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lunes, 24 de junio de 2019

¿Cuál debe ser el objetivo estratégico del movimiento social?


Por Oscar-René Vargas / “Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error”.  Napoleón Bonaparte “.  Los poderes fácticos del capital pueden, según las circunstancias, gobernar valiéndose de diferentes sistemas y métodos políticos. 

Así, el gran capital, en su trayectoria histórica, gobernó a través de los gobiernos conservadores, durante la dictadura somocista, en los años ochenta, en los gobiernos neoliberales y también durante la dictadura Ortega-Murillo. 

Todas estas formas de gobierno conservaron el carácter de capitalismo dependiente, permitieron la concentración de las riquezas en pocas manos, beneficiaron de los “de arriba” y empobrecieron a los “de abajo”.

En la variopinta oposición de la Alianza Cívica conviven grupos populares y representantes del gran capital, con visiones diferenciadas, pero, en general, dispuestos a seguir el guión de las elecciones adelantadas. Otro punto resaltante es el de los egos de los autoproclamados líderes, con aspiraciones personales y delirios de llegar al poder.

El problema de los egos ha sido un factor fundamental que explica por qué ha sido tan difícil lograr el objetivo de arrinconar y derrotar al régimen Ortega-Murillo. Algunos elementos más débiles de la Alianza Cívica, ligados al capital, no han soportado la presión; agotados, exhaustos, han firmado declaraciones y acuerdos sin medir las consecuencias futuras.

La esencia de la política del gran capital es su constante oscilación entre las demandas de los sectores populares (estudiantes, mujeres, campesinos, etcétera) y el deseo de llegar a un pacto con el régimen Ortega-Murillo. Los representantes del capital siempre se están desplazando pendularmente de una posición a otra con el objetivo de tener los menores costos posibles.

En este combate de influencias al interior de la Alianza Cívica, predomina el gran capital, y tienen menos peso los sectores populares que buscan no solamente la caída de la dictadura, sino una transformación social en beneficio de los “de abajo”.
Estamos en un período de transición, entre dos marejadas sociales, desde la primera ola de abril a agosto 2018 y frente a la segunda ola que se está formando en el horizonte.

Frente a la segunda ola, ¿cuál es el objetivo a largo plazo del capital? Este prevé la caída del régimen ante una posible nueva ola social; frente a esa posibilidad busca como paralizar, desviar y neutralizar al movimiento social para que el triunfo de la insurrección ciudadana aparezca como una victoria de la Alianza Cívica.

La Alianza Cívica luce atada, con nudos poco visibles, a un guión que hasta ahora solo ha favorecido a los planes de Ortega-Murillo, y parecen no darse cuenta de que la raíz de su debilidad reside en ellos mismos, en sus vacilaciones.

Tampoco es justo concluir que la Alianza Cívica le está haciendo el “juego” al gobierno; pero, el que sigue ganando tiempo es el régimen dando poco, poquísimo, a cambio de muy poco por la estrategia implementada.

El pacto, una maniobra de trastienda, es posible entre el capital y el régimen dado que el país se encuentra sin movilizaciones en las calles, sin resistencia social en los barrios, sin presión efectiva de los ciudadanos auto-convocados y sin un líder nacional proveniente de las filas de los sectores populares.

Por ahora, el balance de la lucha contra la dictadura es contradictorio. El pico de la movilización alcanzado entre abril y junio 2018, no ha tenido continuidad. Sin embargo, la economía se reducirá en un 10 por ciento en 2019 en relación a 2018; con condiciones que empeorarán como resultado de la prolongada crisis sociopolítica. Día a día, se aumenta el riesgo de una depresión económica por la intransigencia del gobierno Ortega-Murillo.

La coyuntura política en curso está signada por la expectativa del fin de la dictadura con elecciones adelantadas. Los sectores predominantes en la Alianza Cívica promueven la idea de que se puede lograr en las urnas, lo que no se ha obtenido en las calles: el fin del régimen.

Miembros de la Alianza Cívica piensan que la campaña electoral podría alimentar una nueva oleada de movilizaciones sociales, siempre y cuando se establezca una candidatura unificada de la oposición y la campaña electoral sea transparente y con garantías de libre movilización.

En un proceso electoral, el régimen utilizará todos los recursos del Estado para intentar la reelección del partido de gobierno, tratarán de afianzar las grietas de la oposición con una campaña sucia y con maniobras de los servicios de inteligencia e impondrán a los paramilitares como fiscales en las mesas de votación.

