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jueves, 16 de marzo de 2017

Justicia guatemalteca ordena enjuiciar a ex coronel por delitos de lesa humanidad.

Ciudad de Guatemala/ El País - La Corte Suprema de Justicia de Guatemala dio luz verde para enjuiciar al coronel retirado Édgar Justino Ovalle, considerado como el hombre fuerte del Gobierno de Jimmy Morales, el poder detrás del trono.  El diputado está acusado de delitos de lesa humanidad durante la guerra civil del país (1960-1996).

El pleno de magistrados resolvió retirar la inmunidad al diputado, por lo que ahora podrá ser juzgado por los hechos que se le imputan, que se remontan a 1983. Ovalle fungía entonces como oficial de inteligencia de la zona militar número 21 en Cobán, capital de la provincia de Alta Verapaz, al norte del país.

Según el expediente, entre 1981 y 1988 más de 500 personas fueron detenidas por miembros del Ejército y llevadas a la zona militar número 21, un lugar utilizado como “centro clandestino de detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales desaparición forzada y violaciones”, según declararon algunas de las víctimas al inicio del proceso judicial.

Posteriormente, añade la acusación, la mayoría de los detenidos fueron asesinados y sepultados, sin que sus familiares conocieran su paradero, hasta que a partir de 2012 se empezara a excavar en los terrenos de la base militar fosas clandestinas.
Por esa causa, 14 oficiales que en la década de los ochenta ocupaban puestos clave en la jerarquía militar permanecen en prisión preventiva mientras se ventila el juicio en su contra. 

Ovalle, junto a un grupo de oficiales retirados de ultraderecha, es uno de los fundadores del partido Frente de Convergencia Nacional (FCH-Nación), que en las elecciones generales de 2015 llevó a Jimmy Morales a la presidencia.
Los militares manejan el poder a través de una junta paralela de Gobierno, bajo la batuta de Ovalle, quien ha logrado evadir su detención por la inmunidad que el cargo de diputado le otorgaba.


“Al haber sido despojado de su inmunidad, Ovalle puede ser detenido en cualquier momento y quedar sujeto a la acción de la justicia”, dijo a EL PAÍS el abogado Marco Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados.

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