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lunes, 15 de octubre de 2018

Recursos en contra de la ley 997 son para eliminar adefesio jurídico, afirma la doctora Vilma Núñez de Escorcioa-CENDIH.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - La doctora Vilma Núñez de Escorcia Presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos –CENIDH- valora de positivo que la Corte Suprema de Justicia, acepto darle curso a los recursos por inconstitucionalidad en contra del la le 977, que introdujeron mas de nueve organizaciones de la sociedad civil.

“Ese le 977 prácticamente califica de terrorista a todos los nicaragüenses, por cualquier acción  de cualquier naturaleza,  lo dijo también el relator de derechos humanos, el doctor Hernández, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-,  que vino recientemente a Nicaragua, de que todas alas acciones que se están cometiendo en el país, dentro del contexto de represión que ejecuta el régimen, no tienen ninguna validez,  ni las características para tipificar el terrorismo” advierte la defensora de derechos humanos.

La veterana  experta  defensora de derechos humanos, dijo que de acuerdo a estas valoraciones hechas por el relator de la CIDH, el doctor Hernández, además de un recuento de la cantidad de violaciones la constitución de la república, al igual que las violaciones de los derechos humanos, que la aplicación de esta le -977- pudieran tener  en tiempo son 60 días después que se promulga, ella interpuso este recurso de inconstitucionalidad  en su carácter personal, porque no se puede se puede recurrir como instituciones, sino que mas bien en carácter personal, fue que interpuse este recurso de inconstitucionalidad.

La Secretaria Ejecutiva del CENIDH, agrega que los 9 recursos por inconstitucionalidad que se interpusieron en  la Corte Suprema de Justicia en contra de la 977, refleja el repudio que existe en contra de esta.

“En la semana pasada, el CENIDH, al igual que las otras organizaciones que recurrieron en contra de la 977, recibimos la cédula judicial, de la Corte Suprema de Justicia, a traes del notificador, en donde nos ratifican el acta que dicto la corte en donde se declara admisibles dichos recursos, en segundo lugar nada a la acumulación de estos recursos por inconstitucionalidad, en donde se mencionan todos los números de estos recursos” explica la doctora Vilma Núñez de Escorcia.

La Secretaria Ejecutiva del CENDIH, explica que con esto se somete a tramites dichos recursos, ordenando que Daniel Ortega como presidente de la república, al igual que el doctor Gustavo Porras, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional, quienes son las autoridades recurridas, al igual que los responsables de este adefesio jurídico, con el cual se estas penalizando, encarcelando a toda la juventud nicaragüense, son los responsables.

“Ellos tendrán que rendir un informe a la corte dentro de los siguiente 15 días a partir de que se dicto la admisibilidad de estos recursos- eso es prácticamente la resolución que nosotros recibimos” refiere la defensora de derechos humanos.  

La defensora de derechos humanos explica que cuando la corte refiere que estos recursos por inconstitucionalidad se van a resolver por acumulación quiere decir que, no va a haber tramitación para cada uno de los recursos de manera individual, sino que esta va a ser una diligencia procesal, que existe en lo penal, al igual que en lo civil, que se llama por economía procesal, en la que todos estos recursos se van a resolver en una sola sentencia, quiere decir-reitera- que no va a haber una tramitación individual para cada uno de los recursos.

“Esto implica que por economía procesal, todos los recursos que todas las acciones jurídicas que se interponen ante un tribunal de justicia, que se refieran a unos mismos hechos o persigan el mismo fin pueden resolverse en una sola sentencia, tramitarse  resolverse, por eso lo primero que hicieron –en la corte- fue acumularse, eso quiere decir que va a haber una sola tramitación para los nueve recursos que no se si esto implica a unas cien personas.

La defensora de derechos humanos, refiere que aquí lo que abe es esperar que se declare la inconstitucionalidad del adefesio jurídico de la 997,, pero eso no implica que en la aplicación concreta a una sola persona, pueda optarse por utilizarse todos los recursos, que la constitución establece para situaciones  como esta, además informamos lo siguiente que una vez que la 977 se pretenda aplicar además de un reglamento en donde extralimita la unidad de análisis financiero , convirtiéndola prácticamente en un organismo de espionaje, en donde todas las instituciones del estado tendrán que rendirle informes a la UAF, eso definitivamente atente en contra de la privacidad de las personas.