Si el poder autoritario enfrenta dificultades crecientes, si la crisis del régimen se agrava, si las instituciones de la dictadura demuestran ser incapaces de soportar la presión de las contradicciones internas o externas o, si como sucede con mayor frecuencia, se da la combinación de ambas; entonces, en esas condiciones, no podemos desechar de antemano un golpe militar para evitar el triunfo del movimiento social. Bueno o malo, es una posibilidad.

La espiral de violencia estatal no llega a su fin. En lugar de tomar todas las medidas a su alcance para garantizar que la violencia cese, el régimen siguen instaurando un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión.

El gobierno Ortega-Murillo ha respondido con un excesivo despliegue policial que sólo busca amedrentar, infundir terror e imposibilitar el ejercicio de los derechos constitucionales de los ciudadanos. El torpe provincialismo del régimen demuestra que su pensamiento político está completamente desgastado.

El sistema político actual ha llegado a una descompensación sin retorno por el patente debilitamiento del poder dictatorial. El pueblo nicaragüense soporta la represión pacientemente, pero no pasivamente.

El tiempo para detener el descarrilamiento del país es breve y los poderes fácticos tradicionales están en otra cosa, están en pugna por hacer prevalecer sus vacuos intereses.

Las sanciones internacionales son como las banderillas que le ponen al toro para desangrarlo, pero las banderillas no lo matan, solo lo debilitan. El régimen se vuelve más sensible por la presión externa, pero solamente la acción interna le podrá dar el jaque mate político.

El grado de desintegración de la base social del régimen, su desmoralización política, la ineptitud de sus dirigentes, sus errores frecuentes, etcétera, son elementos favorables al movimiento social que se deben de tener en cuenta, para la elaboración de la estrategia general. Hay que tener presente que Ortega-Murillo no poseen el poder económico y político para resistir la presión de la crisis económica.

Es el momento de evaluar la situación, comprender las razones del estancamiento social, ser prudente en las decisiones futuras, reconocer la necesidad de una segunda ola social, y conocer los puntos débiles de la dictadura, para avanzar en el camino que nos permita sobrepasar las dificultades.

No se puede jugar a la gallina ciega frente a los grandes problemas del país, tampoco callarse, esperar o consolarse con la idea de la lucha es problema entre los poderes fácticos tradicionales. Ni el partido oficial en su conjunto, ni su aparato, son inmutables e inmodificables. La clase política tradicional del país ha caducado y minado su estructura básica, que necesita una renovación.

Los sectores progresistas deben dar un paso decisivo para superar las cloacas en que han sido convertido al Estado-Nación por los dictadores de turno. Necesitamos ser más sagaces y juiciosos que nunca. Saber que el destino de la dictadura se resolverá en indisoluble conexión entre las acciones externas con el proceso interno.

Es imposible prever todas las variantes del proceso. Pero en situaciones tan complejas y que exigen tanta responsabilidad, hay que guiarse por una norma expresada por los franceses en el proverbio: ¡Hacer lo que se debe, venga lo que venga!

Para triunfar no sólo son necesarias determinadas condiciones objetivas, tanto internas como externas, sino algunos factores subjetivos: la organización, la dirección política y la estrategia. Es decir, todo depende del grado de organización, de la relación entre las fuerzas antagónicas y del nivel alcanzado en el proceso contradictorio.

El abecé del momento político nos indica que tenemos que implementar la conformación de un gobierno provisional, con el objetivo de darle una dirección política al movimiento social insurgente, para poder establecer una mejor coordinación entre las acciones internas y externas, y concentrar en sus manos todo el control de la lucha contra la dictadura.

Debemos tener presentes las fuerzas económicas, sociales y políticas fundamentales, para trazar la curva del desarrollo de la lucha. La gran tarea del gobierno provisional es crearse puntos de apoyo morales, materiales y políticos favorables, tanto internos como externos, en vista de la lucha que se avecina.




OEA discutirá esta semana una resolución sobre la crisis en Nicaragua.


La Organización de Estados Americanos (OEA) discutirá esta semana una resolución sobre la crisis en Nicaragua, con el propósito de crear una comisión que tendría un plazo de tres meses para rendir un informe definitivo sobre la crisis que comenzó en abril de 2018.

