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martes, 13 de junio de 2017

El fiscal general de EE UU se enfrenta a la trama rusa en el Senado.

Washington EEUU/ El País - La trama rusa vuelve a tener en vilo a Estados Unidos. El fiscal general, Jeff Sessions, uno de los halcones de Donald Trump, declara hoy (a las 14.30, hora de Washington) a puerta abierta ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Tras la explosiva comparecencia el jueves pasado del exdirector del FBI, James Comey, que acusó al presidente de intentar torpedear la investigación, el fiscal general tendrá que enfrentarse a un escenario hostil. Aunque los republicanos rebajen el tono, los senadores demócratas dirigirán las baterías hacia el despido de Comey, sus oscuras reuniones con el embajador ruso en Washington y su trabajo en campaña, durante los ciberataques del Kremlin a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Cualquier error por su parte abriría una brecha directa hacia el presidente de Estados Unidos.
Sessions es una figura en declive. 

En menos de cinco meses ha sufrido una de las mayores abrasiones del Gabinete. El presidente se ha distanciado de él y su capacidad de maniobra resulta muy limitada. En marzo, tras la caída del consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, el veneno de la trama rusa le alcanzó de lleno. Al descubrirse que había ocultado al Senado sus reuniones con el embajador ruso en Washington, Sergéi Kislyak, se recusó de todo lo relacionado con el escándalo. Tomada por pura supervivencia política, la decisión dejó a la intemperie al presidente.

El fiscal general adjunto Rod J. Rosenstein quedó al cargo de las investigaciones y de despachar sobre este asunto con el director del FBI, James Comey. Cuando este fue destituido a cajas destempladas por el presidente, Rosenstein tampoco resistió la presión. Ante la ola de desprestigio que amenazaba con aplastarle, dio un paso histórico: para disipar cualquier sospecha nombró fiscal especial del caso al implacable Robert Mueller, director del FBI de 2001 a 2013.  Todo ello abrió una inmensa brecha entre Sessions y Trump. 

El hombre que debía ser el baluarte del presidente se había vuelto su eslabón más débil. No sólo estaba inhabilitado en todo lo concerniente a la trama rusa, sino que había permitido que se abriesen las puertas a un fiscal especial dispuesto a llegar hasta el fondo del asunto. Trump concluyó que era “víctima de una caza de brujas”.

Mientras tanto, el presidente Trump se enfrenta a una demanda por posibles pagos de Gobiernos extranjeros a sus empresas. El rastro del dinero persigue a Donald Trump. Su incapacidad para desvincularse de su imperio inmobiliario y su negativa a hacer pública su declaración fiscal han empezado a jugar en contra.

Los fiscales generales de Maryland y el Distrito de Columbia, ambos bajo la égida demócrata, han presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos por supuesta violación de la cláusula constitucional que impide a los altos cargos aceptar emolumentos de gobiernos extranjeros.

La polémica, de fuerte carga política, no es nueva.Trump ha hecho del manejo de su fortuna un asunto opaco. No sólo ha sido el primer mandatario en 40 años que no ha presentado ante la opinión pública sus impuestos, sino que el destino de los beneficios suscita una cuestión crucial: ¿si estos proceden, aunque sea parcialmente de Estados extranjeros, hasta qué punto no representan un pago al presidente? Al igual que los fiscales, grupos civiles ya han llevado ante los juzgados esta presunta incompatibilidad. En su respuesta, los abogados de la Casa Blanca han señalado que el tipo de pagos que reciben las empresas de Trump son legales.

“Ni la Constitución ni la historia legal de la citada cláusula muestran que esta se refiera a los beneficios que proceden de los negocios del presidente que no tienen nada que ver con su tarea oficial. La norma se aplica solo a la recepción de compensaciones por servicios personales o de honores y regalos vinculados a su posición oficial”, ha indicado en un escrito del Departamento de Justicia. Esta postura ha sido avalada por algunos expertos jurídicos, que subrayan que el veto fue incluido en la Constitución con el objetivo de evitar que los altos cargos estadounidenses fuesen empleados de potencias extranjeras.


Las fiscalías de Maryland y el Distrito de Columbia lo ven distinto. Consideran que el presidente ha entrado en colisión con la ley al no haberse desvinculado plenamente de su emporio. Pese a la magnitud de su entramado, Trump simplemente ha transferido la gestión a sus hijos Donald y Eric. Con esta maniobra, el presidente mantiene control sobre sus negocios, como demuestra que siga recibiendo informes de sus estados financieros. 

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