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martes, 7 de marzo de 2017

Gobierno amenaza con desalojos en las casas para el pueblo.

Daniel Ortega ha tomado dos decisiones que resultarán polémicas y que lo enfrentará a un sector económico y financiero del país sumamente importante.  

Fuentes ligadas al gobierno revelaron que el mandatario le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que evite al máximo los desalojos de personas que han tomado terrenos a la fuerza u ocupado casas o lugares para vivir, hasta que pasen las elecciones municipales del próximo mes de noviembre. 

La decisión es netamente política y no es la primera vez que es tomada por el gobierno sandinista con un fin eminente electorero: Evitar incomodar y peor aún recibir el rechazo de los afectados. No hay una cifra oficial sobre los casos pendientes de desalojo, pero en los tribunales hay cientos de demandas contra ciudadanos que dejaron de pagar sus créditos a los bancos y financieras, que se niegan a dejar las propiedades. 

La medida abarca a aquellos ciudadanos que alquilan casas, predios o fincas y que han dejado de atender sus obligaciones y cuyos casos estén en poder de los tribunales civiles. 

La medida abarca también a la Policía Nacional que no atenderá más solicitudes de personas, Fiscalía, Procuraduría o jueces que pidan acompañar a los beneficiados por resoluciones de los jueces para ejecutar desalojos. 

El principal protagonista en esta decisión política es el sistema judicial, cuyos jueces civiles no autorizarán más desalojos, dijo nuestra fuente.La medida afectará a los bancos y financieras, aunque se trabaja en un marco de excepcionalidades para no afectar a la banca nacional. 

Además de los bancos, uno de los que tendría privilegios, si hay un acuerdo al respecto, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, Responsabilidad Limitada, conocida como Caruna, que solo en el arranque del año presentó 50 demandas por acción de pago de crédito hipotecario de viviendas en doce 12 juzgados civiles de Managua. Caruna y otros bancos manejan proyectos de viviendas "populares" que son las que más riesgos presentan en sus créditos. 

La demanda de Caruna pretende el desalojo de esas 50 viviendas y la devolución de la garantía al prestamista. El programa más afectado sería el llamado Casas para el Pueblo en donde los criterios políticos para asignar las viviendas se convertían de hecho en una "garantía" para la obtención de la vivienda y aún para flexibilizar las condiciones del crédito en el caso de que la persona tuviese atrasos en el pago.El promedio de amortizaciones mensuales de este tipo de viviendas va de los $80 a los $150 dólares mensuales.

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