El proyecto de resolución titulado “La situación en Nicaragua”, lo presentaron las misiones permanente de Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, y Perú, y se espera sea discutido durante el Cuadragésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones de la OEA, que se realizará esta semana en Medellín, Colombia.

El documento propone “instruir al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua, y que rinda un informe en un plazo de tres meses”.

Por otro lado, las misiones permanentes instruyen al Consejo Permanente que una vez recibido el informe, “adopte las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General.

En enero pasado se empezó a aplicar la Carta Democrática siguiendo los pasos establecidos en los artículos 18, 19 y 20 de este instrumento jurídico del que dispone la OEA, para lo cual se hizo una “apreciación colectiva” sobre la situación en Nicaragua, y se determinó que existe “una alteración del orden constitucional” del país.

El Consejo Permanente de la OEA estima que se deben garantizar las “condiciones políticas y sociales” para promover una reforma electoral “integral” que permita elecciones libres en Nicaragua.  Las elecciones, insisten, deben ser “libres, justas, transparentes y legítimas”, de conformidad a los estándares internacionales.

Asimismo, instan a la reanudación de la negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero mediante un diálogo con resultados efectivos y de “buena fe” para dar cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.

Las misiones permanentes reconocen que se ha liberado a un número importante de manifestantes, en el contexto de la crisis social y política.

En el proyecto de resolución consideran que este es un “paso relevante en el marco de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación”, pero lamentaron que existe “información creíble” sobre manifestantes que siguen detenidos por motivaciones políticas y que muchas de las personas liberadas no tienen claridad sobre su situación jurídica.  

Este grupo de países condenó las limitaciones a la libertad de prensa, la represión a la manifestación pacífica y los ataques a quienes participan en actos religiosos.

Finalmente, reiteraron la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua.

Nicaragua necesita a su Juan Guaidó, dice la líder opositora Kitty Monterrey.


Para poner fin al régimen de Daniel Ortega, la oposición de Nicaragua está buscando a su Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela reconocido como presidente encargado por más de 50 países, afirmó este lunes la presidenta del Partido nicaragüense Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey.

En declaraciones a EFE, después de participar en un evento en la Casa América en Madrid, Monterrey señaló que la oposición nicaragüense debe mantenerse unida, buscar liderazgos ciudadanos y evitar a los "caudillos" de los partidos tradicionales para vencer al actual gobierno en las urnas.

"Sí es posible (hallar a un Guaidó). Esta insurrección cívica del 18 de abril (del 2018), así le llamamos nosotros, ha producido una enorme cantidad de líderes jóvenes emergentes que han estado en la cárcel, que han sufrido lo indecible y que han sido un ejemplo para el pueblo de Nicaragua", aseguró.

Monterrey, una de las principales figuras de la oposición nicaragüense, reconoció que no hay alternativa legal más allá de las elecciones, pues si Ortega renunciara, el poder recaería en la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario.

Aun así, consideró que sí es factible vencer al régimen en una votación si se involucra a la comunidad internacional, en concreto a la Organización de Estados Americanos (OEA), que realizará su asamblea general en Colombia de este miércoles al viernes.

"Existe un acuerdo vigente con la OEA de una reforma electoral, si la presión se mantiene y esa reforma se da y tenemos elecciones observadas, se puede ir a un proceso libre y transparente. Lo que tenemos que presionar es que sean anticipadas porque esperar hasta el 2021 es mucho tiempo para un país tan pequeño y con una economía tan frágil", dijo.

La opositora aplaudió las nuevas sanciones que Estados Unidos y Canadá impusieron el viernes pasado a más de una decena de funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo y a familiares de la pareja presidencial, a quienes congelaron las cuentas y prohibieron realizar transacciones comerciales.

Admitió que estas medidas no "son suficientes, pero son importantes" porque presionan al círculo cercano del presidente Ortega para que convoque a elecciones anticipadas y evite mayor represión en las calles.

Expresó que ella acepta la intervención internacional a través de "presión moral" y sanciones porque los "ojos del mundo son algo sumamente importante" para que la crisis nicaragüense no escale al nivel de la venezolana.

"A veces nos dramático, pero no por eso deja de se igual de urgente el de Nicaragua. Somos un país pequeño, pero que con mucha rapidez podemos alcanzar la misma situación de Venezuela", explicó.

