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martes, 4 de julio de 2017

Gobierno de Ortega, sordo, ciego y mudo ante recomendaciones del FMI para salvar el INSS.

Junto a las cuatro propuestas de reforma que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le presentó al Gobierno para evitar una pronta insolvencia del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS), también está la advertencia de que los costos administrativos de la institución son excesivos, y que disminuirlos —a través de mejoras en la eficiencia y sin afectar la calidad de los servicios—, reduciría la necesidad de suspender beneficios a los asegurados o de incrementar el aporte al sistema.

“Si los gastos administrativos soportan parte de la carga de la reforma mediante un aumento de la eficiencia, sería menos necesario reducir los beneficios o aumentar las contribuciones”, dice el reporte completo sobre la consulta del artículo IV de este año.

Y añade que “si bien un análisis detallado de la eficiencia operacional está más allá del alcance de este documento, varias áreas se destacan como posibles candidatas para generar ahorros, entre ellas la red de sucursales y los salarios.

El FMI considera que el INSS podría operar de forma más eficiente “al subcontratar el pago de pensiones a bancos e instituciones financieras no bancarias”, en lugar de invertir fuertemente en una red de sucursales. Esta subcontratación permitiría reducir los gastos de personal, equipo y mantenimiento. Además, la venta de gran parte de la red de sucursales existentes generaría ingresos adicionales.

Además señala que el equiparamiento de la nómina del INSS a la del resto del sector público nicaragüense también propiciaría el ahorro de recursos. El reporte del FMI detalla que en 2016 el salario promedio anual de un empleado del INSS se estimó en 417 mil córdobas (14,570 dólares), lo que equivale a 3.2 veces el salario promedio del Gobierno central.

Para el Fondo, incluso tomando en cuenta que el INSS puede emplear una proporción más alta de profesionales en relación con los que laboran para el Gobierno central, la relación todavía es muy alta, ya que en 2007 el salario promedio de los empleados del Seguro Social equivalía solo a 1.9 veces al del Gobierno central.

“Reducir la relación a niveles de 2007 se traduciría en un ahorro de aproximadamente 0.2 puntos porcentuales del PIB”, esta reducción —según el FMI— equivaldría a una disminución de 5 por ciento en la pensión media o al incremento del 0.75 por ciento en la tasa de contribución”, señala el reporte completo sobre la consulta del artículo IV.

Los paquetes de reforma que sugiere el FMI al Gobierno incluyen entre otros aspectos: cambios en la fórmula de ajuste de todas las pensiones, recortes en el gasto de las prestaciones sociales, incremento en la edad de jubilación y el incremento de dos puntos porcentuales en la tasa de contribución.

Según el reporte, es difícil atribuir con precisión a una determinada dependencia del INSS el gasto en salarios, bienes y servicios y gastos de capital. Sin embargo, este es un aspecto que consideran debe tenerse en cuenta ya que en el caso de Nicaragua estos costos administrativos en términos relativos están muy por encima de los de la mayoría de los sistemas de pensiones y han aumentado sustancialmente en los últimos años.

El documento aclara que el escenario de referencia tomó en cuenta los recortes a los gastos administrativos que las autoridades tienen previsto concretar a partir de este año y que impulsarían una “ligera” mejoría en el balance de la institución entre el 2017 y el 2019.

“Se supone que los costos administrativos se reducirán del 0.9 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) observado en 2016, estabilizándose después de 2020 en torno al 0.6 por ciento del PIB”, señala el reporte del FMI.

Y añade que la reducción de los costos a través de mejoras en la eficiencia operativa beneficiará tanto a los asegurados como a las finanzas de la institución. “Siempre y cuando la calidad del servicio no se vea afectada”.

Pero el reporte también advierte que reducir los costos de funcionamiento del INSS por sí solos no sería suficiente para restablecer la sostenibilidad del sistema.


Representantes del sector académico consideran que el reporte del Artículo IV únicamente refleja las situaciones que se vienen señalando y lamentan que los asegurados, principalmente los más jóvenes, aún no reaccionan ante la gravedad de la situación que enfrentan.

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