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lunes, 24 de abril de 2017

Nicaragua, propiedad china.

Tomado de Confidencial - Con la Ley 840 se le da al empresario Wang Jing y a su grupo HKND la soberanía del país en la zona canalera, las reservas del tesoro y la inmunidad ante leyes nacionales por 116 años (luego de aprobada la ley, Wang Jing tiene 16 años para buscar financiamiento y construir los proyectos; después tiene 50 años para hacer funcionar el Canal y generar ganancias, y por último, si así lo desea, puede beneficiarse del proyecto por otros 50 años sin que Nicaragua diga “pío”).

Según el Grupo Cocibolca —un colectivo civil compuesto por expertos que defienden la soberanía pinolera ante la Ley 840—: “La concesión son todos los derechos que tiene el inversionista para usar y disponer por más de 100 años, de todos los recursos naturales, propiedades públicas, privadas o comunitarias, en cualquier parte del territorio nacional que necesita para sus proyectos, junto a otros derechos”. O sea, gran parte del país pasa a manos de extranjeros de capital privado.

En un principio, la Ley 840 autorizó a Wang Jing hacer ocho proyectos: dos puertos de aguas profundas, un aeropuerto, dos zonas de libre comercio, un canal seco (ferrocarril), un canal tradicional para barcos y un oleoducto o tubería para conducir petróleo. Pero como la ley también permite agregar otros planes, HKND se ha planteado hacer: cuatro complejos turísticos, plantas eléctricas, nueve campos o ciudadelas para sus trabajadores, fábricas de cemento, acero y explosivos, una central hidroeléctrica en el río Aguas Zarcas de 40 kilómetros cuadrados y un lago artificial en la comunidad de Atlanta, de 400 kilómetros cuadrados.

Sobre estos proyectos los nicas no tienen ni voz ni voto. Se hacen cuando los extranjeros y el Gobierno quieran y como quieran. ¿Un referendo como el que hizo Panamá en 2006 para ampliar su Canal centenario? Nada de eso. Y todavía el concesionario tendrá todo tipo de facilidades, como no pagar impuestos. Con esta ley, entonces, muchos nicaragüenses nacerán y morirán sabiendo que una gigantesca parcela de su país, de Pacífico a Atlántico, pertenece al HKND Group. Mónica López Baltodano, abogada del Movimiento Campesino por la Tierra, Lago y Soberanía, lo sintetiza de esta forma: “Es un negocio para generar dinero fácil y rápido a cambio de la entrega de la soberanía de Nicaragua.

Se haga o no un Canal, la Ley 840 permite al concesionario la construcción sin obstáculos de puertos, aeropuertos y zonas turísticas que serán administradas por ellos”. Además de lo explicado, con la Ley 840 el Estado de Nicaragua tiene algunos derechos que “más bien parecen obligaciones”, valoran especialistas del Grupo Cocibolca. Estos son: la devolución de inmuebles e infraestructura cuando concluya el plazo de la concesión (en el siglo XXII), colocar la bandera nacional, recibir un máximo de 10 millones de dólares por año durante 10 años, revisar y aprobar el plan de desarrollo de cada subproyecto que quiera hacer HKND, supervisar el cumplimiento del inversionista y recibir copias de las pólizas de seguro de este.

“Todas las instituciones del Estado, sus facultades y competencias quedan bajo el mando inapelable del concesionario chino. Son sometidos a los designios del concesionario”, lamenta Mónica López Baltodano, ganadora del XXIII Premio Ones Mediterrania de España, de 2017, por “ser un referente del Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua y rebelarse ante un proyecto que va en contra de las clases más desprotegidas”.

En mayo de 2007 Daniel Ortega dijo: “No habrá oro en el mundo que nos haga ceder en esto, porque el gran lago es la mayor reserva de agua de Centroamérica y no la vamos a poner en riesgo con un megaproyecto como un Canal Interoceánico”. Unos años después hizo firmar la Ley 840 por una Asamblea Nacional controlada por su partido, el Frente Sandinista.

Para Mónica López Baltodano, esta ley corresponde a un actuar irresponsable, por la entrega de tanta naturaleza al concesionario. “La intención es privatizar los más preciados bienes comunes del país, como el agua, las tierras y los bosques. Es un proyecto de despojo de las comunidades. Y va más allá de que se construya o no un Canal, pues el esquema jurídico es tan tramposo que fue montado para que se mantenga vigente por 116 años, incluso si nunca llegan a construir el Canal”, explica la experta en el tema.

