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viernes, 9 de junio de 2017

La fiscal de Venezuela pide al Supremo anular el proceso constituyente.

Caracas Venezuela/ El País - La fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, ha presentado  ante el Tribunal Supremo un recurso de nulidad contra la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente, cuya elección está programada para el 30 julio, impulsada por el presidente Nicolás Maduro. 

Argumenta que este proceso de cambio de la Constitución, cuyas reglas del juego favorecen al oficialismo, viola el principio de soberanía popular y supone una traición del legado del expresidente Hugo Chávez.

“Estoy pidiendo a la sala electoral que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral [CNE]. Primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales, especialmente porque es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente”, ha explicado la fiscal en declaraciones a los periodistas desde el Tribunal Supremo. 

El ministerio público estima, además, que las bases de la convocatoria son “inconstitucionales”.

“Considero”, ha agregado, “que el CNE incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa, del principio de igualdad y del voto, el derecho al sufragio y la participación política, el principio de la soberanía constitucional, especialmente ese”.

En definitiva, estas elecciones contribuirían a la destrucción del chavismo. “Yo creo que con esto también estamos destruyendo el legado del presidente Chávez. El chavismo es una corriente de pensamiento, no es un partido político, es una filosofía de vida y este es el principal legado del presidente Hugo Chávez", ha opinado.

Ortega Díaz solicitó hace una semana a la Sala Constitucional del Supremo aclarar la decisión con la que se avaló la redacción de una nueva Ley Fundamental, pero los magistrados resolvieron que la fiscal no estaba legitimada para tramitar esa petición. Esta circunstancia, en su opinión, evidencia la “inseguridad jurídica” en la que vive Venezuela desde hace tiempo.

La celebración de elecciones constituyentes provocó divisiones entre las mismas filas del chavismo, en las que varios exministros, militares y dirigentes vinculados al expresidente y clave en el desarrollo del proceso bolivariano rechazan esta convocatoria. Maduro, no obstante, está determinado a seguir adelante, desafiando a los críticos.

El pulso que mantienen desde hace semanas el Gobierno y distintos sectores del chavismo determinará el futuro del actual presidente y, según Ortega Díaz, afecta a los engranajes del Estado venezolano. Es decir, “si todavía estamos es una democracia protagónica o volvemos a la democracia representativa”.

Con todo, el Ejecutivo sigue recurriendo al concepto de soberanía, y la semana pasada lanzó su última oferta: someter a votación la propuesta de Carta Magna que presente la Asamblea Nacional Constituyente. “Que sea el pueblo el que diga si está o no de acuerdo. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no. Los derrotaremos”, dijo Maduro. Esa consulta se realizaría, no obstante, a posteriori, lesionando la filosofía de la Constitución impulsada por Chávez.

Mientras tanto, una delegación de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se reunió ayer con el papa Francisco para abordar la grave crisis que atraviesa el país. El grupo de obispos solicitó la reunión hace algunos días y ha querido transmitirle al Pontífice su clara posición en defensa del pueblo y contra las políticas del Gobierno de Maduro, que consideran “erradas”.

Según la propia delegación, Francisco está consternado por la grave crisis humanitaria y la violencia en la represión de las manifestaciones que ha dejado ya 70 muertos en los últimos meses. El Vaticano no se ha pronunciado al término del encuentro.

El grave conflicto de Venezuela es uno de los pocos asuntos en los que el Papa no ha logrado llevar a buen puerto su habilidad para fraguar acuerdos. 

Cada vez que el Pontífice afronta el tema —y lo ha hecho recurrentemente— termina atrapado en el fuego cruzado de una crisis en la que tiende a ser instrumentalizado por el Gobierno o criticado por algunos sectores de la oposición, que le reclaman menos tibieza en sus posiciones.

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