Sobre la excarcelación de más de 600 personas que participaron en las marchas de la oposición, Monterrey argumentó que se trata de una "liberación a medias" porque siguen bajo vigilancia y aún no existen fallos judiciales que confirmen su libertad legal.

Denunció que esta es una manera en la que el gobierno de Ortega intenta amedrentar a los opositores para mantener el control de las calles y reducir la tensión internacional.

La dirigente opositora nicaragüense participó en el panel "Casos relevantes de América Latina" durante el Foro Atlántico: Iberoamérica de cara al futuro", organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Ahí expuso que la oposición calcula que, a más de un año del inicio de las protestas, hay 325 muertos, más de 60.000 exiliados y 85 presos políticos que continúan en la cárcel.

Después de exhortar a la comunidad internacional a mantener la presión contra el régimen de Ortega, agradeció a España y Costa Rica por mostrar liderazgo en esta cuestión y acoger a los refugiados políticos.

Llaman a juicio en Nicaragua a un difunto y tres beneficiados con amnistía.


Un difunto y tres expresos políticos beneficiados por una Ley de Amnistía fueron citados a juicio esta semana en Nicaragua, informó la líder comerciante Irlanda Jerez, recién excarcelada tras 11 meses por llamar a "desobediencia civil" contra el presidente Daniel Ortega, a quien responsabiliza por la muerte de cientos de opositores.

El ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, Eddy Montes Praslín, quien murió en prisión en mayo pasado al recibir un disparo de un custodio, fue citado para presentarse mañana ante el juez Melvin Vargas, titular del Juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, según Jerez.  

Previamente el juez del Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgard Altamirano, había citado a juicio para este lunes a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como a Jerez, dijo la líder comerciantes, a periodistas.

"Es una manera descontrolada de ellos, ya que ambos periodistas salieron el 11 de junio junto conmigo, con la Ley de Amnistía, igualmente mañana está citado don Eddy Montes, que fue ejecutado el 16 de mayo", afirmó.

Según la Ley de Amnistía, aprobada hace tres semanas por la Asamblea Nacional, a petición de Ortega, todos los procesos e investigaciones contra las personas acusadas en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 deben cesar.  

A pesar de lo que dice dicha legislación, los miembros del Gobierno han advertido que los opositores excarcelados volverán a ser encerrados y enfrentarán juicio por los cargos anteriores, en su mayoría terrorismo, en caso de volver a protestar contra Ortega.

Jerez reiteró que la Ley de Amnistía no beneficia a los opositores excarcelados, unos 620 hasta el momento, debido a que en Nicaragua no es delito protestar, en cambio, afirmó que la misma beneficia a los policías y paramilitares que han matado, desaparecido o "secuestrado" a cientos de nicaragüenses, y que hasta ahora no han enfrentado la justicia.

La líder comerciante hizo la denuncia "para que el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional tenga conocimiento del actuar de ellos (el Gobierno)". Sobre la cita de los periodistas, el abogado Julio Montenegro solicitó al juez Altamirano una reprogramación del juicio, en caso de que no suspenda las causas, tal como lo manda la Ley de Amnistía, pero no recibió respuesta.

La cita de la justicia nicaragüense ocurre mientras Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos en 14 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por crímenes "de lesa humanidad" en medio del conflicto interno.  Organizaciones humanitarias locales cuentan hasta 594 muertos, mientras que el Gobierno reconoce 200. 

La crisis ha producido un éxodo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) calcula en unos 60.000 nicaragüenses, aunque ONGs del país creen que esta cifra es conservadora.  vemos un poquito disminuidos con relación al caso de Venezuela, que es mucho más.

Proponen a OEA formar una comisión de alto nivel para Nicaragua .


Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Canadá proponen a la Asamblea General de OEA "la formación de un grupo de naciones para gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua" en el marco del Arto. 20 de la Carta Democrática.

La propuesta de documento de resolución fue presentada por la Misión Permanente de Canadá en la OEA, con el patrocinio de los siete países mencionados.

El proyecto de resolución titulado "La situación en Nicaragua" condena fuertemente al régimen por la masiva violación a los derechos humanos en el país, reitera "la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política que afecta a este país desde hace más de un año".

Insta al gobierno a la "la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe" entre el gobierno y la Alianza Cívica "y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados".
Insiste en "la necesidad de que el Gobierno de Nicaragua permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos".

La propuesta del grupo de 7 países pospone de hecho la esperada votación en la Asamblea General de cancilleres de la OEA para suspender a Nicaragua en base al artículo 20 de la Carta Democrática.

