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jueves, 20 de octubre de 2016

Ley Socio-Público Privada bajo la lupa de juristas. Es inconstitucional, afirman.

Juristas opinan que la recién aprobada Ley 935, de Asociación Público Privada (APP), es parcialmente inconstitucional, lo que puede dar argumentos jurídicos para anularla, o para detener un proyecto que se sustente en ella.

La ley que establece un marco jurídico para que el sector privado pueda aliarse con el sector público en la creación de infraestructura y la prestación de servicios públicos se publicó en La Gaceta 191.

Las principales objeciones a la ley se enfocan en el inciso dos del artículo 23 que inhibe a los diputados de hacer cambios a los contratos que negocie el Ejecutivo con las empresas privadas con las que pretendan crear una APP.

El referido inciso detalla que “…los diputados y diputadas podrán hacer sus observaciones, únicamente a efectos de sustentar su posición de aprobación o rechazo a la Iniciativa de Ley, sin poder hacer cambios, agregados o modificaciones de ningún tipo al Contrato APP”.

Esa decisión entra en conflicto directo con el artículo 138 inciso 1 de la Constitución, que detalla como primera atribución de la Asamblea Nacional “elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes”.

También se reclama porque la Ley APP establece el cobro de ‘tarifas’, en pago por determinado servicio público que esté prestando el concesionario privado, lo que por definición, es simplemente otra forma de crear nuevas tasas, pese a que el artículo 114 de la Constitución establece que solo la Asamblea Nacional puede crear, modificar o suspender tributos.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) explicó que aunque solo tres de los doce  modelos de leyes que estudiaron para formular la 935 ordena enviarla a los parlamentos de sus respectivos países, ellos decidieron que se enviara a la Asamblea Nacional, por razones de transparencia.

Aguerri explicó que decidieron que los diputados solo puedan aprobar o rechazar el contrato entero, porque los diputados no son expertos en todo y no saben de todo, pero también, para reducir la incertidumbre de los potenciales inversionistas, que podrían ver atrasada por varios meses la aprobación de los contratos que lleguen a firmar con el gobierno.

El exdiputado liberal y abogado leonés, José Pallais, rechaza que se quiera equiparar la limitación de facultades que tienen los diputados cuando se trata de aprobar un tratado internacional: este es el único caso en que la Constitución permite que los diputados se abstengan de aprobar o rechazar artículo por artículo, y solo les deja la opción de aprobar o rechazar el tratado completo, sin poder hacerle modificación alguna.

“Esta equiparación de acuerdos público privados con los tratados internacionales, es un elemento que choca con lo establecido en la Constitución, porque la Asamblea Nacional tiene la facultad de legislar en forma completa, y tiene que someter a comisión, dictámenes, discusión, e incluso, el plenario tiene la facultad de modificar los artículos mediante las propuestas que se hagan, o que nazcan del mismo plenario”, dijo Pallais.

“Privar a la Asamblea de estas facultades es una violación a las normas constitucionales, y hace que ese artículo (y toda la Ley), sea susceptible de ser recurrido por inconstitucionalidad.

El experto constitucionalista Gabriel Álvarez, afirma que la Ley 935 Asociación Público Privada (APP), “es inconstitucional¨ por partida doble, comenzando, por el citado despojo de la facultad de los legisladores, de aprobar o rechazar algún artículo específico de los contratos que se firmen.

“El artículo 141 de la Constitución, señala que los debates de la comisión dictaminadora serán leídos ante el plenario (de la Asamblea Nacional), y luego, serán sometidos a debate en lo general, y una vez aprobado, pasarán a ser debatidos en lo particular”, lo que nuevamente, da pie a que los diputados puedan modificar lo que crean conveniente.

La segunda razón tiene que ver con el hecho de que la 935 haya sido aprobada con trámite de urgencia, concepto al que define como un “término jurídico no determinado”, lo que significa que no tiene una definición precisa, aunque sí explica que “si una ley se aprueba de ‘urgencia’, y luego se determina que en realidad no existía tal ‘urgencia’, se puede declarar inconstitucional”.

Ante tal panorama, Álvarez opina que los contratos que se firmen al amparo de esta Ley, “tendrán una grave precariedad”, y llevarán a que la situación jurídica de los futuros inversionistas sea “endeble”.

Esta Ley, y los contratos que se firmen a su amparo, “no serán atractivos para los inversionistas, a causa de su precariedad jurídica, excepto para los que ya están amarrados” desde antes. Los empresarios deberían exigir a sus líderes gremiales que negocien bien esa Ley”, propuso.


“Es cierto que la Asamblea Nacional no puede ponerse a negociar contratos, pero ya que la Ley 935 dispuso que se aprueben por ley, entonces deben respetarse los procedimientos establecidos para aprobar las leyes”.

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