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sábado, 8 de julio de 2017

Justicia chavista prepara la salida de la Fiscal General.

Caracas Venezuela / EFE - “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el decreto (que el empresario Pedro) Carmona (dictó durante los sucesos de abril de 2002)”. 

Así calificó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el antejuicio de mérito que este martes celebró el Tribunal Supremo de Justicia en su contra, a petición del diputado chavista Pedro Carreño, quien la acusa de haber incurrido en “faltas graves” al asegurar que no participó en el polémico proceso de designación de magistrados del máximo juzgado que el anterior Parlamento dominado por el oficialismo celebró en diciembre de 2015.

La funcionaria no acudió a la audiencia oral y pública que el martes el alto tribunal celebró, para decidir si autoriza su enjuiciamiento o no, por considerar que el proceso busca silenciarla para que “no diga verdades como que hay una ruptura del orden constitucional” por culpa de los fallos de la Sala Constitucional contra la Asamblea Nacional, con los cuales prácticamente esta última ha sido liquidada; y para sacarla de su despacho y así manipular investigaciones y conseguir que “muertes como la del joven [Juan Pablo] Pernalete sean causadas por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la Guardia Nacional, como realmente sucedió”.

Los señalamientos de Ortega Díaz tienen asidero, a menos a criterio de los juristas Enrique Sánchez Falcón y Juan Manuel Raffali, para quienes el proceso contra la funcionaria es “un sin sentido” que ha debido ser rechazado de inmediato. 

“Solo el Ministerio Público puede pedirle al TSJ permiso para enjuiciar a un alto funcionario del Estado y si el alto funcionario al que se quiere enjuiciar es la Fiscal General, como en este caso, entonces es el Vicefiscal o quien designe la Asamblea Nacional el que debe hacer la petición”, afirmó Sánchez, quien citó el numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.


Desde el máximo juzgado le salieron al paso a este argumento, aduciendo que había un vacío legal, porque la ley no establece cómo actuar en el caso de que la Fiscal General sea procesada por faltas “éticas y morales” y aclararon que este caso no era por delitos, sino por faltas; y, por lo tanto se permitió que un particular, como el diputado Carreño, pudiera actuar contra actuar contra ella.

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