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viernes, 12 de mayo de 2017

Gobierno de Ortega cabildea en Washington para amortiguar la Nica Act.

El ex jefe del Gabinete de la congresista Ileana Ros-Lehtinen (impulsora de la Ley Nica Act), Arthur Estopiñan, aseguró que la aprobación de dicha Ley tendría un “efecto devastador para la economía nicaragüense porque es creciente y frágil” y reveló que cuentan con una estrategia que incluye una enmienda para contrarrestar los efectos…

Estopiñan es dueño de la firma de lobby que fue contratada por banqueros nacionales para bloquear las intenciones de la congresista… “Hemos definido una estrategia con el señor (Roberto J.) Argüello para que se introduzca una enmienda a ese proyecto de ley sobre la relación de la parte financiera que va a perjudicar a muchos nicaragüenses americanos que tienen inversiones aquí”, sostuvo…

Según el Lobista se necesita recurrir a otros congresistas y senadores para que entiendan las repercusiones negativas… “La confianza de los inversionistas extranjeros va a ir decayendo”, argumentó uno de los redactores de la Nica Act…

La nueva versión fue introducida el pasado 5 de abril con el apoyo de 5 congresistas e incluye un capítulo dedicado a los derechos humanos… “Los Derechos Humanos son clave para el desarrollo de cualquier país y del crecimiento social”, alegó…

El lobista, explicó que luego de conocer la voluntad de sus contratantes, entre ellos el nica americano Roberto Arguello de CEO Advisors, comenzarán a trabajar en una enmienda que limite temas que afecten los intereses económicos y sociales de Nicaragua…


También explicó que conocen el proceso en el Congreso y el Senado y que llevará la posición de que no afecte a los nicaragüenses en los temas económicos…  Sin embargo, Arthur Estopiñan no se refirió a la iniciativa del presidente Donald Tump, quien anunció que implementará una medida tan pronto como entre en oficio: los funcionarios que trabajen en su administración no podrán hacer lobby sino hasta cinco años después de haberse retirado del gobierno.  

El decreto  de Trump es mucho más rígido en teoría: prohíbe el trabajo de lobista durante los cinco años siguientes al trabajo de gobierno y también un veto de por vida para aquellos que hicieron lobby a favor de un gobierno exterior.

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