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miércoles, 8 de febrero de 2017

Abogados argumentan ante jueces, decreto antiinmigrante de Trump.

Los Ángeles California EEUU/ El País - El veto a algunos inmigrantes dictado por el presidente Donald Trump fue argumentado por primera vez en público diez días después de su firma. 

En una audiencia por teléfono ante un tribunal de apelaciones de San Francisco, los abogados de la Casa Blanca y los que han denunciado la medida expusieron sus argumentos ante tres jueces que cuestionaron intensamente las razones de ambas partes. La orden de Trump lleva cuatro días paralizada. Los jueces prometieron una decisión “lo más pronto posible”.

Lo que estaba en discusión no era la legalidad de la orden, sino la pertinencia de la suspensión cautelar, es decir, si se debe restituir o no la aplicación de la orden. La esencia de la discusión fue, por un lado, la necesidad de cambiar de un día para otro las reglas sobre inmigración y el daño causado a gente con residencia permanente en Estados Unidos.

Por otro, la necesidad de que la suspensión cautelar de la aplicación de la orden, dictada por un juez de Seattle, tenga que ser total y para todo el país, cuando el Ejecutivo tiene amplias competencias en materia de inmigración. Los jueces estaban cada uno en sus plazas correspondientes (San José, Phoenix y Honolulu) y los abogados estaban en Seattle y en Washington DC. La audiencia se realizó por conferencia telefónica.

Los tres jueces federales que van a decidir sobre la orden ejecutiva de Trump, hasta ahora la más polémica y la única con efectos prácticos inmediatos de cuantas ha firmado, son la juez Michelle Friedland, nombrada por el presidente Barack Obama, el juez William Canby, nombrado por el presidente Jimmy Carter, y el juez Richard Clifton, nombrado por el presidente George W. Bush.


El abogado designado por el Departamento de Justicia para pedir que se vuelva a aplicar la orden de Trump, August Flentje, comenzó su argumentación diciendo que el Congreso “ha autorizado expresamente al presidente a suspender la entrada de algunos extranjeros”. Preguntado por las pruebas del Gobierno sobre la amenaza terrorista de esos países, Flentje se limitó a citar que ya han sido designados como amenazas previamente por el Congreso y por Gobiernos anteriores. 

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