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viernes, 5 de mayo de 2017

Poder judicial de Nicaragua se resiste a cumplir fallo de la CIDH.

Régimen de Daniel Ortega se resiste a cumplir el  reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que exige al Estado de Nicaragua la reparación de daños económicos, psicológicos y de derechos de acceso a la justicia a la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta.

Ante la falta de investigación del asesinato de su esposo Francisco García Valle, hace 14 años, en Bluefields de parte de las autoridades,  es un “mensaje contra la impunidad y un llamado para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos” que debe atender el Estado, según Acosta y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La Corte falló a favor de Acosta con una sentencia que incluye una serie de medidas para que el Estado de Nicaragua retome la investigación a los señalados como autores intelectuales del asesinato de García, ocurrido en 2002, raíz de la denuncia de Acosta por la venta ilegal de los paradisíacos Cayos Perlas a manos de un ciudadano griego. Además, la Corte con sede en San José, Costa Rica, solicita al Estado un conjunto de garantías para establecer un protocolo de protección a los defensores de derechos humanos.

La abogada Wendy Flores, abogada del Cenidh, resaltó la importancia del fallo de la Corte frente al contexto actual, en el cual lamentó que “los defensores de derechos humanos son difamados y expuestos públicamente por los mismos autores políticos o por personas que deberían ser investigadas porque generan un ambiente de hostilidad en contra de los defensores de derechos humanos”.


Acosta, por su parte, recordó que durante la investigación por el asesinato de su esposo, hace más de catorce años, el mismo juez a cargo del proceso se “confabuló” con quienes sospecha fueron los autores intelectuales del asesinato de García para acusarla a ella de supuesta encubridora y sospechosa del delito. 

El juez era Julio Acuña, quien aún ejerce en el departamento de Río San Juan.  Durante una entrevista en el programa de televisión Esta Noche, Flores y Acosta coincidieron en que la falta de acceso a la justicia, como la sufrida por la exdirigente caribeña, y la hostilidad en contra de los defensores de derechos humanos persisten bajo el gobierno actual, en quien recaen las demandas de la Corte Interamericana.

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