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viernes, 13 de enero de 2017

Gobierno de Ortega de brazos cruzados, mientras indígenas enfrentados con colonos por tierras.

Continúan los enfrentamientos entre indígenas y los invasores de tierras llamados colonos en el Atlántico Sur.  El alcalde del municipio de Prinzapolka, Eklan James, denunció en el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, que un contingente del Ejército de Nicaragua rodeó este jueves las comunidades miskitas de Isnawas, Layasiksa IV, Prinsabila y Alamikangba, donde desde la semana pasada se registra enfrentamientos armados.

Nancy Elizabeth Enríquez, del partido YATAMA denunció que el enfrentamiento inició el mediodía del seis de enero y dejó como saldo dos colonos muertos y tres heridos, entre ellos dos colonos y un indígena. 

Hilario Tonsom, Presidente territorial de Prinzoauhya, dijo que los colonos reclaman la liberación de cinco personas secuestradas por los indígenas. Al día siguiente, alrededor de veinte comunitarios de Layasika II se movilizaron a la zona del conflicto. Se registró un segundo enfrentamiento de más de dos horas, que amenaza con desatar una nueva ola de violencia.

El alcalde James solicitó ayuda al coronel Marvin Paniagua, jefe del Ejército en Siuna, pero no le dijo nada. Este jueves, los comunitarios denunciaron la presencia de los militares en la zona.  “Hay inestabilidad en la seguridad cada día, y ahora el Ejército invade en medio de este enfrentamiento. Los comunitarios tienen miedo”, dijo Enríquez.

Este conflicto es parte de la invasión de propiedades comunales por parte de colonos, que se agravó desde hace ocho años. De septiembre de 2015 a la fecha, Henríquez contabiliza 42 indígenas asesinados.

La ley 445 establece cinco etapas para ordenar los territorios indígenas. El gobierno del comandante Ortega ha cumplido las primeras cuatro, entre ella la titulación de territorios. Sin embargo, la quinta y más importante, no ha sido implementada. Se trata del “saneamiento”, es decir expulsar de las tierras ancestrales a todo intruso que viva o explote los recursos naturales.

Sin embargo, tras eso, hay varios intereses económicos y políticos, como demostró la investigación de Confidencial llamada el Infierno de los Miskitos. En la serie de cuatro reportajes, queda demostrado como tres funcionarios y militantes del partido Frente Sandinista están detrás del tráfico de tierra indígena.

Ellos son Carlos Aleman, gobernador del gobierno territorial, Waldo Müller y Adrián Valle Collins, ambos concejales sandinistas. Además, la investigación reveló la cesión de seis mil manzanas de tierras cerca del sector de Prinzapolka por el Procurador General de la República, Hernán Estrada.

El alcalde James denunció el desinterés por parte del gobierno de Daniel Ortega de regular el conflicto. Dijo que han pedido en varias ocasiones audiencias con la Policía Nacional y no han obtenido respuesta.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) interpuso en el último mes 47 denuncias con nombre y apellido de los señalados y las víctimas ante la Policía Nacional, pero no las han tramitado.

“Es una enorme indiferencia y es responsabilidad gubernamental encontrar solución al problema”, fustigó Henríquez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares a favor del pueblo miskito, pero el gobierno de Ortega no cumple con el mandato de protegerlas.

De hecho, la administración sandinista presentó ante el organismo un informe de 35 páginas, en las que omite los asesinatos, secuestros y violaciones a indígenas y responsabiliza por la violencia en el lugar a “la venta ilegal de tierras comunales por parte de comunitarios, líderes y autoridades comunales a terceros.


Los indígenas han iniciado un proceso de “autosaneamiento”, pero la situación de riesgo y violencia en las comunidades ha aumentado.  La presidenta del CENIDH, la doctora Vilma Núñez, exhortó a los indígenas a liberar a los cinco colonos secuestrados, y exigió al gobierno de Ortega tomar en serio el asunto.

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