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sábado, 31 de diciembre de 2016

El sabor amargo para Nicaragua en el 2016. ¿ Ortega abrirá los espacios que demandan sus adversarios?

A nivel nacional 2016 fue un año marcado por la reelección de Daniel Ortega, en un proceso electoral sin legitimidad, del que la oposición fue excluida, en el que no hubo observación electoral nacional ni internacional y con un alto nivel de abstención.

Ortega enfrentará su tercer mandato consecutivo con Rosario Murillo con su vicepresidenta y en un año lleno de incertidumbre: con la crisis en Venezuela, la amenaza de la ley conocida como Nica Act -aprobada por el Congreso y a la espera de ser ratificada por el Senado de Estados Unidos- y el gobierno de Donald Trump. A continuación les presentamos un resumen de las noticias que marcaron 2016.
Reelección con abstención.  

La segunda relección presidencial consecutiva de Daniel Ortega, ante una protesta nacional masiva que se reflejó en los altos índices de abstención, marcó el acontecer de Nicaragua en 2016. Ortega, el líder sandinista de 71 años que retornó al poder el 10 de enero de 2007, fue reelegido nuevamente en los comicios del 6 de noviembre y se convertirá en el primer jefe de Estado del país con cuatro mandatos en sus espaldas.

Ahora gobernará con su esposa, la influyente primera dama Rosario Murillo, como su vicepresidenta. Murillo encabeza de esta forma la línea de sucesión constitucional del poder, si el presidente llegar a faltar.  Ortega volverá a contar, a partir del 10 enero, por otros cinco años, con el respaldo de una mayoría calificada de diputados en la Asamblea Nacional, sin ninguna oposición, y con una sólida alianza con los grandes empresarios del sector privado y los sindicatos.

Entre la amenaza de “Nica Act” y la OEA. La legitimidad de la relección ha sido cuestionada por la exclusión del principal bloque opositor en los comicios, la prohibición de observadores electorales independientes, y la baja afluencia de votantes. 
La deriva autoritaria de Ortega en 2016, fue cuestionada por la oposición y fuerzas sociales que demandaron elecciones libres, mientras el gobierno respondió con más represión policial.  En Estados Unidos, el congreso dominado por los republicanos, promovió la aprobación de la iniciativa conocida como Nica Act, que impondría sanciones económicas a Nicaragua al bloquear buscan préstamos en el Banco Mundial y el BID –unos 250 millones de dólares anuales– , si no se restablece la democracia.

La amenaza de sanciones económicas que aún no entran en vigencia, provocó un acercamiento del Gobierno de Ortega con la OEA para establecer un mecanismo de negociación que permita elevar la credibilidad de los procesos electorales a partir del próximo quinquenio, facilitando inclusive la sucesión presidencial en el 2021, valoró el analista Arturo Cruz.

Después de 45 días de diálogo a puertas cerradas con el gobierno, el secretario general de la OEA Luis Almagro se reunió en Managua con la oposición y con todas las fuerzas del país, para evaluar el cumplimiento de la Carta Democrática de la OEA.
El diálogo concluirá el 15 de enero, con un acuerdo entre el gobierno y la OEA, estableciendo una “hoja de ruta crítica”, sobre temas políticos, institucionales y electorales, o bien evidenciando las discrepancias entre ambas partes.

La economía nacional mantuvo su tendencia de crecimiento en 2016, logrando un crecimiento promedio del 4,7% del PIB. La dinámica del sector externo, la inversión extranjera directa, y el flujo de las remesas familiares, contribuyeron a la estabilidad económica. Mientras el gobierno y los grandes empresarios organizados en tormo al Cosep, fortalecieron su alianza que da lugar a un régimen corporativista, sin democracia ni oposición política.

Sin embargo, la anulación del pluralismo político decretada por el gobierno antes de las elecciones de noviembre, ha empezado a afectar de forma negativa el clima de negocios y las expectativas de inversión.

El gobierno del comandante Daniel Ortega le declaró la guerra a los migrantes cubanos, haitianos y africanos que intentaban cruzar Nicaragua para llegar a Estados Unidos. La frontera de Peñas Blancas fue cerrada por la Policía y El Ejército.
Centenares de migrantes capturados fueron devueltos a la frontera tico-nica. La crisis humanitaria empezó con los más de ocho mil cubanos varados en Costa Rica. Su situación se resolvió gracias a un puente aéreo acordado entre México, El Salvador y Costa Rica.

