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martes, 27 de junio de 2017

Exoneraciones fiscales solo sirven para fortalecer el règimen de Ortega.

A pesar de las reiteradas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para revisar y reducir las exenciones y exoneraciones fiscales, para generar ahorros fiscales, tanto el Gobierno como la cúpula del sector privado se resisten a modificar este esquema de subsidios que prevalece en el país desde hace más de dos décadas, y que se ha fortalecido bajo el régimen del comandante Ortega.

Calculadas en US$1,100 millones anuales, más del siete por ciento el producto interno bruto, las exoneraciones son un gasto tributario a manera de subsidio, que se deriva de un esquema de relaciones de poder, cuestiona el experto en temas tributarios Julio Francisco Báez, mientras el economista José Luis Medal, agrega que los principales beneficiarios son los que tiene más capacidad de negociación: el gran capital. 

“Si aquí los que tienen más exoneraciones son los grandes empresarios, es porque hay un esquema de gobierno donde se articulan -casi fusionados- los intereses públicos con esos intereses privados, no con el sector privado”, observó Báez.

En una entrevista en el programa de televisión Esta Semana, Báez y Medal insistieron en que el Gobierno está obligado por la ley a rendir un informe sobre el “rendimiento” de las exoneraciones, sin lo cual no es posible demostrar cuál ha sido su verdadero impacto en la economía-

Báez denunció la “ilegalidad imperdonable del gobierno”, que no cumple lo estipulado en el artículo 320 de la Ley de Concertación Tributaria (LCT), que establece el mecanismo para aprobar ese tipo de perdón de tributos, y define la obligatoriedad de evaluar y hacer público el impacto de esas exoneraciones. “Nunca se ha demostrado que ese esquema genere mayor productividad ni mayor competitividad” de las empresas, declaró.

Medal, por su parte, explicó que el sector turístico, la bolsa agropecuaria y las empresas adscritas al régimen de zona franca, son los grandes beneficiarias de la ‘generosidad’ fiscal del Estado nicaragüense. Si bien es cierto que los consumidores tienen la ventaja de poder adquirir una canasta básica que goza de “importantes exoneraciones” del impuesto al valor agregado (IVA), Medal considera que debe comenzar a reducirse las exoneraciones que benefician a los sectores de mayores ingresos, y no a los que benefician a los sectores populares.

Medal conoce las tesis que recomiendan aumentar la focalización de esas exoneraciones para que beneficien mayoritariamente a quienes más las necesitan, pero opina que el Estado no tiene la capacidad “administrativa ni política” para focalizar los beneficios fiscales de manera eficiente en los sectores de menores ingresos, de modo que les permita superar sus frágiles condiciones económicas.

En ese sentido, recordó que los grandes productores –y los grandes capitales en general– que transan en la bolsa agropecuaria, gozan de ‘favorables’ retenciones definitivas de impuestos. También, que las rentas del capital pagan 10% de IR, mientras que los trabajadores tienen que tributar conforme a una tabla progresiva que resulta más alta.

A pesar que es importante reformar el sistema impositivo pensando en aumentar las recaudaciones para poder financiar un aumento en la inversión en educación y salud entre otros, ni el gobierno toma la iniciativa de revisar el sistema, ni el sector privado está interesado en que se haga.

Lo que no está en discusión es la necesidad imperiosa de hacer reformas en el sistema de pensiones, que está haciendo aguas desde hace años, y comenzará a hundirse a partir de 2019.

El economista Francisco Báez recordó cómo, luego que el FMI anunciara (en realidad, confirmara) la precaria situación en que se encontraban las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el país se sumió en un frenesí mediático, mientras el gobierno hacía lo mismo que ha hecho durante la mayor parte de los últimos años para enfrentar esa situación: nada.

Y eso que “tenemos décadas sabiendo que esto sucedería”, dijo Báez, señalando que una de las pocas opciones que se mencionaron fue la de “vender los activos” del INSS.  En realidad, hay todo un abanico de opciones a considerar para enfrentar el problema de flujo de caja que enfrenta la entidad, y que se agravará cuando se le acaben las reservas técnicas.

La ‘madre de todas las opciones’ es cambiar la estructura económica del país. Ni más ni menos. Y aunque es algo que no se hace en una década –quizás en una generación, si se intenta en serio y se disponen de los planes y los recursos para ello- sigue siendo la primera opción.

Solo así se podría revertir la situación actual, en la que únicamente el 45% de los poco más de 900,000 afiliados al sistema de pensiones del INSS cotiza todo el año, mientras el 55% restante lo hace de forma parcial, porque son trabajadores contratados para cortar una cosecha, o personas que consiguen un empleo temporal en una oficina

Eso permitiría también ampliar el número de cotizantes, y lograr que crezcan como porcentaje de la población económicamente activa, aumentando de esa manera los recursos del Instituto, aunque se reconoce que el problema no llegaría a resolverse aún si ese porcentaje pasara del 25% al 40%.

Báez hizo notar que el hecho que la mayor parte de los afiliados solo pueda cotizar por seis meses o menos, demuestra que no es razonable duplicar el mínimo de 750 semanas cotizadas y llevarlo a 1,500 como se sugiere, porque la mayor parte de las personas sería incapaz de cumplir ese requisito.

Medal llamó la atención sobre el hecho que cuando se llegue a discutir qué cambios hacer al sistema, no habrá nadie que represente a los 900,000 asegurados y más de 100,000 pensionados que tiene el INSS, pese a que algunas de las propuestas buscan aumentar el número de semanas cotizadas e incrementar la edad para jubilarse.

Con todo, habrá más de un millón de personas “que no podrán opinar, pese a que las decisiones que se tomen les afectarán grandemente”, por lo que “necesitamos que los pensionados y asegurados tengan voz y voto”, sentenció.


A más corto plazo, Báez menciona la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social, para regular, por ejemplo, el esquema de empresas (públicas y privadas) que prestan servicios de salud sin que exista un reglamento que se les pueda aplicar, pese a que se destinan US$120 millones anuales para retribuirles ese servicio.

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