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lunes, 12 de diciembre de 2016

Mujeres denuncian ante la CIHD violaciones de sus derechos humanos en Nicaragua.

Mujeres organizadas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las defensoras de derechos humanos están siendo acechadas por el Gobierno de Daniel Ortega, poniéndoles obstáculos para realizar su trabajo, deteniéndolas ilegalmente, procesándolas penalmente y descalificándolas por medios de comunicación afines al gobierno de Daniel Ortega.

La doctora Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de los 
Derechos Humanos (Cenidh), dijo que en los últimos años en Nicaragua ha “habido un retroceso en materia de derechos humanos y la situación de quienes los defienden, pues cada año aumenta la represión contra quienes defienden sus derechos en general”.

“No se puede decir que en Nicaragua se está respetando el derecho a la vida, porque existen ejecuciones sumarias a líderes que se oponen a este Gobierno”, dijo Núñez, previo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

La defensora de derechos humanos agregó que “en gobiernos anteriores no habían tenido los defensores los obstáculos que ahora tienen. Esta situación se ha incrementado y se ha establecido casi como política sistemática del Gobierno, la obstaculización y la calumnia contra los defensores”, dijo Núñez.

Mientras que representantes del Movimiento Autónomo de Mujeres y la Red de Mujeres de Ometepe, a las mujeres defensoras de derechos ya no las dejan entrar a las Estaciones de Policía ni a los Juzgados a dar acompañamientos a víctimas de violencia, a quienes les dan asesoría legal y acompañamiento psicológico.

Al Cenidh desde hace seis años no lo dejan entrar a los sistemas penitenciarios del país ni dejan que dé acompañamientos a las víctimas de detenciones ilegales en la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, conocido como El Chipote, “porque ahí hay represión y tortura”, detalló Núñez.
Aseguran que un 30 por ciento de defensores de derechos humanos han sufrido agresiones durante su trabajo y el 80 por ciento de estos agresores son funcionarios del Estado o integran la estructura del partido en el Gobierno.

Un ejemplo reciente es el de Francisca Ramírez, quien defiende la tierra y el agua en contra del proyecto canalero, quien ha denunciado ser acosada y víctima de decomisos ilegales de sus bienes, como medida de presión al trabajo social que realiza.
Pablo Cuevas, asesor legal en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), confirmó que cada vez es más difícil realizar su trabajo de defensor de los derechos humanos en el país, porque las autoridades los ven como enemigos y no les dejan a hacer su trabajo.

Cuevas relató que la Policía no los deja entrar en los juicios, aunque la Constitución Política establece que “son orales y públicos” y tampoco pueden ingresar al Sistema Penitenciario para corroborar el estado de los privados de libertad.

Mientras que el director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié, considera que el deterioro de los derechos humanos de los nicaragüenses de alguna manera obedece “a un diseño político que se orienta a la permanencia de un gobierno autoritario”.   

“Confirmamos cómo en reiteradas oportunidades el Gobierno —por medio de la Policía, el Ejército y las fuerzas paraestatales— se valió de la violencia ante la demanda de distintos sectores de la población”, expresó Ampié en su presentación del informe.

Él mismo menciona casos ocurridos el año pasado y que trascendieron a la opinión pública, como el violento desalojo en Mina El Limón y de Chichigalpa y de personas en contra del proyecto del Canal Interoceánico.

También en el informe el Cenidh señala que la violencia estatal fue la respuesta a otras demandas por la falta de transparencia electoral, el acceso a la Justicia y el respeto a los derechos de las mujeres.


Las situaciones abordadas en el Informe incluyen la muerte violenta de 64 personas, incluidas de las fuerzas regulares que cayeron en el cumplimiento del deber. Recordó 

Ampié que la situación de violencia registrada el año pasado en el país destaca la vivida por las comunidades indígenas en el Caribe Norte y entre las muertes que están en impunidad, destaca el líder indígena de Yatama, Mario Leman, así como la violencia en el norte por grupos rearmados.

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