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miércoles, 5 de julio de 2017

Fiscal venezolana desconoce al Supremo y denuncia un "golpe de Estado".

Caracas Venezuela/ EFE - La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que en el país está en marcha un "golpe de Estado" más "grotesco" que el perpetrado contra el fallecido presidente Hugo Chávez por parte del empresario Pedro Carmona en 2002, y afirmó que, al igual que entonces, se están disolviendo los poderes públicos.

"Esto es un golpe de Estado más grotesco que el decreto de (Pedro) Carmona, fue el que disolvió aquí los poderes públicos, pero yo seguiré luchando y vamos a triunfar, Dios bendiga a Venezuela", sentenció la funcionaria.

En ese sentido, indicó que si es destituida "arbitrariamente" de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se apegará al artículo 333 de la Constitución y tendrá "el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia al igual que todo el pueblo venezolano".

Ortega Díaz, desestimó el proceso judicial que se lleva en su contra el máximo tribunal, y explico que la solicitud realizada por el diputado chavista, Pedro Carreño, que pide que se le realice un antejuicio de mérito, es "confusa, extravagante y amañada".

Asimismo, respondió a los señalamientos de faltas graves que hicieron los magistrados en la sentencia en la que acordaron el antejuicio de mérito en su contra.
Afirmó que la reunión del Consejo Moral Republicano del 10 de diciembre de 2015 para acordar la logística de designación de los magistrados del TSJ, no se llevó a cabo. 

Por lo tanto mostró una copia del acta del libro de asistencia que tampoco fue firmada por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.

"Esa reunión tan no se dio que el defensor del pueblo no la firmó", precisó. La fiscal general reveló que el proceso para la selección de los magistrados estuvo tan viciado que colocó como ejemplo al actual magistrado suplente del TSJ, Juan Carlos Valdés, quien no aparece en ninguno de los listados.


Indicó que es claro que el TSJ perpetrara una nueva violación a la legislación venezolana para anular la última institución capaz de proteger a las personas y a los manifestantes que reclaman sus derechos.

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