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viernes, 19 de mayo de 2017

Exjefe de despacho de Ros-Lehtinen cabildea contra la "Nica Act".

MIAMI Florida EEUU/ Judith Flores -  Arturo Estopiñán, exjefe de despacho de la congresista Ileana Ros-Lehtinen, coautora del proyecto de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida por Nica Act, fue contratado por la firma CEO Advisors, con sede en Miami, para convencer a los miembros del Congreso sobre la necesidad de “suavizar” el lenguaje y modificar la medida legislativa que promueve su exjefa.

El proyecto de ley, que es también patrocinado por el representante demócrata Albio Sires, de New Jersey, y tiene el respaldo de otros 23 congresistas, tiene el propósito de condicionar los préstamos de dinero al Gobierno que preside Daniel Ortega al respeto de los derechos humanos y las libertades en el país centroamericano, excepto cuando se trate de razones humanitarias.

La nueva versión es más amplia y establece más condiciones que debe cumplir el Gobierno de Nicaragua para obtener el voto de Estados Unidos en la aprobación de créditos en los organismos bancarios internacionales. Esas condicionantes incluyen combatir y procesar a los funcionarios corruptos del Gobierno de Ortega, respeto a los derechos humanos, cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, elecciones libres, justas y transparentes, así como medidas y soluciones contra la corrupción.

En enero de 2017, la firma The Estopiñán Group fue contratada para procurar apoyo entre los miembros del Congreso para “considerar las repercusiones negativas a la economía de Nicaragua por la manera en que está redactada la Nica Act, además de buscar vías para modificar el proyecto de ley”, expresa el documento de registración de clientes, que como cabildero Estopiñán debe reportar.

La propuesta de ley pretende evitar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea utilizado para fortalecer el régimen político en Nicaragua, que, según sus críticos, es manipulado tras la modificación de las leyes electorales, la Constitución y la reelección de Ortega, quien junto a su esposa, Rosario Murillo, elegida vicepresidenta, lleva las riendas del país.

Estopiñán trabajó durante 27 años en el Congreso y gran parte de ese tiempo, hasta junio de 2016, fungió como jefe de despacho de la congresista Ros-Lehtinen.
Al ser Estopiñán consultado por DIARIO LAS AMÉRICAS sobre el tema, el exjefe de despacho leyó una declaración en inglés en la que expresa que el proceso democrático en Nicaragua requiere “más atención”, debido a los efectos negativos que ocasionaría la ley Nica Act (una vez aprobada) porque, a su juicio, no es el vehículo apropiado ni la dirección correcta para afrontar los problemas del país centroamericano.

De acuerdo con Estopiñán, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, está trabajando diligentemente y ha llevado a la mesa de negociación al presidente Ortega para mejorar las condiciones del próximo proceso electoral. “Él [Ortega] está logrando progresos”, aseguró. 

“El proceso transparente y las garantías constitucionales de los nicaragüenses son de suma importancia. Las consecuencias negativas del Nica Act serían dolorosas para los nicaragüensesamericanos”, afirmó. Sobre si considera ético trabajar en contra de un proyecto de ley que es presentado por la legisladora para quien trabajó casi 30 años, Estopiñán argumentó: “Vivimos en un país de democracia.   

Se necesita un proceso transparente y democrático en Nicaragua, Sin dudas, el objetivo es tratar de ponerle una enmienda al proyecto de ley para que no perjudique a los nicaragüenseamericanos en la economía frágil de Nicaragua. En nuestras familias hay desacuerdos sobre cómo proceder, de una manera u otra, pero seguimos siendo familia”.  

Mientras tanto, el proyecto de ley Nica Act mantiene en vilo a Ortega y sus aliados de la empresa privada nicaragüense, quienes han contratado firmas para cabildear y evitar que Estados Unidos, el principal socio comercial de Nicaragua, frene la obtención de préstamos que usualmente son otorgados por instituciones financieras internacionales.


De hecho, según el registro de cabilderos en Washington, el Gobierno de Ortega contrató a la firma estadounidense Gephardt Group por 420.000 dólares para detener la aprobación de la propuesta legislativa.

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