaldías y diputados, todavía no ha declarado al nuevo presidente electo, lo que hará cuando presente el informe final, para lo que tiene hasta el 26 de diciembre.
Simpatizantes de la Alianza de Oposición ya se habían manifestado días después del 26 de noviembre, cuando ocurrió la elección, generando caos en las vías y saqueos de comercios.
Ello llevó al Gobierno a declarar toque de queda durante las noches 10 días, a partir del viernes 1 de diciembre.

Los seis funcionarios venezolanos que salieron a relucir en el caso Flores.

Nueva York EEUU / - Los nombres de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores salieron a relucir como involucrados en el caso de los llamados “narcosobrinos”, mediante documentos presentados en Corte durante los últimos dos años, donde también se han relacionado a otros funcionarios del Gobierno venezolano y miembros de bandas criminales.

El caso, que podría llegar hasta una Corte de Apelaciones, continuará una vez que Estados Unidos complete el proceso de extradición del hondureño Roberto de Jesús Soto García, un tercer acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El pasado 16 de noviembre las autoridades hondureñas dieron el visto bueno para la extradición. Con este nuevo elemento se estima que se conozcan más detalles sobre la conspiración y las personas involucradas.
El juez federal Paul Crotty decidió el 14 de diciembre de este año, que Efraín Campo Flores y Franqui Flores De Freitas deberán permanecer 18 años en una prisión de Estados Unidos sin la posibilidad de libertad condicional más una multa de 50.000 dólares, por conspirar para ingresar 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela: En sus argumentos previos a la sentencia, la Fiscalía aseguró al Juez Crotty que los primos Flores contaban con el visto bueno del Presidente venezolano para cometer el delito. La Fiscalía no presentó pruebas de esta afirmación.
Cilia Flores, primera dama venezolana y diputada de la Asamblea Nacional: Su hijo adoptivo declaró que el dinero de la operación sería para financiar su campaña de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Bladimir Flores, hermano de Cilia Flores e Inspector General del CICPC, la policía científica en Venezuela:
Flores, que tiene 41 años al servicio de la institución, fue nombrado durante la audiencia de supresión de evidencias por el agente de la DEA, Sandalio González, quien aseguró que “El Sentado” le dijo que este hombre lo había contactado asegurando que le enviaría a unos sobrinos.
En unos documentos revelados por la Fiscalía en septiembre de 2017, Flores aparece de nuevo. El 21 de julio de 2015, Campo Flores se comunicó a través de BlackBerry Messenger con un individuo que se hacía llamar “Peter Pan+Campanita” (Peter). Allí Campo reclamaba a Peter que sus acciones le habrían traído problemas con su familia y que ya no podría mediar más por ellos:
“Marico eso que hicieron complicó la cosa ahí tuve rolo de peo [un problema grande] con mi tío Bladimir que es el inspector general del Cicpc. El caso se lo quitaron a Daniel y está hasta Daniel metido en peo, eso llegó a oídos del director Sierra Alta, se reunieron con mi tío y con Daniel y hay una paja loca weon [se ha hablado cosas sin sentido]. 
Y eso que les dije que no hicieran un coño [nada] ahorita. Ahí ahora mi tío quiere mandar a partir [a matar o arrestar] a todo el que tenga algo que ver con eso, lo llamó el que lleva la vaina en el DIM [el responsable de la Dirección de Inteligencia Militar] hay una paja loca y tengo ahora el rancho prendido en candela coño [estoy metido en problemas] y se los dije el mío que no hicieran eso. Si crees que es paja [que es mentira] lo que te estoy diciendo, averigüen y verifiquen lo que les estoy diciendo ya yo no puedo meter más la mano por ustedes porque pa empezar estoy metido en peo de gratis y por algo que les dije que no hicieran ahorita. 
Y con mi tío Bladimir, si decide tomar acciones contra ustedes no puedo hacer nada Peter porque salí fue peleando para que estés claro el mío que ya ahí no puedo hacer nada y averigua porque por lo que ustedes me dejan ver creen que es mentira lo que yo les digo. Llamen al negro ptj amigo de ustedes y dile q averigüe para que veas que lo que hicieron fue cagar todo eso”, escribió el acusado.En el documento que la Fiscalía introdujo en septiembre de este año, también se reveló que Campo Flores, valiéndose de su parentesco con el Tesorero de la petrolera estatal cobraba comisiones para lograr el pago de deudas que mantenía la principal industria del país con terceros.
Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV): Durante una reunión en Honduras, “El Sentado”, informante de la DEA asesinado en diciembre de 2015, pregunta a Flores De Freitas sobre la vinculación de Cabello con el Cartel de los Soles. Aunque, el acusado asegura que no sabe y que son rumores, sí reconoce que es quien controla a las Fuerzas Armadas venezolanas.
Luego en el documento 190 la Fiscalía asegura que Campo describió un "acuerdo" entre los miembros de la familia de los acusados y Diosdado Cabello, que permitió a su familia "controlar el petróleo por completo" en Venezuela: “y se llegó a un acuerdo, digamos que a puerta cerrada. ‘Me dejas estas tres cosas y puedes controlar el petróleo completamente por ti mismo’. Desafortunadamente, que descanse en paz, Chávez muere y luego quedó bajo su control, y luego el petróleo quedó bajo nuestro control. ‘Bueno, si te doy esto, me das eso’. Y dijimos: ‘Bueno, las ganancias son básicamente las mismas, tal vez un poco más aquí que allá, o hay más allí que aquí, pero. . . no vamos a entrar en tu parcela”.
Jorge Luis Montenegro Carrillo, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (INAC):  Gilson Barroeta Flores, supuesto proveedor de armas y socio de los sobrinos Flores, le comunica a Efraín Campo Flores que va a contactar al director del INAC con el fin de que este aprobara el vuelo de un jet Dassault Falcon desde Barquisimeto, estado Lara, hasta el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. La fecha de este vuelo sería entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015.
El documento no especifica si el vuelo se hizo efectivo.  Julián Pacheco Tinoco, ministro de seguridad hondureño: El informante de la DEA, José Santos Peña, conocido como CS-1, aseguró que el funcionario del país centroamericano le prestó apoyo para ingresar droga a Honduras.

