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jueves, 29 de junio de 2017

El ataque aéreo al Supremo lleva a un nivel superior la crisis venezolana.

Caracas Venezuela/ El País - Mientras un helicóptero de la policía científica disparaba al caer la tarde del martes sobre la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sus magistrados ultimaban los detalles de dos polémicas sentencias.

Una de ellas le ha restado funciones a la Fiscalía General de la República, crítica con el régimen de Nicolás Maduro, para otorgárselas a la Defensoría del Pueblo. La otra anula el reciente nombramiento del vice fiscal general y deja la designación de un sucesor en manos del Supremo, controlado por el chavismo. El ataque al tribunal eleva a un nuevo nivel la crisis que sacude al país desde hace tres meses.

El helicóptero que perpetró el ataque —efectuó disparos y lanzó cuatro granadas— estaba pilotado por el inspector de la policía científica Óscar Pérez y mostraba una pancarta que decía “350 Libertad”, en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a rechazar a un régimen que no respete las garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos.

Pérez, contra el que se emitió este miércoles una orden de captura internacional, colgó varios vídeos en Instagram en los que asegura que forma parte “de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este Gobierno transitorio y criminal”. Sin embargo, ninguna unidad militar manifestó el miércoles su apoyo a esta ofensiva. 

El vicepresidente, Tareck El Aissami, informó este miércoles de que las autoridades han localizado el helicóptero en una localidad del estado de Vargas, cercano a Caracas, e indicó que por el momento no hay detenidos.


Hasta el mediodía del miércoles en Venezuela la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea no habían condenado el ataque —Bruselas pidió a todas las partes que “pongan fin con carácter urgente a la violencia y eviten el uso de la fuerza” y Brasil expresó su “preocupación” por la escalada de tensiones”—. 

El nuevo canciller, Samuel Moncada, se quejó con amargura de ese silencio. No aspiraba Moncada a que los Gobiernos respaldaran a Maduro, sino que se solidarizaran con los civiles que, a la hora del ataque del helicóptero, estaban cerca de los edificios. 

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