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miércoles, 31 de mayo de 2017

Régimen de Ortega en el radar de la política norteamericana.

Las presiones externas al gobierno de Daniel Ortega, como la iniciativa de sanciones de Estados Unidos para los préstamos de organismos internacionales, conocida como Nica Act, “van a generar contradicciones en las filas de los principales aliados del régimen”, entre ellos el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Ejército de Nicaragua.

El  analista político y jurista experto en Derecho Constitucional, Julio Icaza Gallard.  Según Icaza, la caída en aprobación de Ortega estaría ligada “al deterioro de la situación en Venezuela y el final del ALBA”, y además, “al deterioro de las relaciones de Ortega con los Estados Unidos”.

El exdiputado opositor, destituido ilegalmente en julio de 2016, y actual miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Carlos Langrand, añade por su parte que “los nicaragüenses están claros que existe una gran corrupción gubernamental y que ésta resta oportunidades a desarrollarnos como país. 

Sin embargo —reconoce—,  la difícil situación económica de los hogares ante la falta de empleo, obliga al ciudadano a priorizar resolver su economía doméstica y dejar los temas institucionales de un lado”.

Langrand advierte que “hay agravantes económicos y políticos que se empiezan a sentir, como la caída de los fondos petroleros que servían para dinamizar la economía, la disminución de programas clientelistas y subsidiados, la amenaza de trabas con nuestro mayor socio comercial (Estados Unidos) debido a la Nica Act, o la caída de exportaciones al mercado de Venezuela de productos agropecuarios”.
Icaza considera que el deterioro de las condiciones favorables que ha gozado Ortega están a la vista y el escenario no tiende a mejorar.

La carta que el gobierno jugaba en contra de la Nica Act que ya fue aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara Baja, era el acuerdo para un trabajo de tres años “para fortalecer la institucionalidad” con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente se encuentra en un impase, tras la abrupta salida de la delegación que visitó Nicaragua la semana pasada.

Icaza estima que “la incapacidad de Ortega de recomponer sus relaciones con los EE.UU. significa una bancarrota política”.  Las sanciones de Nica Act incluyen la investigación de la corrupción en Nicaragua, incluyendo la presentación de un informe que enliste a los funcionarios públicos señalados de corrupción.

Icaza considera que “la bancarrota política irá unida a la bancarrota moral que supondrá el destape de información que hasta hoy solamente se sospecha pero ha permanecido oculta sobre el gigantesco iceberg de la corrupción en Nicaragua”. Según Icaza, “la percepción de corrupción afecta principalmente al régimen y sus aliados, a los partidos políticos que hoy zancudean en la Asamblea Nacional y a los que guardan silencio a cambio de prebendas”.

La encuesta más reciente de Cid Gallup reveló que un 27% de los nicaragüenses califica a los políticos nacionales como corruptos. En un país, donde durante los últimos diez años la política oficial ha estado dominada por el gobernante Frente Sandinista, la líder feminista y también experta en Derecho Constitucional, Azahálea Solís, estima que el mensaje que los ciudadanos mandan es claro: “Dicen que hacer política como hace el FSLN es ser corrupto”, sentencia.


Sin embargo, a pesar de los señalamientos de los analistas, según los mismos resultados de Cid Gallup a la mayoría de los nicaragüenses no ubica la corrupción entre los problemas que más le preocupan. Por encima de la corrupción, los nicas identifican el desempleo (60%), el costo de la vida o el tráfico y consumo de drogas.  

El actual presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, añade que no obstante, “los ciudadanos ya han visto la doble moral de los sandinistas en el poder, que dicen ayudar a los pobres pero no es cierto y lo que ven es a unos mentirosos que se están enriqueciendo a costillas del pueblo”.   

Además, comenta que para los nicaragüenses está clara la impunidad de la corrupción en Nicaragua y valora que este es el motivo de que tantos nacionales estén desmotivados por la política o tengan una gran desconfianza hacia los políticos. “Sin lugar a dudas es una responsabilidad del Estado perseguir a los corruptos y más bien los apaña y los limpia, dando el peor ejemplo”, reclama García.

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