“Eso no puede ser, es completamente, inconstitucional, siendo una amenaza mas grave que la tiene la 997, el reglamento es como mas grave , nosotros estamos considerando, que en definitiva, sobrepasa las atribuciones otorgadas a la UAF, que pretende reglamentar, a las cuales hemos recurrido” señala la doctor Núñez de Edcorcia.

La defensora de Derechos humanos, recuerda que dentro del termino legal que son 60 días-para responder a estos recursos de inconstitucionalidad- entro en vigencia a partir del pasado 3 de octubre, entonces antes del 3 de diciembre próximo el CENIDH interpondrá otro recurso por inconstitucionalidad en contra de ese reglamento, he escuchado que otras instituciones sus miembros,  interpondrán otros, e invita a los nicaragüenses a que recurran en contra de este adefesio jurídico.

La defensora de derechos humanos reseña que este próximo recurso por inconstitucionalidad que interpondrán antes del próximo 3 de diciembre,  es similar al que pusieron en contra del canal, al igual que el aborto terapéutico, por lo que ponen a disposición el recurso  a  todos los nicaragüenses que quieran , este recurso ,que el CENIDH va a interponer, lo que darán a conocer a su debido  tiempo , mediante los medios de comunicación del país.

Ricardo Baltodano Marcenaro es un preso político del régimen, por su derecho a manifestarse públicamente.


Por Danny Pérez García / Especial para SNN - Doña Emilia Ruiz Ruiz, es otra esposa al que el régimen le ha arrebatado al compañero de su vida, al  que  ha confinado en las ergástulas de la dictadura, Ortega Murillo.

Su esposo Ricardo Baltodano Marcenero, catedrático de la UPOLI, es acusado de terrorista  d una serie de delitos, que la dictadura le ha inventado, para criminalizarlo.
La señora Emilia Ruiz Ruiz, en su participación en el programa Impacto 540 de Radio Corporación, bajo la dirección del periodista Gustavo Bermúdez Herrera, dijo denunciar una vez mas las violaciones a los derechos humanos de su esposo por parte del régimen.

“A Ricardo lo llegaron –como en tantos casos-  a sacar de la casa sin orden de captura, sin ninguna orden de allanamiento, estuvo en el Chipote 20 días sin acusaciones en su contra, presentamos la orden de recurso de exhibición personal, le nombraron un juez ejecutor, el que llego cuatro veces sin éxito alguno, no lo recibieron,  así nos tuvieron por mucho tiempo , nunca nos entregaban la firma del jefe del chipote de recibido, el oficio sigue sin salir, con lo que vemos que todos los organismos legales  al igual que los judiciales no sirven para nada” lamenta la esposa del reo político Ricardo Baltodano Marcenaro.

La señora Emilia Ruiz, relata que hasta 20 días después de estar recluido en e Chipote, fue llevado a los juzgados, en donde se le acuso de terrorismo, al igual que de incendiar la alcaldía del distrito 6 –Managua- como coautor.

“El día 18 de este mes de Octubre se va a celebrar la segunda audiencia, adonde serán presentados 18 testigos en su contra, en donde la mayoría son trabajadores de la alcaldía, los otros son policías, veremos que es lo que van a decir, el hecho de que 20 días después, de los hechos que se le imputan, sin acusarlo es una seña, de que estaban preparando el teatro en su contra” afirma la esposa de El catedrático Ricardo Baltodano Marcenaro.

La señora Emilia Ruiz, refiere que a su esposo lo llegaron a capturar 30 policías, se lo llevaron  detenido, los 15 restantes se quedaron en la casa dándole vuelta, en donde lo único que hizo falta fue que rompieran el colchón, recuerda la esposa del catedrático. 

“Lo único que encontraron fue una bandera de Nicaragua, lo cual es un derecho, encontraron una bandera del MRS, que también es un derecho, tres camisetas, además se llevaron el carro, el cual es de mi propiedad, ahora resulta extraño que en el acta de requisición, no aparecen registrado el carro” afirma la esposa del catedrático.

