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lunes, 6 de febrero de 2017

OIJ sigue investigando los motivos de la masacre de Liberia.

El sospechoso de asesinar a cinco estudiantes universitarios en Costa Rica, en enero pasado, estará un año en prisión preventiva mientras las autoridades terminan la investigación y presentan  una acusación formal. 

El Ministerio Público confirmó que el Juzgado Penal de la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste, acogió su solicitud de ordenar un año de prisión preventiva contra Gerardo Ríos Mairena, de 33 años de edad.

El sospechoso fue arrestado el viernes en la ciudad de Liberia, al lado de la casa donde  cometió la masacre el pasado 19 de enero. Una menor de edad, quien sobrevivió al ataque, logró identificarlo.

El detenido, quien era vecino de sus víctimas, es sospechoso de seis delitos contra la vida: cinco homicidios y una tentativa de homicidio. Las autoridades tomaron el viernes su declaración indagatoria. Pese a que el Instituto Nacional de Criminología (INC) se opuso a que el sospechoso obtuviera el beneficio de la libertad, el Poder Judicial indica que esa era la decisión correcta dada la información que le fue entregada al juez y que el Ministerio de Justicia no apeló lo dictado.

Estuvo en prisión preventiva desde julio del 2011, investigado por tráfico de drogas.  El 24 de julio del 2012 recibió una sentencia de ocho años por narcotráfico y estuvo encerrado en la cárcel de Liberia. Según explicó Marco Feoli, viceministro de Justicia, Ríos Mairena estuvo entre el 9 y el 24 de julio del 2014 en una granja del centro penal de Nicoya porque ya había concluido la mitad de la condena y no era una persona reincidente. 

Sin embargo, allí estuvo solo tres semanas porque se peleó con otro reo. Por ello fue devuelto a Liberia. En el 2015, el juez de ejecución de la pena ordenó la libertad condicional, pese a que el Instituto Nacional de Criminología se opuso.


La tarde del viernes, el Poder Judicial emitió un comunicado en donde aseguró que "la decisión de otorgar la libertad condicional se fundamentó en los informes que fueron requeridos a las autoridades penitenciarias que emitieron criterios positivos sobre el comportamiento dentro del centro penal y también verificaron el plan de egreso del sentenciado". 

El poder judicial aseguró que "estos informes se pusieron en conocimiento a las partes antes de la audiencia". En la audiencia no hubo oposición ni apelación de ninguna de las partes.

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