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sábado, 10 de junio de 2017

El gran poder de Ortega está diseñado legalizar detenciones ilegales afirman juristas.

Juristas y expertos en derecho constitucional, afirman que la propuesta del inconstitucional presidente Daniel Ortega de reformar el código penal, la ley 799 y el código procesal penal, no solo pretende  castigar la violencia de género en el país, sino a legalizar prácticas arbitrarias que, de hecho, que ya están siendo implementadas por el poder judicial como las detenciones ilegales.

El ex procurador general de la republica Dr Alberto Novoa, Gonzalo Carrion, director jurídico del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, el constitucionalista Gabriel Alvarez, Azálea Avilés del Movimiento Autónomo de Mujeres y otro mas, coinciden de que la reformas de Ortega, es una actitud recurrente del  mandatario para imponer su gran poder a los nicaraguenses.

El Dr Novoa Alberto Novoa, señala que en el caso de la Ley Integral Contra la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como 779, en el año 2014 el mandatario sandinista ordenó un reglamento que “desnaturalizaba” el espíritu de la normativa, denunciaron organizaciones feministas. Tres años después, la reforma pretendida cambiar la tipificación de femicidio y la circunscribe al ámbito privado.

“La ley establece nueve tipos penales, entre ellos el femicidio en varias circunstancias, como la misoginia, asesinato de una mujer por ritos grupales, amigos o compañeros de trabajo. Es decir, que la restringen al ámbito privado y de pareja y no reconocen la relación desigual entre hombres y mujeres”, lamentó por su parte, Eveling Flores, representante legal de la Red de Mujeres contra la Violencia.  Prueba de ello fue el caso de la campesina Vilma Trujillo, asesinada por fanáticos religiosos que la lanzaron a una hoguera en la recóndita comunidad de El Cortezal, en el Caribe Norte de Nicaragua. 

En ese caso el juez consideró que se trató del delito de asesinato y secuestro.
A juicio de Flores, modificar el espíritu de la ley 779 dejaría en indefensión a las mujeres, pero era una situación que ya venía dándose. El gobierno ya “había desmontado” la ruta de acceso a la justicia especializada al cerrar las comisiones de la mujer, dijo.  

Otro de los elementos que alarman con estas reformas son las detenciones ilegales. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo para el programa Esta Noche, que establecer la prisión preventiva hasta que exista una sentencia viola varios principios, como la presunción de inocencia.

Actuar de facto ya es una marca del gobierno de Daniel Ortega, según abogados y críticos, para quienes varios hechos demuestran que lo que impera en el país es el intento de una persona por revestir de legalidad a su administración, señala.

Mientras que el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez afirmó que “ninguna actuación ilegal se corrige con la legalización de una ilegalidad” y lo que ha demostrado es el control de todos los poderes del Estado, y en consecuencia el irrespeto a la Ley.

Ortega se reeligió en 2011 de manera ilegal, a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el artículo 147 de la Carta Magna que prohibía la reelección consecutiva. Sin embargo, fue hasta 2014 que logró reformar la Constitución Política para legalizar su actuación, porque fue hasta ese momento que tuvo mayoría de diputados en la Asamblea Nacional, como resultado de unas votaciones fraudulentas, señaló.

Gobernando por decretos, el caudillo sandinista ha prorrogado en su cargo a funcionarios públicos, aunque no tenía atribuciones para hacerlo, luego sus diputados intentaron nuevamente legalizar lo actuado.

“Ellos han entrado en una costumbre ilegal e inconstitucional, de actuar sin respeto de los límites jurídicos, y cuando les da la gana, cuando ya han cometido diversos atropellos, entonces deciden legislar porque hay una presión social, porque están pagando un costo político, porque quieren guardarse la espalda tal vez de futuro a una situación internacional”, explicó Álvarez.

Mientras que  Azahálea Solís, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), expresó que aunque Ortega quiere dar una apariencia de legalidad, no puede enmendar la violación previa que ya hizo. Entre las víctimas de sus actos está la propia Ley contra violencia hacia las mujeres (Ley 779). Solís manifestó que pudieron haber hecho hace dos años la reforma a esa ley, pero no la hicieron, se fueron por el reglamento y por la ilegalidad.

 El abogado y exdiputado opositor Raúl Herrera afirmó que el gobierno de Daniel Ortega anuló el Estado de Derecho desde que comenzó a actuar al margen de la Ley, convirtiendo a las otras instituciones y poderes del Estado en “organismos subordinados, sin independencia y que solo esperan órdenes”.

“Tanto la Corte (Suprema de Justicia), la Asamblea, la Contraloría hacen un rol cero en este país y se convierten en oficinas ejecutoras del Frente Sandinista”, dijo el exdiputado.  Nicaragua figura en la lista de países que viven bajo “un autoritarismo moderno”, según el organismo de derechos humanos Freedom House, al mismo nivel de otros gobiernos como Venezuela, Bolivia y Rusia.

El politólogo José Antonio Peraza dice que al concepto de “autoritarismo moderno” se le llama “autoritarismo electoral” en las ciencias políticas.
“Son regímenes que no practican la democracia pero no recurren a la represión abierta. Organizan elecciones para obtener legitimidad democrática con la esperanza de obtener el beneplácito tanto de los actores externos como internos”, dice el especialista en temas electorales.

Peraza caracteriza al régimen de Daniel Ortega después que se conoció que el organismo Freedom House puso a Nicaragua entre los países que viven bajo “autoritarismo moderno”.

“La diferencia entre una democracia y un régimen autoritario real no está en las instituciones formales sino en las prácticas reales del poder. Hay muchos métodos para evaluar regímenes políticos. Sin embargo, la pregunta básica es: ¿Qué tipo de elecciones deben darse para establecer si son elecciones de una autocracia electoral o de una democracia?”, añade.

Para Peraza, las estrategias más utilizadas por “los autoritarismos electorales” son el fraude electoral y la manipulación política.  “Si un régimen aplica una de estas dos estrategias estamos ante un régimen autoritario electoral. La diferencia del régimen de Ortega, como bien dice Carlos Ponce (director para América Latina de Freedom House), es que ha dejado avenidas abiertas para el desarrollo de la empresa privada en algunos negocios del Estado”, señala.

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