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jueves, 27 de julio de 2017

Campesinos anti canal denuncian a Ortega en Washington.

Una delegación del Movimiento Campesino que luchan por la defensa de la tierra y la derogación de la Ley 840, viajaron a Washington, en dónde expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Freedom House y la Organización de Estados Americanos (OEA) la represión que han vivido por el aparato gubernamental, por defender sus tierras y pedir la derogación de la Ley canalera.

“Expusimos ante estas organizaciones en Washington toda la represión que a lo largo de estos cuatro años de lucha hemos vivido por parte del gobierno de Daniel Ortega, por la defensa de nuestras tierras”, dijo Medardo Mairena, coordinador nacional del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía. 

De acuerdo a Mairena, la delegación campesina se reunió con Jaime Vidal, relator para los derechos humanos de la CIDH,  Carlos Ponce, director de Freedom House y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Consideramos que ha sido una gira de mucho éxito porque hemos logrado que se nos escuche y mucha información que no sabían de lo que hemos vivido ya ha sido informada de nuestras propias voces, porque somos nosotros los campesinos los que hemos sido victimas de la represión, acoso, persecución y violación a nuestros derechos humanos”, señaló el líder campesino.

Según Mairena, a Koncke le solicitaron que la delegación que vendrá al país a la observación de los comicios municipales, haga labores de observación en zonas por donde está trazada la construcción del Gran Canal Interoceánico. “Le pedimos a Koncke que priorizaran la ruta canalera y nos respondió que hará la propuesta. 

También nos dijo que la delegación de la OEA llega en agosto al país. Le dijimos también que a los campesinos de la zona canalera  se nos niega la cédula porque no estamos de acuerdo con el modelo de este gobierno”, sostuvo el dirigente del Movimiento Campesino.

La delegación que coordina Mairena incluyó a Pedro Mena, vice coordinador del movimiento, Nemesio Mejia, coordinador en Punta Gorda, Lener Fonseca, coordinador en la zona de El Tule, Marcos Pineda, Javier Carmona, Freddy Navas, Nuris Sequeira y Eyder García.

El Movimiento Campesino acompañado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Fundación Popol Na presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que el gobierno en representación del Estado de Nicaragua declare como violatorio de derechos humanos el proyecto del Canal Interoceánico, tanto  para toda la población en la ruta del mismo así como para toda la población por la afectación a la soberanía nacional.

La petición del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía que remitirán este jueves a la CIDH  solicita que el Estado de Nicaragua establezca como reparación la derogación de la Ley 840, de la concesión canalera.

Entre los derechos violentados con la Ley 840 señalados en la petición según explicó  el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, destacan la ineficacia de los recursos por denegación de justicia, derecho a la propiedad, libertad individual e integridad física, entre otros.

La petición fue firmada este miércoles por los líderes de ese movimiento, entre ellos la dirigente campesina, Francisca Ramírez, quien anunció que a lo interno no desistirán de realizar las marchas campesinas para exigir la derogación de la Ley 840 y por lo cual ya han preparado la 91 marcha que en esta ocasión realizarán en  el 15 de agosto, en La Fonseca, Nueva Guinea.

Ramírez mostró su esperanza de que les escuchen en su demanda de derogación de la Ley “que nos está violentando nuestros derechos, que respeten los derechos de los nicaragüenses”. Y con fotografías en  mano de campesinos que han sido víctimas de la violencia del gobierno durante las manifestaciones masivas anticanal dijo:  “esta ha sido la forma de que el Estado de Nicaragua nos ha dado respuesta mandándonos a atropellar, mandándonos a reprimir”.


Ramírez, mencionó que esto sucede a pesar dijo que existe una Constitución que establece “que tenemos derecho a la libre circulación, el Estado de Nicaragua nos ha impedido en las noventa marchas que no marchemos que no protestemos”.

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