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miércoles, 21 de junio de 2017

Parlamento le aprobò las reformas penales a Daniel Ortega.

La aplanadora Sandinista en la Asamblea nacional y sus aliados, aprobó este martes las cuestionadas reformas penales sobre las que se han debatido públicamente en semanas recientes.

“Son leyes inconsultas que siguen la línea del Estado coercitivo que aumenta las penas, pero no combate las causas del fenómeno”, expreso el doctor Alberto Novoa ex procurador general de la república.

Con 76 votos a favor se aprobó la reforma al Código Penal (Ley 641), la ley que castiga la violencia hacia las mujeres (Ley 779) y el Código Procesal Penal (Ley 406).
A juicio de Novoa, las reformas aprobadas generarán contradicciones por no haber sido estas consultadas con los sectores como lo demanda la misma Ley de Participación Ciudadana.

“Es que estas leyes no dejan satisfechos ni a los varones como género, tampoco a los movimientos feministas. Esas leyes necesitaban tener una amplia discusión social y no tomarlas a la ligera como una orientación política partidaria”, cuestionó el exprocurador.

Con estas reformas aumentaron las penas por asesinato, parricidio y violaciones a menores de edad. “Se han incrementado fuertemente las penas y en asesinato agravado a 30 años”, dijo el presidente de la Comisión de Niñez y Familia, el diputado sandinista Carlos Emilio López, quien justificó la reforma “para garantizar la seguridad de los nicaragüenses”.

La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no votó por las leyes aprobadas al considerar que estas son violatorias a la Constitución y a los derechos humanos.

“No estamos de acuerdo con estas propuestas de ley porque sencillamente son inconstitucionales y porque violentan los derechos humanos. El partido de gobierno ha venido a violentar las leyes a como le da la gana”, afirmó la diputada María Fernanda Flores de Alemán, esposa del  expresidente  Arnoldo Alemán Lacayo.

El diputado Maximino Rodriguez dijl que la aprobacion de estas reformas  a todas luces violan varios artículos de la Constitución Política de la República”.

El jurista José Pallais dijo que “la iniciativa de Daniel Ortega”, aprobada por el Parlamento, infringe garantías constitucionales fundamentales. “Es una ley regresiva, propia de regímenes totalitarios como lo es el de Daniel Ortega.

 Además, violenta los derechos humanos internacionalmente garantizados, como el principio de la presunción de inocencia; el principio de que nadie puede ser sustraído de su juez natural y el principio de la participación popular en la administración de justicia a través de los jurados de conciencia”, cuestionó el jurista.
Pallais dijo además que en materia de la defensa de los derechos de las mujeres es un enorme retroceso con la legislación aprobada.

“Esto porque convierte el delito de femicidio en delito de violencia intrafamiliar, contraviniendo las convenciones sobre esta materia de la que Nicaragua es parte”, afirmó el jurista.

Pallais también recordó que cuando se aprobó el Código Penal “este era un código para la democracia”, pero con esta reforma “de Ortega se está aprobando una ley para la dictadura”.

Las nuevas penas, según los legisladores sandinistas Carlos Emilio López, Wilfredo Navarro y José Figueroa, darán seguridad a la ciudadanía. Las nuevas penas que contemplan la ley aprobada serían las siguientes:
Parricidio con una pena de 15 a 20 años; cuando concurran circunstancias agravantes la pena será de 20 a 30 años.

Asesinato con una pena de 20 a 25 años. Violación a menores de 14 años con una pena de 20 a 25 años de prisión.
Violación agravada: de 12 a 20 años de prisión. Asesinato agravado de 25 a 30 años. Femicidios de 20 a 25 años de cárcel.

El jurista Gabriel Álvarez sostiene que lo más grave de toda esta reforma es que constituye una amenaza a las garantías del debido proceso dado que elimina al juez ordinario o al juez establecido por la ley que señala el articulo 34 de la Constitución Política de Nicaragua.


“Nadie cuestiona la existencia de jueces con competencia territorial en todo el ámbito nacional; lo que sí se critica es que no estén claros y completamente predeterminados por la ley los órganos judiciales específicos que tendrán esta competencia para conocer los delitos de relevancia o trascendencia nacional, dejando a la discrecionalidad política, la determinación del juez para cada caso, lo que podría convertirlos de facto en jueces de excepción”, señala Alvarez.



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