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jueves, 8 de junio de 2017

Reformas penales son una dictadura judicial, afirma ex procurador.


Abogados y defensores de los derechos humanos temen que se instaure una dictadura judicial”por reformas penales.  





El ex procurador general de la República, Alberto Novoa, critica que la iniciativa de reformas al Código Procesal Penal y Código Penal atenta contra la democracia y promueve la “dictadura judicial” a través de los jueces técnicos, el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dice que los cuestionamientos son “puro cuentos”.


Según Novoa, la casi desaparición de los tribunales de jurados puede interpretarse de que desconfían de los ciudadanos y quieren la concentración de la justicia en una sola persona que obedezca órdenes, lo que promovería lo que se llama “dictadura judicial”, que se aplica cuando se conceantra todo el poder y queda sujeto a la interpretación de los llamados jueces técnicos.

“Se presta a la manipulación, porque no es lo mismo manipular a uno que manipular a cinco personas”, sostuvo Novoa. Asimismo, señaló el hecho de sustraer a una persona de su juez natural. “Significa que la justicia se presta más a ser negociada ante una sola persona”, sobre todo por tráfico de influencias y no ayuda en nada a la democratización del sistema de justicia.

Al referirle al magistrado que el mandato del juez natural está en la Constitución Política de Nicaragua y no solo en el Código Procesal Penal, y por tanto, tendrían que reformar la Carta Magna, este respondió un poco agitado.

“¿Por qué? Son jueces nombrados por el poder judicial, ¿cuál es la excepción? No, si es que la competencia del territorio nacional por razones de trabajo y razones prácticas se ha determinado que cada juez resuelva los casos que se dan dentro de su jurisdicción, pero hay algún tipo de delitos que tienen implicancia nacional que se ven en todo el país y lo normal es que los vean los jueces de la capital”, dijo Solís.

Sin embargo, Novoa refirió que esa discrecionalidad con la asignación de los jueces técnicos “significa que la justicia se presta más a ser negociada ante una sola persona”, se daría más el tráfico de influencias y esto no ayuda en nada a la democratización del sistema de justicia.

Sobre la discriminación penal de restringir el derecho a los reos condenados con penas graves de 30 años a beneficios y derechos como suspensión de pena, libertad condicional y el descuento de pena (por cada día trabajado), este dijo que eso ya se venía haciendo.  

“Eso ya tiene años de estar vigente, hay una serie de delitos que están excluidos de salir en libertad antes que cumplan el ciento por ciento de su condena porque son delitos graves”, agregó Solís. La propuesta de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y contra la Violencia hacia la Mujer a criterio del abogado, exjuez de Distrito, exjuez militar, exauditor y exfiscal militar, Carlos Baltodano, debería ser llamada como “involución jurídica en el campo penal”.  

Destacó Baltodano que en países como Estados Unidos, la mayoría de los delitos son juzgados por un gran jurado integrado por doce personas, en Nicaragua es opción de la persona ser juzgado por un jurado o un juez técnico. Pero con estas reformas pretenden sacar muchos delitos del rango de acción del jurado, pese a que la Constitución Política establece que el acusado tiene el derecho de ser juzgado por un jurado o por un juez técnico.


Baltodano cuenta como experiencia que en los últimos siete años sus representados han optado por ser juzgados por un jurado de conciencia. Esto porque considera que es difícil encontrar a cinco personas que obedezcan a un partido, son elegidas por un sistema y “difícilmente son comprables”, pues en un término de 24 horas son elegidos, notificados y es difícil saber quiénes integrarán el jurado.  

Para el abogado y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, el trasfondo de dar mayor poder a los jueces técnicos es eliminar los tribunales de jurado porque sus sentencias no pueden ser apeladas lo que sí ocurre con los jueces técnicos.   

“Satanizar los tribunales de jurado como lo pretende hacer hoy por hoy el Estado a través de una reforma penal simplemente es porque las decisiones del tribunal de jurado son inapelables. Lo que esconde la propuesta es el interés de tener centralizada y manipulada la justicia, para los intereses de determinado círculo “y eso es lo peligroso”.  

Si se aprueba (la iniciativa de reforma) tal y como está, y no se corrige el tema del juez técnico, va a rozar con la Constitución", argumentó Oscar Castillo, decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua.










Una reforma al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 779, ha sido presentada por el orteguismo con el claro objetivo de dar la última vuelta de tuerca a su control sobre el sistema judicial en su totalidad.

La reforma, elimina los juicios de jurado en delitos de todo tipo y orden, dejando completamente en manos de los jueces la determinación de inocencia o culpabilidad de alguien.  En Nicaragua, no existe independencia del Poder Judicial y no hay jueces que se atrevan a contravenir una orden de la mano que mueve los hilos, la de la familia Ortega. 

Así que toda condena o declaratoria de inocencia será su decisión. Los nicaragüenses sabemos por múltiples y penosas experiencias que eso equivale a más corrupción e impunidad.  Se salvarán quienes juren incondicionalidad a la familia en el poder, o quienes le representen una ventaja política, sin importar el delito que cometan.  Serán condenados los que no tengan padrinos, ni dinero para pagar las sentencias, ni sean considerados de provecho para el poder político. 

Todos recordamos lo que sucedió con la masacre cometida por una fuerza policial en Las Jagüitas: fiscales y juez se complotaron para decidir quiénes eran los culpables y para disminuir su condena.  También recordamos lo que sucedió con el asesino de Carlos Guadamuz a quien le dictaminaron "estrés carcelario" para ordenar su libertad temprana.

Por su parte, la reforma al Código Penal y a la Ley 779, no pretenden elevar las penas para los delitos de odio contra las mujeres, sino reformar la calificación de femicidio para que no se vea la magnitud de ese problema, para maquillar la estadística, recurso ampliamente practicado por el gobierno de Ortega, como una manera de disfrazar la realidad, para presentar buenas notas en el ámbito internacional.


Los femicidios son delitos de odio.  Como todos conocemos, los medios en control de la familia Ortega Murillo promueven e incentivan el linchamiento digital especialmente contra las mujeres; utilizan un lenguaje machista, sexista y abusivo y, se burlan de las mujeres que han sufrido y sufren violencia de todo tipo.   

La verdad, entonces, tras las reformas penales es la necesidad de Ortega de sojuzgar por completo la justicia en Nicaragua, para fortalecer su régimen de corrupción e impunidad.

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