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martes, 24 de enero de 2017

Acuerdo politico entre Almagro y Ortega no garantiza la institucionalidad, señala experto.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez señala entre las principales debilidades del documento firmado entre el régimen de Nicaragua y la OEA,  es “parte de unas premisas conceptuales y utiliza unos términos que no se corresponden con la normativa y la praxis constitucional nicaragüense de los últimos diez años, y particularmente de los últimos seis meses, desde junio y julio de 2016, que empezó esta deriva autoritaria y excluyente del comandante Ortega”.

Como ejemplo, Álvarez cita que el acuerdo se refiere a fortalecer la institucionalidad del país. Sin embargo, el experto advierte que “eso es rotundamente falso, porque aquí lo que ha ocurrido es que se ha estado demoliendo todos los principios democráticos de forma sistemática y por tanto ese no se corresponde”.

Además, Álvarez menciona que el acuerdo miente sobre los argumentos con los que se en julio se destituyó a veintiocho diputados de la oposición en la Asamblea Nacional. “Sobre el tema del transfuguismo, el acuerdo señala que la pérdida de la condición de diputados se debió a la aplicación de justicia. Ahí hay triple mentira: a los diputados se les despojó de la condición, no la perdieron; nunca fue por consenso, excepto con el sector privado que negoció la reforma constitucional, y tampoco respetó el debido proceso”.

El acuerdo del gobierno con la OEA argumenta que la destitución se hizo para proteger el derecho de los electores a la representación y que el cargo de elección popular pertenece a los electores y no a los electos.

Álvarez explica que “si bien es cierto hay que proteger los derechos de los electores, no hay que hacerlo pasando por encima de los elegidos, de los diputados, concejales, etcétera. Además –agrega–que en Nicaragua (esa destitución) se hizo de manera abrupta e inconstitucional a conveniencia del comandante Ortega, no de los electores”.

El exdiputado liberal Eliseo Núñez valora que la OEA concedió a Ortega el tiempo que necesitaba “a cambio de nada”. Según Núñez, Ortega necesita el tiempo porque su temor real no es la OEA, sino la administración norteamericana. “Ortega necesita saber exactamente cómo se están moviendo las cosas en Washington y la OEA le ha otorgado ese tiempo, argumenta Álvarez.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, valoró de positivo el acuerdo firmado entre el gobierno de Daniel Ortega y el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEa Luis Almagro, porque da la oportunidad de que se concreten cambios en el sistema electoral, como se ha demandado.  “Durante diez años se ha estado planteando que hay que cambiar, que hay que fortalecer la institucionalidad electoral, pues hoy tenemos esa posibilidad”, dijo Aguerri.

Aguerri celebró que saliera un informe conjunto de la OEA y el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, e incluya el acompañamiento del organismo en las elecciones municipales de noviembre de 2017. “Es un paso hacia la dirección que Cosep ha estado planteando en función de fortalecer el proceso electoral, la institución electoral y la participación política”, dijo Aguerri.

En otro orden los empresarios de Nicaragua recomiendan "esperar" lo que ofrecerá el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este reiterara en su discurso de investidura su interés en una economía proteccionista.  "Hay que esperar, entramos ya a una nueva era. 

El primer mensaje del presidente Trump es en relación a que ellos van a provocar que se compre producto americano y se contrate a los americanos (estadounidenses) (...). Tenemos que esperar, ver cómo van a traducir esas palabras en acciones", dijo a periodistas el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.


Trump, quien tomó posesión este viernes, ha mostrado reiteradamente su descontento con los acuerdos de libre comercio firmados por Estados Unidos con otros países o regiones del mundo. Nicaragua es parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), en vigor desde 2006.   

Aguerri afirmó que los empresarios continuarán promoviendo a Nicaragua como un país ideal para las empresas que buscan un trampolín para ingresar al mercado estadounidense. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. En 2016, acaparó el 42,1 % de las exportaciones nicaragüenses, según el Banco Central de Nicaragua, seguido de El Salvador, con 11,2 %, Costa Rica (6,1 %), Venezuela (5,1 %) y Guatemala (4 %).

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