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sábado, 20 de mayo de 2017

Sistema tributario nicaragüense presenta sesgos implícitos de género.

Estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas revela que Nicaragua es una sociedad con profundas desigualdades socioeconómicas, siendo la desigualdad de género una de sus dimensiones fundamentales. 

Entre las raíces de este fenómeno se encuentra una política fiscal que refuerza las estructuras que reproducen la desigualdad de género.

Dado este contexto, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y Puntos de Encuentro y la Red de Empresarias de Nicaragua, ha preparado un estudio sobre los sesgos de género de la política tributaria, con énfasis en las modificaciones recientes al régimen de cuota fija y su afectación en micros y pequeñas empresas gerenciadas por mujeres.

Adelmo Sandino, investigador de Ieepp, explicó que “más del 55% de los micro y pequeños negocios en Nicaragua son propiedad de mujeres, la carga fiscal mensual del 2.5% hasta el 5.5% elimina todo rastro de ganancia de dichos negocios”. Agregó que “esto contribuye a que el grupo social más afectado por la pobreza vea disminuidas sus posibilidades de salir de la misma”.

Los hallazgos del estudio determinaron que  no se toma en cuenta que la norma del IR en Nicaragua presenta sesgos implícitos de género cada vez que discrimina entre fuentes de ingreso, es decir, “cuando se dan los tratamientos diferenciados característicos de un sistema cedular de la renta, ya que hay tipos de renta generada predominantemente por los hombres más que por las mujeres (como las rentas financieras)”, detalló el investigador.

Sandino destacó que el sesgo explícito más evidente son los mayores beneficios fiscales que detalla la Ley de Concertación Tributaria para los otros regímenes tributarios de las medianas y grandes empresas, ya que “las tarifas mensuales que deben pagarse en los diferentes estratos de la cuota fija presentan grandes desigualdades con relación a la alícuota del 1% sobre los ingresos brutos que deben pagar mensualmente las medianas y grandes empresas en el régimen general, como anticipo del IR”.

Por otro lado, las empresas del régimen general simplificado y del régimen general pueden deducirse del pago del anticipo todas las retenciones en la fuente que les hubieren efectuado, mientras las cuota fija no pueden hacer uso de este mecanismo.

Por ejemplo, explicó, “una pequeña contribuyente adherida al régimen de cuota fija en sus compras de bienes y servicios está sujeta al pago del IVA e ISC y, a pesar de ello, no puede acreditarse dicho pago en su declaración, mientras las empresas en régimen general sí lo pueden hacer. A su vez, las empresas deben realizar una declaración anual del IR que les permite deducirse una serie de costos y gastos detallados en el art. 39 LCT y que no pueden aprovechar las empresas de cuota fija”.

Otro de los factores a tomar en cuenta en los sesgos de género identificados en el estudio es que las empresas a cargo de mujeres, en su mayoría micro y pequeños negocios, generan un número significativo de empleos y dinamizan el sector de los servicios en el país; esto da lugar a que “las mujeres reportan mayores limitantes de tiempo para lidiar con la burocracia tributaria, debido al triple rol que desempeñan: madre, ama de casa y empresaria”, dijo.


Dado los hallazgos del estudio se consideró que pese a que el Gobierno ha emprendido una estrategia de formalización a un mayor número de micro y pequeñas empresas, estas carecen de la preparación necesaria para transitar al régimen general; por lo que para potenciar las posibilidades de crecimiento de las mujeres en sus empresas, se requiere de cambios en la manera de pensar. 

Para Sandino el “Estado debe asumir el trabajo de los cuidados como una responsabilidad de todos, brindando servicios estatales accesibles y diseñados para repartir la carga del cuidado de los mayores, de personas con capacidades diferentes y de niños y niñas. 

Los hombres en las familias deben asumir su cuota de responsabilidad, dejando los privilegios de ser atendidos y que las empresas a cargo de las mujeres dejen de ser castigadas con una carga tributaria injusta”. 

Consideró además que “en el caso particular del régimen de cuota fija, debe reformarse el régimen de forma tal que se apliquen las tarifas correspondientes a un estrato mayor de ventas; es decir, ampliar los techos existente porque no se corresponden con la clasificación de tamaños de empresa contenida en la Ley Mipymes”.

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