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miércoles, 2 de noviembre de 2016

LAS CONVERSACIONES DE ORTEGA CON LA OEA

Por Carlos Tünnermann Bernheim  - El 16 de octubre la Secretaría General de la OEA hizo público un Comunicado informando que el Secretario General Luis Almagro, en relación al proceso político electoral de Nicaragua, había enviado al Gobierno un informe “ponderando los hechos”. 

El comunicado agregó que, en vista de que el Gobierno de Nicaragua recibió el informe con disposición a trabajar en una Mesa de conversación e intercambio constructivo con la Secretaría General, “el Secretario General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua implementarán un mecanismo de conversación e intercambio a tales efectos”.

El Secretario General de la OEA ha iniciado estas gestiones amparado en el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, que le faculta hacer estas gestiones, con el consentimiento previo del gobierno concernido, cuando en un Estado Miembro se produzcan “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”.

El 15 de octubre se firmó en Washington D.C., el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA mediante el cual ambas partes deciden establecer la Mesa de conversación e intercambio que abordará los temas contenidos en el Informe presentado el 14 de octubre por la Secretaría de la OEA al gobierno de Nicaragua. Además, se señaló el día 20 como fecha para dar inicio a las reuniones en Managua.

El Acuerdo estipula dos reuniones al mes en Managua o en Washington y contempla el compromiso de Nicaragua de invitar al Secretario General Luis Almagro para que visite el país el primero de diciembre del presente año, para “entrevistarse con autoridades nacionales y los partidos políticos”, sin especificar con cuales partidos se reunirá el Secretario General ni hacer alusión a posibles reuniones con representantes de la sociedad civil o del gremio empresarial.

Muchos se preguntan: ¿qué movió a Ortega a aceptar este diálogo con la Secretaría General de la OEA cuando, pocos meses atrás, llamó “sinverguenzas” a los observadores electorales de este organismo? ¿Por qué ahora Ortega está dispuesto a reunirse con Almagro, cuya destitución inmediata por injerencista reclamó el representante de Nicaragua en la recién pasada Asamblea General de la OEA?

Aparentemente, Ortega intenta ganar tiempo y supone que estos diálogos con la OEA, ya “ungido” como presidente por el CSE en la farsa electoral del 6 de noviembre, podrían llevar al Senado de Estados Unidos a no dar curso a la temida Ley Nica-Act. Suposición que podría no cumplirse, ya que el Senado norteamericano puede considerar que la elección del 6 de noviembre no legitimó el “triunfo” de Ortega por sus múltiples anomalías.

Ante la información que dispone el señor Almagro sobre el actual proceso electoral, es válido conjeturar que su Informe es muy crítico sobre su validez, dado que no cumple con los estándares que establece la Carta Democrática Interamericana para que se consideren libres, justas y expresión de la soberanía del pueblo nicaragüense.

Con sus gestiones, Almagro ha logrado llevar a Ortega al contexto de las obligaciones que impone dicha Carta y demás instrumentos normativos del Sistema Interamericano. Así está consagrado en el punto 5 del Acuerdo, Cierto que también se menciona el “ordenamiento jurídico interno”, en el que Ortega podría intentar refugiarse para rechazar las demandas y cuestionamientos del Informe de la OEA.

Pero resulta que nuestro ordenamiento jurídico contempla, con rango constitucional en el párrafo noveno del Art. 5 de nuestra Constitución, que “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. Tal es el caso de la Carta Democrática Interamericana.
 El punto 6 del Acuerdo establece que la OEA puede publicar su informe por separado dentro de 90 días si no hay acuerdo para su publicación conjunta. El Informe de la Secretaría quedaría así listo para ser llevado al conocimiento del Consejo Permanente de la OEA para “una apreciación colectiva”.

En otras palabras lo que Ortega, en otras circunstancias, hubiera rechazado de plano, ahora aparece como una posibilidad real producto de la decisión de Ortega de entablar un diálogo con la OEA, tratando de demorar o evitar la aprobación de la “Nica Act”, sin desmontar la farsa electoral del 6 de noviembre.

El autor es jurista y catedrático.

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