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sábado, 23 de junio de 2018

El papel del Cosep en el diálogo.


Por Kenneth Dawtrey/  El papel del Cosep en el diálogo nacional es evitar la salida rupturista y asegurar una salida legalista, es decir, negociada, y un aterrizaje suave. El gobierno, según todos los indicios, ya aceptó, ante los emisarios de los Estados Unidos, su salida negociada, adelantando las elecciones, pero no quiere aceptarlo en público.

 ¿Por qué? Porque eso debilitaría su posición ante sus seguidores, que empezarían a desertar de sus cargos en el gobierno. Entre esos seguidores que apoyan a la dictadura se cuentan, en primer lugar, la policía, el ejército y las turbas, pero también toda la nomenklatura y la burocracia estatal.

La salida negociada es apoyada también por los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, que temen que en Nicaragua se produzca la anarquía o que surja un gobierno radical.  Estamos atrapados en un círculo vicioso. O más bien, el régimen está atrapado en un círculo vicioso y al no encontrar la salida nos arrastra en una brutal espiral de violencia.

La dictadura, y también el COSEP, que son sus aliados solapados, quieren un “aterrizaje suave”, pues temen a cualquier tipo de radicalismo que perjudique sus negocios. Ese aterrizaje suave se lograría a través de una salida negociada, en la cual las elecciones se anticipan al 29 de marzo del  año 2019.   Eso es lo que propone el documento  presentado por la Conferencia Episcopal en el diálogo, pero que el régimen no rechaza ni acepta abiertamente, pues está aplicando tácticas dilatorias. Esto lo hace con la esperanza de desgastar a la oposición, con su política de masacrar al pueblo.

Al interior de la oposición, hay dos posiciones discrepantes. Los representantes de la Alianza Cívica, encabezados por el COSEP, y secundados por los obispos, están a favor de una salida negociada. Pero los activistas que están en los tranques y en las calles rechazan esa salida. Temen que si el dictador permanece en el cargo durante varios meses, se desatará una represión selectiva y  a ellos les preocupa, naturalmente, su propia sobrevivencia, y su integridad, junto con la de sus familias.

El temor de los activistas a ser reprimidos, una vez alcanzado un acuerdo de elecciones anticipadas,  es muy comprensible y muy válido. Aún más, no sólo está justificado, sino que también es imposible erradicarlo de sus mentes. Es decir, no hay manera de que las bases superen esas preocupaciones. A ese factor, que es muy importante para entender la compleja coyuntura política actual, lo podemos llamar “el miedo a las represalias”.  Su existencia es indiscutible y debemos contar con el mismo para todo proyecto de salida a la crisis.

Ese mismo  miedo no lo sienten, sin embargo, los que están sentados en la mesa del diálogo. O al menos no le atribuyen el mismo grado de gravedad, aunque saben que existe. Se producen entonces dos posiciones discrepantes que, en sí mismas, encierran peligrosamente el germen del divisionismo. 

Se debe trabajar por lo tanto, de una manera urgente, en la carpintería del relevo, lo cual consiste en diseñar un mecanismo que permita una salida a la crisis cumpliendo los siguientes criterios:

1 -  Que garantice la salida inmediata del dictador, y evite que se produzca un “vacío de poder”.

2   -Que sea aceptable para el sector privado, para los sectores medios del país, para el aparato represivo, para la iglesia y para los sectores auto-convocados. También  para los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional.

Antecedentes históricos.

En Nicaragua hay antecedentes, en nuestra historia reciente, de dos gobiernos dictatoriales derrocados de diferentes formas. El dictador Somoza Debayle  se vio obligado a huir, al ser derrotada la Guardia Somocista por los rebeldes sandinistas, y sufrir grandes presiones de la comunidad internacional. En esa oportunidad, fue sustituido por una Junta de Gobierno que se había constituido desde dos años antes en el exilio tico. A los miembros de esa organización se les llamó Grupo de los Doce.

En el caso del gobierno sandinista, que duró de 1979 a 1990, sabemos que se vio precisado por la lucha armada de la contrarrevolución, y también por la fuerte presión internacional, a firmar la paz, a adelantar las elecciones, y eventualmente a entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro.