Doña Emilia Ruiz, dijo que no le entregaron acta de lo que se llevaron, recuerda llamarle a la atención, que el jefe del contingente policial que detuvo a su esposo andaba de civil, negándose todo el tempo a dar su nombre, para apuntar el número de su chip.

La seño0ra Emilia Ruiz, refiere que incluso el policía que se llevo su carro, negó identificarse, el colmo fue –agrega- que al momento del secuestro de su esposo, no la querían dejar entrar a su propia casa, lo que le permitieron muchos minutos después, ordenándole que se quedar sentada sin moverse, sin derecho a usar su celular.

“Todo lo que se hace esta fuera del orden constitucional, en una violación total de los derechos humanos,  la semana pasada, mi esposo, fue trasladado a cárcel modelo de Tipitapa, mi susto es cuando a Ricardo lo ubican en una celda de máxima seguridad, eso lo ubica como que fuese uno de los mas grandes criminales” lamenta la esposa del catedrático secuestrado por la policía orteguista.

El reo político Ricardo Baltodano Marcenaro, es además de catedrático de la UPOLI, es presidente del sindicato de docentes de esta universidad, además imparte clases de historia en otras universidades del país, es hermano de la ex guerrillera comandante Mónica Baltodano Marcenaro.

“La detención de mi esposo es una situación política, que el único pecado de mi esposo es haber participado en las marchas, impartir sus clases de manera critica, analítica, es un estudioso, esta sacando un doctorado en clases sociales, tiene un máster en historia,  además un post- grado en alta gerencia, además de ser un permanente enamorado de las causas justas, repito su único pecado a ha sido haber participado en las marchas” relata la señora Emilia Ruiz, esposa del catedrático Ricardo Baltodano Marcenaro.

Ricardo Baltodano tenia  medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  -CIDH- refiere su esposa Emilia Ruiz, medidas cautelares que no le sirvieron de nada, esas medidas cautelares le fueron otorgadas desde el mes de junio pasado, luego que por la madrugada pasaron disparando por la casa, refiere la esposa del catedrático, agregando que  además por sufrir de continuas amenazas vía Facebook.

“El abogado de Ricardo mostro estas medidas cautelares dela CIDH a las autoridades competentes sin resultado alguno, por mi parte con esto queda demostrado que aquí no funciona nuestro famoso sistema judicial, al que no le tengo confianza alguna” puntualiza la esposa de Ricardo Baltodano.

La señora Emilia Ruiz refiere que después de todo esto no sabe a que o quienes recurrir, porque ella mete las manos fuego por su esposo, quien lo único que hace es apoyar las causas justas, al igual que participar en las marchas.

La esposa de el catedrático Ricardo Baltodano, advierte que las condiciones difíciles carcelarias, además de la edad de sus esposo, el padece artritis, lo obligan a permanecer en calzoncillos, duerme en una loza lo que con las lluvias le ha resultado extremadamente malo para este padecimiento.

“Pensaba que con su traslado a la modelo, sus condiciones carcelarias iban a mejorar, pro resulta todo lo contrario, esta peor, quiero recalcar como algo grave, es la permanente agresión que sufrimos los familiares  cuando les llevamos alimentos, tanto en la Modelo como en el Chipote” denuncia la señora Emilia Ruiz, esposa del reo político, el catedrático Ricardo Baltodano.

La esposa del catedrático Ricardo Baltodano, refiere que otra cosa que debe denunciar es que durante su visita que le permitieron para ver a su esposo en la Modelo por poquísimo tiempo, fue notorio ver a muchos familiares de reos políticos, que llevan la orden judicial de libertad ,para sus familiares  sin que se los entreguen.

“Con todo esto para mi Ricardo se va a enfermar de gravedad, porque aunque el tiene mucha convicción, mucha fortaleza, las condiciones carcelarias que sufre, son graves, debo reconocer que el me ha admitido que no le han golpeado, “el dice que no”, pero sus condiciones de reclusión, de aislamiento, en donde no goza de luz en su celda, no goza de salida al sol, repito además que duerme sobre una loza en calzoncillos” relata la esposa de el reo político el catedrático Ricardo Baltodano Marcenaro.

