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viernes, 21 de octubre de 2016

Dirigente de los empresarios rechaza las críticas a la ley Asocio-Pùblico Privada.

El Presidente del COSEP, José Adán Aguerri, volvió a referirse a “la supuesta manipulación, tergiversación y las mentiras” que han expresado algunas voces sobre el esfuerzo hecho en conjunto por los equipos del sector privado y de gobierno con el BID para aprobar la Ley de Asocio Público-Privada…

“Concesiones que hasta hoy hechas ha sido hechas unilateralmente por el gobierno sobre algunos proyectos, con esta ley nosotros estamos yendo un paso adelante para entrar a los asocios público-privado.

Hacerlo de esta manera nos garantiza que podamos desde el inicio del proceso en la convocatoria, en el proceso de licitación y con el contrato, todo sea manejado públicamente”, explicó…

Ejemplificó que en el caso de la asignación del proyecto Tumarín mucho se habló del contrato y nadie excepto las partes lo conocieron, “con esta ley estamos planteando que aquellos proyectos que sean priorizados y consensuados entre el sector privado y el sector público sean hechos a través de un proceso abierto y transparente”…

Alejandro Aguilar, jurista y asesor empresarial, afirma que le Ley Socio Publica Privada o ley “APP es una Ley necesaria si un Estado desea incrementar el desarrollo de ciertos tipos de proyectos de infraestructura y servicios públicos en alianza con el sector privado”, por lo que lamenta que se haya aprobado con trámite de urgencia, sin posibilidad de discutirla ampliamente.

“Puede originar excelentes oportunidades para acelerar las condiciones que contribuyan a mejorar la productividad de un país, pero también puede dar lugar a corruptelas y abusos de poder, dependiendo del nivel de institucionalidad, transparencia, escrutinio y auditoría al que se sometan los proyectos y los contratos amparados bajo este régimen especial”, añadió Aguilar.

El experto rechazó la pretensión de cercenar facultades a los diputados, lo que le parece “uno de los puntos inadmisibles de la Ley, dado que se confronta directamente con la Constitución. El principio de legalidad, jerarquía normativa y supremacía constitucional prevén que una ley ordinaria no puede modificar la Constitución”.

El jurista tampoco acepta el argumento de que se trata de reducir la posibilidad de que un diputado pueda frenar la ley, pues “dado que el Poder Ejecutivo suele tener el apoyo de una mayoría parlamentaria, es muy difícil suponer que el Legislativo se opondría de manera antojadiza a un contrato APP, o pretendería introducir cambios arbitrarios en un contrato”.

“Me parece ofensivo para un parlamento precalificarlo como sobornable. Hay que tomar en cuenta que de igual manera que puede haber un diputado corrupto, ningún empresario o ministro está cubierto por ningún aura incorruptible”, argumentó Aguilar.






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