La única opción que permite cumplir con los dos requisitos mencionados arriba es la creación inmediata y urgente de un gobierno de transición o provisional, que asuma el poder tras la huida o la renuncia del dictador.

Esa Junta de gobierno estaría integrada preferiblemente por personas de reconocida trayectoria anti-orteguista. Podría contar también con algunos notables, pertenecientes a la oposición, como Fabio Gadea o como Carlos Tunnermann, o Alejandro Serrano Caldera, pero debe incorporar también a líderes que se han destacado en el curso del actual levantamiento popular. Deben estar ahí representados los estudiantes, los  campesinos anti-canaleros  y la sociedad civil.

La Junta de Gobierno, sin embargo, no se podrá crear por iniciativa de la cúpula empresarial. No obstante, dicha cúpula se vería obligada a reconocerla, una vez que haya sido conformada o constituida. La junta de gobierno provisional no podría surgir del seno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, ya que esa entidad está controlada por el COSEP.

La única entidad que se perfila actualmente como la facultada para conformar la junta de gobierno provisional o de transición es la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones Cívicas, surgida en la ciudad de León. Esa es una entidad paralela a la Alianza Cívica, cuyos objetivos coinciden y por lo tanto se apoyan mutuamente.

Sabemos que León, hoy en día, es un “territorio liberado”. Eso se debe a que el desarrollo de la lucha cívica en León tomó la delantera, en relación a Managua. Aprovechando ese espacio recién conquistado, y la existencia de la citada Articulación, que constituye un germen y un núcleo de liderazgo no solo a nivel local, sino regional, e incluso nacional, debe procederse a dar el siguiente paso.

La Articulación debe convocar a una mega-convención de todas las fuerzas opositoras del país, a celebrarse lo más pronto posible en un hotel o centro de convenciones de la ciudad de León. A ese cónclave deben invitar sin falta a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y también a la conferencia episcopal, o al menos a representantes locales de la iglesia. 

Durante ese evento, que se celebraría con mucha fanfarria, si las circunstancias políticas lo permiten, o en forma semi- clandestina, si la represión así lo exige, se conformaría la Gran Coalición Opositora. 

Dicha coalición se encargaría de nombrar una directiva, la cual a su vez refrendaría y endosaría la legitimidad de la Junta de Gobierno, que saldría elegida en ese mismo evento.  Los miembros de la Junta, una vez constituidos, deberán pronunciar sus discursos de aceptación y manifestar su compromiso de adoptar una plataforma democrática y de preparar el terreno para celebrar elecciones en el menor tiempo posible.

Tan pronto como asuma el poder de representar a la oposición, la Junta de gobierno debe abocarse por todos los medios a la conquista del poder          político en el país. Para ello, debe hacer lo siguiente:

-Decidir si es factible operar en Nicaragua o si debe trasladarse al exilio en Costa Rica. En caso de optar por quedarse en Nicaragua, debe crear una sub-sede en Costa Rica, previendo que se incremente la represión.

- Legitimarse por todos los medios ante la comunidad internacional, garantizando que ella representa la mejor alternativa para una transición ordenada, que minimice la violencia y el daño a la economía del país.

-Ofrecer algún tipo de propuesta, que deberá ser debidamente estudiado,  para llegar a un arreglo que sea aceptable para el aparato represivo,  y otros sectores involucrados en la masacre en contra de la población auto-convocada. Un acuerdo que permita que ellos depongan las armas y se logre la ansiada pacificación del país.
Kenneth Dawtrey, de origen afro-caribeño, es profesor de ciencias políticas en el City College, de Nueva York.

CIDH: represión de Ortega causa 212 muertes.


CIDH presentó un informe contundente contra Daniel Ortega, a quien acusa de se el responsable del asesinato de 212 personas en Nicaragua después de desatar una brutal represión a las manifestaciones pacíficas que desde el 18 de abril exigen el final del régimen, que ha gobernado de forma autoritaria el país por más de once años. 

