Durante los
últimos días hemos visto acciones desesperadas del comandante Ortega intentando
le legitimidad de su inconstitucional tercer periodo, no solo al interior de su
desgastada militancia, sino también dirigida hacia el exterior, en la búsqueda
afanosa de recuperar la confianza perdida por la comunidad internacional,
Europa y Estados Unidos fundamentalmente, originada por los tres fraudes
consecutivos en sendos procesos electorales: Elecciones Municipales del 2008,
Elecciones Regionales del 2010 y Elecciones Nacionales del 2011.
En efecto,
primero fue la iniciativa de ley conocida como Ley 50 – 50, un invento que roza
con la Ley Electoral, dirigido a aplacar el descontento de las mujeres, el
sector más golpeado por las constantes e inalcanzables alzas de la canasta
básica, que según fuentes oficiales del BCN, al mes de Marzo se encontraba en
C$ 10,095.40, habiéndolo recibido en C$ 2,937.70 de manos del Presidente
Bolaños.
Son las
mujeres, la inmensa mayoría pobres, las que más están sufriendo el impacto del
elevado costo de la vida, a partir de la llegada de Ortega al poder en el 2007,
ya que son ellas las que tienen que hacer malabares para que alcance el
presupuesto familiar, con el agravante de que lograr un empleo digno y estable
es cada día más difícil de conseguir, amén de los salarios de hambre a los que
hay que conformarse. Son las mujeres las que tienen que soportar la inmensa
carga de ser padre y madre en una buena parte de los hogares nicaragüenses, sea
porque los hombres están fuera del país buscando el empleo que no encuentran
aquí o sencillamente por irresponsabilidad.
Sin embargo,
esta ley está muy lejos de servir de consuelo a miles y miles de mujeres que no
alcanzarán en las listas del partido para aspirar a cargos públicos, toda vez
que sean los comisarios políticos quienes escogerán a las elegidas para vivir
del erario público.
Pero esto no
bastaba, el asunto de quedar bien con las mujeres estaba zanjado, ahora el
problema estaba en meter a la mayor cantidad posible de ellas y como dice la
canción “Nuay cama pa´tanta gente”, por lo que surgió la genial idea de
triplicar los concejales en todos los municipios. Con esto se solventaba el
problema interno y se hacía espacio para incluir también a los aliados que
harán el coro en el próximo circo electoral del 4 de Noviembre.
Se asegura
que no habrá incremento del presupuesto, ni mayores gastos por la iniciativa,
algo que ni ellos mismos se lo creen, a menos que los candidatos a ocupar las
concejalías y los nuevos cargos que acechan bajo el anuncio de “Concejos
Ampliados”, se conformen con recibir migajas salariales en momentos en que el
comandante Ortega está solicitando un aumento de salarios a sus funcionarios
del gobierno central.
O habría que
preguntarle a la militancia que, igual que la mayoría de la población atraviesa
difíciles condiciones económicas, si es ejemplar que la cúpula se enriquezca
desproporcionadamente e incursionen en cuanto negocio se les ocurra gracias a los petrodólares chavistas y a
ellos les pidan que el poco salario que ganan como concejales, ahora lo tengan
que repartir entre tres. Socialista, Cristiana y Solidaria la petición, pero el
ejemplo que dan los de “arriba” en nada se parece a lo que les están pidiendo a
los de “abajo”.
Resuelto,
aparentemente, el problema a lo interno, queda lo más complicado, convencer a
la comunidad internacional que las recomendaciones hechas a raíz del fraude
electoral por las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea y de la
OEA serán atendidas. La situación internacional, decíamos en Editoriales
anteriores, es la que se le presenta a Ortega más complicada.
1) Serios
señalamientos hechos por parte de la Unión Europea motivados por el fraude
electoral del pasado 6 de Noviembre, lo
que ha alentado a que mas países y agencias de cooperación anuncien su decisión
de suspender la ayuda a nuestro país, la última de ellas, la Agencia de
Cooperación Catalana;
2) la
amenaza del rechazo a la aprobación de los dos Waiver previstos para este año
por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo que repercutiría
en el acceso a
los fondos concesionales del Banco Mundial, el FMI y el BCIE,
entre otros;
3) la
precaria salud de Hugo Chávez, quien al parecer ya asumió la irreversibilidad
de su situación personal, lo que dejaría un complicado escenario político en
Venezuela, ya que el chavismo tendría que optar por nombrar al sucesor de
Chávez en el más breve plazo o ir a las elecciones de Octubre próximo con un
candidato moribundo, lo cual, en ambos casos no es garantía de victoria
electoral, a menos que de Nicaragua se envíe en calidad de refuerzo a Roberto
Rivas para “asesorar” a los que contarán los votos en Venezuela.
El cuarto
elemento de la situación internacional lo representa la crisis económica
mundial, que a como se está viendo, tendrá un efecto muy fuerte en Nicaragua,
ya que somos excesivamente dependientes de muy pocos productos de exportación,
mismos que están viendo disminuidos sus precios en el mercado externo.
Ante este
sombrío panorama internacional, Ortega tomó la iniciativa enviando a su
Canciller a Bruselas para anunciarles el paquete de reformas electorales que se
introducirían a la
Asamblea Nacional, en la búsqueda de calmar los ánimos de
los europeos y tratar de disminuir las eventuales presiones económicas que es
de esperar sean ejecutadas si no se atienden las recomendaciones hechas por la
Misión de Observación Electoral.
Con esto
pretende “matar dos pájaros de un tiro”, ya que también seria la carta de
presentación que le mostraría a la nueva Embajadora de los Estados Unidos,
próxima a venir al país, como una muestra de su repentina reconversión e interés
por la democracia, las elecciones libres, justas y transparentes.
Sin embargo
habrá que ver si ellos permitirán que les den “atol con el dedo” a como
pretende Ortega, acostumbrado a dárselo a los nicaragüenses, ya que la
principal demanda nacional e internacional y condición sine qua non para
devolver la esperanza electoral a la nación, es la salida inmediata de TODOS
los magistrados del Consejo Supremo Electoral, los que, además de ser
funcionarios de facto, están señalados con pruebas fehacientes, masivas y
documentadas, de violentar la decisión soberana del pueblo en los tres últimos
procesos electorales y para rematar el
asunto, su presidente, el magistrado de facto Roberto Rivas
Reyes, ha sido
señalado de innumerables actos de corrupción al frente de la institución que
dirige y está siendo esperado en Costa Rica para que responda a las acusaciones
de enriquecimiento ilícito que se le imputan, ya que en Nicaragua goza de la
total impunidad que le garantiza el mismo Ortega, por los mismos delitos por
los que es acusado en la vecina del sur.
Finalmente,
pareciera ser que esta ofensiva diplomática y legislativa está dejando por
fuera a aquellos que pretendían ser los interlocutores de un nuevo pacto, el
que aparentemente ya no es del interés de Ortega, debido a que considera que
está lo suficientemente fuerte a nivel nacional y asume que con la debilidad
mostrada por la oposición, la comunidad internacional se verá obligada a tener
que entenderse con él.
A los que ansiaban convertirse en los sucesores de
Arnoldo Alemán, solamente les quedará la triste misión de aprobar todo lo que
el dictador envíe a la Asamblea Nacional, sumándose al coro vergonzante del
“Grupo de los 63”, so pena de no agarrar los cargos que de seguro ya les tienen
escogidos.
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