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sábado, 17 de diciembre de 2016

Los desaciertos de la dinastía de los Ortega. 2016 definió su carácter dictatorial.

Tomado de Confidencial - El resultado principal de las votaciones del 6 de noviembre fue la derrota total del mito de la popularidad de Ortega. Más del 70% de las personas hábiles para votar se abstuvieron, en un acto, no de indiferencia, sino de rechazo a un proceso electoral calificado como una farsa y que concluyó con el más grande fraude ejecutado a la fecha.

El régimen fue desnudado por partida doble: quedó claro, dentro y fuera del país, que el orteguismo es minoritario y que solo podía alzarse con una “victoria” mediante un fraude electoral, sin participación de la oposición y sin observación nacional e internacional calificada e independiente.

A la fecha, el Consejo Supremo Electoral, que se apresuró a dar a conocer una cifra del 72% de votos a favor del FSLN, no ha publicado los resultados de las actas de escrutinio, pues como se sabe, hubo una masiva adulteración de las mismas, en prácticamente la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos.

Un resultado así de fraudulento, carece de legalidad y con la enorme abstención que se registró, carece de legitimidad. Con las reformas constitucionales de 2014, quedó claro que el proyecto de Ortega es el continuismo autoritario. Y con la candidatura de Rosario Murillo a la vicepresidencia quedó sellado como un régimen familiar y dinástico.

Se trata, también, como lo ha señalado la Conferencia Episcopal y numerosos sectores políticos y sociales, de un régimen de partido único, La precariedad del orteguismo en el ánimo popular, lo obligó a derrumbar el último espacio de pluralismo político que quedaba, anulando la personalidad jurídica del PAC, traspasando de manos la personalidad jurídica del PLI y destituyendo a los diputados opositores del PLI y el MRS de la Asamblea Nacional. 
Todo para impedir la participación electoral de la Coalición Nacional por la Democracia.  Estos hechos causaron un repudio generalizado en el país al cerrarse la posibilidad de hacer un cambio por la vía electoral.  También resultaron escandalosos en el ámbito internacional, pues no se puede entender democracia sin pluralismo, ni libre participación en los procesos electorales.

Por primera vez en muchos años, la atención internacional volvió los ojos hacia Nicaragua y en todos los continentes se difundió, con estupor, la naturaleza familiar y dinástica del modelo político del orteguismo y sus extremos de corrupción, impunidad, violación de derechos humanos y autoritarismo rampante.  Desde todo el espectro ideológico se han manifestado voces de condena, desde gobiernos, parlamentos, partidos políticos, movimientos sociales y medios de comunicación.

La totalidad de los procesos del Poder Electoral están cuestionados por no corresponderse a los que un árbitro independiente debería asegurar para que se ejerza el derecho a elegir y ser electos en una sociedad democrática. Nadie le concede ya, imparcialidad al sistema electoral nicaragüense, para dirimir la libre y transparente competencia por el poder político.

El colapso del sistema electoral ha sido un hecho conocido, pero estas “elecciones” y su resultado, le han dado un tiro de gracia. El gobierno, en una maniobra de última hora, frente a la posibilidad de que la Secretaría General de la OEA publicara un informe sobre el proceso electoral, antes de las votaciones, aceptó abrir un diálogo y logró extender el plazo para la presentación del informe a más tardar el 15 de enero de 2017, si a esa fecha aún no había sido posible publicar un informe conjunto.

Pero, el fraude descarado y la abstención generalizada, ampliamente documentados por organizaciones de la sociedad civil y fuerzas políticas, superaron cualquier posible expectativa frente al informe de la OEA. De acuerdo a las recomendaciones de las misiones de la OEA y la Unión Europea de 2011, los cambios a realizar en el Poder Electoral eran elevados, comenzando por la manera en que se integran las Juntas Receptoras de Votos, que le concede una mayoría al oficialismo.

Todos sabemos que el control de las mesas electorales y del tendido de los fiscales de los partidos satélites ha sido clave en la ejecución de todos los fraudes electorales desde 2007.  En las presentes circunstancias, se impone una reforma profunda a las estructuras y normas electorales y un cambio radical en la composición del Consejo Supremo Electoral.

Si el gobierno de Ortega abrió el año 2016 confiado de sus buenas y estables relaciones con los Estados Unidos, lo cierra con crisis. En septiembre, la administración Obama dejó claro que las relaciones con el gobierno de Nicaragua atravesaban su peor momento. Ese mismo mes, la iniciativa conocida como Nica Act fue aprobada unánimemente en la Cámara de Representantes.

Aún no se tienen referencias de la política de la nueva administración republicana de Donald Trump, hacia América Latina en general y Centroamérica, en particular. Pero, hay que anotar algunos hechos. El lobby cubano americano, adversario de la apertura hacia La Habana, podría tener una influencia importante en la nueva administración, lo que podría resultar en tensiones con el gobierno de Ortega. 

La Nica Act, considerada una amenaza a la economía nacional, fue una iniciativa bipartidista, que contó con un impulso decidido por los congresistas republicanos cubano-americanos, todos los cuales fueron reelectos en sus posiciones.  La iniciativa no se encuentra pues, en un punto muerto.