En su demoledor informe final presentado esta mañana en Washington ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que “la acción represiva del Estado”, además haber producido las muertes de centenares de nicaragüenses, ha dejado al menos 1 337 heridos y 507 detenidos. Además denuncia “usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”. El canciller Denis Moncada rechazó el informe y acusó a la CIDH de “parcialidad”.

El informe, que demanda el desmantelamiento de los grupos ¨parapoliciales¨ es un duro golpe para el régimen, que ha negado que en Nicaragua existan grupos paramilitares que siembran el terror entre la población, el ataque a manifestaciones pacíficas y el asedio constante a ciudades como Masaya y la violación a los derechos humanos, incluida la libertad de prensa.

El Gobierno, a través del canciller Moncada, acusó a la CIDH de tener un ¨sesgo político¨, y prácticamente señaló a las víctimas de conspirar para desestabilizar la “democracia” en Nicaragua. En su informe, la CIDH afirma que de conformidad con los testimonios recibidos durante la visita que realizó al país a inicio de mayo, se desplegaron “como otro medio de represión de la protestas francotiradores respecto de los cuales habrían elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado”.

“La información recibida por la CIDH de parte de integrantes del personal médico de hospitales públicos, indica que en el periodo referido se habrían atendido numerosas víctimas con impactos de bala en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax, así como en la espalda. La mecánica y trayectoria de los disparos indicarían a usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”, se lee en el documento oficial.

La CIDH afirma que de acuerdo con las autopsias analizadas por sus técnicos, “los orificios de entrada de los proyectiles, en múltiples casos, estaban localizados en zonas de alta letalidad del cuerpo, lo cual señalaría la intencionalidad letal de los disparos”. Además, el organismo afirma que recibió “extensa información” y denuncias “por irregularidades y denegación de atención médica y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas” durante las manifestaciones, una acusación por el quelos estudiantes universitarios responsabilizan a la ministra de Salud, Sonia Castro.

En el informe también se denuncia un “patrón de detenciones arbitrarias” durante las protestas pacíficas, que dejó 507 personas detenidas, de las que 421 eran jóvenes y adolescentes. Se advierte en el documento que las detenciones se hicieron con el “uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza”. Además, la CIDH afirma que “observa con preocupación” que la salud mental y bienestar emocional de los nicaragüenses “está siendo gravemente afectada por el contexto actual de violencia, hostigamiento, amenazas y represión”.

La Comisión en su informe detallado también recoge los testimonios de trabajadores públicos que denunciaron a los miembros de la misión que visitó el país “haber sido coaccionados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos o que han sido despedidos bajo “órdenes superiores” por haber apoyado las protestas”. 

El respeto a la dignidad de los trabajadores públicos fue uno de los requerimientos que ya había establecido la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el inicio de las negociaciones en el marco del Diálogo Nacional, en el que la CEN funge como mediadora. “Algunos trabajadores indicaron que el gobierno ha ordenado el monitoreo de los perfiles de redes sociales de los y las trabajadores con el objeto de reportar a quienes difunden mensajes o información percibida como contraria a los intereses gubernamentales”, advierte la CIDH.

El organismo dijo que el informe presentado este viernes ante el Consejo Permanente de la OEA, “además de presentar un análisis detallado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua”, servirá como base del trabajo del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que deben visitar Nicaragua para esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el país desde el 18 de abril. La CIDH también recomienda la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), que debe dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la esta organización.

Un equipo de la CIDH vendrá al país este domingo, mientras que el Grupo Internacional de Expertos Independientes, arribará el cinco de julio.

Tras su visita al país y constatar lo ocurrido en Nicaragua, “la Comisión concluye que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia” y que es “de especial preocupación” los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias que se cometieron contra la población, mayoritariamente jóvenes. 

“De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión”.

La CIDH reiteró el llamado al cese a la represión retomó las quince  recomendaciones que presentó al Gobierno tras la publicación de sus observaciones preliminares durante la visita a Nicaragua, entre otras, desmantelar a los grupos parapoliciales e instalar un mecanismo internacional e independiente para investigar y esclarecer la brutal violencia que ha dejado ya 212 muertos en un país sumido en la peor crisis política de los últimos cuarenta años.

