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lunes, 20 de marzo de 2017

Gobierno de Ortega no enviò su delegado a la 161 periodo de sesiones de la CIDH.

Tres organizaciones como El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el estado de la libertad de expresión, medios de comunicación y acceso a la información pública en Nicaragua, el pasado sábado en Washington.

La libertad de expresión en Nicaragua está bajo la amenaza de “un sistema oficial de intimidación” y su “deplorable” estado debería incluirse en la agenda del diálogo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega, sostuvieron los 3 organismos ante la (CIDH).

Durante el 161 Período Ordinario de Sesiones, las organizaciones denunciaron que este sistema de intimidación se basa en cinco factores: 1) agresiones físicas, bloqueo oficial, intimidación, acoso y espionaje, contra los medios de comunicación independientes; 2) la concentración en la propiedad y el control de los medios de televisión y radio; 3) el uso de la publicidad estatal para otorgar premios y castigos a los medios de comunicación; 4) la sistemática violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, y 5) las prácticas de represión e intimidación contra la población que restringen la libertad de opinión.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) detallaron un conjunto de peticiones orientadas a que la Comisión inste al Estado de Nicaragua en el respeto y garantía de estas libertades vulneradas durante la última década.

Las organizaciones reiteraron la solicitud de que la CIDH visite el país “para investigar las violaciones a la libertad de expresión que contravienen los principios de la Carta Democrática Interamericana”.

Además, solicitaron a la Comisión que incluya en su próxima relatoría las “violaciones recurrentes” a la libertad de expresión, falta de acceso a la información pública y la “persecución” a las defensoras de derechos humanos en Nicaragua.

En compañía del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (Cejil), las organizaciones recordaron que durante la década en que el comandante Ortega y el Frente Sandinista han gobernado, ya han expuesto las “reiteradas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”.

“En un régimen que ha demolido el Estado de Derecho y por lo tanto la protección legal a la libertad de información y de opinión, la libertad de expresión solo puede ejercerse enfrentando las represalias que se originan desde el poder. Ese es el caso de Nicaragua.

La libertad de expresión se encuentra amenazada y bajo asedio por la intolerancia oficial, y sobrevive por la resistencia de la prensa independiente, la sociedad civil democrática, y los defensores de derechos humanos”, reiteraron.

El Cenidh, Cinco y la FVBCh expusieron la sujeción partidaria del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional y la promoción de leyes como la de Seguridad Soberana que, subrayaron, “criminaliza la protesta social, mientras se tolera la existencia de fuerzas de choque progubernamentales, institucionalizando actos de intimidación estatal y represión que atentan contra los principios de libertad de expresión”.

Las organizaciones coincidieron en que desde el regreso de Ortega al poder “se estableció una política de bloqueo al flujo y libre acceso a la información”, en clara violación a los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política nicaragüense. Además, advierten que de forma sistemática se ha intentado imponer un “monólogo oficial”, que incluye impedir el acceso de la prensa independiente a la información pública y agresiones directas e indirectas para “callar a la prensa y fomentar la autocensura”. 


Sobre todo, las organizaciones reclaman que “los agresores, en la mayoría de los casos asociados a grupos paramilitares oficiales, y también a la Policía Nacional, nunca han sido investigados o detenidos”. Además, recordaron el acoso, intimidación y espionaje político, como el denunciado por Confidencial en octubre de 2016, cuando miembros del Ejército de Nicaragua intentaron tomar el control de la seguridad del sistema informático de este medio.

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