La señora Emilia Ruiz, desvela que en el caso de su esposo que esta confinado como reo –político- en cárcel de máxima seguridad solo le permiten visitarlo una vez al mes, los otros reos tienen der4echo a visitas dos veces al mes, la esposa del catedrático Ricardo Baltodano, refiere que a su esposo le permiten recibir paquetería una vez a la semana, comida que no se tenga que cocinar.

“Mi esposo padece de enfermedades crónicas como son las de  presión alta, artritis reumatoide, síndrome grave del colon irritable, además de tres hernias discales, que le provocan fuertes dolores de espaldas” advierte la señora Emilia Ruiz, esposa de otro reo mas, de los centenares prisioneros políticos del régimen Ortega-Murillo.

¿Cómo responder a la embestida represiva de Ortega?


Por Enrique Sáez - Hasta hace unos pocos días, Ortega presumía en sus discursos y en sus entrevistas con medios internacionales, de que en Nicaragua la oposición podía manifestarse pacíficamente. 

Aunque todos sabemos que siempre intentó impedir las movilizaciones, mediante la intimidación y el despliegue de sus fuerzas de choque, de las bandas paramilitares, de la policía y de los antimotines, esta vez subió la parada y ordenó la captura de decenas de manifestantes, incluyendo dirigentes de organizaciones sociales y de organizaciones políticas, en afán de impedir la marcha “Unidos por la libertad”, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Las fuerzas represivas del régimen capturaron a más de 50 manifestantes, hombres y mujeres, de todas las edades, incluyendo personas de la tercera edad. Una parte de los capturados fueron puestos en libertad, pero treinta nicaragüenses, hombres y mujeres, están detenidos en las ergástulas de El Chipote.

Siempre que se citan nombres, hay el riesgo de ser injustos y lesionar a quienes no se mencionan. Vamos a correr ese riesgo y disculparnos con quienes no mencionemos, pero creemos que es importante indicar que entre los secuestrados están José Antonio Peraza, director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua. 

Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil, presidenta y expresidenta, respectivamente, del Movimiento Renovador Sandinista. Y que Haydée Castillo, dirigente de Nueva Segovia y defensora de derechos humanos, junto a Lottie Cunnigham, también defensora de derechos humanos, fueron capturadas en el aeropuerto, también ayer.
Es fundamental que los analicemos los hechos para visualizar qué pretende Ortega y ayudarnos a iluminar la ruta a seguir.

Comencemos por preguntarnos:

¿Por qué razón Ortega resolvió impedir la realización de la marcha?
¿Debemos interpretar esa embestida represiva como una señal de fortaleza o como una señal de debilidad?

Obviamente, la embestida represiva es una muestra palpable del debilitamiento del régimen. No es una señal de fortaleza.

La embestida represiva confirma el fracaso del empeño de Ortega de presentarse como víctima en las distintas comparecencias con medios de comunicación internacionales, como respetuoso de la ley y de los derechos humanos. Ortega sabe que no le creyeron.

También revela el fracaso de sus esfuerzos por convencer a la comunidad internacional de que en Nicaragua la situación se ha normalizado. Ayer mismo comenzaron las comunicaciones de representantes de organizaciones internacionales reprochando la represión y en demanda de libertad de los detenidos.
Pero la embestida represiva significa más.

Si recordamos un poco, Ortega había adoptado como estrategia medir fuerzas con la oposición. Y así, por un lado, intentaba disuadir mediante la intimidación las movilizaciones azul y blanco, a fin de que, por temor, la población se quedara en su casa; y, por otro lado, organizaba contra marchas, movilizando a trabajadores del estado, con la idea de mostrar respaldo popular.

La embestida represiva del 14 de octubre también es la demostración del fracaso de esa estrategia. Ortega no puede esconder que no podía medir fuerzas con la oposición, por muchos trucos que hicieran sus medios de comunicación.

Pero en el fondo, la embestida represiva es un ataque directo a la recién constituida Unidad Nacional Azul y Blanco.

