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viernes, 7 de abril de 2017

Nica Act endurecida contra los Ortega-Murillo por su vocación dictatorial

Contra todos los pronósticos, la nueva versión de la iniciativa “Nica Act”, presentada recientemente por  25 legisladores estadounidenses ante la Cámara Baja de ese país, “endurece” la propuesta de condiciones de Estados Unidos a los préstamos de organismos multilaterales para el gobierno de Daniel Ortega.

Demanda el restablecimiento de las instituciones democráticas— el combate a la corrupción, incluyendo la investigación de altos funcionarios señalados por este tipo de actos, con un mandato para que el Departamento de Estado presente un informe al respecto, ahora en noventa días, y no en 120 como la propuesta original.

La nueva “Nica Act” demanda que Estados Unidos abogue “firmemente” para que a través de la OEA se envíe una misión de observación electoral para los comicios municipales del próximo noviembre.

Sin embargo, no menciona nada sobre la “mesa de conversación e intercambio” y el acuerdo posterior que durante ese período han impulsado el gobierno de Ortega y la Secretaría General de la OEA, con el compromiso de “fortalecer” la institucionalidad democrática del país.

El nuevo proyecto de ley cita ampliamente el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, y se refiere a las pasadas votaciones nacionales del 6 de noviembre, realizadas sin transparencia ni competencia política, tras las cuales Ortega fue proclamado para un tercer mandato presidencial consecutivo, ahora en compañía de su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La omisión de la nueva iniciativa sobre el acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA no sorprende a representantes de la oposición nicaragüense, que cuestionan su “falta de seriedad” para atender los problemas reales del sistema político y electoral nacional.

La nueva “Nica Act” propone que Estados Unidos vote en contra de Nicaragua en los préstamos de los organismos multilaterales en los que ese país tiene voto decisivo, e incluye al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

El ex canciller Francisco Aguirre Sacasa calculó que los organismos multilaterales prestan a Nicaragua unos 250 millones de dólares al año, en condiciones favorables. Estos montos, además, se han mantenido tras la caída de la cooperación petrolera, con la crisis del aliado gobierno de Venezuela.

Las excepciones al veto estadounidense son préstamos por “razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”, o cuando en las ayudas a organizaciones de la sociedad civil y programas de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.

Aunque la iniciativa no se refiere al acuerdo entre el gobierno de Ortega y la OEA, sí hace énfasis en los señalamientos y recomendaciones que la organización realizó tras las elecciones nacionales de 2011, en las que Ortega impuso su reelección inconstitucional, y la oposición reclamó un fraude orquestado por el mismo tribunal electoral.

Aquel año, la OEA recomendó depurar el padrón electoral, garantizar la acreditación de los fiscales de todos los partidos políticos, el pluralismo e independencia de todos los niveles de la estructura electoral y garantizar la cedulación ciudadana.  No obstante, el acuerdo actual entre la OEA y Ortega omite la mayoría de estas recomendaciones y ni siquiera hace mención de su propio informe, manteniendo también en secreto el informe que la OEA preparó en 2016, previo a las votaciones recientes.

El abogado liberal y expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, considera que la iniciativa se ha promovido entre los republicanos como respuesta a las violaciones a la Constitución Política del comandante Daniel Ortega, su irrespeto reiterado a los derechos de los nicaragüenses y sus acercamientos a países como Rusia e Irán, que no son bien vistos por Estados Unidos.  


“Ortega ha sido el principal promotor de esta iniciativa al restar garantías constitucionales, negar los derechos de los nicaragüenses y buscar nuevas confrontaciones con Estados Unidos. Una ley como la que se propone traería menos cooperación a Nicaragua, que ya no cuenta con la de Venezuela”, indicó Pallais.

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