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viernes, 2 de junio de 2017

Panorama electoral concluye que no hay condiciones para las elecciones municipales en Nicaragua.

Panorama electoral presenta sus consideraciones sobre el actual proceso electoral municipal de Nicaragua. El informe considera los eventos que marcan estas elecciones a la fecha de su publicación como un seguimiento a los hallazgos y las recomendaciones expresadas en los informes finales de hace 6 meses, en ocasión de las elecciones presidenciales del 2016.

Basados en los eventos que marcan este proceso electoral 2017 desde su inicio, expuestos a continuación, este Consorcio observa poco seguimiento a los hallazgos y recomendaciones o mejoras sustantivas a la tendencia señalada.

Gobierna  una alianza presentó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia al actual presidente y su esposa, respectivamente. Esto ocurre en violación a la prohibición constitucional del art. 147 que inhabilita a optar a cargos de elección popular a personas dentro primer o segundo grado de afinidad  con el presidente en funciones. 

El proceso electoral bajo el que fueron electos tiene vicios de legitimidad por la eliminación amañada de sectores relevantes de la oposición y por los déficit de calidad del proceso en sí, en la emisión y conteo de votos (que no fue fiscalizado u observado de forma independiente) y generó resultados tan inauditos como inaudibles.

En Junio 2016, la Corte Suprema de Justicia despojó del control del partido PLI, entonces la principal fuerza opositora parlamentaria, al grupo político que la dirigió desde el año 2011, a través de 3 procesos electorales y en conformidad con lo decidido previamente y de forma presuntamente final, por el poder electoral. 

Ahora, el CSE ha otorgado personería jurídica y casilla electoral a la facción de ese partido que optó por solicitarla bajo el nombre “Ciudadanos por la libertad (CXL). Es temprano para establecer si esto va más allá de lo cosmético, pues dejó a esa fuerza sin representación parlamentaria por el siguiente lustro y navegando en un sistema sin cambios sustantivos con aquel que ha tratado a los bastiones opositores  de forma arbitraria y sesgada desde el 2008.   

Como consecuencia, el poder electoral, quedó constituido exclusivamente de candidatos nuevos propuestos desde el oficialismo y magistrados oficialistas de vieja data, con antecedentes incluso de fraude electoral en el 2008. Como tal, continuó las prácticas cuestionables de sus predecesores de generar elecciones de baja calidad y credibilidad en el 2016.

De conformidad con el Art.10, inciso 8, de la Ley Electoral, este consorcio, a través del Grupo Cívico Ética y Transparencia, solicitará al CSE prontamente su debida acreditación como Observador, a pesar de la negativa de los años anteriores. 

En el Calendario Electoral, la acreditación de observadores está ausente por segunda vez consecutiva (2016). A la fecha el consorcio realiza su misión amparado por el art. 52 Constitucional (los ciudadanos tienen derecho a denunciar anomalías y hacer críticas constructivas…a todos los poderes del Estado y cualquier autoridad…). La presencia de la OEA que posee un acuerdo con el gobierno para fungir como observador del proceso, no se materializa aún.

El calendario electoral emitido el día 17 de Mayo, 2017, unos 6 meses más tarde que lo acostumbrado, lista y programa menos actividades que sus predecesores, sin que se sepa si estas actividades se realizarán o no. Llama la atención la ausencia de las siguientes actividades de importancia en el actual calendario: fecha para acreditación de observadores, publicaciones de manuales, (como el Paso a Paso, que rige las JRV), los reglamentos de funcionamiento de las instancia electorales, las fechas de entrega de padrones finales a los partidos, y la publicación preliminar de resultados por JRV, como mandata el art. 129 de la Ley Electoral[4].

PANORAMA ELECTORAL hace 7 recomendaciones, como una pronta reforma constitucional para que aprovechando las elecciones municipales programadas para el 2017, se realicen nuevamente y con las debidas garantías y calidades, las presidenciales y parlamentarias recién realizadas de forma absolutamente irregular.

“Se debe, en el marco del Diálogo antes referido, proceder al reemplazo inmediato y urgente de todas las autoridades electorales y su reemplazo apartidista o al menos pluralista”.   “Es urgente garantizar la observación electoral nacional e internacional de los comicios venideros por la vía de tratados o reformas legales durables”.  “Es imperativo restaurar las opciones partidarias implementando el derecho pleno a ser electo a través de un Estado que promueve la participación”.

 “Se debe garantizar la plena fiscalización y transparencia del voto, conteo y recursos, la composición de las instancias electorales en estricto apego a la ley que impide el control de partido alguno y las mejores prácticas para la inscripción de votantes (cedulación). Los candados que impiden el doble voto deben reactivarse, así como la debida investigación y enjuiciamiento por los delitos electorales y violaciones expresas a la Ley Electoral y su mandato específico cometidos por funcionarios del CSE.”

“Es imperativo un proceso de reforma al actual sistema electoral partidario y oficialista, por medio de un proceso transparente y participativo, atento a las evaluaciones de las debilidades en el texto y manejo de la Ley Electoral, diagnosticadas a lo largo de 10 años por diversas instituciones de Observación Electoral y con los aportes de los diversos sectores de la vida nacional.

Hay que estar atentos a los  contenidos de la reforma electoral para evitar maquillajes o empeoramiento de la legislación, como ocurrió durante anteriores reformas.” En este sentido, se debe reformar la legislación electoral de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, como por ejemplo la ciudanización de las instancias electorales, la elaboración de reglas de democracia interna para los partidos políticos y la modernización de la regulación del financiamiento político y de campaña entre otros.


“Hacemos un llamado a los actores internacionales a no caer en la frustración al ver los retrocesos democráticos de nuestro país. Se deben descartar de forma tajante como respuestas a este viciado proceso electoral medidas que afecten la precaria economía nacional y las oportunidades e ingreso de los nicaragüenses.   

También deben descartarse la indiferencia y el colaboracionismo que han permitido a este gobierno profundizar con cada elección su desmantelamiento del régimen de derechos político- electorales del soberano, sus ciudadanos. 

El emplazamiento y la presión nacional e internacional permanente a los responsables y las sanciones morales dirigidas a las autoridades que generen los espacios de diálogo para el re establecimiento del derecho al sufragio pleno en el país por la vía pacífica son, por otra parte requisitos para el urgente cambio fundamental que requiere el Sistema Electoral y la Democracia Nicaragüense.”

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