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viernes, 11 de abril de 2014

Victimas de sandinismo demandan a Ortega ante tribunales norteamericano

Justicia norteamericana, amplia una demanda contra Daniel Ortega ante un tribunal del Distrito Sur de San Diego, California por el delito de tortura y asesinato.

La demandan fue ampliada contra los bienes de Ortega, Petróleos de Nicaragua, Petronic, Albanisa y a empresas venezolanas como Petróleos de Venezuela y la corporación CITGO, una compañía de gasolineras en Estados Unidos, que de acuerdo a los demandantes, Ortega posee acciones en la misma.

La demanda es por 200 millones de dólares, por los delitos de tortura y asesinato contra el ex coronel de la Guardia Nacional, José Ramón Silva Reyes, perpetrado en 1983. Los demandantes son dos de los hijos de la víctima: José Ramón Jr. y Aníbal Silva.

“Intentamos congelar todos los bienes de Nicaragua, la de sus cómplices y cualquier institución financiera o de negocios que estén vinculados a ellos y que sean encontrados fuera de Nicaragua”, dijo Silva.

La demanda incluye a funcionaros como ex coronel Lenín Cerna, jefe de la temida Dirección General de la Seguridad del Estado en la década de los 80, que tiene 14 mil denuncias de crímenes; Marcela Pérez, embajadora de Nicaragua en Perú y viuda del exdirigente Tomás Borge, en su carácter de representante legal del patrimonio del fallecido; y fue ampliada a otros 20 funcionarios del régimen.

Entre estos destacan Francisco López, vicepresidente de Albanisa, director de Petronic y tesorero del FSLN; Bayardo Arce, actual asesor presidencial en temas económicos de Ortega; René Núñez Téllez, presidente de la Asamblea Nacional; y Roberto Rivas Reyes, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).

La demanda contra Daniel Ortega en los EEEUU, por la familia Silva, es también por daños emocionales, físicos, materiales y el robo de la finca Santa Leonor, cuya extensión de 100 manzanas de tierras se ubica en una zona de alta plusvalía en Managua.

Silva aseguró que la propiedad de su madre ubicada en el kilómetro 10 y medio de Carretera Sur, fue fragmentada y está en manos de varios comisionados de la Policía Nacional y las hijas del ex guerrillero Argentino Enrique Gorriarán Merlo, el asesino del exdictador Anastacio Somoza Debayle, que a pesar de no ser nicaragüense fue premiado por los sandinistas por el crimen de Somoza,  con bienes expropiados a nicaragüenses.
“La propiedad es de mi madre, no existe ningún decreto de confiscación en los registros, ella no era militar, se la robaron”.

La demanda que inició en julio del 2013, y publicada hasta el pasado 17 de enero del año en curso, es conocida por la jueza Cathy Ann Bencivengo.

Según la denuncia, tras el triunfo sandinista en 1979, el ex coronel Silva Reyes, se refugió en la embajada de Guatemala en Nicaragua, en busca de asilo político, cuatro años más tarde fue secuestrado de ese sede diplomática junto a los militares Chester Escobar y José Lagos.

De acuerdo a la información que poseen los hijos de Silva Reyes, su padre tras ser secuestrado, fue torturado y posteriormente asesinado. 31 años después de los hechos la familia Silva Reyes, desconocen donde quedaron los restos de la víctima.


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