EEUU anuncia cambios en el Programa de Exención de Visas.

Washington EEUU / EFE - El Departamento de Seguridad Nacional anunció este viernes medidas destinadas a endurecer los controles de seguridad para los visitantes procedentes de Europa y otros países que no requieren un visado para entrar al país por un periodo limitado de tiempo.

La decisión tomará efecto "inmediatamente" y afectará a los visitantes sujetos al Programa de Exención de Visas (VWP, en inglés), que permite a los ciudadanos de 38 países, incluidos España y Chile, viajar a EEUU sin necesidad de visado por un periodo no superior a 90 días.
De acuerdo con el sitio digital Aristegui Noticias, 147 mil viajeros de países elegibles bajo el VWP permanecieron en Estados Unidos más allá de la fecha de su visa, lo que representó un 0.68 por ciento del total de viajeros bajo el programa, de más de 21 millones el año pasado.
En una llamada con la prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que EEUU exigió a Portugal, Hungría, San Marino y Grecia poner en marcha una campaña de información pública para explicar a sus ciudadanos las reglas que deben cumplir bajo ese programa de exención de visados.
Los países que están en el Programa de Exención de Visas son: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Latvia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Corea, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, y Taiwán.
Más de un 2% de los ciudadanos de esos cuatro países se quedan en EEUU sin autorización una vez cumplidos los 90 días de estancia máxima que permite el Programa de Exención de Visas y, por eso, el Gobierno de Donald Trump les ha exigido tomar medidas, según detallaron los funcionarios, que pidieron el anonimato.
"Esa campaña de información debe explicar cuáles son las reglas para los que son admitidos en EEUU y cuáles son las consecuencias a las que se enfrentan si no cumplen", detalló un funcionario.
El Gobierno no exigirá a Portugal, Hungría, San Marino y Grecia que hagan un gasto específico en sus campañas de información, pero estará "atento" a su efectividad.
Las citadas fuentes consideraron que Washington tiene potestad para pedir a otras naciones que gasten dinero en una campaña de publicidad porque el Programa de Exención de Visas es una "colaboración" en el que otros Gobiernos tienen responsabilidad y que supone un "sustancial" beneficio para sus ciudadanos.
Asimismo, el Gobierno ha exigido a los países beneficiarios del Programa de Exención de Visas que implementen "al completo" los acuerdos de intercambio de información vigentes.
En concreto, con el objetivo de impedir ataques terroristas, EEUU quiere que los 38 países beneficiarios del programa le proporcionen información detallada sobre ciudadanos de terceros países que viajan a esas naciones y que, desde allí, parten a territorio estadounidense.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Congreso que use su poder para hacer que los países beneficiarios cumplan con una serie de requisitos que forman parte del acuerdo actual, pero que no se están ejecutando correctamente, según los citados funcionarios.
El Congreso puede obligar a ciertos países a cumplir con una serie de medidas porque de él depende la política comercial exterior y la aprobación de ciertas medidas de seguridad.
De esa forma, el Departamento de Seguridad Nacional instó al Legislativo a tomar medidas para que los países del programa estén obligados a permitir al Cuerpo de Alguaciles viajar a bordo de los aviones que aterrizarán directamente, sin escalas, en territorio estadounidense.
El Departamento de Seguridad Nacional también pidió al Congreso que use su poder para obligar a los países beneficiarios a transmitir la información que tienen sobre terroristas a la Interpol, de la que forma parte EEUU, y la Europol, con la que Washington tiene un acuerdo de colaboración.
También quiere el Departamento que el Congreso obligue a las naciones del programa a compartir con Estados Unidos todos los datos sobre los viajeros que, en su territorio, compran un billete de avión, hacen una reserva de hotel o alquilan un automóvil.
Los funcionarios estadounidenses aseguraron que su país parte de una "perspectiva colaborativa", pero baraja tomar medidas contra las naciones que no cumplan con sus exigencias.
Entre esas iniciativas, figura la posibilidad de que EEUU decida excluirles de ese programa de exención de visados o, incluso, la posibilidad de que el Gobierno de Trump imponga sanciones a ciertos países para impedir que sus ciudadanos entren en territorio estadounidense.
Unos 20 millones de personas se benefician cada año del programa de exención de visados.

Pastrana: "Comenzó a caer la narcodictadura" de Maduro.

Bogotá Colombia / EFE - El ex presidente colombiano Andrés Pastrana aseguró que empezó a caer la "narcodictadura" en Venezuela tras la condena a 18 años de cárcel que recibieron en Estados Unidos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, familiares del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Comenzó a caer la Narcodictadura" de Maduro, del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, y el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, escribió Pastrana en Twitter.
Acompañó el mensaje de una noticia sobre la condena anunciada en Nueva York contra Campo Flores y Flores de Freitas por intentar llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.
Los primos, sobrinos de la primera dama venezolana, Cilia Flores, y que están en una cárcel federal en Nueva York tras ser arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015, deberán cumplir la sentencia en su totalidad.
También tendrán que pagar cada uno una multa de 50.000 dólares, según el juez Paul Crotty, a cargo del caso, que se cerró hoy después de que el anuncio de la condena fuera pospuesto en varias ocasiones.

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