Desde Nicaragua,cuna de Rubén Darío transmite "La Nica" la Radio de Nicaragua.:GRACIAS POR ESTAR EN SINTONIA!!!

TITULARES

lunes, 10 de abril de 2017

Comandante Cero”, incita a perseguir a quienes acusa de promover la propuesta de ley “Nica Act” en EEUU.

Por Judith Flores / Diario Las Américas - En respuesta a la propuesta de ley estadounidense, conocida como Nica Act, que condiciona el otorgamiento de créditos bancarios al Gobierno de Nicaragua con el cumplimiento de principios de la democracia, el delegado del Gobierno de Nicaragua en la zona del río San Juan, Edén Pastora, mejor conocido como Comandante Cero, lanzó serias amenazas contra representantes de organismos de derechos humanos, a quienes acusa de ser los responsables de la creación del proyecto legislativo en EEUU.

El funcionario de la presidencia de Daniel Ortega amenazó con marcar con pintura negra las puertas de las residencias de los activistas, para que puedan ser identificados por el pueblo, como supuestos enemigos de la nación centroamericana. Pastora hizo la advertencia a través de la emisora Radio 800, en Managua, mientras repetía estar “cansado” de los representantes de la sociedad civil y derechos humanos, a quienes señala de ser “sirvientes” de Estados Unidos.

“Van a pedir a Estados Unidos que nos hagan daño, atrasar el avance que este pueblo va teniendo y retrasar los 40 proyectos nacionales de este gobierno revolucionario sandinista. Voy a ir a la prensa, a la radio, a la tv, a los barrios, ciudades y comunidades para despertar conciencia sobre el enorme daño que nos quieren hacer estos sirvientes nacionales, que se van donde estos cubanos a decirles que nos paren el avance de este pueblo va teniendo”.

El pasado 5 de abril los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, con el respaldo de 23 congresistas de los partidos mayoritarios Demócrata y Republicano, presentaron el proyecto de ley conocido como Nica Act, que persigue que Estados Unidos se oponga al otorgamiento de créditos al Gobierno de Ortega, mientras no cumpla con los requisitos de restablecer la democracia, combatir la corrupción, respetar las instituciones del estado, organizar elecciones libres, justas y transparentes, así como respetar el ejercicio de los derechos humanos y sus promotores, además de periodistas, sindicalistas y partidos de oposición.

“En Estados Unidos hay unos congresistas cubanos que no nos perdonan la relación histórica de la revolución nicaragüense con la revolución cubana”, dijo el controversial funcionario, en referencia a la legisladora Ros-Lehtinen.
Pastora lanzó serias acusaciones y amenazas: “Estoy cansado, estamos cansados, y somos como el cascabel que antes de morder sonamos el chichil para que la piensen y tengan tiempo de pensarla. 

Son cobardes porque los que fueron y se tomaron fotos con los cubanos en el Congreso y el Senado estadounidense ahora dicen que no fueron ellos, como no, son ustedes sirvientes nacionales y vamos a ir a marcarles las puertas con pintura negra para que ese pueblo sepa quiénes son los sirvientes”.

Pastora tiene un caso judicial abierto en Costa Ricas por daños a los humedales de ese país, a causa del dragado del rio San Juan que dirige Pastora. Costa Rica reclama al Gobierno de Nicaragua la indemnización de 6,7 millones de dólares.
Otro aliado del Gobierno de Ortega, el excoronel del Ejército Sandinista Victor Boitano, promueve el linchamiento de los activistas a través de las redes sociales, cuando les llama traidores y afirmando que “-Augusto Cesar- Sandino ya los hubiera fusilado”. 

De hecho, el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que fue fundado en 1961 sobre la base del pensamiento de Sandino, quien se denominaba un luchador antiimperialista, fue el frente militar guerrillero que logró despojar del poder en 1979 a la familia Somoza, que había gobernado el país durante décadas.
Durante varios años, Boitano se opuso al Gobierno de Ortega, fue incluso perseguido y amenazado de muerte, según alegó en varias oportunidades. 

Incluso en una entrevista en el 2010, con la periodista cubanoamericana María Elvira Salazar, Boitano denunció los nexos de los hermanos Castro, de Cuba, con el narcotráfico y los vínculos de Pablo Escobar con el régimen sandinista en los años 80. 

Sin embargo, el excoronel sandinista que develó secretos del sandinismo cambió sorpresivamente su posición política en el 2011y optó apoyar al Gobierno de Ortega con lo que considera “estabilidad en Nicaragua” y hoy pide que caiga “todo el peso de la ley” sobre quienes pretenden “desestabilizar al régimen sandinista”.