De alguna manera, Ortega consideraba una ventaja la falta de concertación que existía entre las diversas organizaciones que, a la par del pueblo nicaragüense, vienen luchando por la justicia, por la libertad y por la restauración de la democracia.
La ciudadanía demandaba unidad y la Unidad Azul y Blanco fue la respuesta. Ortega sabe que la Unidad Nacional Azul y Blanco es un salto de calidad en la lucha por la democracia y por esa razón intenta abatirla.

Como Ortega es la máxima expresión del caudillismo, del mando y ordeno, y de que su voluntad tenga fuerza de ley en quienes fanáticamente le siguen, no entiende, ni puede entender que, por cada liderazgo democrático que secuestra, enjuicia o ejecuta, local, social, gremial o nacional, hay diez liderazgos que emergen del seno del pueblo. Porque si una virtud ha tenido el movimiento social que estalló el 19 de abril, es la multiplicación de liderazgos a todos los niveles. Mujeres y varones. Y de todas las edades.

Ortega subió la parada al anular el derecho de manifestación y con las capturas realizadas. Hay que responder elevando la parada.

Con seguridad, la Unidad Nacional Azul y Blanco sabrá adoptar las medidas que correspondan al desafío presente, en el marco de una estrategia consistente con las nuevas circunstancias. Como ciudadano, opino que no puede dejarse pasar esta acción sin responderla. En las redes sociales comienza a circular la propuesta de un paro nacional, aunque sea de un día o dos. 

Esa sería una respuesta inmediata adecuada. Para mostrar a moros y cristianos que el pueblo nicaragüense sigue en pie de lucha. Para demostrar que aquí no hay la normalidad de los sepulcros que quiere Ortega. Para fortalecer a la Unidad Nacional Azul y Blanco.

En fin, para acercarnos más a la derrota del régimen que en esta embestida represiva desnudó su debilidad.

Senador Ted Cruz: Leyes de EEUU para Nicaragua serían aprobadas por unanimidad.


La legislación bipartidista del senador republicano de Texas Ted Cruz y del demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, sobre las sanciones en contra del gobierno de Nicaragua, ha sido agregada al calendario del Senado de los Estados Unidos y se espera que sea aprobada por unanimidad, asegura la edición digital Roll Call de este lunes.

Según la publicación, el Senado de los Estados Unidos ya está listo para aprobar una legislación que imponga sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua y el establecimiento de condiciones a los préstamos internacionales para el gobierno nicaragüense.

"El personal del Senado promocionó la aprobación del proyecto de ley como prueba de que todavía es posible que los senadores trabajen de manera bipartidista en la política exterior, incluso cuando el partidismo está aumentando en general", señala el artículo de Roll Call.  “Estoy orgulloso de que hayamos podido avanzar con este proyecto de ley bipartidista e insto al Senado y la Cámara a que lo voten pronto y lo envíen al presidente", dijo Cruz al medio de comunicación.

El paquete de medidas contra el gobierno de Nicaragua avanzó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado a fines del mes pasado.

"El proyecto de ley lleva dos años en proceso, gradualmente recogiendo copatrocinadores y creciendo más en el camino. Aunque la Cámara de Representantes aprobó dos veces leyes similares, no fue sino hasta la represión ocurrida contra manifestantes desde abril de este año, por parte de las fuerzas policiales, que los senadores se vieron obligados a tomar medidas definitivas", agrega la publicación digital.

Según Roll Call, un proyecto de ley inicial del senador Cruz del año  2016, habría dirigido un mensaje a los representantes de los Estados Unidos en instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, con el fin de "utilizar su influencia para bloquear cualquier solicitud de préstamos del gobierno de Nicaragua hasta que se implementaran ciertas revisiones".

La legislación se volvió a presentar dos veces en el año 2017, pero se le agregaron más condiciones de revisión al gobierno. El Comité de Relaciones Exteriores fusionó el proyecto de ley de Cruz con la legislación de sanciones presentada en julio por Menéndez.

"La disposición de sanciones ordena la incautación de activos basados ​​en los Estados Unidos y la denegación de visas a los funcionarios nicaragüenses que hayan cometido actos significativos de corrupción o violencia contra manifestantes desde abril o acciones que socavan la democracia de la nación", publicó Roll Call.

