
Ortega propuso una nueva nación
enriquecida gracias al proyecto que pondría al mandatario en las páginas de la
Historia: la construcción de un canal interoceánico que sería la competencia
del de Panamá, una obra enorme valorada en más de 50.000 millones de dólares,
cuya concesión fue entregada a un empresario chino, Wang Jing, que viajó a
Nicaragua para declarar, en diciembre de 2014, al inaugurar los trabajos
iniciales del proyecto, que "esta tierra, junto con nuestro trabajo, va a
dar paso a un país más fuerte, a un pueblo más fuerte".
Tres años después de
entregada la concesión, Nicaragua no mana leche y miel. Sigue siendo igual de
pobre y atrasada y del canal no hay ni una piedra que indique que su
construcción se hará realidad. Los planes iniciales eran que estaría terminado
en 2020. Por ahora, en la ruta del canal, pastan vacas, y en sus costas los
pescadores siguen con su rutina.
Hace casi dos años que no se
ve al chino Wang por Nicaragua. La gigantesca maquinaria anunciada para partir
al país en canal sigue en espera y no se conoce ni un solo inversionista
interesado en poner su dinero para impulsar la construcción de la obra.
Entretanto, Wang ha hecho
otras inversiones en Nicaragua: su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, es la
única autorizada para vender drones en este país —donde por regla estatal están
prohibidos— y en mayo pasado lanzó Cootel, la marca comercial que ofrece servicios
de telecomunicaciones con una presencia tímida en el país, lejos de la
inversión inicial de 2.000 millones de dólares que había prometido.
Y, además, la denominada
Comisión del canal, conformada por dieciséis funcionarios públicos —incluido
Laureano Ortega, hijo del presidente y asesor en temas de inversiones— no se ha
reunido en más de un año. Esta organización es la encargada de representar al
Estado en las relaciones con la empresa de Wang, Hong Kong Nicaragua Canal
Development, HKND.
El largo retraso en el inicio
de las obras, el hecho de que el año inicial de inauguración del proyecto, en
2020, esté cerca, de que nada se conozca de Wang Jing y de que el presidente
Ortega ya no haga referencia a la "tierra prometida" que sería Nicaragua
con el canal, ha hecho que el tema vuelva al interés de la prensa nacional e
internacional, que ha determinado que el proyecto es un fiasco. El inicio de
las relaciones diplomáticas entre China y Panamá refuerzan esta opinión, ya
que, según informó el diario británico The Times en junio, "hay
rumores" de que el proyecto "había sido archivado".
Debido a estas publicaciones,
la semana pasada HKND reapareció públicamente y a través de un comunicado
informó de que estaban trabajando para diseñar las esclusas del proyecto y un
puerto en Brito, en el Pacífico de Nicaragua, aunque no dio fechas exactas para
la construcción de estas obras o si tienen los fondos necesarios para llevarlas
a cabo.
Las dudas sobre la
construcción del proyecto comenzaron en octubre de 2015, cuando se conoció que
Wang Jing había perdido el 85% de su fortuna por las caídas de las acciones de
Xinwei. La agencia Bloomberg reportó en ese momento que el capital del
empresario pasó de 10.200 millones de dólares a 1.100 millones
El Canal de Nicaragua, que
tendría una extensión de 278 kilómetros entre la costa del Pacífico del país y
la del Caribe, permitiría el paso de una nueva generación de buques porta
contenedores de 400.000 toneladas. La concesión fue aprobada por la Asamblea
Nacional —cuya mayoría controlaba Ortega— el 13 de junio de 2013, sin que se
sometiera a consultas o a un referendo y sin que se conocieran estudios de
viabilidad económica y ambiental del proyecto.
"Tanto tiempo nuestro
pueblo yendo por el desierto. Buscando la tierra prometida. ¡Y llegó el día!
¡Llegó la hora de alcanzar la tierra prometida!", dijo en esa ocasión el
presidente Daniel Ortega. Ciudadanos y organizaciones sociales interpusieron
ante la Corte Suprema de Justicia 30 recursos por inconstitucionalidad contra la
concesión, pero fueron desestimados por la Suprema.
Lo que han dejado estos
cuatro años de promesa de progreso y riqueza ha sido la consolidación de un
movimiento campesino fuerte, que ha plantado cara al gobierno de Ortega. Ese movimiento exige la derogación
de la concesión, que da amplios poderes a Wang y es una amenaza sobre sus
tierras, localizadas en el sur de Nicaragua, entre las costas del Gran Lago
Cocibolca, las más ricas de este país.
La concesión establece la
expropiación de ese vasto territorio. A través de 89 marchas multitudinarias,
la mayoría aplastadas con fuerza por el gobierno, los campesinos se han hecho
escuchar y han dicho que no permitirán que se consolide la entrega del país
"a un chino".
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