Los republicanos controlan ambas cámaras en el Congreso de los Estados Unidos. Ileana Ross-Lehtinen una de las principales promotoras de la Nica Act, ha declarado, en los primeros días de diciembre, su voluntad de seguir moviendo la iniciativa en las nuevas condiciones, habida cuenta de la persistencia y empeoramiento de las condiciones que la originaron.

Por otro lado, el general retirado John Kelly, nombrado como jefe del Departamento de Seguridad Interior, antiguo jefe del Comando Sur y considerado como un especialista en América Latina, ha puesto énfasis en el tema migratorio y el crimen organizado como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. El gobierno del inconstitucional Ortega, podría ofrecerle, como lo ha estado haciendo con la administración Obama, una colaboración en esta materia.   

Ciertamente, mucho de lo que pueda pensarse sobre la política de Trump está en el ámbito de la especulación que solo se irá despejando el próximo año.  Al cierre de este boletín, aún no había sido nombrado el Secretario de Estado, de quien dependerá la conducción de la política exterior de la administración republicana.

La visita del Secretario General a principios de diciembre dejó más preguntas que respuestas.  Un Ortega visiblemente interesado en ganar reconocimiento a su “elección” y a la de su esposa, le ofreció acreditar a una misión de la OEA para el acompañamiento del proceso electoral municipal que se debe realizar en 2017.

Por su parte, un Almagro extremadamente diplomático, cumplió con el ritual de reconocimiento oficial a los “electos” solicitado por el gobierno, extremándose en el gesto, lo que fue fuertemente criticado en las redes sociales.  En el resto de sus reuniones, se limitó a oír lo que plantearon los distintos sectores y, al final, no emitió consideración alguna sobre la oferta de Ortega.

Almagro solamente avanzó su posición de que es importante “ajustar temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político, algo que pasa en todos los países de la región”. Esa es una aseveración que se quedó corta, pues la situación del sistema electoral y de la institucionalidad nicaragüense es tan grave, que requiere algo más que afinamiento y no es comparable con la del resto de países del área.

En Centroamérica, solamente en Nicaragua se han registrado fraudes electorales sucesivos y es el único país en el que la totalidad de las instituciones públicas, incluyendo el Ejército y la Policía, están sometidas absolutamente al poder de una familia.

Almagro habló de pasos importantes del gobierno en seguridad, energía y educación. Y,  ponderó la estabilidad, manifestando su deseo de que el diálogo entre la OEA y el gobierno, fortalezca la confianza mutua y con sectores sociales, políticos y empresariales nicaragüenses.

En las declaraciones del Secretario General Almagro, palabras como democracia y derechos humanos estuvieron sorprendentemente ausentes, a pesar de que su discurso cotidiano y oficial, ha sido construido sobre estos temas.  Han transcurrido dos meses del plazo establecido en el acuerdo. Las expectativas en relación al diálogo gobierno-OEA, se mantienen.  En ese tiempo, voceros del orteguismo, con el objetivo de  bajar tensiones políticas, habían difundido la idea de la apertura de un gran diálogo nacional, luego de las votaciones, que contaría con la intermediación del Secretario General. 

Sea cual fuere la dirección que tome el diálogo entre el gobierno y la OEA, después de su reinstalación oficial en el poder, Ortega necesitará elementos claves de legitimación nacional e internacional, al mínimo costo posible.  El principal objetivo para el oficialismo es, ahora, el de lograr un pacto con una fuerza política dispuesta a no cuestionar que cuenta con cinco años más en el poder y a participar en las elecciones municipales con cambios no sustantivos en el sistema electoral.

Ortega no puede lograr ninguno de estos objetivos con los partidos satélites, conocidos popularmente como “zancudos”, que están plenamente identificados como colaboracionistas dentro y fuera del país.  Así que su primera opción parece ser la de buscar un arreglo con Ciudadanos por la Libertad, liderada por Eduardo Montealegre, sobre cuya cabeza penden varios juicios, cuya evolución fue sorpresivamente detenida desde hace varios meses.

Ciudadanos por la Libertad, encabezaba la alianza electoral Coalición Nacional por la Democracia, que se erosionó hasta su desaparición luego de la expulsión del MRS y la salida de Violeta Granera, que había sido candidata a la vicepresidencia, el Movimiento Liberal “Ramiro Sacasa”, la Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Acción Ciudadana y del PANAC, al menos el sector encabezado por el reverendo Saturnino Cerrato.

Esa fuerza política, sin personalidad jurídica, ha mantenido gran parte de sus estructuras, perdiendo algunos importantes líderes locales y ex diputados. El hecho de que hayan procedido a solicitar personalidad jurídica a principios de diciembre, ha elevado las especulaciones sobre un eventual acuerdo entre esta fuerza y el orteguismo. 


Se sabe que a lo interno, hay líderes nacionales que favorecerían un arreglo de esa naturaleza y otros que están decididamente en contra.  Está por verse si Ciudadanos por la Libertad tomará el camino del pacto o seguirá haciendo presión para lograr cambios sustanciales en el sistema electoral y en el sistema político. Un pacto como el que aspira Ortega, podría precipitar un deterioro importante en la base social de esa organización tal como sucedió con el PLC en su oportunidad, del que aún no se recupera.

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