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jueves, 29 de diciembre de 2016

Congreso de Colombia expidió una ley de amnistía en favor del M-19.

Bogotá Colombia / El País - Desde hace 24 años, cuando el Congreso de Colombia expidió una ley de amnistía para conceder el indulto definitivo a los desmovilizados de la guerrilla del M-19, los parlamentarios colombianos no se enfrentaban a un debate de este tipo.  

Este miércoles volvieron a hacerlo, al aprobar la ley para conceder perdón a los guerrilleros rasos de las FARC. Había urgencia. La guerrilla reclamaba este camino como el último empujón para su proceso de desmovilización y desarme.

Esta ley dará seguridad jurídica a los más de 5.000 excombatientes que se movilizarán a las zonas verdales, en donde harán el tránsito hacia la vida civil, pero también permitirá que, según cálculos del movimiento político Voces de paz, más de mil personas que permanecen procesadas por delitos políticos y conexos, puedan recuperar su libertad, aunque sea de forma condicional.

Según el gobierno, a más tardar el 30 de enero, se establecerá el número de integrantes de las FARC que no son amnistiables ni indultables y se definirá a qué zonas y en qué tiempos serán trasladados en los términos pactados en el acuerdo final. El Ministerio de Justicia dice que, aunque no existe aún un listado de las personas que se beneficiarían con la medida, en las cárceles del país hay al menos 4.000 miembros de las FARC recluidos.


El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha explicado que se aplicarán varios tipos de amnistías. “Habrá una automática, que se concede por virtud de la ley a los integrantes de las FARC que hayan cometido un delito político, como rebelión, o los que hayan sido reconocidos como conexos por la jurisprudencia penal en el país”.  

Con esto, se beneficiará, sobre todo, la base de la guerrilla, que tendrá los beneficios de la ley, tras la sanción presidencial que deberá darse en los próximos días. Otra de las categorías que se contempla es para quienes han cometido delitos (como el narcotráfico) sobre los que la conexidad con el delito político debe ser discutida por la justicia especial para la paz, cuyo tribunal aún no está conformado. 

Aunque la ley también será aplicable para los agentes de Estado, el gobierno ha insistido en señalar que bajo ninguna circunstancia, se otorgará para quienes sean procesados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y que en el caso de los militares, no habrá amnistía ni indulto. 

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