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miércoles, 5 de abril de 2017

Pandilleros acusados por masacre de obreros en El Salvador.

San Salvador/EFE - La Justicia salvadoreña envió a juicio a nueve supuestos pandilleros acusados de la masacre de 11 trabajadores el año pasado en San Juan Opico, por la que podrían ser condenados a más de 600 años de prisión, informó la Fiscalía del país. 

Los imputados, presuntos miembros del Barrio 18, son acusados de los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas, sancionados cada uno con penas máximas de 60 y 15 años de reclusión, respectivamente.

Según la normativa del país centroamericano, si la Justicia declara culpables a los imputados, estos podrían recibir una condena máxima de hasta 675 años, debido a las suma de los 11 asesinatos. La matanza fue perpetrada el 3 de marzo de 2016 en una zona despoblada del municipio de San Juan Opico (noreste) y por este caso fueron condenados 2 menores de edad en octubre de 2016 a penas de entre 5 y 15 años de internamiento.

Según la Fiscalía, los pandilleros llegaron a la zona a atentar contra sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS13), que controlan el lugar, y para evitar que "alertaran" a las autoridades sometieron a los empleados con la intención de abandonarlos en el terreno. Empero, "una de las víctimas decide correr, con el objeto de poner a salvo su vida, y uno de los sujetos" lo asesinó a tiros. "A raíz de ese evento deciden quitar la vida al resto de los trabajadores para no dejar testigos", relató el fiscal del caso.


Esta es la segunda masacre de más de diez personas ajenas a las pandillas perpetrada por estos grupos en El Salvador desde 2010, año en el que 14 salvadoreños fueron calcinados dentro de un microbús en una localidad cercana a la capital. 

La masacre de Opico y la escalada de violencia que el país vivió en los primeros meses del 2016 llevaron al Gobierno a implementar una serie de "medidas extraordinarias" de seguridad, como el endurecimiento del régimen carcelario y el despliegue de un comando elite rural de 1,000 elementos, que seguirán en lo que resta de 2017. 

De igual forma, el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén valoró la posibilidad de instaurar un estado de excepción o toque de queda, aunque esta opción quedó descartada. Las autoridades de Seguridad acusan a las pandillas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100,000 habitantes en los dos últimos años.

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