Sin embargo, no es una suspensión por largo tiempo, en los próximos tres meses, Ortega estará sometido al escrutinio de la misión de alto nivel que formará la Asamblea que comienza el miércoles.

El proyecto de resolución reformula la agenda de la comunidad internacional en relación a la situación del país, como "las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas" que indican "constituyen una alteración del orden democrático en los términos de la Carta Democrática Interamericana".

La resolución plantea "al Consejo Permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo de tres meses".

Además instruye al Consejo Permanente a que "recibido el informe de esta comisión, adopte las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General".

Migración mejicana investiga a supuesta cónsul orteguista.


Ciudad de México. El Instituto Nacional de Migración (INM) informósobre la detención y presentación ante la Fiscalía General de la República de Socorro 'N', funcionaria consular de Nicaragua, luego de que ella trasladara en un vehículo a tres personas cubanas en condición de "estancia irregular en el país", supuestamente hacia un albergue.

En un comunicado, el INM detalló que Socorro "N" fue interceptada en la caseta de inspección de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca.  "Agentes federales de Migración en compañía de integrantes de la Guardia Nacional y la Policía Federal, inspeccionaron un vehículo color negro... en dicha unidad viabajan cuatro personas, tres cubanos (dos hombres y una mujer) como pasajeros y la conductora, Socorro 'N', quien se identificó como cónsul de Nicaragua", indicaron las autoridades.

Su visa diplomática tenía vigencia al 11 de marzo de 2017. Es decir, no la ha renovado desde entonces, pero aún sigue acreditada ante la SRE como funcionaria consular de Nicaragua en Tapachula, Chiapas.  

"Al ser cuestionada sobre el origen y destino de los extranjeros que trasladaba, refirió que los llevaría a un albergue en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Se le informó que las personas de origen cubano que trasladaba estaban en condición irregular, por lo que no podrían continuar el tránsito al destino previsto", apuntó el INM.

"La mujer que mostró su visa vencida, que la acreditaba como cónsul de Nicaragua, se le informó también de su estancia irregular, por lo que el INM revisa su situación y además fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República", agregó.

La cancillería nacional negó tener nexos con una mujer que se identificó como cónsul de su país al ser detenida ayer domingo en México, por trasladar a tres cubanos sin documentos migratorios, y explicó que fue separada de su cargo en febrero por "irregularidades en sus funciones".

El gobierno reconoció que la nicaragüense Namibia del Socorro Fuentes González fue su cónsul en México, pero declaró que fue separada en febrero pasado.

"Fuentes González fue separada del cargo de cónsul de Nicaragua en Tapachula, Estado de Chiapas, Estados Unidos Mexicanos, el 6 de febrero del año 2019, por irregularidades en sus funciones", indicó el Ministerio de Gobernación, en una nota de prensa.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) explicó ayer que, según la documentación que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, identificada ante las autoridades mexicanas como Socorro "N", sigue acreditada como funcionaria consular de Nicaragua en Tapachula, desde 2013, pero no ha renovado su visa.  

Al momento de ser detenida en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, al sur de México, la excónsul llevaba en su automóvil a tres cubanos, y presentó una visa diplomática vencida el 11 de marzo de 2017, según informó el INM.

Las políticas estancadas deben ceder el paso a una acción de derechos humanos decidida. Los líderes de las Américas deben dejar atrás el debate político estancado y reforzar su enfoque y su compromiso en la protección de los derechos humanos. 

Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una carta abierta a los jefes de Estado que asisten a la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Medellín, Colombia.

“Los líderes de las Américas deben dar un paso al frente y superar los graves desafíos a los que se enfrenta la región. Este es el lugar más peligroso del mundo para quienes defienden los derechos humanos, especialmente quienes defienden la justicia climática y el medio ambiente, y también es el escenario de dos grandes crisis globales de derechos humanos: las de Nicaragua y Venezuela”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El año pasado, 241 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos en las Américas: más de dos tercios del total global. Al mismo tiempo, más de 300 personas murieron y más de 700 se enfrentaron a cargos penales por protestar en Nicaragua. 

Mientras tanto, en Venezuela, la crisis de derechos humanos cada vez más profunda ha empujado a más de 4 millones de personas a abandonar el país, y tan solo este año casi 1.000 personas han sido detenidas y decenas han muerto durante protestas, mientras que muchas más han sufrido malos tratos y tortura por salir a la calle a reclamar cambios.

