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lunes, 12 de junio de 2017

Vender los activos del INSS no resuelve la quiebra financiera.

La idea de vender los activos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para paliar la debacle financiera a la que se encamina esa entidad no es una opción viable, si la idea es buscar soluciones siquiera duraderas a mediano plazo.

La propuesta surgió del asesor presidencial para temas económicos, Bayardo Arce, quien opinó que se podrían vender los activos financieros del Instituto, expresados en títulos nacionales e internacionales, y también parte de la cartera de inversiones, como los US$90 millones desembolsados para financiar la tasa de interés que los bancos cobran a quienes contratan un préstamo para adquirir una vivienda de interés social.

El economista Róger Murillo, especializado en temas de seguridad social, dijo que “[Bayardo] Arce siempre está desinformado”, recomendando “analizar muy seriamente la situación del INSS”.

“Si el INSS vende sus activos resolverá sus problemas por un corto tiempo para luego volver al mismo problema. Es como que una familia tenga un problema económico y venda el carro para enfrentarlo. Cuando se le acabe el dinero, venderá el refrigerador. Luego el televisor, y así. En vez de eso, hay que buscar soluciones permanentes”, aseguró.

¿Cuáles son opciones de solución permanentes? Algunas de esas “soluciones permanentes” pasan por gastar menos, dijo.  “Deberían disminuir los gastos administrativos, del 14% en que están ahora, al 6%.

El Estado por su parte, debería cumplir su obligación de aportar el 0.25% por cada trabajador, que no lo da, y subirlo al 1%, además de pagar en más corto tiempo los US$500 millones que le debe al INSS”, enlistó.

Economistas como Adolfo Acevedo han advertido que si no se corrige el rumbo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), esta institución entrará en insolvencia en la próxima década, como ya ha advertido también el Fondo Monetario Internacional, y del mismo Estado nicaragüense.

A pesar que el Instituto recibió ingresos por C$22,591 millones en 2016 (y casi C$42,000 millones si se le añaden los de 2015), es muy probable que tenga que declararse en quiebra aproximadamente en 2024, dada la magnitud de sus gastos, que desde hace cuatro años son más altos que sus ingresos.

No es la primera vez que Arce opina sobre la crisis del INSS. A mediados de mayo Arce declaró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió entre varias medidas para enfrentar la crisis del INSS el aumento de la edad de jubilación (de 60 a 65 años) y la duplicación de las semanas cotizadas (de 750 a 1,500) y que el gobierno de Daniel Ortega no descartaba ninguna de las recomendaciones, aunque el Ejecutivo descalificó las opiniones del asesor económicos.

Por su parte el presidente del INSS, Roberto López, intervino para negar que el Gobierno de Nicaragua analice la posibilidad de las dos polémicas recomendaciones.
Hasta ahora, sin embargo, el gobierno no ha presentado una salida a la crisis del INSS, mientras que economistas como Acevedo aseguran que una reforma es inevitable, pero esta pero debe abordarse de forma inclusiva, con representantes legítimos de los pensionados y cotizantes y además debe partir de la necesidad de garantizar una institución profesional, autónoma y transparente.

Mientras que el  CPA Eddy Madrigal Urbina comentó sobre la Ley 974 de Seguridad Social y su reglamento y sobre la Ley 160, relativo a beneficios adicionales a los jubilados, publicada en 1993.

"Algunas alcaldías no acatan la ley de beneficio a los jubilados que establece que éste no debe pagar IBI (Impuesto Bienes Inmuebles). Hay alcaldías aquí que se rehúsan a aceptar ese derecho, porque dicen que la escritura debe estar a nombre del asegurado y la Ley 160 no dice eso", apuntó.

"En la Ley 160 publicada en los años 1993, se establece que el jubilado no pagará bienes inmuebles sobre su casa que habita o esté usufructuando, no necesariamente la casa tiene que estar a nombre del jubilado, sino que viva allí o en unión legal o de hecho", explicó.

Otros derechos, son la reducción del 30% de la factura de Enacal y de agua potable mensualmente, el 20% en servicios telefónicos de telefonía fija y el 50% en los primeros 150 kilovatios de energía, tiene un beneficio de 75 kilovatios en la factura mensual de electricidad, señaló.


Además que tiene el beneficio adicional que es el 50% del valor del pasaporte, el sticker de rodamientos está exento de pagos, todos los beneficios sociales que habla la ley 974 como es las prótesis, el medicamento y medicina especializada que habla la ley 974, entre otros muchos beneficios, dijo Madrigal Urbina.

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