Después de un debate de en el que al menos once países respaldaron el informe – México, Brasil, Canadá, Ecuador, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Estados Unidos—y solamente dos –Venezuela y Bolivia—respaldaron al régimen de Ortega, el Consejo Permanente de la OEA acordó sesionar la próxima semana para emitir una resolución sobre la crisis de Nicaragua.
 
En respuesta al rechazo absoluto por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las recientes protestas en Nicaragua, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Es vergonzoso que el gobierno del Presidente Ortega niegue lo innegable. Existe una gran cantidad de evidencia, que incluye miles de testimonios, para demostrar que el Estado nicaragüense ha cometido terribles violaciones de derechos humanos y continúa haciéndolo a diario. Esto tiene que parar antes de que se pierdan más vidas.

“La reacción del gobierno a las conclusiones de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demuestra que la retórica de la negación y la división forman parte de su estrategia de represión contra el pueblo nicaragüense. Recordamos al estado que tiene la obligación bajo el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todas y todos, sin distinción o discriminación”.


Cenidh ve "alentadora" propuesta de OEA de adelantar elecciones en Nicaragua.


El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó de "alentador" el planteamiento que la OEA ha hecho al Ejecutivo de Daniel Ortega de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarios en un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14, con el fin de superar la crisis que vive el país.

"Es alentador escuchar las diferentes afirmaciones que hizo Luis Almagro" al comienzo de la primera sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que abordó la crisis en Nicaragua, con 212 muertos y más de un millar de heridos en dos meses, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a periodistas. 

Almagro, secretario general de la OEA, ha dado "un viraje como de 180 grados" en cuanto a lo que considera la salida a la crisis de Nicaragua, anotó la activista. Almagro explicó este viernes que la OEA ha propuesto al Ejecutivo nicaragüense la celebración de comicios presidenciales y parlamentarios en un plazo mínimo de nueve meses y un máximo de 14.

"En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer. Hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. La respuesta debe ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte", dijo. 

Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están fijadas para 2021, pero diferentes sectores de la sociedad civil han pedido un adelanto electoral y una reforma constitucional. 

La Secretaría General de la OEA, dirigida por Luis Almagro, y el Gobierno nicaragüense están trabajando en una serie de reformas electorales, que prevén terminar en enero de 2019.

Estados Unidos también pidió este viernes al Gobierno de Ortega que convoque a elecciones "anticipadas y libres" para poner fin a la violencia que se ha cobrado 212 vidas en dos meses. La Iglesia católica está mediando en un diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para encontrar una salida pacífica a la crisis política, pero ese proceso quedó cancelado por desacuerdos entre las partes y la negativa del Ejecutivo a reformar la Constitución y adelantar las elecciones.

No obstante, la Iglesia ha asegurado que reanudará el diálogo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara su informe final. Las mesas tendrán que discutir la hoja de ruta planteada por los obispos para solucionar la crisis, que incluye la celebración de elecciones el 31 de marzo de 2019, la renuncia de los miembros del Poder Electoral y una nueva ley de partidos políticos, entre otras medidas.

Nicaragua vive desde el 18 de abril unas protestas que acumulan 212 muertos y 1.337 heridos hasta el 19 de junio, según las cifras presentadas este viernes en la sede en Washington de la OEA por la CIDH.

Opositores a Ortega aplauden el informe de la CIDH sobre Nicaragua.


Líderes estudiantiles y campesinos, defensores de derechos humanos e intelectuales de Nicaragua agradecieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presentar ante la OEA un informe de condena a la "violencia estatal" contra manifestantes en los últimos dos meses.

"La CIDH entregó un informe sumamente veraz, un registro muy completo de lo que vieron en su primera visita al país", declaró a dpa Víctor Cuadras, uno de los líderes del movimiento universitario y miembro de la opositora Alianza Cívica, que dirige las protestas en el país. 