La publicación plantea que Nicaragua es el segundo país más pobre del hemisferio occidental, por delante de solo Haití, según estimaciones del Banco Mundial.

Además señala que el gobierno nicaragüense “depende en gran medida de los préstamos internacionales y un posible fin de ese salvavidas podría tener serias ramificaciones para su estabilidad”.

“Nicaragua ha tomado prestados $1.15 mil millones del Banco Interamericano de Desarrollo y al menos $ 580 millones del Banco Mundial", publicó Roll Call.

Dado que la Cámara de Representantes ya aprobó dos veces las versiones anteriores del proyecto de ley de Nicaragua, que recortan el apoyo de los Estados Unidos a los préstamos internacionales, se espera que los legisladores tomen el lugar y aprueben rápidamente la versión del Senado cuando regresen después del receso de mediados de noviembre.

En julio, la Cámara del Senado aprobó una resolución por unanimidad que condena “la violencia, la persecución, la intimidación y los asesinatos” cometidos por el gobierno de Nicaragua.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que impondría sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua, responsables de supuestas violaciones a los derechos humanos.

El principal promotor de la iniciativa, Bob Menéndez, prometió impulsar una "rápida aprobación" de esta ley en el Senado, para que luego pase a manos del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"El tiempo es esencial para los nicaragüenses y trabajaré con mis colegas para que este proyecto de ley de sentido común sea aprobado rápidamente por el pleno del Senado”, declaró Menéndez.

El proyecto plantea sancionar a los responsbales de actos de violación a los derechos humanos, y pide una solución negociada a la crisis actual de Nicaragua.
Lo aprobado  es una fusión de los proyectos de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018 y la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act.

Tras este paso en el Comité de Relaciones Exteriores en el Senado de Estados Unidos, comienza el proceso en el congreso para una aventual aprobación de sanciones con carácter de ley contra el gobierno de Nicaragua.

La propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua 2018, que discutió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, incluye posibles sanciones económicas y migratorias a funcionarios, exfuncionarios y asociados del gobierno de Nicaragua.

Liberan a 35 manifestantes detenidos ayer en Camino de Oriente, Managua.


Un total de 36 de las 38 personas que se encontraban presas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”, fueron puestas en libertad este lunes, tras ser apresadas el domingo mientras se disponían a participar en la marcha “Unidos por la libertad” y permanecer detenidas por más de 24 horas.

Dicha información fue compartida por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde esta mañana fueron recibidas al menos 20 denuncias de parte de familiares de ciudadanos apresados ayer por agentes de la Policía.

Los nombres de los que aún están detenidos son: Orlando Antonio Luna Guevara; José Antonio Peraza Collado y Orlando Rafael Miranda.

La Policía Nacional había reportado esta mañana la detención de 38 personas en el sector de Camino de Oriente, al sur de Managua, haciendo cumplir de esa forma las advertencias realizadas por la institución el pasado sábado, cuando a través de un comunicado informó que “no se permitirá ninguna actividad sin la correspondiente autorización y cobertura policial”, y que tomaría “todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público”.

Mujeres, ancianas, jóvenes y adultos fueron arrastrados, vapuleados y detenidos por agentes de la Policía, cuando se agrupaban para participar en una marcha contra el Gobierno, y según un comunicado de la Policía, serían acusados por convocar una marcha ilegal, es decir, sin permiso previo.

En la nota de prensa la Policía informó que las personas que seguían en prisión serían acusadas bajo el argumento que “convocaron y participaron en manifestación pública sin el debido permiso policial, alterando la paz y la normal convivencia del pueblo", sin embargo, aún se desconoce si esto se aplicará solo a los que aún permanecen detenidos.

Entre los liberados de este lunes también estuvo el ciudadano costarricense Allan Cordero Ocón, quien fue detenido ayer junto a su esposa, según informó la cancillería de Costa Rica.

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, religiosos, presidentes y expresidentes se pronunciaron en contra de las detenciones de manifestantes, registradas ayer y han llamado a las autoridades nicaragüenses a respetar el derecho a la manifestación pacífica.

