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miércoles, 21 de junio de 2017

Campesinos y sociedad civil dispuestos a dar la batalla contra el canal.

Representantes de la sociedad civil y lideres campesinos anticanal, dipuestos a empujar la derogacion de la ley 840 que garantiza la estabilidad de sus vidas y la amenaza  para el país.

El riesgo de las expropiaciones es real, y el reto es cómo derogar una ley “que pone de rodillas” a Nicaragua, a juicio de juristas independientes, organismos de la sociedad civil, y el movimiento campesino que durante cuatro años ha protestado demandando la derogación de la ley, señalaron durante un foro debate sobre la ley del canal.

Este foro-debate organizado por Confidencial sobre “La ley Ortega-Wang, cuatro años después”, el jueves pasado en Hispamer. ¿Qué salidas quedan, cuando Wang Jing no tiene mayores obligaciones con el país, y todo en la ley lo favorece? 

La abogada Mónica López Baltodano encuentra un resquicio en uno de los artículos del Acuerdo Marco de Concesión: La cláusula 15.2 establece que el gobierno de Nicaragua o el concesionario podrán terminar la concesión para cualquier subproyecto cuando en un plazo de seis años no se hayan conseguido recursos para financiarlo.

“Pero hay una trampa”, alertó López, asesora legal del movimiento campesino, e investigadora que documentó la existencia de las empresas de maletín creadas por HKND. “Cada proyecto es un subproyecto… es decir, que el Canal húmedo es un subproyecto, pero eso no representa la derogación de la Ley 840 y del contrato, porque seguiría vigente para los otros”, explicó.

Según López, las cláusulas están diseñadas para ser “confusas”. Pero esta posibilidad es la única que queda al país para exigirle al gobierno del comandante Daniel Ortega que termine el conjunto de la concesión canalera, y pueda derogar la Ley 840.

“El incumplimiento de los seis años en algún subproyecto no invalida automáticamente la ley del Canal. El Gobierno puede dar por terminada la concesión del Canal, pero quedaría vigente la Ley 840 para los otros subproyectos”, detalló la jurista. “Pero desde donde lo vemos, es un resquicio ante tantos candados para exigir la derogación de todo el régimen legal, porque la justificación que el Gobierno dio fue el Canal. Y por lógica: Si no hay recursos para el Canal, debe derogarse”.

El artículo 2 de la Ley 840 establece el desarrollo de siete subproyectos en todo el país: Un aeropuerto, dos puertos en ambos océanos, una zona de libre comercio y varios complejos turísticos. El inciso “A” de ese artículo deja al Canal Interoceánico a nivel de subproyecto, cuando ha sido vendido como la obra principal.

La abogada considera que esta sería la salida más fácil para desarticular un andamiaje legal “lesivo para el país”. “Es una decisión política que debemos arrancarle al gobierno”, precisó.

“Es la Ley que más ha atropellado al país en toda la historia. Violenta 41 artículos de la Constitución Política”, dijo la Azahálea Solís, experta constitucionalista, quien también participó en el foro moderado por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Junto a López y Solís estuvieron Medardo Mairena, coordinador del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía Nacional; Manuel Ortega Hegg, presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua (ACN); y Alejandro Aguilar, jurista y asesor empresarial.

Aguilar dijo que otra manera de anular la Ley 840 sería un arbitraje internacional con Wang Jing. Es decir, acudir a la Corte Internacional de Londres que resuelve disputas comerciales; en este caso, entre la empresa HKND y el Estado de Nicaragua. Pero este camino sería engorroso y costoso.

Aguilar advirtió que el proyecto canalero carece de un modelo de resolución de conflictos en caso de controversias entre ambas partes, como sí lo tienen, por ejemplo, megaproyectos como el Euro Túnel que cruza el Canal de la Mancha, y une a Francia y Reino Unido.
Wang Jing tiene todas las de ganar debido al contrato “leonino” a su favor. El jurista mencionó que HKND no tiene obligaciones con el país. Y al contrario, hasta las reservas del Banco Central de Nicaragua (BCN) están comprometidas en caso de que el proyecto fracase por algún motivo.
“El concesionario podrá aplicar una sentencia a su favor originada de un arbitraje en cualquier lugar del mundo donde Nicaragua tenga intereses o activos comerciales”, alertó Aguilar. “Con esta ley y contrato, el país ha renunciado a su inmunidad soberana”.

Aguilar dijo que en la concesión entregada a Wang Jing hay una responsabilidad política, y que básicamente ha sido identificado el responsable: El gobierno del comandante Ortega. Sin embargo, le gustaría conocer quiénes fueron los asesores legales de Nicaragua a la hora de aceptar esas condiciones “que ponen de rodillas al país”. 

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