
Los expertos
recordaron que la crisis de insolvencia del INSS ya se tenía prevista para la
segunda década de este siglo, aún con un cálculo menor de gastos
administrativos y pagos de pensiones y prestaciones y servicios a los actuales.
Sin embargo, el colapso de la entidad se ha acelerado en la última década,
durante la cual se pasó de un superávit de más de 1,180 millones de córdobas a
un déficit superior a los 1,580 millones.
Recientemente
el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce declaró que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió entre varias medidas para enfrentar
la crisis del INSS el aumento de la edad de jubilación (de 60 a 65 años) y la
duplicación de las semanas cotizadas (de 750 a 1,500) y que el gobierno de
Daniel Ortega no descartaba ninguna de las recomendaciones.
Las declaraciones
de Arce agitaron el rechazo de la opinión pública y, desde las redes sociales
diferentes sectores, se autoconvocaron para analizar el tema y reclamar a la
administración orteguista.
Mientras que
el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, declaró ante medios
oficialistas y negar que el Gobierno de Nicaragua analice la posibilidad de las
dos polémicas recomendaciones.
Sin embargo,
Acevedo y Ruiz sostienen que la crisis del INSS debe analizarse y que esta
implicaría reducciones de los beneficios del seguro social, pero ante todo se
debe garantizar una evaluación transparente, en la que se garantice la
participación de pensionados y cotizantes.
Ruiz recordó que por definición el INSS es una institución autónoma,
“que se maneja administrativa y financieramente separada”, y sin embargo no ha
funcionado así en “por lo menos los últimos 20 o 25 años”.
“Mientras no
ataquemos esa parte (la falta de autonomía) ese es uno de los factores de la
situación que estamos viviendo”, advirtió el especialista. Además, alertó que desde 1993, contrario a la
Ley, se establecieron las Empresas Médicas Provisionales “y lo peor es que los
ingresos del 8.5% de la rama de enfermedad, maternidad, no sabemos si se está
tomando dinero de la rama de pensiones, para equilibrarla, por su manejo de
manera discrecional”.
Acevedo
también enfatizó que los gastos administrativos del INSS se duplicaron desde
entonces, pasando de menos de un 7% en los noventa hasta un 13% en 2016. A
esto, agregó que el pago de las pensiones reducidas a los adultos mayores
también agregó presión al sistema.
El
economista aclaró que la demanda de los adultos mayores, que despertó la
solidaridad de diferentes sectores años atrás, es legítima. Sin embargo,
reiteró que su cobertura debería ser parte del sistema de protección social del
gobierno y no del sistema del seguro social que ya tenía su diagnóstico de
desahucio desde antes.
Además,
insistió en que tras la caída el rendimiento de las inversiones, se agregó otra
carga adicional al INSS. Según Ruiz, “lo primero que debemos reformar es que el
INSS sea un ente autónomo, con eso se eliminaría que pueda tener cualquier
influencia de cualquier Ejecutivo, sino que se maneja de manera técnica y
profesional en la que no se impongan decisiones político partidario”.
Además,
sugiere eliminar de manera gradual el pago de las pensiones reducidas y
trasladar este gasto al Presupuesto General de la República. Asimismo,
considera que es necesario revisar la fórmula para calcular el monto de la
pensión mínima y que se necesita una ley que regule el pago por maternidad y
enfermedad.
De acuerdo
con Ruiz, una siguiente etapa tendría que volver a revisar las cifras, tras
aumentar el empleo y los salarios. “O reducís las pensiones y prestaciones o
revisás y reducís el gasto de salud”, sentenció.
Acevedo
coincidió en que “el primer punto (de la reforma) es que se debe ser garantizar
una instución autónomoa, profesional y totalmente transparente, incluyendo
detalles sobre los ingresos y egresos de cada programa y cuál es su fuente de
financiamiento”.
“En este
primer momento, vos tenés que tomar medidas que te aseguren una década, por lo
menos. Eso no va a ser posible sin un aumento de la tasa de contribución; es
indispensable que todas las pensiones que responden a las políticas de
protección social”, recomienda.
Según Acevedo,
el colapso del INSS afectaría directa o indirectamente a al menos 3 millones de
nicaragüenses, pero lamentó que hasta ahora no se considera en su discusión a
los afectados. Ruiz respaldo que entre el sector privado, el gobierno y los
sindicatos “no tenemos a verdaderos representantes” de los pensionados y
cotizantes.
“Reconstruir
las instituciones públicas, convertirlas en instituciones profesionales,
concentradas en el cumplimiento eficiente de sus funciones, es indispensable”,
sostiene Acevedo.
Publicar un comentario