Meses después, otro tapón de miles migrantes africanos y haitianos protagonizó otro drama al tratar de burlar el muro levantado por Ortega. La desesperación los obligó a depender de coyotes o simplemente lanzarse por sí solos por puntos ciegos. Ocho de ellos no corrieron con tanta suerte: murieron ahogados en el río Sapoá, y sus cadáveres aparecieron en las costas del lago Cocibolca.

La profesora Nilamar Aleman, originaria de San Juan del Sur, desafió la política anti migración de Ortega al brindar ayuda a una mujer congoleña y su hija de siete años que se extraviaron en San Juan del Sur, cuando los coyotes las abandonaron. Su gesto de solidaridad la llevó a la cárcel. Fue procesada por tráfico de migrantes y condenada, pero luego excarcelada ante la protesta ciudadana, convirtiéndose en un símbolo nacional de la solidaridad.

“Chica” Ramírez y la lucha campesina.  El 2016 el movimiento campesino liderado por Francisca “Chica” Ramirez, que demanda la derogación de la ley canalera, se consolidó como el movimiento social de mayor incidencia en el país.

Los campesinos completaron 82 marchas de protesta y cinco marchas nacionales, y resistieron una brutal escalada represiva, cuando decidieron sumar su lucha a la demanda nacional de elecciones libres. toda clase de acciones represivas, cuando
Oficiales y agentes antimotines de la Policía Nacional “militarizaron” el país con mñas de 50 retenes en todas las vías de acceso a la capital, para impedir una caravana campesina hacia Managua. 

La represión policial, que incluyó cateos, bombas lacrimógenas, disparos de balas de goma y fusiles AK, destrucción de puentes y obras de infraestructura, y hasta el secuestro de vehículos de doña “Chica” Ramirez, se convirtió en una derrota política del régimen de Ortega.

Los expulsados de Ortega.  Funcionarios norteamericanos, activistas ambientalistas latinoamericanos, politólogos, estudiantes y artistas, se sumaron a la lista de 25 extranjeros que han sido expulsados de Nicaragua desde que Daniel Ortega regresó al poder, generando tensiones internacionales con México y Estados Unidos, sin que el estado brinde alguna justificación.

El punto más álgido fue la expulsión de dos inspectores de aduanas norteamericanos y de Evan Ellis el politólogo e investigador sobre las relaciones entre China y América Latina. Pero el caso más dramático fue el del estudiante mexicano Jobany Torres, desparecido y detenido en El Chipote durante diez días y luego presentado en un juzgado con señales de tortura, para ser condenado por intento de dañar la imagen del estado de Nicaragua.

Además, fueron expulsados los activistas de la Caravana Mesoamericana, que enseñaban a los campesinos del movimiento anti canal cómo fabricar hornos eficientes, mientras que la politóloga Vidriana Ríos, del Wilson Center de Washington, denunció que la Policía Nacional la seguía cuando realizaba una investigación, y abandonó el país.

El despale y la crisis medioambiental.  El despale, el cambio climático y la negligencia de las instituciones como el MARENA desencadenaron una crisis ambiental. La destrucción de los bosques y las reservas naturales por el crecimiento de la frontera agrícola y la acción de los madereros agravó las causas de la sequía prolongada. El gobierno respondió con una campaña de reforestación catalogada como farándula por parte del científico Jaime Incer Barquero. Al norte del país, los madereros arrasaron con los pinares de Jalapa.

La inoperancia del INAFOR le costó la cabeza a su director William Schwartz. Sin embargo, en el Caribe Norte de Nicaragua, los miskitos sufren el despale, pero también la brutal violencia de los colonos que invaden sus tierras, dejando más de 30 muertos, 47 heridos, once secuestrados y tres indígenas desaparecidos. Una investigación de Confidencial probó que funcionarios del Frente Sandinista y el procurador Hernán Estrada estaban vinculados a la red de tráfico de tierras comunales prohibida por la ley 445. Además, desenmascaró una red de escrituras ilegales que opera en el Triángulo Minero.




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