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jueves, 22 de junio de 2017

Programa sociales de Ortega son polìticos de clientela.

Un estudio sobre  Incidencia del Gasto Público en la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad elaborado por los economistas Lylliam Huelva y Carlos Toruño, revela que el gobierno de Daniel Ortega, dedica una gran parte de su presupuesto anual (hasta el 60%), para financiar el gasto social, que incluye más de una docena de programas diseñados para beneficiar a los más pobres.

“El problema de estos programas es de focalización”, explica Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, al ser entrevistado para el segmento ‘Cuentas Claras’, del programa de televisión ‘Esta Noche’.

Los expertos de la Fundación analizaron los datos de la Encuesta de Medición del Nivel de Vida 2014, para determinar la incidencia que el gasto en educación tradicional, en salud básica y hospitalaria, o programas sociales como el bono productivo, el paquete alimentario o el plan techo, tenía en las familias que lo recibían.

“Encontramos que 736,000 hogares se benefician con al menos un programa social, y que 1.2 millones de hogares lo hacen de la inversión en educación o salud, y pudimos medir cómo se mueve la situación de las familias que reciben estos recursos”, detalló Chamorro.

Lo observado es bueno, pero podría ser mucho mejor, por ejemplo, si se tratara de asegurar que esos programas beneficiaran a quienes más los necesitan, esto es, las personas con menores ingresos.

A modo de ejemplo, se menciona que el subsidio a la tarifa de electricidad y el 6% constitucional que se otorga a las universidades, benefician más a las personas con mayores ingresos que a los más pobres.

El subsidio eléctrico beneficia a algunas de las personas de mayores ingresos del país, porque no está específicamente focalizado hacia los estratos más pobres, lo cual sorprende, explica Chamorro.

En lo referente al gasto en educación, se menciona que el Estado destina C$519.7 por persona al mes para los beneficiarios de la educación superior, pero solo C$124.8 para el resto de componentes del sistema educativo nacional, lo que redunda en mayores beneficios para personas de mayores ingresos, que son los que generalmente logran llegar a la universidad.

Chamorro aclaró que no se trata de ‘demonizar’ el gasto en educación superior, sino de encontrar cómo lograr que ese 6% constitucional beneficie a quienes más lo necesitan.
“Llama la atención el hecho que la educación superior representa la mayor transferencia per cápita, pero al mismo tiempo, es la que beneficia al menor número de hogares: menos de 114,000”, señala el documento.

Ante ello, los expertos de Funides recomiendan focalizar mejor los programas sociales, de modo que beneficien más a quien más los necesita, y reestructurar aquellos programas que tienen baja incidencia en la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Chamorro explicó que si los recursos que benefician a las personas con mayores ingresos se redirigen para beneficiar a los más pobres, se conseguiría una reducción de la pobreza de 7.1%, en vez del 2.6% que se logra en la actualidad, mientras que la desigualdad cae del 2.4% al 1.2%.


Con todo, los economistas de Funides están claros que se trata más de un ejercicio teórico, porque para hacerlo posible habría que establecer un registro de beneficiarios, y hacer grandes cambios en la administración de esos programas, entre otras grandes tareas.

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