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lunes, 31 de julio de 2017

Empresarios solicitan a Ortega bajar tono contra EEUU.

El sector empresarial pidió al Gobierno de Nicaragua priorizar el diálogo con Estados Unidos (EE.UU.) y reducir la tensión política que se agudizó esta semana con el avance de la iniciativa de Ley Nica Act en el Congreso estadounidense, y la pretensión del Ejecutivo nicaragüense de que esa potencia pague la indemnización de 17 mil millones de dólares por daños durante la guerra en la década del ochenta. 

Los presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipye) y de otras organizaciones empresariales advierten las consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país si se daña la relación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua.  

“La relación de nuestro país con Estados Unidos debe enfocarse en el futuro para trabajar de la mano por la prosperidad, seguridad y democracia de nuestros pueblos. Es importante no retroceder. 

Es por ello que no creemos que para construir, antes hay que destruir”, expresó José Adán Aguerri, presidente del Cosep. “Tampoco creemos que para alcanzar logros institucionales tiene que ser sacrificando logros económicos y menos afectando a la población que menos tiene”, dijo Aguerri. 

La posición de Aguerri es que “los gobiernos y los parlamentos deben contribuir a ese objetivo (evitar dañar a la población), superando cualquier obstáculo en forma diplomática, pensando siempre en los intereses y bienestar de los ciudadanos”. 

Para Aguerri, no es deseable “volver a temas del pasado tan dolorosos y trágicos para la sociedad nicaragüense”, como fue la confrontación con Estados Unidos, por lo que “como sector privado privilegiamos el diálogo para fortalecer la paz, la cohesión social, la institucionalidad y el desarrollo sostenible, y en esa lógica instamos y recomendamos a utilizarlo como herramienta clave para superar cualquier diferencia”. 

Aguerri enfatizó que “la lección trágica que resulta como consecuencia de la confrontación y las guerras, son episodios que quedaron en la historia y no deben de repetirse”, por lo que en el sector privado “somos creyentes que la única salida para nuestro país es la democracia y que la prosperidad y la seguridad la alcanzaremos trabajando día a día generando trabajo, inversión y empresas”.

Mientras que el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) instó a los Gobiernos de Nicaragua y de Estados Unidos a hacer uso del diálogo para la solución de cualquier controversia que pueda perjudicar las relaciones bilaterales.  "Estamos seguros que la voluntad existe entre ambas naciones para dar pasos en esta dirección", expresó esa entidad en una declaración pública.

El Conimipyme hizo ese pronunciamiento dos días después que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara estadounidense aprobara un proyecto de ley que busca frenar los desembolsos internacionales hasta que Nicaragua celebre elecciones "libres, justas y transparentes", conocido como la "Nica Act".

En respuesta, el Gobierno de Ortega anunció que reclamará por vías legales una indemnización a Estados Unidos, que calcula en 17.000 millones de dólares, con base en una sentencia de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por daños causados durante la guerra civil nicaragüense.

Para Conimipyme, si la "Nica Act" entra en vigor tendrá un impacto negativo no sólo desde el orden económico, sino también desde el orden político y social.
"No habrán ganadores y en todo caso todos perderemos", alertó esa entidad, que destacó los esfuerzos que ha hecho el Gobierno dentro de la alianza público privada "para la reducción de la pobreza y mantener el crecimiento económico de forma sostenible".


Sin embargo, reconoció "que hay muchos aspectos por mejorar aún para el fortalecimiento de nuestras instituciones y de la democracia en general".  La OEA tiene previsto desplegar en Nicaragua una misión de 120 observadores para los comicios municipales del 5 de noviembre próximo, las cuales acordó vigilar en un acuerdo con el Gobierno el pasado febrero.

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