Por otra parte, Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que cada vez se hace más difícil la labor de los defensores de derechos humanos ante las amenazas de los funcionarios del Gobierno.
“Condenamos esta acción porque cuando él [Pastora] señala que van a crear grupos patriotas y van a empezar a marcar las casas de personas, por el hecho de estar denunciando atropellos y abusos de este gobierno dictatorial, esto lógicamente es un acto intimidatorio y nos recuerda los actos de Hitler, que marcaban las casas para asesinar a las personas”, argumentó.

Carmona que también habló en representación de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), dijo se trata de grupos paramilitares, cuyo objetivo es intimidar para evitar se sigan denunciando los atropellos. “Hemos venido denunciando los atropellos constantes, la falta de seguridad jurídica, la falta de independencia de los poderes del estado y el estado de indefensión que están los nicaragüenses, y lo vamos a seguir denunciando a nivel nacional e internacional, lo hemos hecho ante el Parlamento Europeo, en Naciones Unidas, en la OEA, en el Congreso de Estados Unidos y lo vamos a seguir denunciando en todos los foros internacionales”, manifestó.

Agregó no temer a este tipo de amenazas. “No estamos haciendo mal a ningún nicaragüense, no somos enemigos de ningún gobierno, lo que queremos es que haya respeto a los derechos humanos, justicia sin un jefe de gobierno que este pisoteando la Constitución del país y el estado de derecho, pero lamentable hay funcionarios que por quedar bien con el dictador dice cualquier barbarie que pone en riesgo la seguridad de nuestro trabajo”, señaló. 

Carmona responsabiliza al Gobierno de Ortega por cualquier agresión en contra de activistas de derechos humanos. Asimismo, Rafael Cárcamo, activista nicaragüense radicado en California, que enfrenta amenazas por reunirse con congresistas y senadores estadounidenses, afirmó que la presidencia de Ortega pretende “criminalizar” la labor de los defensores de derechos humanos a través de medios de comunicación. “Ortega utiliza los medios oficialistas y no oficialistas para amenazar, y eso es peor (porque incita a la persecución popular). Lamentablemente hay periodistas que se prestan a este juego”, sostuvo.

La misma incertidumbre la ha conocido de viva voz de decenas de periodistas el abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.  La libertad de expresión, según determina la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se basa “en la libertad de buscar, recibir y difundir información”. 

“En el contexto actual ni los ciudadanos a título individual, ni los colectivos, ni periodistas independientes tienen garantizado su derecho a buscar y recibir información debido a una política secretista del Estado”, dijo a IPS. De acuerdo al activista,  esa política establecida desde 2007 se basa en el control estricto de la información pública y se manifiesta en el silencio obligado de los funcionarios públicos. 

Según Arce, el problema de la libertad de expresión se agrava con el control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Eso, en su criterio, “va en detrimento de la obligación de los Estados de promover el pluralismo en los medios y su independencia”.


En este país de 6,2 millones de habitantes, en 2007 había solo un canal de televisión y una radio en manos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), otra emisora estatal y dos más progobierno, así como algunos programas afines. En 2017,  según Arce, más de 80 por ciento de las radios, canales de televisión, medios escritos y programas digitales, están bajo la el control del FSLN y son controlados por familiares, operadores políticos y periodistas afines, aunque públicamente se declaren en ocasiones independientes.  

“Como defensor, el mayor problema es la falta de información de las instituciones y el temor que hay en mucha gente de expresarse por miedo a una represalia del gobierno”, expresó. Para Arce, la ausencia del gobierno en los foros de debate continental sobre la libertad de expresión, se evidencia no solamente en las sillas vacías durante el 161 período de sesiones de la CIDH, sino en los incontables pronunciamientos de organizaciones internacionales sobre la violación a los derechos humanos y otros derechos universales. 

Arce enumeró como ejemplos las críticas de la ONU en su Examen Periódico Universal a Nicaragua, en 2014,  y otros informes que desde 2008 han emitido el Departamento de Estados de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la OEA, Human Watch Rights, Reporteros Sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa, Freedom House, Amnistía Internacional y otros.

Acerca de " "

LA NICA LA RADIO DE NICARAGUA ES PARTE DEL SERVICIO NICARAGUENSE DE NOTICIAS (SNN)

Publicar un comentario

Comentarios en Facebook

 
Copyright © 2011-2016 (SNN)
Design by SNN | Distributed by Servicio Nicaragüense de Noticias .