“Habiendo tanto en juego en las Américas, los Estados deben formular compromisos claros y específicos de proteger a quienes defienden los derechos humanos, lo cual incluye ratificar sin demora el Acuerdo de Escazú. 

También deben reforzar sus demandas de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de las graves crisis de derechos humanos de Nicaragua y Venezuela, y garantizar que existen medidas efectivas de protección para quienes huyen de Venezuela, y que la ayuda humanitaria llega a quienes permanecen en el país”, ha declarado Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide asimismo a los Estados que respeten la autonomía y la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, previo al nombramiento de cuatro nuevos comisionados de Derechos Humanos durante la Asamblea General.

Esta petición se realiza después de que cinco Estados de la región publicaran en abril una declaración con recomendaciones para “fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, una declaración que fue rechazada mayoritariamente como un intento de debilitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Si los Estados desean de verdad hacer frente a las duras realidades a las que se enfrentan las Américas, deben modificar su enfoque y apartarse del debate político estancado y los alarmantes esfuerzos por debilitar el sistema interamericano de derechos humanos para emprender acciones decididas en favor de los derechos humanos de todas las personas de la región”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.

Una delegación de Amnistía Internacional estará presente durante la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y habrá portavoces disponibles para entrevistas.

Presidente Bukele se compromete a respetar los derechos humanos.


El Salvador / EFE - El nuevo gobierno de El Salvador debe impulsar e implementar cambios transformadores de derechos humanos que materialicen los compromisos internacionales que el país ha asumido, dijo Amnistía Internacional hoy en una reunión con el presidente Nayib Bukele, quien se comprometió repetidamente a respetar los derechos humanos.

“Nos hemos reunido con el presidente Nayib Bukele para presentar nuestras preocupaciones sobre la grave situación de derechos humanos en El Salvador. Esperamos que su gobierno aborde estos grandes desafíos con determinación y que adopte sin demora los cambios que necesita el país para hacer de los derechos humanos una realidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En una reunión en San Salvador, la delegación de Amnistía Internacional le entregó al presidente un memorándum con recomendaciones iniciales para su gobierno, en seis áreas claves: justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado; derechos de las mujeres y niñas; personas defensoras de derechos humanos; política de seguridad y derechos humanos; personas migrantes y refugiadas; y política exterior en materia de derechos humanos. Todos estos temas han sido consensuados con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de derechos humanos, incluidos los de víctimas.

“El gobierno del presidente Bukele tiene una gran oportunidad de marcar un nuevo rumbo para El Salvador, así como tiene la responsabilidad de asegurar que los derechos humanos estén en el centro de la toma de decisiones y el diseño e implementación de políticas públicas en el país”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Dado los enormes retos de derechos humanos que también enfrentan los países vecinos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, esto es un momento sumamente preocupante para Centroamérica. Por lo tanto, instamos al nuevo gobierno de El Salvador a asumir un rol proactivo en promover la protección de los derechos humanos en la región”.

El presidente Bukele se comprometió a crear una mesa interministerial para discutir estrategias para mejorar la situación de derechos humanos en el país. También prometió abrirse al escrutinio internacional y permitir el acceso de diferentes organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Se mostro firme en su compromiso por ser una voz distinta en Centroamérica y condenar las violaciones de derechos humanos que se cometen en el resto de la región.

La delegación de Amnistía Internacional le hizo saber que, tristemente, El Salvador es conocido sobre todo por dos temas: las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a través de la prohibición total del aborto, y por la violencia generalizada en el país.

El presidente enfatizó que su gobierno no criminalizará a las mujeres y las niñas, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, y que garantizará sus derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a la seguridad pública, se comprometió a implementar una estrategia integral que priorice un enfoque de prevención y rehabilitación. 

Además, reconoció la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y el rol de las personas defensoras de derechos humanos en el país.

Este intercambio constructivo debe materializarse en hechos concretos. Amnistía Internacional le toma la palabra al presidente Bukele para avanzar en una agenda de derechos humanos, pero también estará observando de cerca para asegurar que el gobierno de El Salvador cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Amnistía Internacional continuará acompañando a las organizaciones salvadoreñas de derechos humanos, quienes esperamos tengan, lo más pronto posible, la oportunidad de compartir con el presidente sus preocupaciones y recomendaciones sobre los retos que enfrenta el país,” dijo Erika Guevara Rosas.

