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martes, 18 de julio de 2017

Departamento de Estado pone en advertencia a inversionistas sobre la seguridad jurídica den Nicaragua.

Un informe  del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos sobre las condiciones imperantes en Nicaragua para hacer negocios, y que tiene sumamente preocupados al sector privado nicaragüense.

El informe detalla las ventajas de instalarse en Nicaragua (seguridad física, incentivos fiscales, mano de obra abundante y barata, la Ley APP), el documento también detalla las deficiencias de nuestra economía en temas como la corrupción estatal, las aduanas y el fisco, o la situación de corrupción y subordinación política que normalmente se asocia con la imagen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“El informe recoge cosas muy positivas, aunque hemos visto que se ha recogido más lo negativo. Vemos que la inversión sigue llegando en cantidades mayores que las que recibe el resto de países centroamericanos, y por eso hay que trabajar sobre estos aspectos negativos para que esto no detenga esa inversión y nos permita atraer más”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

Por su parte, Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), recordó vía correo electrónico que “el gobierno de Estados Unidos utiliza diversos métodos para elaborar sus informes (como los reportes de Transparencia Internacional, Banco Mundial, estudios de la Cepal, etc.) y que sus conclusiones no son muy diferentes de las que publica con cierta frecuencia Funides, por ejemplo”.

Su predecesor al frente de esa organización gremial, Roberto Sansón, asegura que “sabemos que hay problemas que tenemos que solucionar. Las cosas hay que matizarlas, no son todas blancas ni negras. AmCham lo que hace es tratar de explicar cómo son las situaciones en el país, y desde el punto de AmCham, tratar de exponer tanto lo positivo como lo negativo, y poner ejemplos con los inversionistas que ya están en el país. Complementar esa información, con lo que nosotros conocemos como gremio empresarial”.

Aguerri, presidente del Cosep, acepta que “este tema requiere de un análisis mayor. En la sesión del Consejo le pedimos a cada cámara que revise lo que corresponde a su sector. También tomamos la decisión de pedir una reunión con las personas de la embajada que hicieron este reporte para abordar algunos de los temas que plantea el documento”.

Reconociendo que el texto incluye “lo positivo y lo negativo que perciben los inversionistas estadounidenses”, añade que “tenemos el máximo interés de trabajar sobre los aspectos negativos que aparecen en el documento”.

“Nos interesa informar a la embajada sobre lo que se ha hecho en algunos de estos temas, porque en algunos se ha avanzado mientras que en otros hace falta tener una misma visión, una misma interpretación sobre lo que se está queriendo decir, y lo que nosotros entendemos que quieren decir”, añadió.

Consultado sobre los problemas de propiedad que afectan a algunos empresarios privados, nacionales y extranjeros, Aguerri dice que hay algunos problemas de propiedad en terrenos costeros “que están pendientes de dirimir, por la presencia de tomatierras que las han invadido, y tenemos que buscar cómo asegurar que se respete esa propiedad privada”.

“Son casos focales que ya han sido presentados al Gobierno. Por eso quisiéramos reunirnos con la embajada para saber qué otros casos existen, para trasladarlos al gobierno y buscar una respuesta. En nuestro caso, tenemos unos cuatro proyectos costeros que están pendientes de solución”, reveló.

Muchos de los ‘desafíos’ incluidos en el informe del Departamento de Estado, también están presentes en la Encuesta de Empresas Sostenibles elaborada y presentada por el Cosep en febrero de 2016. De hecho, el informe admite haber usado los resultados de esa encuesta como fuente de información.

De ahí que sea pertinente preguntar a Aguirre qué han podido avanzar con el gobierno en la solución de esos problemas, en especial por su relación privilegiada con los funcionarios de la administración Ortega.


“Hemos venido impulsando negociaciones que se traducen en respuestas a los problemas de falta de agilización de procesos, que a su vez se convertían en motivo de actividades ilegales o ilícitas que promovían la corrupción o el pago de coimas a funcionarios para que tu mercadería o tu permiso saliera más rápido”, dice el presidente del Cosep.

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