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sábado, 29 de abril de 2017

Nicaragua retrocede en materia de libertad de expresión, afirma RSF.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su último informe sobre libertad de expresión en Nicaragua revela que es el país que más retrocedió durante 2016 al mismo tiempo que se conocieron otros informes sobre esa temática.
Según el informe anual 2016 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sobre el capítulo de Nicaragua señala que han recibido información sobre el uso de mecanismos indirectos para obstaculizar el desarrollo de la actividad periodística induciendo a estos a la autocensura.

Los periodistas en Nicaragua viven “censura, intimidaciones (y) amenazas”, según RSF. El director para América Latina de la organización civil Freedom House, Carlos Ponce, que también emitió un informe anual, expresó que sobre Nicaragua también “hay una gran preocupación”.
“Durante las elecciones presidenciales efectuadas en noviembre de 2016 —en las que Daniel Ortega fue designado por el Consejo Supremo Electoral— los periodistas nicaragüenses, sobre todo los que trabajan para la prensa independiente y los medios de oposición, sufrieron malos tratos”, precisa el informe de RSF.
“De manera general, el gremio periodístico está muy estigmatizado en el país. Los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte. A menudo son agredidos durante las manifestaciones, pues se considera que toman partido. La Constitución de Nicaragua solo tolera las críticas “constructivas”, un término impreciso que permite al Gobierno censurar y limitar la libertad de información, revela el informe de RSF.

“Nos sigue alertando la Ley Arce, la falta de independencia de medios audiovisuales, los abusos del régimen, la autocensura y por supuesto el bloqueo de cobertura de fuentes oficiales”, dijo Ponce al diario LA PRENSA.
A Ponce también le preocupa “la inexistencia de transparencia en el Gobierno y la corrupción que no puede ser verificada por ningún periodista independiente, porque simplemente el clan Ortega limita todo acceso a la información”.
“Si bien no es como México, donde hay muchos periodistas muertos, en la dictadura de Ortega sigue reducido el espacio de los periodistas, medios y la libertad de expresión. Sigue cayendo Nicaragua y si bien no ha llegado a los niveles de violencia y persecución de Cuba o Venezuela, Freedom House está muy preocupado”, sostuvo Ponce.

Mientras, el informe del relator especial de la CIDH expresa preocupación de forma particular por el uso de la facultad discrecional del Estado para la asignación de publicidad oficial como instrumento para premiar y castigar la línea editorial de los medios, situación que ha sido denunciada por diversos medios y organizaciones civiles.

La Relatoría Especial de la CIDH recuerda que en parte del artículo 13 de la Convención Americana se establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Sobre Nicaragua la Relatoría Especial resalta la concentración de medios de comunicación y escaso pluralismo. “Existe un duopolio televisivo controlado por la familia del presidente Daniel Ortega y el empresario mexicano Ángel González”, señala el informe anual de la Relatoría Especial, que contrasta el cierre de cinco radios comunitarias por parte del ente regulador.
Al respecto señala que en parte del principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.

Menciona la Relatoría Especial de la CIDH la denuncia realizada en octubre del año pasado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por el director de Esta Semana y Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, por presuntos actos de espionaje e intimidación.

También señala el cierre de espacio a la periodista Yolidia Navas Salomon, en Radio Zinica, en Bluefields, después de 15 años al aire. Así como la negativa del CSE de acreditar a periodistas nacionales independientes, así como a los extranjeros, para cubrir las incidencias de la jornada electoral del 6 de noviembre.
Sobre el tema de la protesta social expresa cómo, a través de diferentes medidas, el Estado habría impedido la libre circulación de ideas y el ejercicio del derecho a la manifestación, como los llamados “miércoles de protesta” frente al Consejo Supremo Electoral. Y el impedimento con retenes militares para que la marcha campesina anticanal pudiera llegar a Managua en noviembre pasado.
“La CIDH ha manifestado que la protección del ejercicio de los derechos de reunión y libertad de expresión comporta no solo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino también el deber de adoptar, en y ante ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurarlo”, señala el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión.

La Relatoría Especial de la CIDH resalta que el Estado de Nicaragua también habría realizado acciones para obstaculizar indebidamente el derecho de periodistas y académicos a buscar, recibir y difundir información de interés público y obtener u ofrecer información sobre la situación de los derechos humanos o la libertad de expresión en el país.

Menciona entre otros la expulsión de Carlos Ponce, la del investigador estadounidense Evan Ellis, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos; el caso de la politóloga mexicana Viridiana Ríos, investigadora del Wilson Center, en Washington, que abandonó el país ante el temor de ser detenida.
La expulsión de seis ambientalistas integrantes de la Caravana Mesoamericana para el buen vivir, después de haber capacitado a campesinos de Nueva Guinea, así como a cuatro políticos venezolanos, entre quienes figura Luis Florido, integrante de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de la Comisión de Política Exterior.





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