El apoyo dado al informe por países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Argentina, México y Costa Rica "hará que otros Estados se sumen a respaldar la voluntad de nuestro pueblo que exige la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo", agregó.

Para Sara Henríquez, defensora de derechos humanos, la CIDH "fue contundente, porque sus miembros constataron en el terreno la dramática realidad de opresión que vive Nicaragua". 

Un equipo de la comisión visitó el país del 17 al 21 de mayo pasado. Henríquez, quien ha recibido amenazas de muerte, recordó que elementos ligados al Gobierno incendiaron la radio Darío en León en el marco de las protestas que iniciaron en abril y que, según la CIDH, han dejado 212 muertos, 1.337 heridos y 505 detenidos.

"La CIDH confirmó que el hospital de León cerró sus portones a manifestantes heridos, por órdenes de la ministra de Salud (Sonia Castro)", añadió la activista, y acusó al Gobierno de haber "escalado la represión a niveles de terrorismo de Estado". 

En su informe de 97 páginas presentado en sesión extraordinaria del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que miles de nicaragüenses siguieron por televisión e internet, la CIDH constató un "uso excesivo de la fuerza" y una "respuesta de represión" por parte de la Policía, grupos parapoliciales y grupos de terceros armados. 

"El Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia", destacó el documento. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, rechazó el informe, que calificó de "subjetivo, prejuiciado y notablemente parcializado", a la vez que aseguró que "no es política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso represivo y arbitrario de la fuerza". El Gobierno destacó el discurso de Moncada en su página web.

En su cuenta de Twitter, la poeta y novelista Gioconda Belli escribió: "Quisiera darles las gracias como ciudadana nicaragüense a @PauloAbrao y @totonia68 por el informe profesional y veraz de la @CIDH y pedirles disculpas por el discurso cínico y falso del Sr. Moncada, un canciller a la medida de lo que vieron con horror en Nicaragua". Lo dicho por el canciller "es un pronóstico de que no detendrán su actuación violenta (...). El gobierno seguirá escenificando incendios, saqueos y demás, para lavarse las manos y hacerse las víctimas", advirtió Belli.

CIDH insiste en sus recomendaciones al gobierno de NIcaragua.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuso ayer ante el Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), su informe final sobre la visita realizada a Nicaragua el pasado mes de Mayo.

En esa ocasión, la CIDH emitió 15 recomendaciones al gobierno de Nicaragua con el objetivo de poner fin a la crisis que el país atraviesa, no obstante, esta mañana durante la lectura de su informe final dieron a conocer nuevas recomendaciones que se suman a las dadas a conocer anteriormente.

La Comisión retoma las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua que fueron establecidas en sus Observaciones Preliminares de la visita de trabajo, adicionalmente, con base en la información analizada e incluida en este informe, la CIDH realizar las siguientes recomendaciones:

 1). Cesar de inmediato la detención arbitraria de quienes participan de las protestas. En caso de privación de libertad en el marco de dichas protestas, el Estado de Nicaragua debe ponerla en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente, a fin de que resuelva sobre la situación de la personas detenida. Bajo el supuesto de que la detención no responda a las causas expresamente tipificadas en la ley o se haya realizado de manera contraria a los procedimientos objetivamente previstos en la legislación, la autoridad judicial debe dar libertad inmediata a la persona.

2). Elaborar y dar a conocer un registro público que contenga la siguiente información: (a) número de personas que han sido detenidas desde el inicio de las protestas del 18 de abril; (b) causas de detención; (c) duración de la privación de libertad; (d) lugar de detención; (e) número de personas que actualmente se encuentran detenidas con motivo de las protestas iniciadas a partir del 18 de abril, y (f) número de personas excarceladas. 

La información debe incluir aspectos relacionados con el género, edad y ocupación de las personas.

3). Iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura. Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad.

4). Garantizar el trato digno a las personas bajo custodia de las autoridades del Estado. En lo particular, asegurar el derecho a la defensa jurídica desde el momento de la detención, e informar de manera inmediata a los familiares sobre el lugar donde se encuentra, así como sobre los motivos de la detención.