Naciones Unidas pide que se permitan protestas pacíficas en Nicaragua.


La ONU subrayó que los ciudadanos de Nicaragua deben poder protestar de forma libre y pacífica y reiteró su llamamiento a un diálogo político para poner fin a la crisis en el país centroamericano.

"Es importante, como cuestión de principio, que a la gente se le permita manifestarse libre y pacíficamente. Ese es un derecho básico", dijo el portavoz de la organización Stéphane Dujarric, preguntado por la violenta jornada vivida este domingo.

La Policía de Nicaragua reprimió ayer a grupos de opositores y detuvo a cerca de cuarenta personas cuando pretendían protestar en las calles de Managua contra el gobierno de Nicaragua.

El episodio se suma a otros parecidos vividos desde que el pasado abril comenzaron las protestas antigubernamentales por unas reformas de seguridad social, anuladas después por el Gobierno en un intento por contener la crisis.

La crisis ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Dujarric dijo que el secretario general de la ONU, António Guterres, mantiene su postura sobre la "necesidad de un diálogo político inclusivo" para resolver la situación.

Pablo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, dijo que son “inaceptables las actitudes represivas y autoritarias en Nicaragua, el estado de excepción se va consolidando con medidas estatales incompatibles con la democracia y los derechos humanos”.
Líder indígena es liberada y feminista es enviada a la cárcel en Nicaragua.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recibieron este lunes las denuncias de familiares de manifestantes apresados este domingo por la Policía Nacional, cuando se disponían a participar  en la marcha azul y blanco denominada “Unidos por la libertad”.

Un grupo de 20 personas interpuso denuncias ante el Cenidh, mientras la CPDH ha recibido hasta el momento al menos siete denuncias sobre el actuar de agentes policiales al momento que apresaron a 38 personas que se disponían a protestar en contra del gobierno de Nicaragua en la zona de Camino de Oriente.

También la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres expresó su preocupación por las defensoras de derechos humanos que se encuentran detenidas en Nicaragua.

“En ONU Mujeres valoramos y apoyamos la libertad de expresión y participación de las mujeres, claves para la democracia, y expresamos nuestra preocupación por la situación de Haydée Castillo y otras líderes y defensoras de Derechos Humanos detenidas en Nicaragua”, expresó el organismo a través de su cuenta oficial de Twitter.

La Policía orteguista detuvo a 38 personas que se disponía a participar en una marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, del total de personas detenidas, 14 son mujeres, en su mayoría líderes y defensoras de derechos humanos.

A líder de las mujeres del norte de Nicaragua, Haydée Castillo la detuvieron también este domingo en el aeropuerto de Managua junto la defensora de los derechos de las mujeres indígenas del Caribe, Lottie Cunningham. Ambas fueron bajadas del avión cuando se disponía a viajar a Estados Unidos.

Cunningham fue dejada en libertad horas más tarde, pero Haydée Castillo se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote y es señalada del delito de "terrorismo", según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Tras estas detenciones distintos organismos de derechos humanos han condenado el actuar de la Policía Nicaragüense  y han solicitado al Gobierno respetar el derecho a la libertad de expresión.

Por su parte la ONU expresó que los ciudadanos de Nicaragua deben poder protestar de forma libre y pacífica.

 “Es importante, como cuestión de principio, que a la gente se le permita manifestarse libre y pacíficamente. Ese es un derecho básico", dijo el portavoz de la organización Stéphane Dujarric.

Nicaragua: El gobierno continua estrategia de represión y criminaliza el derecho a manifestarse.


Decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente en Managua este domingo 14 de octubre, cuando se disponían a iniciar una marcha cívica bajo el lema “Unidos por la Libertad”. 

Esto claramente pone en práctica las amenazas del presidente Daniel Ortega de criminalizar a toda persona que se atreva a disentir en contra den su gobierno, haciendo uso legítimo de su derecho a la libertad de reunión y manifestación pacífica, denunció Amnistía Internacional.

El comunicado de prensa de la Policía Nacional de 14 de octubre confirmó que 38 personas habían sido detenidas -8 de ellas posteriormente liberadas, - por participar en “actividades instigadoras y provocadoras”, bajo el argumento de no tener la autorización para realizar la manifestación, y de alterar “la paz y normal convivencia”.

