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viernes, 17 de marzo de 2017

Defensores del consumidor manos arriba ante constantes alzas de productos bàsicos.

El director del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec) Marvin Pomares, revelò que la reducción en el número de denuncias recibidas por el Instituto Nicaragüense de Energía INE, se debe a la falta de confianza que tienen los ciudadanos respecto a la solución de sus denuncias.

El director del Indec refuerza su argumento con los datos de las denuncias que recibió su organización en el mismo año, las cuales sumaron un total de 48 mil. Explicó que la primera y segunda instancia a la que recurren los ciudadanos para interponer sus quejas son Disnorte y Dissur. La tercera opción para los pobladores es el ente regulador del sector eléctrico.

“Diario llegan alrededor de 180 casos solo en cuestiones de energía. El mayor rubro de denuncias es por facturación, pero hay otros reclamos como la solicitud de un medidor o las inspecciones”, dijo Pomares en una entrevista durante el programa televisivo Esta Noche.

Los casos que recibió el INE en 2016 se desglosan en 14,006 recursos administrativos para ser tramitados en primera instancia. De ellos 11,984 son por facturación, 1,043 facturación debido a pérdidas de subsidios; 623 por revisión de re facturación y el resto por otras causas.

Del total de quejas atendidas, la proporción de denuncias falladas a favor de las distribuidoras fueron del 78.4 por ciento, y para los clientes del 21.6 por ciento.  A pesar de que las organizaciones de defensa de los consumidores alegan que el INE generalmente favorece a las empresas, la institución reguladora se defiende aduciendo que “resuelve aplicando el marco legal vigente y le da la razón a quien la tiene”.


Motivados por la falta de protección que tienen los consumidores frente a las grandes empresas, este jueves 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Movimiento Comunal Nicaragüense demandó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, la creación de una subprocuraduría especial.  

Enrique Picado, miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal, explicó que la demanda persigue crear un espacio de apelación que apoye las denuncias de los consumidores y que funja de intermediario validado por el Estado frente a los entes reguladores, como la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), que no realizan su trabajo y dejan manos arriba al ciudadano.

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