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lunes, 13 de marzo de 2017

Magistrado judicial admite que fue a la internacional socialista en nombre del partido.

La “justicia partidista” quedó en evidencia de forma descarada con la justificación presentada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, quien fue a  representar al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de la Internacional Socialista.

Abogados y analistas, señalan que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial prohíben expresamente a los jueces, conjueces y magistrados participar en eventos partidarios. Sin embargo, Rosales alega que los magistrados solo están sujetos a la Constitución, que no le pueden “conculcar” su derecho y opción política “bajo ningún punto” y que le critican únicamente por no comulgar con la derecha.

Sin embargo, Rosales argumentò que el problema de fondo no es si fulano tiene una visión sesgada, sino que el magistrado que fue a la Internacional Socialista tiene una posición política ideológica totalmente diferente a la derecha y no comulga con la derecha. Por eso soy criticado”, argumentó el magistrado, en una declaración divulgada por el Poder Judicial.

En la Corte, Rosales preside la Sala Constitucional, la misma que anuló el doble candado constitucional contra la reelección presidencial, permitiendo que Ortega se presentara para un tercer mandato en el 2011. En esa ocasión, Ortega también argumentó que el candado antireelección conculcaba su derecho político a ser electo.

El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez considera que “el magistrado se está queriendo poner por encima de la ley ordinaria”. Una actitud que califica como “una aberración jurídica y política”.

“Sea por burda manipulación política o por ignorancia, estos son los señores que administran justicia en Nicaragua y si ellos se ubican por encima de la Ley, su jefe político partidario (que es el mismo Ortega, como secretario general del FSLN), obviamente, en su mentalidad, se ubica por encima de la Constitución”, compara.

Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, que respondió a las consultas de Confidencial bajo condición de anonimato, confirmó previamente que las prohibiciones citadas en la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial sí aplican para los magistrados y que las medidas obedecen a prevenir conflictos de interés y faltas éticas de los magistrados.

Al respecto, Álvarez precisó que el artículo 130 de la Constitución subraya la obediencia de los magistrados a “la Constitución y las leyes, no solo a la Constitución”.

El vocero del Poder Judicial, Roberto Larios, fue el primero en defender a Rosales: “No es pecado ni la Ley lo prohíbe”, aseguró. Sin embargo, la participación de Rosales como delegado del FSLN en el congreso de la Internacional, el pasado 3 y 4 de marzo, en Cartagena de Indias, es una “falta grave” según las prohibiciones explícitas en la Ley Orgánica, que rige el Poder Judicial, y la Ley de Carrera Judicial.

El inciso seis del artículo 144 de la Ley establece que los magistrados tienen prohibido “tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos”.

La Ley de Carrera Judicial también indica en el inciso cinco del artículo 43 que estos no pueden “asistir a reuniones, manifestaciones y cualquier acto social de carácter político, electoral o partidista”. Rosales rechaza las prohibiciones porque argumenta que los magistrados solamente están sujetos a la Constitución Política. Pero Álvarez estima que Rosales manipula los términos.

“Efectivamente los magistrados de la CSJ tienen derecho a su preferencia política (como) votar por el partido o los candidatos que ellos deseen, pero eso es distinto a señalar que no tienen ninguna prohibición de tal naturaleza”, explica el abogado.

“Nuestro ordenamiento jurídico es taxativo, es categórico en señalar algunas prohibiciones a los magistrados de la CSJ en aras de fortalecer un principio fundamental de todo Estado de Derecho como el nuestro, que es el principio de independencia judicial en el esquema de independencia de los Poderes”, agrega.

Téllez critica, sin embargo, que en los Poderes del Estado, “desde hace mucho tiempo se han descarado: Todos son fichas del orteguismo. (Le sirven) desde una sentencia acomodada para la reelección de Ortega, hasta cualquier resolución contra cualquiera”.

El experto en Derecho Constitucional y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, coincide en que “se comprueba una vez más la partidarización de los Poderes del Estados y también su concentración en manos de un solo partido, donde los cargos se asignan por compromisos partidarios”.

El abogado y también exdiputado liberal, Eliseo Núñez Morales, coincide en que la delegación de Rosales  “es un caso sintomático de cómo funcionan todos los poderes del Estado bajo el régimen de Ortega”. Además, sostiene que las prohibiciones citadas “no existen para molestar o conculcar derechos a los magistrados, sino para dar sentido de independencia a su actuar”.


De lo contrario, explica, el magistrado Rosales habría incurrido en una falta aún más grave cuando la Sala que preside aprobó la resolución contra el PLI de Montealegre. “Es más obvio, entonces, que había un conflicto de intereses, al firmar una resolución que favorecía a su partido a las puertas de una elección”, valora Núñez.

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