5). Adoptar las medidas necesarias para que, conforme a las obligaciones de debida diligencia, se lleven a cabo los debidos peritajes médico-legales en todos los casos de víctimas de violencia en el marco de las protestas. Asimismo, asegurar que dichos peritajes cumplan con los estándares interamericanos y documenten fehaciente las circunstancias en las que se produjeron las muertes y lesiones a manifestantes, y esclarezcan los hechos de violencia de manera completa y eficaz.

6). Garantizar el derecho a conocer la verdad de víctimas y familiares. En particular, asegurar que las mismas conozcan la información sobre las causas de las lesiones ocurridas y/o la muerte, así como a la verdad acerca de las circunstancias, los acontecimientos y los motivos que la provocaron.

7). Asegurar que se preste atención médica de emergencia a las personas que resulten heridas de manera adecuada, inmediata y con calidad en hospitales y centros de salud públicos y privados del país sin discriminación alguna. Es necesario que el Estado de seguimiento puntual a los tratamientos médicos requeridos y en caso sea necesario, facilitar y buscar 91 apoyo de cooperación internacional con objeto de garantizar el derecho a la salud y el acceso a medicamentos de estas personas.

8). Proteger los equipos y al personal que ejerce labores humanitarias y de asistencia médica de emergencia de posibles ataques o agresiones.

9). Implementar un programa multidisciplinario con el fin de atender los impactos psicológicos de la población por estos sucesos, en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. Las acciones deben estar basadas en un enfoque de derechos humanos e incluir perspectiva de género.

Nicaragua: La vergonzosa negación del gobierno de las violaciones de los derechos humanos es parte de su estrategia de represión. En respuesta al rechazo absoluto por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las recientes protestas en Nicaragua, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Es vergonzoso que el gobierno del Presidente Ortega niegue lo innegable. Existe una gran cantidad de evidencia, que incluye miles de testimonios, para demostrar que el Estado nicaragüense ha cometido terribles violaciones de derechos humanos y continúa haciéndolo a diario. Esto tiene que parar antes de que se pierdan más vidas.

“La reacción del gobierno a las conclusiones de hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demuestra que la retórica de la negación y la división forman parte de su estrategia de represión contra el pueblo nicaragüense. Recordamos al estado que tiene la obligación bajo el derecho internacional de proteger los derechos humanos de todas y todos, sin distinción o discriminación”.

Aumenta la violencia y la represión estatal a pesar de los múltiples esfuerzos de diálogo.


Nicaragua se encuentra sumida en un continuo ciclo de violencia, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la sociedad civil nicaragüense en el marco del diálogo nacional, y los llamados de organismos internacionales para detener las graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales y grupos afines.

Amnistía Internacional ha seguido su labor de monitoreo y documentación de la grave crisis de derechos humanos en el país y ha podido constatar la intensificación de la represión estatal y la violencia en las últimas semanas. Según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), el número de personas fallecidas asciende a más de 200, las cuales, en su mayoría, habrían sido a manos de la policía y grupos parapoliciales. 

Además, continúan los hostigamientos a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como también restricciones al derecho a la salud de las personas manifestantes heridas.

“El recrudecimiento de los ataques en contra de la población civil por parte de agentes del gobierno nicaragüense y grupos parapoliciales que actúan con su aquiescencia en los últimos días demuestra la simulación y falta de compromiso por parte del Presidente Ortega”, dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El gobierno nicaragüense no puede continuar haciendo llamados al diálogo mientras sigue cometiendo graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, y no toma todas las medidas a su alcance para que la violencia cese.”

Asimismo, las privaciones ilegales de la libertad a manos de grupos de particulares se han incrementado, y se mantiene la práctica de detener arbitrariamente a personas en el marco de la protesta por parte de fuerzas de seguridad del estado. Se calcula que alrededor de 70 personas se encuentran actualmente detenidas en violación de normas fundamentales de derecho internacional. En este contexto, se contabilizan ya más de 2.100 personas heridas, y numerosos bienes inmuebles públicos y privados han sido quemados.