Según los especialistas del Grupo Cocibolca, “el gran lago es el agua del presente y del futuro de los nicaragüenses. Solo para darnos una idea, esta es la cantidad de personas que beben agua del lago: En Juigalpa, más de 80,000 personas; en San Juan del Sur, más de 7,000; en Morrito, Río San Juan, más de 2,000. Y todos los habitantes de Solentiname”. En total, se estima que unas 200,000 personas consumen agua potable proveniente del Cocibolca.

“A esta altura, con 87 marchas a tuto —reflexiona López Baltodano— el Gobierno debería estar hablando de reconocer sus errores, los graves abusos cometidos y dando la orden a sus diputados de derogar ese esperpento jurídico llamado Ley 840”.

En la Constitución Política de Nicaragua existe una legislación llamada Ley General de Aguas de Nicaragua, en la que se establece que “el lago Cocibolca deberá considerarse como reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional”. 

La Ley 840 pasa por encima de esta. Además, el Canal impactaría ocho áreas protegidas, entre ellas una reconocida por la internacional Convención de Humedales y dos que son Reservas de Biosfera de relevancia mundial. Entre las afectadas estarían la Indio Maíz, La Flor y Río-Escalante-Chacocente. El proyecto, según los expertos del Grupo Cocibolca, viola más de 12 convenios y acuerdos internacionales ambientales donde Nicaragua ha puesto su firma.

“Nosotros nunca hemos creído en el Canal”, explica Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino. “Porque vemos que en ese mismo país hay tanta gente que no tiene agua, que tiene que recorrer kilómetros para buscarla, y sabemos que el Cocibolca es la más grande reserva disponible, es el futuro para el país…

Nosotros nunca creemos que el pueblo pueda dejar pasar esto. Y si realmente lo hicieran en un referendo nacional, y científicos de verdad lo valoran, este Canal no se va a hacer. Pero nuestra posición como campesinos es que vamos a seguir haciendo nuestras demandas sociales porque sea derogada la Ley 840, porque es una amenaza para nuestras tierras”.

La Ley 840 dicta que los terrenos que se ubiquen en la ruta de 278 kilómetros del Canal serán expropiados, y que las propiedades serán valuadas según su valor catastral y no se reconocerá ninguna mejora hecha después del 13 de junio de 2013. Es decir, si a un campesino nicaragüense se le ocurre hacer un anexo a su vivienda, ese anexo será adquirido en total gratuidad por HKND cuando a la empresa y al Estado les dé la gana comenzar dicha operación.

¿Y a cuántas comunidades afectaría la ruta del Canal? A ni más ni menos que 179 comunidades de 13 municipios en tres departamentos, en los que viven, en concordancia con estudios del Grupo Cocibolca, aproximadamente 373,000 personas.

La vasta mayoría de los campesinos que llenan las marchas nacionales provienen de estos sectores. Llevan más de tres años viviendo en el misterio de qué pasará con ellos, y hasta la fecha, ni el Gobierno ni el empresario chino Wang Jing han dicho cuál es el número exacto de personas que serán desalojadas de sus hogares y perderán sus tierras, obteniendo un precio de catastro o precio oficial, designado por las autoridades.

“Nosotros como campesinos peleamos por nuestra postura campesina. No podemos ser campesinos sin tierra. Nosotros vivimos de la tierra, trabajamos la tierra, labramos la tierra, damos el progreso a Nicaragua. Somos los que producimos la comida que comen en el país. El municipio de Nueva Guinea es el municipio más rico de Nicaragua, si sale el 40 por ciento de producción, ganadería, cerdo, yuca, quequisque. En la capital la gente tiene que valorar al campesino, que les lleva la alimentación”, dice doña Francisca Ramírez.

Pero por ahora la zozobra continuará. Si bien no hay rastros de un Canal por Nicaragua, tampoco hay señales de que el Gobierno vaya a derogar la Ley 840, que mantiene en vilo a muchos. El único enviado del Gobierno —no oficializado ni confirmado como tal— a la zona, que media con los campesinos, es Alcides Altamirano, “El Salero”. El mismo que no respondió a su teléfono cuando se le buscó en repetidas ocasiones para conocer su versión de por qué va de comunidad en comunidad negando un Canal que sí, es invisible, pero posee una ley aprobada que trae consigo un torbellino de preocupaciones.


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