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viernes, 7 de julio de 2017

El asalto al Parlamento venezolano ahonda las brechas en el chavismo.

Caracas Venezuela/ El País - Un día después del asalto de un grupo chavista a la Asamblea Nacional, que dejó varios diputados heridos, la indignación de la oposición venezolana crecía este jueves arropada por las condenas de los Gobiernos de América Latina y Europa, y paralelamente ahondaba las brechas en el chavismo.

Además, la cercanía de la elección, el día 30, de una Asamblea Constituyente con la que Nicolás Maduro pretende cambiar la Carta Magna y desactivar a la oposición, agudiza el enfrentamiento entre ambas partes. Sin diálogo político, Venezuela se asoma al abismo.  

La condena por el ataque al Parlamento, en el que entraron el miércoles con palos y cuchillos decenas de manifestantes partidarios de Maduro, ha unido al chavismo crítico y a la oposición. Varios exministros del Gobierno de Hugo Chávez han calificado la violenta incursión y el posterior asedio al edificio, que se extendió durante horas, como una expresión que nada tiene que ver con el legado del fallecido líder bolivariano.

En esa soterrada disputa por deslindar la herencia de Chávez de la deriva del presidente Nicolás Maduro, el último en sumarse a la lista de desertores ha sido el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas. “Ese salvajismo primitivo e irracional no es venezolano y, por tanto, tampoco del pueblo que siguió a Chávez”, afirmó.  

La tensión entre críticos del chavismo y el régimen se agudiza. La fiscalía negó este jueves la entrada a su sede a la vicefiscal general, Katherine Harrington, designada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo control del Gobierno, y a la que no reconoce la fiscal general, 

Luisa Ortega Díaz, ahora una de las voces más críticas con el Ejecutivo.

La llegada de Harrington, que figura en una lista de sancionados del régimen por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue todo un culebrón seguido por reporteros y televisiones. 

La nueva vicefiscal dejó en la verja del edificio una carta firmada por el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, para notificar la sentencia que avala su nombramiento. 

Ante la tensión, Ortega Díaz se adelantó a responsabilizar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y a la Guardia Nacional de lo que pueda ocurrir a los trabajadores de la fiscalía. 

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