“Es una aberración que el gobierno del presidente Daniel Ortega haga uso arbitrario del aparato penal de justicia para silenciar a quienes se manifiestan en su contra en reclamo de justicia y del ejercicio de sus derechos fundamentales. Detener a personas simplemente por salir a la calle a protestar, refleja el desapego de este gobierno a la legalidad y los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A través de recientes comunicados oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, el gobierno del presidente Ortega había advertido que las manifestaciones públicas en su contra se declaraban ilegales, y que toda persona señalada de organizarlas o convocarlas sería detenida y responsabilizada de cualquier delito o alteración al orden público. Esto en total contravención de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo fue detenida arbitrariamente en el aeropuerto de Managua instantes antes de abordar un vuelo para asistir a una reunión sobre personas defensoras de derechos humanos fuera del país. El día 8 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había otorgado medidas cautelares por considerar que sus derechos a la vida e integridad personal se encontraban en una situación de gravedad y urgente protección.

Amnistía Internacional ha venido documentando la detención arbitraria de personas por el simple hecho de participar en manifestaciones, o criticar públicamente al gobierno. Muchas de estas personas son líderes de movimientos sociales y estudiantiles, así como representantes de múltiples sectores de la sociedad antes el Diálogo Nacional, suspendido por el gobierno. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al 18 de agosto de 2018 al menos 300 personas estaban siendo procesadas por su participación en las protestas.

Hasta el momento, las, al menos, 30 personas reportadas como detenidas este domingo permanecen en el centro de reclusión de “El Chipote”. Amnistía Internacional ha podido constatar que no se encontraban en la comisión flagrante de ningún delito establecido en la ley, ni existía, al momento del arresto, una orden de aprehensión en su contra.

“Estas detenciones arbitrarias muestran la intolerancia y la falta de voluntad del presidente Ortega para solucionar la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país, demostrando hasta dónde es capaz de llegar para silenciar las voces de la ciudadanía que reclaman la rendición de cuentas y justicia. El gobierno de Nicaragua se equivoca al pensar que el pensamiento crítico, la exigencia de derechos y la indignación pueden ser encarceladas”, dijo Guevara Rosas.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la falta de aviso o autorización para la celebración de una manifestación pacífica no puede ser razón para declarar la misma ilegal y arrestar a quienes participan. Todas las personas detenidas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión o manifestación pacífica deben ser inmediata e incondicionalmente liberadas.

Régimen de Ortega condena a 9 opositores a entre 15 y 24 años por terrorismo.


Nueve nicaragüenses que protestaron contra el régimen del presidente Daniel Ortega fueron condenados este lunes a entre 15 años y 24 años de prisión por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos.

Los nueve hombres, originarios del municipio de Tipitapa, 25 kilómetros al norte de Managua, fueron hallados culpables el pasado 3 de octubre de los delitos de terrorismo, tenencia y portación de armas de fuego y municiones, según la sentencia leída este lunes.

La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a 24 años a Wilmer Martínez, líder del grupo, y a 20 años a Ervin Zamora, Daniel Sánchez y Junior Sánchez.

Mientras que a Juan Carlos Bermúdez, José García, Wilfredo Orozco, Mauricio Paniagua y Yudielka Flores les fijó una pena de 15 años.

La jueza declaró a los acusados culpables de levantar tranques o bloquear las vías en la ciudad de Tipitapa en el marco de las protestas contra el Gobierno, donde además de impedir la libre circulación y movilización, cobraban peaje o amenazaron con matar a los que accedían a sus exigencias.

Las 40 personas detenidas recientemente por la Policía de Nicaragua por protestar contra el régimen fueron puestas en libertad, según informó este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH, independiente).

Marlin Sierra, directora del CENICH, dijo a dpa que la Policía excarceló a las 38 personas arrestadas este domingo en Managua, incluyendo tres dirigentes políticos. También quedaron libres la defensora de derechos humanos Haydeé Castillo y el maratonista opositor Alex Vanegas, añadió.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".  Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.

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