Buques de guerra rusos llegan a La Habana, pero se desconoce si continuarán rumbo a Venezuela.


La habana Cuba / EFE - Una agrupación de buques de la Marina de Guerra de Rusia llegó este lunes al puerto de La Habana para realizar una visita oficial, de acuerdo con una nota del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) del régimen cubano.

La flotilla está encabezada por el "Admiral Gorshkov", una fragata de última generación designado como Proyecto 22350 y capaz de operar en zonas marítimas y oceánicas distantes. También le acompañan el buque logístico Elbrus y el remolcador de rescate Nikolai Chiker.

Según una breve nota del MINFAR refiere que durante la visita los marinos rusos cumplirán un programa que incluye una visita de cortesía al Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR) de la isla, el contraalmirante Carlos Duque, así como recorridos por lugares de interés histórico y cultural.

La visita de los buques rusos a la isla caribeña tiene lugar en un momento en el que la relación bilateral entre el régimen cubano y Rusia muestra un nuevo impulso, ante la crítica situación de Venezuela, su otro aliado en la región. Varios medios de prensa sospechan que el destacamento naval ruso podría continuar rumbo posterioremente hacia puertos venezolanos, pero ni el gobierno ni la armada rusa se han pronunciado al respecto.

El anterior viaje de una agrupación de buques de la Marina de Guerra de Rusia a Cuba data de agosto de 2013, cuando una de las naves integrantes, el crucero coheteril "Moskva", pudo ser visitado por la población de la capital cubana.

El régimen cubano mantuvo una estrecha alianza de décadas con la hoy extinta Unión Soviética, cuya desintegración sumió a la isla en una grave crisis durante la década de los noventa debido a la retirada de los cuantiosos subsidios que recibía del bloque comunista.

El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (SouthCom), el almirante Craig Faller, hizo llegar este domingo una carta a los militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos, a pesar de las "muchas diferencias" que ahora les dividen.

"Así nos comunicamos directamente con el Ejército venezolano, ya que no son todos malos, hay en sus filas profesionales que quieren hacer lo correcto, que quieren que se restaure la democracia", explicó a Efe el propio Faller en el avión que el que viajaba a Buenos Aires, donde da comienzo su gira oficial de cinco días por Suramérica.

La carta, divulgada en inglés y en castellano a través de las redes sociales fue puesta en circulación en el marco del 198 aniversario este lunes de la victoria de Carabobo, una de las principales contiendas de la Guerra de la Independencia de Venezuela, que tuvo lugar el 24 de junio de 1821.

Con un tono conciliador, la carta hace referencia al "papel indispensable" que ha desempeñado el estamento castrense en la historia del país cafetero y reconoce el "rol esencial" que debe jugar en el futuro de Venezuela.

"Sé que ahora hay muchas diferencias que nos dividen, pero tenemos algo en común que trasciende el lenguaje, la ideología y el origen. Formamos parte de una profesión especializada, defensores firmes de nuestras naciones y protectores de nuestra gente", reza la misiva firmada por el jefe del SouthCom.

La carta concluye expresando el deseo del almirante de que "pronto" llegue un día en que las Fuerzas Armadas de ambos países puedan volver a trabajar "juntas" para hacer frente a los retos comunes que afectan al continente.

El almirante aseguró que la carta se trata de un gesto "coordinado" de todo el Ejecutivo estadounidense, incluida la Casa Blanca.

Desde hace meses, Estados Unidos ha estado presionando a los militares venezolanos para que den la espalda a Nicolás Maduro y acepten como presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino de Venezuela por más de medio centenar de países, entre ellos EEUU.

El líder opositor llegó a ofrecer una amnistía a todos aquellos miembros del régimen de Maduro, incluido el propio mandatario, que aceptasen abandonar el poder.
Esta propuesta fue bien acogida por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, llegó a recomendar al dictador venezolano "y a sus principales asesores" que aceptara la amnistía que les habían ofrecido para así poder "pasar una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela".

Sin embargo, la oferta no surtió efecto, por lo que el pasado 30 de abril, Guaidó acabó liderando un llamado a los militares que permitió la liberación del también opositor Leopoldo López, que desde mediados de 2017 se encontraba en arresto domiciliario, y que ha derivado en protestas en el país caribeño.

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