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sábado, 21 de enero de 2017

Sociedad civil y oposición rechazan propuesta de la OEA a Ortega.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, y la candidata ilegalizada a la vicepresidencia por la Coalición Nacional por la Democracia, Violeta Granera, opinan que el informe demuestra que Ortega solo busca tiempo para acallar las voces que critican su deriva autoritaria.

Según la doctora Núñez, el caudillo sandinista se salió “con la suya al tener el agua al cuello” con las presiones nacionales e internacionales sobre el “colapsado” sistema electoral, la eliminación de la oposición, un proceso electoral con una baja participación, la poca legitimidad de su gobierno, que ha sido catalogado como dinastía familiar.

La OEA y el gobierno acordaron un plazo de tres años para “fortalecer” en materia electoral y política. Esto, a los ojos de la doctora Núñez, resulta ganancia para Ortega. “Este informe es inocuo para poder contribuir con eficacia a la resolución de los problemas de Nicaragua”, precisa.

La defensora de derechos humanos lamenta que de esa forma la OEA “acepta el sistema electoral” impuesto por Ortega, que ha sido cuestionado ampliamente por diversos sectores sociales y políticos, mientras no se atienden las demandas principales.

“No hay ninguna alusión que el sistema electoral debe estar integrado por funcionarios imparciales, sino que dicen que van a revisar si todo el mundo está cedulado, si el padrón electoral… cosas de esas naturaleza”, asegura Núñez. “No va a la raíz: el carácter partidario que tiene el sistema electoral nicaragüense desde su raíz, y la corrupción de los funcionarios”, agrega.

Granera igual critica que el informe suscrito por Almagro y el nuevo canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, no aborda, “con la contundencia y la premura que requiere, el colapsado sistema electoral de Nicaragua”.

“La OEA fue más clara y contundente en el informe de la misión de observación electoral del año 2011. Allí están reflejados algunos puntos importantes como recomendaciones, que todo el mundo sabe que no han sido cumplidos”, recuerda Granera.

El Movimiento Renovador Sandinsita (MRS), cuya personalidad jurídica fue cancelada a mediados de 2008, indicó en un comunicado que “lo acordado es una acción absolutamente mínima, que no responde al interés y a las aspiraciones de la mayoría de los nicaragüenses de lograr elecciones limpias y transparentes, con plenos derechos y garantías” y critica que “con este acuerdo, la misión de la OEA no está cumpliendo a profundidad, su papel de promover los postulados de la Carta Democrática Interamericana”.

“El acuerdo pretende hacer ‘borrón y cuenta nueva’, a la farsa y al fraude electoral de noviembre del año pasado. Para nosotros, no hay borrón y cuenta nueva. Hubo una farsa y un fraude a la vista de todos y rechazado por la absoluta mayoría de los nicaragüenses que con su abstención expresó su voluntad”, añade el MRS.
Sin embargo, el grupo de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que está gestionando su personalidad jurídica para participar en las próximas elecciones municipales, lee el comunicado del gobierno y la OEA con más optimismo.

“Ciudadanos por la Libertad considera que es un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales, pero es un paso en la dirección correcta y brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad que demandamos todos para progresar libertad”, comentó la organización en un comunicado.

Sin embargo, el grupo de Ciudadanos por la Libertad (CxL), que está gestionando su personalidad jurídica para participar en las próximas elecciones municipales, lee el comunicado del gobierno y la OEA con más optimismo.

“Ciudadanos por la Libertad considera que es un paso muy pequeño con relación al desastre institucional que ha generado Daniel Ortega con sus ambiciones dictatoriales, pero es un paso en la dirección correcta y brinda una oportunidad de retomar pacíficamente el camino de la institucionalidad que demandamos todos para progresar libertad”, comentó la organización en un comunicado.

El Frente Amplio por la Democracia, reitera su compromiso con el respeto al derecho fundamental del pueblo de Nicaragua de elegir a sus autoridades nacionales  y municipales, a través de procesos electorales libres, transparentes y competitivos.

Por lo tanto, consideramos inaceptables los resultados de la Farsa Electoral de noviembre 2016,  como lo refrendó un 70% o más de la ciudadanía que rechazó esta farsa, absteniéndose de participar y documentado dicha abstención.

El FAD advierte que no podrá haber cambios positivos para Nicaragua sin legitimidad de todas sus autoridades, de lo que adolecen quienes ocuparon cargos asignados por el Consejo Supremo Electoral  por medio de la farsa del pasado 6 de noviembre.

Es por ello que para resolver la grave situación institucional del país, hemos propuesto un diálogo amplio, incluyente y transparente, en el que se acuerde un diagnóstico serio sobre las graves ilegalidades cometidas en el proceso electoral de 2016, y se discutan las propuestas de todos los sectores sociales y políticos que hemos hecho aportes ante el Secretario General de la OEA y su Equipo Técnico.  Para que este diálogo sea creíble y constructiva proponemos que tenga un plazo no mayor de 90 días y los siguientes objetivos:

1.      Acordar reformas al Sistema Electoral y a la Ley Electoral, que reviertan los problemas estructurales, teniendo como punto de partida los señalamientos y recomendaciones de  las organizaciones nicaragüenses y contenidas en el Informe de la Misión de Acompañamiento Electoral del 6 de noviembre del 2011, en relación a: Ley Electoral; Cedulación; Padrón electoral; Cartografía Electoral; Informática y Transmisión de Datos; Logística; y Capacitación Electoral.

2.      Que se defina las características y profundidad de la Observación Electoral Nacional e Internacional.

3.      Y que el resultado final de este diálogo debe ser garantizar el derecho humano para elegir y ser electos conforme lo estipula nuestra Constitución Política y la Carta Democrática Interamericana, con la definición de fechas convenientes para el proceso electoral Nacional y Municipal pendientes.

Conociendo el Informe conjunto del gobierno de Nicaragua y la OEA, lamentamos que se esté desperdiciando una oportunidad para evitar mayores daños al pueblo de Nicaragua, porque la falta de democracia requiere respuestas urgentes que no pueden esperar tres años.

Si bien en el Informe se reconocen parte de las carencias y debilidades de la institucionalidad democrática, no se aborda la falta de legitimidad de este Gobierno, ni se atiende con la urgencia que requiere el colapsado sistema electoral.
 Al mismo tiempo, este Informe evidencia la falta de voluntad política de la dictadura Ortega Murillo en garantizar el derecho a la democracia que tiene el pueblo de Nicaragua.

El FAD reitera su compromiso por seguir organizándose junto al pueblo de Nicaragua para revertir la dictadura y lograr la restauración de la democracia, a través Elecciones Libres, Transparentes y Competitivas generales y municipales, para democratizar Nicaragua y promover el Desarrollo Humano Sostenible de todos los Nicaragüenses.
 Rechazamos totalmente cualquier intento de legitimar la Farsa Electoral y de llamar a nuevas Farsas Electorales.


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