Según la información recibida, el día 19 de junio, a dos meses del inicio de la represión estatal, al menos tres personas fueron ejecutadas, presuntamente a manos de Policía Nacional y grupos parapoliciales, y una treintena resultaron heridas en las ciudades de Masaya y Ticuantepe. 

Asimismo, durante el fin de semana, al menos 10 personas perdieron la vida en el marco de la protesta, de las cuales ocho fueron presuntamente a manos de grupos parapoliciales y la Policía Nacional. Entre éstas, se registró la muerte de una familia de seis personas, incluidos un bebé de ocho meses y una niña de dos años, que murieron calcinados por un incendio provocado en su vivienda en Managua. Diversos testigos, incluso una sobreviviente, indicaron que el fuego fue iniciado por policías y grupos parapoliciales.

Ciudades como Granada, Nagarote, Bilwi, Jinotega y Nindirí se sumaron en los últimos días a la lista de localidades con personas asesinadas a manos de terceros, y personas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente y heridas a manos de las fuerzas del estado y grupos parapoliciales armados.

Asimismo, Amnistía Internacional recibió denuncias sobre otras acciones inéditas como el sobrevuelo de avionetas en Jinotepe y barrios de Managua, que habrían arrojado insecticidas tipo cipermetrina sobre manifestantes (que en humanos produce vómitos, mareos y vértigo), el supuesto uso de vehículos adscritos al Ministerio de Salud para transportar a grupos parapoliciales, así como la posible clonación de ambulancias de la Cruz Roja, tal y como lo advirtió en rueda de prensa la propia institución.

De acuerdo con la información dada por personal médico del Hospital Bautista de Managua, en las últimas semanas las atenciones dadas por heridas por arma de fuego se han incrementado, y las atenciones por herida de bala de goma han sido casi inexistentes. Amnistía Internacional considera que la estrategia estatal intencionalmente letal denunciada en su reciente informe Disparar a matar: estrategias de represión de la protesta en Nicaragua se ha agudizado.

El gobierno del Presidente Ortega debe ordenar de forma inmediata el cese a la represión, el apego irrestricto de la Policía Nacional y sus cuerpos antimotines a las normas internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza, así como el desmantelamiento de los grupos parapoliciales. Es indispensable que el Estado nicaragüense cumpla con sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos de todas y todos sin distinción, y establezca garantías para el cese de la violencia.

Amnistía Internacional llama a la inmediata instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que investigue de forma exhaustiva los hechos de violencia y las graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el país desde el 18 de abril. 

Asimismo la organización considera clave el acceso irrestricto al país de organismos internacionales, y hace un llamado al gobierno para que dé total acceso y garantice las condiciones para el trabajo de documentación sobre violaciones de los derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al país, quien recientemente ha recibido la anuencia del estado para entrar al país.

EEUU pide elecciones anticipadas, libres y justas en Nicaragua.


Estados Unidos pidio elecciones anticipadas en Nicaragua como salida a la grave crisis que atraviesa el país centroamericano y dijo que el régimen de Daniel Ortega debe rendir cuentas por la situación que se vive allí.

Durante un consejo permanente extraordinario sobre Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el embajador estadounidense, Carlos Trujillo, pidió "elecciones anticipadas, libres y justas". "No hay otra para solucionar esta crisis", dijo. Trujillo realizó esta semana una visita a Nicaragua, en el marco de la cual se reunió con el gobernante Ortega.

En el consejo permanente extraordinario de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe final tras la visita que realizó en marzo.  En él cifra en 212 los muertos en Nicaragua en el marco de las protestas contra el régimen de Ortega y denuncia la existencia de una "violencia estatal" dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones. "La respuesta de represión a las protestas ejercida por el Gobierno de Nicaragua ha tenido como consecuencia una grave crisis de derechos humanos", señala el documento, de 97 páginas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó hoy que el futuro de Nicaragua debe decidirlo el pueblo nicaragüense y no una "elite política y social", en referencia a la crisis en el país centroamericano que ya cumple dos meses y deja 212 muertos.

"La decisión del futuro de Nicaragua no es de una elite política y social, es del pueblo. Ningún tipo de persona en particular debe prevalecer sobre su futuro, todos y todas las nicaragüenses son los dueños de su país", afirmó Almagro.

Almagro hizo esas declaraciones al comienzo de la primera sesión del Consejo Permanente de la OEA que estudia la crisis en Nicaragua, con más de 200 muertos y más de un millar de heridos en dos meses. El secretario general de la OEA consideró "urgente" abordar la crisis de Nicaragua y consideró que los responsables de la violencia deben "comparecer ante la justicia y pagar por sus crímenes".

Sostuvo que la solución para Nicaragua pasa por la celebración de elecciones anticipadas y por el "camino de la Justicia" con la rendición de cuentas de los responsables de la violencia con la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA. 

En el Consejo Permanente  convocado de manera extraordinaria, la CIDH presentó su informe final sobre la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo. En ese informe preliminar, la CIDH, organismo autónomo de la OEA, alertó de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país y "graves violaciones de derechos humanos".

Otro golpe al turismo. El hotel de lujo Mukul, en Pacífico de Nicaragua cierra operaciones.


El hotel de lujo Mukul, Auberge Resorts Collection, ubicado en el complejo turístico Guacalito de la Isla, Pacífico sur de Nicaragua, anunció este viernes la suspensión indefinida de sus operaciones a partir del próximo lunes debido a "la trágica situación" que atraviesa este país centroamericano. 

Nicaragua cumplió este viernes 66 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente, y que ha acabado con la vida de al menos 212 personas, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Desafortunadamente, la trágica situación que estamos viviendo, además de embargarnos de luto y dolor, ha deteriorado significamente la marca país Nicaragua, lo que ha repercutido en la industria turística, que se encuentra prácticamente paralizada", explicó Marina de Guacalito S.A., que pertenece al grupo empresarial Pellas, en una declaración enviada a Efe. 

Mukul, Auberge Resorts Collection no es una excepción, agregó ese grupo económico, uno de los más importantes de Nicaragua. "Los huéspedes han abandonado el resort y las cancelaciones se multiplican, al extremo que en los últimos días no hemos tenido un solo visitante", afirmó. 

"Consecuentemente, y con profunda tristeza, nos vemos obligados a tomar una de las decisiones más difíciles y penosas de nuestra historia: suspender indefinidamente las operaciones de Mukul, Auberge Resorts Collection a partir del día lunes 25 de junio", precisó. 

Marina de Guacalito S.A. aseguró que esa decisión les causa profunda tristeza, "no porque vemos desmoronarse en pocas semanas lo que por años habíamos construido con tanto esfuerzo y entusiasmo, sino principalmente porque estamos conscientes del enorme sufrimiento que está decisión le causará a nuestros colaboradores y a sus familias". 

Esa firma expresó además su confianza en que Dios iluminará a encontrar una pronta salida a la dramática crisis que atraviesa Nicaragua, "de manera que podamos reconstruir esta gran familia de Mukul, Auberge Resorts Collection, así como nuestra querida Nicaragua". 

La revista online TripAdvisor estadounidense, que realiza encuestas sobre hoteles, restaurantes y atracciones turísticas a nivel mundial, había posicionado a Mukul en el puesto número 20 dentro del "Top 25 de los hoteles más románticos en Centroamérica", según el Instituto Nicaragüense de Turismo.

Mukul -que en lengua indígena chorotega significa "el secreto" - con 39 habitaciones "de clase mundial" y áreas de residencia; y un campo de golf profesional con 18 hoyos diseñado por el escocés David Mclay Kidd, también fue seleccionado en 2013 entre los cinco más excepcionales del mundo en la categoría Mejor Spa por la red internacional de viajes de lujo Virtuoso.

El hotel Mukul pertenece al Grupo Pellas, uno de los más poderosos de Nicaragua, cuenta con negocios en el sector financiero, seguros, agroindustrial, turismo, informático, energía, distribución de vehículos, producción y comercialización de licores, cuya marca más conocida es el ron Flor de Caña.

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